La conselleria de Interior admite que el "porcentaje de no grabaciones" de actuaciones con las Taser ha aumentado debido a problemas con las baterías de las cámaras pese a que la normativa obliga a almacenar las imágenes
Annoris, hermana del primer muerto por el disparo de una Taser de los Mossos: “Hay que prohibir las pistolas eléctricas”
Los Mossos d'Esquadra han disparado un total de 212 veces sus 120 pistolas eléctricas desde el año 2018. El uso de las conocidas como pistolas Taser se ha saldado con 209 personas ilesas, una herida y una muerta, según los datos que ha entregado la Conselleria de Interior a preguntas del diputado de los Comuns en el Parlament Andrés García Berrio. También se electrocutó a un perro peligroso en 2023.
La policía catalana comenzó a utilizar pistolas eléctricas en junio de 2018. Desde entonces este tipo de armas se ha visto inmersa en la polémica debido a su potencial uso lesivo, comprobado en el caso del hombre que padecía una enfermedad psiquiátrica de Badalona fallecido en 2021 tras el disparo de una Taser. La causa se encuentra bajo investigación judicial tras señalar la Audiencia de Barcelona déficits en la auditoría interna de los Mossos.
Tras más de un lustro de funcionamiento, el balance realizado por la propia policía catalana también constata que la muerte de una persona disparada por Taser ha sido una excepción. La inmensa mayoría de impactos terminaron con las personas ilesas (el disparo produce erosiones leves, ya sea por el contacto de las sondas eléctricas con la piel o en la caída posterior a la parálisis motora). Solo en un caso hubo lesiones más graves.
Su uso ha sido frecuente, pero no generalizado, con poco más de tres disparos de media al mes. En 2019, el año que más disparos de Taser se registraron, hubo 40 usos; le sigue 2020 con 39; 2023 con 38; 2019 con 37 y 2021 con 34. En 2018 solo hubo cuatro disparos (se empezaron a usar en junio) y en lo que va de 2024 se han registrado 20. El uso de estas armas también se ha extendido entre 74 cuerpos de policía local en Catalunya, y el Ayuntamiento de Barcelona quiere adquirirlas para la Guàrdia Urbana.
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