El Govern del PSC trata de hacer compatible su pacto de investidura con ERC y los Comuns con amarrar el favor del empresariado catalán
Illa defiende el pacto por la financiación: "No nos darán lecciones quienes bajan impuestos"
Salvador Illa, elegido president con los apoyos de las fuerzas de izquierdas en el Parlament, nunca ha ocultado su voluntad de contentar a los sectores empresariales de Catalunya. Ya como líder de la oposición, el primer secretario del PSC estableció buenas conexiones con las patronales, presentándose como el candidato de la estabilidad, y ahora en el mes y medio que lleva en el Palau de la Generalitat acumula diversas concesiones al sector privado.
Con la negociación de la financiación singular como uno de los principales retos de la legislatura, algo que satisface a los actores económicos catalanes, el Govern de Illa ha situado la ampliación del Aeropuerto del Prat como una gran prioridad. A ello hay que añadir el nombramiento de altos cargos para gestionar el agua vinculados a la empresa Agbar o la precaución adoptada frente a medidas que pueden perjudicar a la escuela concertada.
La intención de Illa es hacer del PSC una fuerza hegemónica en Catalunya, que pueda satisfacer a votantes de izquierdas y de centro, y esa imagen de transversalidad es la que quiere proyectar como president. Sin ir más lejos, la semana pasada comenzó para él con una reunión con Jordi Pujol, en la que no ahorró elogios al expresident, siguió con encuentros en Madrid con Felipe VI y grandes empresarios, y terminó en la Festa de la Rosa de los socialistas catalanes entre apelaciones a formar coaliciones amplias de izquierdas.
Los guiños al empresariado se entremezclan también con los que hace al espacio de la antigua CiU, el del catalanismo moderado. En ese aspecto, la reunión con Pujol es solo un ejemplo entre otros, como el nombramiento de Miquel Sàmper –exconseller de Junts– para pilotar la relación con los empresarios desde la conselleria de Empresa y Trabajo. Frente a una delegación de empresarios de alto nivel en Madrid, según desveló La Vanguardia, Illa llegó a asegurar que trató de priorizar un acuerdo de investidura con Junts antes que con ERC y Comuns.
El aeropuerto y otras infraestructurasTras un verano con récord de pasajeros en el Aeropuerto de El Prat y camino de superar los 52 millones de usuarios de 2019, Illa tiene entre ceja y ceja lograr su ampliación, que defiende desde que Aena la puso sobre la mesa en 2021. El president asegura que es necesario mejorar las conexiones internacionales desde la capital catalana para favorecer la actividad económica, al margen del turismo, y cuenta para ello con el entusiasta apoyo de la patronal catalana Foment del Treball.
Sin embargo, todo dependerá si la propuesta técnica para llevarla a cabo supone una afectación a la laguna de la Ricarda y cuál es su alcance. Por ahora, los Comuns se oponen frontalmente al plan y ERC lo valoraría siempre que no perjudique al entorno. Además, la última palabra la tendrá la Comisión Europea, puesto que se trata de un espacio protegido incluido dentro de la Red Natura 2000.
La del aeropuerto es quizás la punta de la más visible de las mejoras que Illa quiere acometer en las infraestructuras catalanas y que buscan favorecer también el dinamismo económico. En materia energética, aprobó en el último Consell Executiu un plan para acelerar las instalaciones de renovables, con medidas como evitar la burocracia y reducir los plazos de trámite, motivo recurrente de quejas entre los inversores. También quiere facilitar la eólica marina, vista con cierto recelo por el anterior Govern, con el proyecto en el Golfo de Roses.
El otro gran capítulo en el que también hay sintonía con el sector privado es el del agua. Los dos nombramientos de mayor rango en la Generalitat para gestionar las políticas hídricas proceden del grupo empresarial de Agbar, la principal suministradora de agua en baja de Catalunya. El nuevo director de la Agencia Catalana del Agua (ACA) será Josep Lluís Armenter, hasta ahora responsable del plan de coordinación de sequía de Aigües de Barcelona (filial del mismo grupo). La secretaria general de Transición Hídrica, Concha Zorrilla, procede de Veolia, la matriz de Agbar, donde era consultora senior especializada en residuos.
El equilibrio con ERC y ComunsIlla debe cultivar el perfil business friendly de su Govern al tiempo que satisface también los compromisos adquiridos con ERC y Comuns en sendos pactos de investidura. El president tiene por delante una larga lista de medidas acordadas con ellos, desde incrementar significativamente el parque público de vivienda hasta avanzar en la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años. Illa concedió también a los Comuns que aparcaría el proyecto del Hard Rock, que con tanto afán defendió y que hizo descarrilar el Govern de Pere Aragonès.
En el ámbito escolar ya han empezado a aflorar algunas contradicciones entre lo pactado y lo que el Govern está dispuesto a hacer. En su afán para no abrir nuevos frentes polémicos, la nueva consellera de Educació, Esther Niubó, no se plantea por ahora reinstaurar la sexta hora en los colegios públicos. Este aumento horario, que equipararía la pública a la concertada –y a la que se opone el profesorado–, es parte del programa electoral socialista y del pacto con los Comuns, pero Niubó dejará pasar un tiempo antes de poner sobre la mesa cómo acometerlo.
Su comparecencia en comisión parlamentaria preocupó a los Comuns por sus buenas palabras hacia la concertada. Niubó la defendió como parte del sistema educativo público y confirmó que, tal como planteó su antecesora, aumentará el dinero que reciben estos colegios de titularidad privada para asumir más alumnado desfavorecido. Ahora mismo, perciben 988 por cada matriculación de este tipo, asumiendo que no pueden pagar las cuotas que otras familias sí abonan, pero los centros consideran que esta cantidad es insuficiente para cubrir su coste.
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