La consideración de los juzgados de violencia sobre la mujer como juzgados mixtos hace que sus titulares queden "automáticamente excluidos de cualquier posibilidad de promoción", lamenta el colectivo
Una de cada tres mujeres en España no tiene acceso a juzgados especializados en violencia machista
Un centenar de jueces y juezas especializados en violencia de género han denunciado que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la interpretación de la misma que ha realizado el Tribunal Supremo les discrimina a la hora de concursar para optar a plazas en juzgados penales o en Audiencias Provinciales.
La consideración como juzgados mixtos de los juzgados de violencia sobre la mujer hace que los aspirantes a una plaza en un juzgado penal o una Audiencia Provincial queden automáticamente relegados en favor de los aspirantes que provienen de un juzgado penal, uno de instrucción o uno de vigilancia penitenciaria.
Los juzgados de violencia sobre la mujer, creados en 2004, están considerados como juzgados mixtos ya que ven tanto asuntos civiles –custodias, patria potestad...– como causas penales cuando las mujeres son víctimas de violencia machista. La interpretación de la ley del Poder Judicial realizada por el Supremo hace que, en los concursos, tengan preferencia los magistrados que provienen de juzgados penales por encima de los mixtos.
Así ha ocurrido ya en la práctica en al menos un concurso: pese a tener una magistrada mejor número de escalafón y llevar al frente de un juzgado de violencia desde su creación, una plaza vacante en una Audiencia Provincial (con competencia para juzgar casos de violencia sobre la mujer) ha recaído en otra jueza, con experiencia exclusiva en juzgados penales.
Cabe resaltar además que la problemática es única de la jurisdicción de violencia sobre la mujer. Tanto en los juzgados de lo Contencioso Administrativo, como de lo Social y Menores , en defecto de especialistas, las plazas se cubren por quienes hayan prestado al menos tres años de servicio en la jurisdicción especializada. Pero al considerar el Supremo a los juzgados sobre violencia machista como “mixtos”, no se les aplica este criterio, al no ser exclusivamente civiles o penales sino ambos.
Dos magistradas han escrito una carta al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar que los jueces y juezas provenientes de los juzgados especializados en violencia de género “quedan automáticamente excluidos de cualquier posibilidad de promoción”.
“Cualquier titular de cualquiera de los órganos indicados, aunque nunca haya trabajado en el ámbito de la violencia de género, tiene preferencia para estas plazas”, reza la misiva. El Observatorio ya ha acordado una reunión con las representantes del colectivo en los próximos días.
“Se hace imprescindible la reforma de la ley orgánica, para que se ponga fin a la injusta situación en la que nos encontramos, y que supone defenestrar toda nuestra experiencia como titulares de estos órganos”, solicita la carta.
Los jueces y juezas confían en poder lograr la reforma en el actual trámite parlamentario de la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia para corregir la situación.
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