Madrid se encuentra inmersa en uno de los momentos más prolíficos e interesantes en la generación de nueva ciudad de su historia reciente. A los desarrollos del sureste y a la regeneración del norte se van incorporando otros desarrollos y actuaciones urbanas específicas que convierten a la capital, otra vez, en laboratorio de lo que ha de ser la ciudad del futuro. Futuro que, casi siempre y en el caso de nuestro urbanismo, arrolla y se convierte en presente antes de darnos cuenta. Me he dedicado a hacer y a gestionar ciudad durante casi toda mi vida profesional viendo como muchas de las promesas, intenciones, proyectos, se han convertido, en tantas ocasiones, en pasado al que es mejor evitar. Profesionalmente, no obstante, los sinsabores, debemos revisitar aquel pasado con frecuencia porque esta práctica, tan poco y mal realizada, será la guía que evitará cometer los mismos errores o, mejor, utilizarlos como palanca y fundamento en la evolución de los proyectos hacia metas en que las mejoras se conviertan en acciones plausibles. Y es que frecuentar los documentos y los fracasos de los proyectos terminados, las acciones y los logros, redunda en una mejor programación del presente. Los proyectos urbanos están caracterizando al urbanismo madrileño durante los últimos veinte años. Proyectos que fueron muchos concebidos o diseñados por aquel PGOU del 97 y que, de forma natural, aunque paradójica si estudiamos su origen, hoy quieren separarse, casi independizarse, de un instrumento que, si bien tuvo la virtualidad de concebirlos, les impone continuas restricciones y bloqueos, muchos insoportables. Estos proyectos que hoy hacen crecer la ciudad de Madrid son verdaderas actuaciones estratégicas que responden a diversas necesidades, no solo, aunque sí fundamentalmente, a la acuciante escasez de vivienda, y que, por sí mismos, tienen una fuerza extraordinaria en la transformación de su entorno. Los cambios no son exclusivamente los obvios, los geográficos o urbanísticos, sino que se extienden y multiplican en términos de empleo, de competitividad, de cohesión social e integración, de movilidad, de generación de riqueza y, lo más importante, de consolidación y articulación, social y económica, de la ciudad existente. En todos estos proyectos se ha dado en Madrid un salto cualitativo esencial respecto al pasado reciente y es que al papel iniciador en la generación o regeneración de ciudad que corresponde a lo público, a la administración, se ha unido la participación más activa, comprometida y responsable del sector privado. Al siempre necesario impulso político para generar ciudad se une hoy un sector privado cada vez más implicado en la consecución de objetivos que hasta hace poco se consideraban exclusivos de lo público, de la política. Así, a la puesta en valor de suelos urbanizables con el objetivo de apropiarse de la rentabilidad derivada de la generación de suelo urbano y del derecho a edificar subsiguiente, el sector privado hoy hace suyos aquellos objetivos de competitividad, empleo, integración, sostenibilidad, mejora de la movilidad, muy consciente de su contribución en la consecución del que ha de considerarse objetivo global, el incremento progresivo de la calidad de vida de los ciudadanos. El sector inmobiliario madrileño vuelve, además, la vista a lo bien hecho, a la calidad, a la arquitectura y la estética, a la naturaleza y a la generación de entornos saludables. Público y privado conforman en Madrid una política coherente, global e integradora, en una relación ganar-ganar cuyo resultado está convirtiendo a la capital en ejemplo a seguir por la mayoría de las ciudades y países de nuestro entorno. Hace pocos días tuve la oportunidad de recibir en Los Cerros a un directivo anglosajón de uno de los fondos más activos en el panorama internacional. Le explicaba, sobre la materialidad de nuestra maqueta, las diferentes fases de la urbanización, las particularidades de la ejecución de la obra, la conformación y funcionamiento de la junta de compensación como entidad urbanizadora, cuáles son los instrumentos de financiación de su actividad, su carácter y naturaleza de órgano gestor privado y su consideración como entidad colaboradora de la administración pública. Se sorprendió de como el promotor privado español ejecutaba vivienda de protección y, aún más, de la convivencia y mezcla en un mismo ámbito entre vivienda protegida y libre. Esto último conviene destacarlo y otorgarle la relevancia que merece. El directivo en cuestión había visitado Valdebebas antes de nuestra conversación y estaba sorprendido de la enorme calidad -impressive, en sus palabras- de la vivienda protegida ejecutada en Madrid. Solo este comentario debiera convencer a más de un escéptico sobre lo esencial que ha sido en Madrid la reciente revisión y actualización del módulo de vivienda protegida, sin necesidad de limitar los precios del suelo protegido. Pero esto merece su discusión más en profundidad. Con todo y por supuesto, no hay lugar para la autocomplacencia, pues el camino es arduo y difícil y el que queda por recorrer es más exigente y complicado. Esta nueva relación entre lo público y lo privado, entre administración y empresa, entre política y sociedad civil ha de convertirse, necesariamente, en la base sobre la que construir una nueva forma de hacer ciudad. Hemos recorrido con acierto los primeros escalones, siendo los mayores hitos alcanzados hasta ahora el grado de profesionalización en el que se sitúa la gestión de los nuevos desarrollos y una tendencia hacia la escucha activa a esa gestión y a la ciudadanía cada vez más acusada en las administraciones tutelares urbanísticas. Hemos de transformar, esto sí, inercias y costumbres del pasado y ciertas formas de participación de los agentes implicados en la generación y regeneración de ciudad. A los esfuerzos realizados por administraciones y empresas promotoras o propiedad han de sumarse, con urgencia ya, los de las empresas que constituyen uno de los agentes necesarios y esenciales en esa construcción de ciudad. Las empresas encargadas del suministro y distribución de energía, agua, telefonía, no pueden por más tiempo intervenir en el proceso urbano de manera ajena al propio discurso urbano. Hoy intervienen como invitados en el conjunto de acciones que involucra ese proceso, en lugar de actuar como verdaderos protagonistas. Tienen la obligación de, al menos, ser conscientes de que son agentes principales respecto del conjunto de actividades mutuamente relacionadas que al interactuar juntas convierten los elementos de entrada en resultados. Su no participación desde el inicio en las fases sucesivas que involucran a los agentes, personas jurídicas, elementos diversos, dentro y fuera de ese proceso urbano, condenan a los desarrollos, con demasiada frecuencia, a situaciones extremas que pueden llevar al fracaso de la gestión. Han de ser conscientes, en definitiva, de su papel protagónico en la competitividad, gobernabilidad y buen funcionamiento del proceso urbano y de su producto primero, el sistema urbano, pues este depende, entre otros muchos factores, pero sí de manera muy destacada, de la eficacia y de la eficiencia de los servicios que estas compañías prestan a la ciudad y a los ciudadanos. No rehúyo el reto. Los profesionales del urbanismo tenemos la responsabilidad de convencer a la administración, al sector privado, a todas aquellas empresas protagonistas, a la sociedad civil, de todos los elementos y circunstancias que hemos de ir mejorando entre todos. Hemos de poner al servicio de la ciudad y de la sociedad que la construye nuestra capacidad técnica y nuestra experiencia, sabiendo que el resultado de nuestro trabajo será más fuerte que nuestro trabajo mismo, que la permanencia de lo ejecutado es suficiente fundamento para saber que aquel resultado superará todo el esfuerzo. Nuestro objetivo debe ser siempre servir y dar solidez a lo que construyamos, a la ciudad ejecutada y al ciudadano que la vive y le da vida. Ahí entra y se pone en juego nuestra ética y nuestra profesionalidad y por ello debemos respetar, nosotros antes que nadie, nuestra autonomía intelectual, asumiendo los riesgos que conlleva. A todos nos obliga el concepto aristotélico de ciudad y de ciudadano, pues todos debemos ejercitar la facultad de intervenir en la función deliberativa que la construye. Sin embargo, a los profesionales del urbanismo nos obliga muy especialmente aquella autonomía y la capacidad de confrontarla con la política, con la administración, con la empresa, incluso con el ciudadano mismo y, si llega el caso, como en ocasiones ocurrirá, habremos no solo de confrontar sino de enfrentar, defendiendo nuestras convicciones y, sobre todo, nuestros proyectos hasta el cumplimiento definitivo y completo de sus objetivos.
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