Junto a los errores y la falta de reflejos que, con consecuencias dramáticas, aún por cuantificar, marcaron en un primer momento la gestión de la crisis provocada por la riada de la pasada semana, las contradicciones se acumulan sobre la mesa del presidente de la Generalitat Valenciana. La ausencia de Carlos Mazón en la reunión convocada por el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) para seguir en directo las incidencias de la DANA y adoptar medidas urgentes, a la que no se incorporó hasta las siete de la tarde del 29 de octubre , estuvo motivada por el almuerzo de trabajo que el jefe del Ejecutivo compartió con la periodista a la que pretendía fichar como máxima responsable de la radiotelevisión regional. Si no una cancelación inmediata, consecuencia más que razonable de la gravedad de la tormenta que desde primera hora descargaba en la provincia de Valencia, la agenda presidencial de Mazón debería haber sido resumida de forma drástica, en función de unas prioridades sobrevenidas y cada vez más evidentes. Prolongar un almuerzo hasta las seis de la tarde, fuese a no de trabajo o carácter oficial, no es de recibo en circunstancias como las que hace once días sumieron en el caos a la provincia de Valencia. A la escasa oportunidad de aquel encuentro se suman las distintas y contradictorias versiones dadas sobre una agenda que a todas luces resultaba incompatible, en tiempo y forma, con la magnitud de la catástrofe registrada en las localidades aledañas al barranco del Poyo. Si la mentira o la opacidad no caben en la política, más inaceptables resultan cuando se falta a la verdad sobre las actuaciones en una tragedia que suma 223 fallecidos, más de 70 desaparecidos, y que ha destrozado la vida a miles de personas. Esas discordancias se unen, además, a otras como las distintas versiones dadas sobre el conocimiento que existía en la Generalitat Valenciana respecto a los mecanismos de alerta y respuesta, o las fechas de solicitud del despliegue del Ejército, y hacen muy difícil que el Partido Popular pueda respaldar la gestión de Mazón o intentar acudir a su rescate sin verse arrastrado. Ni siquiera los meteorólogos que habían alertado sobre la crudeza de la DANA pudieron prever las dimensiones reales de una tragedia en la que la naturaleza y la orografía resultaron determinantes, pero que las autoridades, no solo autonómicas, agravaron por acción u omisión. Si el Gobierno de Mazón se vio de inmediato desbordado por la riada, incapaz de estar a la altura de la tragedia, el Ejecutivo central, en su enésima muestra de tacticismo, no tardó en ponerse de perfil –«si quieren ayuda que la pidan», repitió Pedro Sánchez– y en trasladar a la Generalitat la entera gestión de una crisis, de alcance nacional, que tardó en asumir como propia. Mientras los equipos de rescate buscan a los desaparecidos en las áreas afectadas por la riada y los vecinos de las localidades asoladas por el agua tratan de recomponer sus vidas en un mar de escombros, la entrega desinteresada de los voluntarios que por centenares acuden a Valencia contrasta con la estrategia de ocultación que la clase política ejecuta en su intento de sobrevivir al desastre que contribuyeron a magnificar. Carlos Mazón tenía razones de sobra para cancelar la agenda oficial de una jornada marcada desde primera hora por la incertidumbre, pero aún más motivos para evitar las contradicciones y las imposturas con que hasta ahora ha intentado mantenerse a flote, precisamente en medio del dolor de unas víctimas que exigen algo más que medias verdades sobre lo ocurrido. No solo hubo una respuesta tardía a la tragedia, sino sesgada.
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