Las declaraciones judiciales de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se enmarcan en el incuestionable derecho de defensa. Su eficacia dependerá de contrastarlas con documentos y correos electrónicos. También estaban en su derecho de no contestar a la acusación popular. La valoración judicial es, obviamente, de la juez instructora y de la Audiencia Provincial en última instancia. Sin embargo, cualquier observador externo se fijaría en la explicación que ofreció ayer David Sánchez de que halló la oferta de trabajo de la Diputación en internet. La prueba no puede ser más fácil, porque seguro que ha dejado huella en la red. No menos creativa fue la respuesta de Gallardo, quien dijo no saber que David Sánchez Pérez-Castejón era hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón hasta después de su contratación. Y marcó distancias recordando su apoyo a Susana Díaz en las primarias socialistas, como si, en efecto, un político no pudiera poner una vela a Dios y otra al diablo. Es el derecho de defensa.
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