La propuesta de pasarela al Régimen Especial de Autónomos (RETA) para los mutualistas que ultima el Gobierno no incluirá finalmente un traspaso al sistema público de pensiones para los cerca de 20.000 abogados ya jubilados que demandan ser incluidos con alguna fórmula en el marco que permitirá el paso al RETA a los mutualistas acogidos al modelo de aportación alternativa –es decir, cotizan a la Mutualidad en lugar de a la Seguridad Social– y que son casi 210.000. Y tampoco estarán incorporados en esta pasarela los mutualistas complementarios, que aportan a ambos sistemas, generando derechos en cada uno de ellos. Este es uno de los aspectos que estaban por determinar en la propuesta que elevará próximamente el departamento dirigido por la ministra Elma Saiz , y que afecta precisamente al colectivo que comenzó a alzar la voz por las exiguas prestaciones que denuncian estar percibiendo ya desde el denominado mutualismo pasivo, es decir, una vez jubilados y una vez rescatado el fondo de la Mutualidad en sus diferentes modalidades. Y cuyas cuantías emanan de las aportaciones realizadas al sistema de capitalización individual que rige la Mutualidad desde el año 2005. Para estos mutualistas ya jubilados que el Gobierno descarta incorporar en el sistema público de pensiones en el marco de la propuesta de pasarela al RETA reclama una solución la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (Anama) que ya tras darse a conocer recientemente el modelo previsto en la propuesta elaborada por la catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, María Emilia Casas, –que hace suya el Colegio de la Abogacía de Madrid– criticó la falta de medidas suficientes para el este colectivo ya jubilado. « En la mutualidad hay profesionales que ya no están aportando y que se encuentran en situaciones diversas ; algunos cobrando la renta vitalicia (el equivalente a la jubilación), que no van a poder hacer uso de la pasarela y cuya solución tendrá que venir de la mano de la Mutualidad. Nos preguntamos que quién costeará estas mejoras, dado que los fondos de cada mutualista son de carácter individual», explican desde la asociación asegurando que «lo lógico en estos casos será que los mutualistas pasivos tengan el mismo trato de conversión de fondo para poder pasar a ser pasivos de la Seguridad Social». Es decir, trasladar a los ya jubilados el modelo que se plantee para los mutualistas alternativos para insertarlos en lugar del RETA, en el sistema público de pensiones. De modo que se observara su carrera de aportaciones a la Mutualidad para hacer un traslado, ya sea cuantitativo –en el que se busca una proporción en base al volumen de aportaciones respecto a las bases mínimas exigidas por el RETA o cualitativo con una equivalencia del número de años aportando a la Mutualidad–. Aunque las fuentes cercanas a la negociación consultadas por ABC aseguran que Seguridad Social no ve con buenos ojos acoger a este colectivo ya sin margen de igualar sus aportaciones a la Mutualidad a las que correspondería de haber estado en el régimen de autónomos del sistema público , y que por lo tanto estarían sólo sujetos a una solución asistencial por parte de la Administración, la directiva de la junta y portavoz de Anama, Raquel Rico, señala a este medio la necesidad de buscar alguna vía de mejora de las prestaciones pare este grupo de 20.000 jubilados. «Se deberían de explorar soluciones de solidaridad por parte de la Seguridad Social o de la Mutualidad», señala Rico recordando que uno otro de los puntos que merma la capacidad de ingresos a parte de la cuantía es que estos beneficiarios no ven revalorizadas sus pagas con el IPC como sí ocurre con las más de 10 millones de pensiones públicas que abona la Seguridad Social. Si bien este traslado al sistema público de pensiones parece una quimera en este momento, la otra solución por la vía de extender el ampliar el sistema de solidaridad con el que cuenta la Mutualidad para estos casos que supondría elevar las cuantías de unas pensiones «graciables» para completar estos ingresos tampoco parece viable, toda vez que iría contra las aportaciones de los mutualistas en activo y no existe capacidad financiera par elevar unas cuantías que desde el colectivo denuncian que en los casos más bajos oscilan entre los 300 y 600 euros mensuales. En este caso, como ocurre en la cuestión de los mutualistas alternativos, al prestar atención al estado real de vulnerabilidad que sí aparentan las bajas prestaciones percibidas por parte de estos mutualistas ya jubilados. En este sentido, según ha podido saber ABC sólo 14 mutualistas pasivos se han podido acoger al sistema de solidaridad con el que ya cuenta la Mutualidad . A él, pueden acceder aquellos que una vez jubilados y una vez elegido la fórmula de liquidación de su fondo cuenten con un ingreso mensual inferior a 800 euros y tengan un patrimonio de menos de 50.000 euros descontada la vivienda habitual –en un modelo parecido al que determina el acceso al ingreso mínimo vital–. Cumplidos los requisitos la Mutualidad completa a través de este fondo al que se destinan cinco millones de euros anuales, hasta alcanzar la cuantía mensual mencionada. En este punto, sólo se han hecho uso de cerca de 100.000 euros de este fondo para completar las pensiones de los mutualistas pasivos que cumplen el rango de vulnerabilidad patrimonial exigido.
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