Los promotores de la Ley de Volcanes esperaban su aprobación para finales de año, pero algunos grupos parlamentarios han pedido una prórroga en la tramitación para incluir nuevas enmiendas y correcciones
El Tajogaite “brindó una oportunidad única” para ofrecer “datos multidisciplinarios” en “una crisis en rápida evolución”
Desde que se apagó el volcán Tajogaite en La Palma -erupción finalizada de forma oficial el día de Navidad de 2021, hace justo tres años-, entre algunos de los afectados empezó a gestarse la idea de que el archipiélago, de naturaleza puramente volcánica, necesita una ley de volcanes.
Así, mientras se digerían las consecuencias devastadoras del volcán que emergió en la zona de Cumbre Vieja, que rugió durante 85 días generando el desalojo de 7.000 personas, cubriendo más de 1.200 hectáreas de lava y arrasando casi 1.700 edificaciones en total, entre ellas más de 1.300 viviendas, se empezó a diseñar una Iniciativa Legislativa Popular que se registró en el Parlamento de Canarias en septiembre de 2023 con el aval de más de 19.000 firmas.
Por unanimidad de los siete grupos de la Cámara se apoyó su tramitación aunque no se cumplió con el objetivo de los promotores, que esperaban su aprobación en la última sesión plenaria del mes de diciembre, buscando un guiño cómplice con el final de la erupción.
Algunos grupos parlamentarios han pedido una prórroga para incluir nuevas enmiendas y correcciones a la ley, algo que uno de los portavoces de la comisión promotora, Juan González, ve “bien” porque se comprueba que los diputados le “ponen interés” aunque el texto salga aprobado “más tarde”.
El objetivo de la ley es garantizar, con carácter retroactivo, una serie de derechos para los afectados por una erupción que permitan una recuperación justa y adecuada, dado que ahora hay un vacío legal, y se trata de blindar su condición de afectado y fijar que las compensaciones que deban recibir se hagan por el valor real de lo perdido.
“Como está el volcán de Enmedio y también hay movimientos sísmicos en Tenerife, les están cogiendo como miedo a que no haya una ley y quieren ampliarla. Espero que todo esto sea para que esté muchísimo mejor”, señala a Europa Press.
Fuentes de los grupos parlamentarios han confirmado a Europa Press que varios grupos han pedido ampliaciones de plazo para presentar enmiendas hasta el 4 de febrero, por lo que se espera acelerar la tramitación y aprobación de la ley con la reapertura del periodo de sesiones, teniendo en cuenta que enero es inhábil.
Los afectados, “otra vez peor”
Estos días, que se cumple el tercer aniversario de la finalización de la erupción, Juan lamenta que están “otra vez peor” porque las tasaciones de las propiedades aún no se han cerrado.
Ha insistido en que la situación “está siempre más o menos igual”, aunque haya cambiado el Gobierno de Canarias, y aunque han defendido las tasaciones por el valor real de lo perdido, quedan “montones de cosas que corregir” que no se incluyeron en la catástrofe.
“Va todo muy, muy lento, muy difícil es recuperarse de esto así”, ha señalado.
Frente a la habitual decepción de los afectados por la erupción --sin vivienda, con las casas de alquiler vacacional arrasadas y muchos alojados en casas prefabricadas--, desde el sector público se reivindica la reconstrucción.
El Gobierno central, por ejemplo, dice haber movilizado más de 1.000 millones de euros en la isla --a falta de certificar los 100 millones comprometidos en los PGE de este año-- y este mismo lunes, en Consejo de Ministros, aprobó la prórroga de diversas ayudas, entre ellos los ERTE, aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social, la exención de impuestos para personas de La Bombilla y Puerto Naos o la moratoria en préstamos para los agricultores que perdieron sus propiedades.
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