El convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Tarifa y la mercantil Gran Parcela S.L. para intervenir en el frente litoral y levantar en la zona un hotel, 890 viviendas de las que 163 serán de protección oficial y un complejo de 240 apartamentos turísticos sigue generando protestas en este municipio gaditano, pero también reacciones a favor. La última es la de Alfonso Pérez Moreno, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, que ha remitido un comunicado a ABC para mostrar su opinión al respecto «ante la enorme confusión popular que se ha venido generando en Tarifa por la posible transformación urbanística de una franja de unos 700 metros del frente del litoral urbano». Así, indica que, como catedrático y profesor titular de Derecho Administrativo, la tramitación administrativa que se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento de Tarifa para la aprobación y firma del citado convenio «es conforme a Ley. Se trata de un convenio urbanístico de planeamiento en el que se fijan las condiciones básicas que deberá respetar la propuesta de planeamiento que deberá hacer la empresa promotora, en este caso Gran Parcela, como propietaria de los terrenos de las dos fábricas que se encuentran en esa franja del frente litoral, siendo por tanto la propietaria privada mayoritaria del ámbito de actuación que se propone. Una vez aprobado y firmado podrá iniciarse la elaboración del instrumento apropiado de planeamiento para su tramitación». Añade que dicho convenio no supone que el Ayuntamiento tenga condicionadas sus potestades discrecionales en materia de planeamiento, «pues los convenios de planeamiento sólo tendrán el efecto de vincular a las partes para la iniciativa y tramitación del pertinente procedimiento sobre la base del acuerdo respecto de la oportunidad, conveniencia y posibilidad de concretas soluciones de ordenación. En ningún caso vincularán a las administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades. Es decir, luego el planeamiento se aprobará siempre con arreglo a los intereses públicos en presencia, que se pondrán de manifiesto a lo largo de la tramitación del mismo», explica. En este caso, explica que, una vez elaborado el instrumento de planeamiento, el documento se habrá de presentar ante el ayuntamiento y deberá ser Plan de Reforma Interior «que será tramitado y, si procede, aprobado por el ayuntamiento, siempre tras haberse cumplido con todos los requisitos legales que deberán incluir, entre otros, la tramitación de una Evaluación Ambiental Estratégica a cargo de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía», añade en la citada nota. Según el citado convenio, abunda, el planeamiento deberá incluir, en cualquier caso, la construcción -entre otros y con cargo a los promotores del proyecto- de dos nuevos institutos, un nuevo colegio, una nueva piscina municipal, un nuevo polideportivo, y un mínimo de 160 viviendas de protección oficial , además de una nueva red de saneamiento que ponga fin a los históricos vertidos de aguas fecales a las playas de Tarifa. Una vez publicado el convenio, recuerda que para cumplir con el trámite de información pública en el BOP el pasado día 20 de septiembre, los ciudadanos tienen 20 días hábiles para presentar alegaciones contra este documento de intenciones, que deberán ser contestadas apropiadamente por el ayuntamiento, antes de proceder a la aprobación del convenio en sesión plenaria del Consistorio tarifeño. En este punto, asegura que la verdadera participación ciudadana en la elaboración del planeamiento se producirá «en la posterior tramitación del instrumento de planeamiento, que es en el que se definirá exactamente y en detalle las determinaciones urbanísticas para el sector del frente litoral que se pretende transformar. En dicho procedimiento el Ayuntamiento tiene libertad de planificar según sus intereses, pero en la medida que cumpla con el convenio podrá exigir al promotor privado que cumpla con las obligaciones adquiridas en el mismo. Ese será el momento donde habrá que controlar que se cumplan los requisitos establecidos en el acuerdo». «Es en ese procedimiento cuando los ciudadanos podrán conocer el proyecto de transformación que se propone para su ciudad, y podrán, asimismo, en caso de no estar de acuerdo, presentar las correspondientes alegaciones, de forma detallada y con todas las garantías legales». En este punto, Pérez Moreno considera que resulta «poco constructivo pretender abortar en una fase preliminar» un procedimiento que reitera está reglado y se desarrolla conforme a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su reglamento de aplicación, máxime cuando en esta fase en la que se encuentra la tramitación actualmente no se conocen -ni se pueden conocer- los detalles del proyecto». En cuanto al Plan de Reforma Interior para el desarrollo urbanístico de esta parte de la ciudad que se pretende, lamenta «la confusión creada» en torno a la supuesta necesidad de tramitar esta transformación urbanística en el marco de la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM)». En este sentido, este catedrático reconoce que «no cabe duda de que T arifa necesita un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, por imperativo legal de la LISTA, y cuanto antes se tramite será mejor para todos los intereses públicos y privados del municipio». Al respecto, recuerda que el vigente e data del año 1990, lo que puede dar una idea de lo inadecuado de sus objetivos, tras 34 años de vigencia , cuando el planeamiento general siempre se ha diseñado para unos ocho años de vigencia, aunque luego se ha generalizado la obsolescencia en la planificación general en Andalucía« «El tiempo transcurrido desde que se aprobó el PGOU vigente -nada menos que ocho legislaturas de muy diversas ópticas urbanísticas- es el que explica en gran medida que se haya llegado a que sigan existiendo fábricas, naves de apero, institutos y hasta una depuradora en primera línea de playa. Algunos de estos usos obviamente son completamente inadecuados para el litoral urbano de Tarifa, y se han convertido claramente en una infranqueable barrera arquitectónica que es necesario remodelar íntegramente», abunda.
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