Un tribunal de Hong Kong ha condenado a 45 destacados activistas prodemocracia a penas de entre cuatro y diez años de prisión por “conspiración para subvertir el poder del Estado”, en el mayor juicio celebrado hasta ahora bajo la polémica ley de seguridad nacional, impuesta por Pekín en 2020. Estas sentencias, que destacan como un momento culminante en la represión, colocan al movimiento prodemocrático en una coyuntura crítica y erosionan su ya exiguo margen de maniobra, además de coincidir con la inminente conclusión de los procesos judiciales pendientes contra el asediado magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai.
Entre los condenados se encuentra el exprofesor de Derecho, Benny Tai, quien recibió la pena máxima de diez años por su implicación en la organización de elecciones primarias extraoficiales, consideradas subversivas por las autoridades.
Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung, quienes testificaron a favor de la acusación contra sus compañeros durante el juicio, fueron condenados a penas de seis años y nueve meses, siete años y seis años y un mes, respectivamente.
La última idea turística de Pekín te demuestra la decadencia de Hong Kong: "Sonreíd más"Josep Solano. Hong KongLos trabajadores de atención al público no solo están hastiados por la escasez de personal y las largas jornadas laborales, sino por el poco gasto que hacen y el trato que reciben
Este trío, junto a Benny Tai y Gordon Ng, que recibió una condena de siete años y tres meses, fue considerado organizador de las primarias. La segunda condena más larga fue impuesta al activista Owen Chow, quien fue sentenciado a siete años y nueve meses de prisión.
A Kwok Ka-ki, Jeremy Tam, Claudia Mo, Andy Chui y Gary Fan se les asignaron las penas más bajas, de cuatro años y dos meses.
El jefe de seguridad de Hong Kong, Chris Tang, declaró que las sentencias reflejan la gravedad de su delito.
En virtud de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de Hong Kong, promulgada en marzo para cerrar las “lagunas” de la legislación de Pekín, los condenados por delitos contra la seguridad nacional deben cumplir requisitos más altos para acceder a la libertad anticipada, lo que hace improbable su remisión.
Preocupación internacional
Australia manifestó su "grave preocupación" por la condena de Gordon Ng. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, reiteró sus "objeciones" a la aplicación de la ley de seguridad nacional promovida por Pekín.
Por su parte, Estados Unidos condenó las sentencias, considerando las acciones de los condenados "actividad política normal". Maya Wang, de Human Rights Watch, afirmó que la severidad de las penas refleja el deterioro de las libertades civiles y la independencia judicial hongkonesa en los últimos años.
Mientras, la portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, tachó la resolución de “grave violación de la libertad y la democracia que los ciudadanos hongkoneses buscan".
Acusaciones de subversiónEl veredicto del Tribunal de Primera Instancia, emitido el pasado mayo, declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un proceso iniciado después de que Pekín introdujese en junio de 2020 una Ley de Seguridad Nacional en la miniconstitución de la ciudad — pasando por alto el poder legislativo local — un año después de multitudinarias protestas antigubernamentales.
Otros dos acusados fueron absueltos, mientras que 31 admitieron los cargos: en total, son 47 los implicados en el proceso, que comenzó a raíz de su participación en una elección primaria no oficial celebrada por el campo prodemocrático en 2020 y en las que más de 600.000 votantes eligieron candidatos para las elecciones legislativas.
En marzo de 2021, el bloque fue acusado conjuntamente de “conspiración para cometer subversión” en torno a dichos comicios, cuyo objetivo era ayudar a los partidarios de la democracia a seleccionar candidatos y asegurarse la mayoría.
Los condenados fueron señalados por haber planeado, en caso de obtener la mayoría, utilizar sus facultades como legisladores para bloquear proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento gubernamental y, eventualmente, forzar la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.
Tres jueces del Tribunal Superior, elegidos a dedo para instruir casos de seguridad nacional, consideraron que las votaciones formaban parte de un amplio complot para “socavar, destruir o derrocar” el gobierno municipal, provocando una “crisis constitucional” tras el comienzo de la legislatura.
Michael Mo, con dos décadas de experiencia en política y activismo en Hong Kong y Asia, expresó a EFE su preocupación por el impacto de las condenas y destacó la omisión de referencias a otras sentencias similares en China, donde figuras como el nobel de la paz Liu Xiaobo o activistas como Li Wangyang enfrentaron penas similares por cargos de subversión.
Mo lamentó la represión actual en el territorio, y enfatizó que el resultado del proceso evidencia la pérdida de independencia del sistema judicial hongkonés frente a Pekín
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