La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales recurre la decisión del juez Hurtado de acotar el análisis de los mensajes y correos intervenidos a los días de marzo en que se filtraron los correos del abogado de Alberto González Amador
El clonado indiscriminado del móvil del fiscal general: una medida inédita y sin precedentes por una filtración
La asociación de fiscales que ejerce la acusación popular contra el fiscal general en la investigación por revelación de secretos ha pedido al Tribunal Supremo que no acote su investigación a cinco días de marzo y que analice todos los correos y mensajes intervenidos de los últimos siete meses. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, con representación en el Consejo Fiscal, también ha pedido al juez Ángel Hurtado que amplíe la causa varias semanas antes de la supuesta filtración de los correos que la defensa de Alberto González Amador cruzó con la Fiscalía para buscar un pacto en su caso de doble fraude fiscal confeso.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvieron hasta diez horas en el despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz, el pasado 30 de octubre. La orden del juez Hurtado, después de poner la causa bajo secreto de sumario, era intervenir todos sus correos, mensajes de WhatsApp y comunicaciones desde el pasado ocho de marzo en el marco de la investigación sobre si fue él quien filtró a la prensa los emails de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Posteriormente, el magistrado explicó a la Guardia Civil que su análisis debía ceñirse a los mensajes estrictamente relacionados con el caso entre los días ocho y catorce de ese mes de marzo.
La última medida de Hurtado ha sido levantar parcialmente el secreto que pesaba sobre esta causa sobre revelación de secretos y ha notificado estos autos completos a las partes, después de que la Fiscalía tuviera que recurrir el registro a ciegas, sin conocer los argumentos del magistrado para intervenir las comunicaciones del fiscal general. Un nuevo recurso preocede ahora de la APIF, asociación de fiscales que ejerce la acusación popular, solicitando al juez que haga lo contrario: ampliar el análisis a todas las comunicaciones intervenidas.
El documento, firmado por los letrados Juan Antonio Frago y Verónica Suárez, solicita que la causa retroceda aún más en el calendario y analice los hechos desde el 20 de febrero de este año, fecha en la que la Fiscalía remitió a los juzgados la denuncia contra Alberto González Amador por fraude fiscal y falsedad documental. Desde ese momento, dice esta asociación, “puede haber comunicaciones previas que pasan por los teléfonos de los dos aforados, de advertencia de que una persona del calibre mediático de ser el novio de la presidenta autonómica podría tener un procedimiento y, en su caso, de la existencia del documento posteriormente filtrado”.
Entiende también esta asociación que el análisis de los mensajes del fiscal general no debe terminar el 14 de marzo de 2024 sino que debe abarcar todo el material incautado por la UCO durante diez horas de intervención en la sede central de la Fiscalía en la calle Fortuny de Madrid. “No es descartable que puedan aparecer comunicaciones anteriores solicitando, vendiendo o regalando el favor de la filtración”, afirma. No solo quieren conocer las posibles conversaciones de García Ortiz con periodistas, sino con su número dos en el Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde. “Pueden ser capitales las conversaciones entre el Fiscal General del Estado y la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, hoy fiscal encargada del despacho de este asunto”.
El último movimiento del juez Hurtado ha sido levantar parcialmente el secreto de sumario para que las partes puedan conocer íntegramente los autos dictados hasta ahora y poder contestar al recurso que presentó la Fiscalía contra la orden de registro. Una secuencia que implica que el Ministerio Público tuvo que recurrir el registro sin conocer los argumentos del juez, pero que las partes ahora sí conocen esos argumentos para oponerse a su recurso.
“Procede investigar cualquier comunicación relativa al delito investigado, la filtración de la propuesta de conformidad penal, sin limitación temporal, respecto de los terminales incautados”, zanja el recurso presentado por APIF.
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