El año pasado se cometieron en España 22 asesinatos de mujeres a manos de hombres con los que no tenían relación de pareja. Son los datos que ha hecho públicos este viernes la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que desde hace un par de años comenzó a contabilizar oficialmente todos los feminicidios convirtiéndose en el primer país europeo en hacerlo. Desde entonces, la estadística registra, no solo los casos mortales de violencia de género dentro de la pareja o la expareja, algo que lleva haciendo desde 2003, sino también las muertes violentas de mujeres por el hecho de serlo al margen de los que perpetran hombres en el marco de una relación sentimental. Igualdad divide estos últimos en asesinatos sexuales, familiares, sociales o vicarios. El proceso para definir las categorías fue consultado con diferentes organismos, entre ellos, el Consejo General del Poder Judicial o el Instituto Europeo de Igualdad de Género.  Así, los 22 casos registrados el año pasado suponen un descenso del 35,3% si se compara la cifra con 2022, el único del que se disponen datos de esta serie. 13 fueron en el primer semestre del año, entre ellos, los crímenes de tres mujeres prostitutas. Los nueve restantes se han producido en los últimos seis mese del año, según la estadística. De los 22 casos, la mayoría fueron feminicidios familiares, es decir, cometidos por algún hombre miembro de la familia de la víctima (12, el 54,5%), seis fueron sociales (27,3%) y cuatro sexuales (18,2%), contabiliza Igualdad sin detallar qué tipo de relación o en qué contexto se produjeron los casos. Además, en 2023 hubo un menor de edad asesinado por causa de esta violencia, añade el departamento dirigido por Ana Redondo en una nota de prensa. Al igual que ocurrió el año anterior, en todos los casos los agresores eran conocidos de las víctimas e incluso la mitad de las mujeres convivían con ellos: más de la mitad, el 54,5%, eran familiares; el 22,7% eran vecinos o compañeros de piso y el 22,7% restante eran otros conocidos. La mayoría, en concreto dos de cada tres asesinadas, tenía más de 40 años y solo el 18,2% había presentado denuncia.

Un juzgado de Oviedo ha condenado a seis años y tres meses de cárcel al promotor de una explotación ganadera por verter purines a la cueva prehistórica de El Pindal, situada en el concejo asturiano de Ribadedeva. Con su actuación puso en riesgo este yacimiento arqueológico que está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) e incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2008. La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo considera que el acusado es autor de cuatro delitos: contra el patrimonio histórico, contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente y de desobediencia. A la pena de prisión, se suma además el pago de una multa de 25.200 euros y su inhabilitación especial para la promoción o construcción, así como para ejercer su profesión como ganadero durante dos años. La jueza sigue así el criterio de la Fiscalía que advirtió durante la vista oral del juicio, celebrado el pasado 16 de abril, que el acusado carecía de licencia de actividad para la explotación, tras haberle sigo denegada por la administración. Exculpan a otro ganadero Esta negativa no le impidió que la pusiera en marcha en un suelo clasificado por el Plan General de Ordenación (PGO) como no urbanizable de protección de costas y cuyo uso disfrutaba en precario. A pesar de no disponer del permiso municipal, contaba con más de 40 cabezas de ganado vacuno. Inicialmente, junto al promotor fue juzgado el dueño de la explotación ganadera pero durante la vista oral la Fiscalía retiró la acusación contra el segundo, por lo que recayó toda la responsabilidad en el ahora condenado. La propia sentencia refleja que era imposible que pudiera haber obtenido la licencia de actividad ya que la estabulación estaba ubicada en el entorno de protección de la Cueva de El Pindal y la legislación patrimonial aplicable, hubiera impedido su desarrollo al resultar incompatible con la adecuada conservación del Bien de Interés Cultural (BIC). Además de estar declarada BIC y estar en la Lista de Patrimonio Mundial, el área donde se encuentra goza también de protección ambiental, al estar incluida en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental. Solo tenía licencia para cobertizos y comederos La única licencia municipal de la que disponía se remontaba al año 1995 y era exclusivamente para la construcción de cobertizos y comederos. A pesar de esa limitación, el acusado acometió obras de construcción que modificaron la cuenca del arroyo La Llongar al haber ampliado el camino de acceso hasta la zona de comederos de la explotación. Estas obras generaron, según el juzgado, un terraplén que evita que el arroyo, en caso de crecida, se disperse por toda la vaguada. De esta forma, concentra su cauce y el arrastre de material contra un sumidero ubicado junto a la explotación y en el área de infiltración directa de la cueva. Sin embargo, en el momento en que se produce una inundación, sus efectos eran previsibles: el barrizal concentrado de purines en la zona de comederos se moviliza hacia el sumidero. Esta situación es la que ocurrió en el mes de octubre de 2019 cuando, unas fuertes precipitaciones generaron un socavón de 15 por 24 metros, lo que supuso la entrada en la cueva de sedimentos que presentaban valores muy elevados de materia orgánica. Según el fallo, se pudo constatar la presencia de nitrógeno, fósforo, potasio y metales pesados, así como antibióticos y desinfectantes, junto con una amplia gama de poblaciones microbianas, incluidos los patógenos, que pueden causar contaminación y presentar riesgos para la salud pública. La jueza no alberga duda alguna de la relación causa-efecto entre la existencia de la explotación ganadera ubicada sobre el yacimiento arqueológico y el “drástico cambio en la microbiología de la cueva”. Daños a las muestras de arte Argumenta que la explotación ganadera concentra una cantidad de purines importante, puesto que se sirve la comida al ganado en un mismo punto y carece de estructura que permita conducir los residuos contaminantes y evitar su filtración en el sistema kárstico. “Este tipo de residuos genera una subida artificial de la cantidad de nitratos y, puesto que el interior de la cueva es un entorno húmedo en el que el agua afecta directamente a las muestras de arte, esto supone la contaminación de las mismas y ayuda a su desaparición. Asimismo, en épocas de lluvia, cuando se activa el curso de agua subterránea -añade la sentencia- se ha apreciado un olor a estiércol, lo que evidencia la conexión entre estos fenómenos exteriores y el interior de la cueva, conocidos, por otro lado, gracias a los estudios geomorfológicos existentes“. Además, la jueza advierte de que el deficiente tratado de los orines y purines del ganado generó también el aumento de la contaminación de una charca de la zona y el depósito de elementos químicos dañinos en el suelo de la cueva rupestre, “poniendo en grave riesgo la conservación de las valiosas manifestaciones artísticas que alberga”. A la inundación y las filtraciones posteriores atribuye la resolución judicial el hecho de que la cueva fuera cerrada al público y permaneciera clausurada durante dos meses. Los reiterados incumplimientos El ayuntamiento fue advertido en 2019 tanto por el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias como por el Ayuntamiento, pero no atendió a ninguno de los dos organismos. Según el juzgado, incumplió “abiertamente” la suspensión de la actividad decretada desde el consistorio en diciembre y el requerimiento que, un mes antes, le había hecho el Consejo para que procediera a la succión del agua concentrada en la charca mediante una cuba, con el fin de evitar un destaponamiento natural que provocara la entrada en tromba a la cueva. Por el contrario, el promotor siguió adelante con la explotación en las mismas condiciones que de forma ilegal estaba llevando a cabo hasta 2021. La cueva estuvo cerrada durante dos meses Los daños ocasionados y la pérdida económica ocasionada con motivo del cierre de la cueva al público supusieron un coste que fue cuantificado en 10.199 euros; cantidad económica que el acusado deberá abonar como indemnización al Principado de Asturias. A esta cuantía se añaden además otros casi tres mil euros por el coste del informe de análisis químicos y microbiológicos de sedimentos y aún están por determinar los daños causados en la propia cueva, que se acrediten en ejecución de sentencia. Asimismo deberá restituir la parcela a su estado original o bien indemnizar al Ayuntamiento de Ribadedeva por el importe del coste de restauración. La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias.

La Comunidad de Madrid tiene un déficit de 60.000 plazas de comedor en los centros de enseñanza públicos. Esta falta de plazas afecta a todos los ciclos educativos, pero especialmente a los que imparten ESO, Formación Profesional y Bachillerato, según ha denunciado CCOO en un comunicado. El problema, sin embargo, no alcanza a los centros privados, explica la responsable del sindicato a nivel regional, Isabel Galvín, hasta el punto de que pese a que estos tienen menos alumnado que los públicos, cuentan con una mayor proporción de usuarios de comedor. En el curso 2022/23 el porcentaje de alumnado madrileño en segundo de Infantil en centros públicos era del 54,8%, pero los usuarios del comedor representaban el 50% del total. En Primaria, parecido: el 54,7% del alumnado madrileño cursaba esta etapa en un centro público, pero el porcentaje de los que acudían al comedor baja al 49,6%. El desfase es mayor en la ESO: el 53,1% del alumnado madrileño acude a un IES público, pero sólo el 2,8% usa el comedor escolar. En cuanto a FP y Bachillerato, solo el 0,7% de los usuarios de comedor de Bachillerato es alumnado de centros públicos, cuando los escolarizados en esa etapa son mayoría en los IES. “Solo en la ESO, para tener un porcentaje de alumnos de centros públicos similar al de los privados, habría que dotar a los centros de 60.000 plazas de comedor”, reitera Galvín. CCOO es consciente de que en las etapas más avanzadas (ESO, sobre todo Bachillerato) la norma en la región en los centros públicos es la jornada continua (acaba a mediodía), pero eso no es óbice para que el alumnado pudiera disfrutar del comedor escolar. “Podrían comer después de clase. En la privada lo hacen, pero en los centros públicos no hay comedores”, explica Galvín. “Y es un servicio escolar que muchas familias necesitan para los alumnos también porque en muchos casos, lamentablemete, sería la única comida buena que tendrían. Pero eso no ocurre en la pública y sí en concertada”, añade. Según CCOO, si hubiera “una mayor equidad en la asignación de los fondos para ayudas al comedor” se generaría una mayor demanda en la escuela pública. Pero sin comedores a los que acudir, porque no existen en los institutos, es difícil pedir una ayuda. Caos en la gestión Este curso que ahora acaba ha sido caótico en la gestión de becas de comedor en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se vio superado por las peticiones de las familias, el sistema colapsó y el Ejecutivo acabó decidiendo conceder las becas a todo el que la hubiera pedido, tuviera méritos para ello o no. Pero al cabo de unos meses, cuando consiguió resolver los problemas, exigió el dinero que le había ido dando a algunas familias, bien porque la beca que finalmente se les concedió no cubría todo el coste del comedor, bien porque acabaron rechazando su petición. Familias vulnerables de toda la región se vieron en noviembre con una deuda de cientos de euros que no esperaban. En España, aproximadamente la mitad de las familias que pide una beca para el comedor se queda sin ella, según la ONG Educo. En cifras absolutas, esto quiere decir que un millón de niños y niñas no tienen ayudas para este servicio, que aunque se basa en ofrecer “al menos una comida completa y nutritiva” al día a los más vulnerables, ofrece más, según Educo. “Además aprenden hábitos nutricionales y sociales, juegan, se relacionan con sus compañeros y compañeras, gestionan conflictos o administran su tiempo libre. Por todo ello, desde Educo consideramos que el comedor escolar y el espacio del mediodía forman parte del derecho a la educación de la infancia”, añaden.

“Mis padres tienen centros culturales, teatros, calles y plazas de toda España, con gobiernos de distintos colores, y esto nunca había ocurrido”. Teresa Rabal responde “además de dolida, superada” después de que el Ayuntamiento de Alpedrete, en manos de PP y Vox, haya retirado el nombre de sus padres, Paco Rabal y Asunción Balaguer, de una plaza y un centro cultural de la localidad. El municipio ha amanecido este viernes con las placas de ambos espacios cambiadas, ahora rebautizadas como Plaza de España y Centro Cultural La Cantera. “Lo llevaban en secreto pero se filtró”, explica la actriz a este periódico sobre cómo se enteraron tanto ella como su hermano, Benito Rabal, de la decisión tomada por el alcalde, Juan Rodríguez Fernández-Alfaro. Lo primero que hicieron fue pedir cita el miércoles con el cabildo, que se la concedió ese mismo día. “Lo único que le pedía es que me diera una razón lógica por la que quitaban los nombres. No me la podía dar. Me dijo una absurdez. Que hacía no sé cuántos años que Alpedrete se había independizado de Collado Villalba”. Teresa Rabal le respondió asegurando que le estaba “mintiendo”. “Ten el valor de decirme la verdad”, le replicó. Al salir del encuentro, la actriz afirma que habló con concejales de otros partidos políticos, que sí les están “apoyando”, que le dijeron que le “estaba mintiendo”. Posteriormente, el jueves, emitieron un comunicado a través de la Unión de Actores en el que manifestaron su enfado y desacuerdo con el acto que enmarcaron “dentro del revanchismo y revisionismo histórico en el que está empeñado la ultraderecha”. El alcalde indicó a la actriz que todavía “no era seguro” que fueran a retirar los nombres, pero en la noche de este jueves al viernes, ha sucedido. “Han cambiado las placas, no ha pasado por el Pleno. Están averiguando si es legal o no. Lo sea o no, la legalidad sentimental no existe”. Revisadas las actas de los Plenos celebrados en lo que llevamos de 2024, las placas con los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer no han sido mencionadas en ninguno de ellos. Tampoco en las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local. elDiario.es ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento a lo largo de la mañana de este viernes pero a la publicación de este artículo aún no ha sido posible. La actriz insiste en que es una decisión que “no se entiende”. “Mis padres tenían pensamientos de izquierdas, pero qué tiene que ver eso con su trabajo y su calidad humana. Sí que puso sus nombres el PSOE, pero luego han pasado tres gobiernos del PP y esto no había ocurrido. Ahora están PP y Vox, e imagino que la cosa vendrá por ahí”, opina. Precisamente Cultura es una de las tres áreas lideradas por Vox en el Ayuntamiento, por Amaya Acosta. Las otras dos se corresponden a Urbanismo y Medioambiente (Mª del Carmen Fernández) y Juventud (David Losada). La actriz afirma que en su reunión con el alcalde le llevó “una lista” con otros lugares en los que hay espacios con los nombres de sus padres, como Murcia. “No nos vamos a callar” Teresa Rabal considera que lo sucedido es “insólito e indignante”. “Hemos tomado la decisión de que no nos vamos a callar”, advierte. “Quiero que den la cara. Es muy fuerte, es una ofensa a mis padres muy grande. Una falta de respeto, de muchísimas cosas. El nombre en la plaza y a la casa de la cultura no la quisieron poner ellos, fue un regalo del pueblo”. Más allá de desentrañar el proceso por el que finalmente han retirado las placas, avanza que están en conversaciones con AISGE y la Unión de Actores para debatir sobre cuáles deberían ser los siguientes pasos, que puedan pasar por una rueda de prensa o incluso una manifestación. “Me pillas en un momento ofuscada y dolida”, reconoce sobre las dudas que experimenta sobre cómo deben proceder. La escultura que hay de Paco Rabal en la rebautizada como Plaza de España es otra de sus preocupaciones, ya que no sabe si también querrán quitarla. “Tampoco quiero que ahora esté la escultura ahí”, plantea. El retiro de los nombres de sus padres se enmarca dentro de los casos de censura que se han producido en diferentes puntos del mapa de España desde que Vox y PP pactaran para poder gobernar tras las últimas elecciones municipales. “Atacan la cultura y la memoria histórica, pero es que les da igual”, lamenta la intérprete.

Un juzgado ha rechazado la petición cautelar de Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, contra la decisión del PSOE de suspenderle de militancia después de apoyar explícitamente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2021. La magistrada acusa a Leguina de querer “alterar” una suspensión de militancia “que ha consentido durante largo tiempo” al acudir a los tribunales sin antes ejercer ningún tipo de oposición cuando su expediente se tramitaba. El exdirigente socialista ha sido recientemente nombrado presidente de la Cámara de Cuentas por el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso con un sueldo anual de 100.000 euros. El juzgado rechaza la petición de medidas cautelares pero especifica que el proceso sigue adelante y que el recurso del expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, en el futuro, podría ser estimado en una sentencia. Su recurso se dirige contra el PSOE pero también contra los dirigentes Santos Cerdán y Marta López al entender que la decisión vulneró su derecho fundamental a la militancia y a participar en asuntos públicos.

El PNV ha ganado el voto CERA en Álava por delante de EH Bildu, es decir, a la inversa que los datos de urna conocidos este domingo. El PSE-EE ha tenido una fuerte subida, como también han mejorado su porcentaje entre este colectivo del extranjero todas las fuerzas no nacionalistas. Esto no altera el reparto de escaños. En datos, el PNV se ha llevado 173 votos (casi un 25%), EH Bildu 160 (22%), el PSE-EE 143 (20%, por 16% en urna), el PP 129 (18%), Elkarrekin Podemos Alianza Verde 37 (5,3%, adelanta posiciones), Vox 33 (4,7%) y Sumar 27 (menos del 4%). Se trata de un nuevo recuento con dos fases. En la primera, se incorpora el voto emitido en el extranjero, el denominado CERA. Son unas 8.200 nuevas papeletas de unas 82.900 posibles. En números redondos, son 3.700 en Bizkaia, 3.500 en Gipuzkoa y un millar en Álava. Es decir, la participación en este colectivo es del 10%, frente al 62% general. Con todo, son unos 5.000 más que en 2020. La eliminación del voto rogado facilita una mayor participación. En la segunda fase, se subsanan posibles errores en determinadas mesas que hayan sido detectados por los partidos. No son tan inusuales como parece, ya que no es infrecuente que haya actas mal rellenadas. Este segundo escrutinio ha levantado expectación. Se ha hecho en los tres palacios de Justicia de Bilbao, Vitoria y Donostia. El motivo de la presencia abundante de medios de comunicación es que tanto en 2016 como en 2020 el reparto de escaños en Euskadi cambió en el segundo recuento. En el primer caso, el Gobierno de Iñigo Urkullu perdió la mayoría absoluta pero no por los extranjeros sino por errores. El PNV cedió un asiento en el Parlamento a EH Bildu. En el segundo caso, PP y Ciudadanos obtuvieron un sexto representante a costa de EH Bildu. En elecciones generales también ha habido modificaciones 'a posteriori', siempre en Bizkaia.

Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía implicado en el 'caso Roldán', ha confirmado que Juan Cotino le entregó en mano 600.000 euros en metálico siendo director general de la Policía con el Gobierno del PP de José María Aznar. García Paesa ha comparecido, por videoconferencia desde Luxemburgo, como testigo para relatar la estructura societaria que montó en el Gran Ducado para la familia Cotino. A Juan Cotino sólo lo conoció una vez, cuando acudió a entregar los fondos que sirvieron para dotar de capital social a una de las empresas. Quien se encargaba de las gestiones habituales era el empresario Vicente Cotino, el sobrino del entonces director general de la Policía.  “Los bancos no hacían más preguntas de las necesarias, sabiendo quién era el cliente físicamente y que el dinero salía legalmente de España”, ha explicado. “Desde entonces ha cambiado mucho la legislación”, ha aclarado. La abogada está especializada en domiciliación de sociedades 'offshoree' y en derecho fiscal. Beatriz García Paesa, imputada en el 'caso Defex' en la Audiencia Nacional, colaboró con la Fiscalía Anticorrupción y salió indemne del 'caso Erial'. El empresario Vicente Cotino ejerció de administrador único y apoderado de las sociedades luxemburguesas. Cotino acudía “una o dos veces al año”, acompañado del director financiero de Sedesa, José Vicente Álvarez para las gestiones de los fondos. “Era casi un regalo para nosotros”, ha dicho Beatriz García Paesa. “En 2005 o 2006 se me comunica que hay un cambio de accionistas”, ha relatado. Las dos sociedades pasaron a pertenecer a Joaquín Barceló 'Pachano', testaferro confeso de Zaplana, y a Juan Francisco García, su jefe de gabinete. “Me comentó Vicente Cotino que había un cambio de sociedades, una para Joaquín Barceló y otra para Juan Francisco García”, ha detallado la testigo. Con las empresas en Luxemburgo, los Cotino colocaron las mordidas por la adjudicación de uno de los lotes de la adjudicación de las ITV que, en un asegunda fase de la trama, pasaron a manos del testaferro confeso de Zaplana y de su jefe de gabinete. Quien se encargaba de las gestiones en España fue Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana también acusado en la causa. “Grau se encargaba de mi trabajo en España”, agregó. En definitiva, Beatriz García Paesa ha confirmado que Pachano no pintaba nada, sólo prestaba su nombre. “Barceló me dijo que para todos los temas fiscales hablara con el señor Grau, siempre te dicen quién es la persona de contacto”, ha afirmado. La abogada ha negado que conociera a Eduardo Zaplana. “Su nombre nunca fue mencionado por ninguno de los intervinieres”, ha declarado. “En un momento dado, entra en contacto Fernando Belhot, al que conocía”, ha explicado García Paesa. “Francisco Grau ya estaba fuera del tema cuando entra Belhot y dejo de tener contacto”, ha agregado. Con la entrada en escena del abogado uruguayo, blanqueador confeso, los fondos se trasladaron de Luxemburgo a varios destinos, tales como Andorra o Panamá en una segunda fase de la presunta trama corrupta. La “confianza” del cliente Beatriz García Paesa ha explicado que la “confianza” con el cliente es la base fundamental de su trabajo. “Tenemos [en Luxemburgo] esta facultad de domiciliar sociedades financieras, que no sean comerciales (...). El cliente confía en ti”, ha afirmado. La declaración de la abogada apuntala la acusación contra Zaplana. La comisión rogatoria de Luxemburgo ya confirmó durante la fase de instrucción del 'caso Erial' que Juan Cotino ingresó en el Gran Ducado los algo más de 600.000 euros que sirvieron para crear las dos sociedades. El empresario Vicente Cotino confesó en el juicio que fue su tío quien orquestó la mordida por la adjudicación a Sedesa del lote de las ITV, con cuya reventa la empresa familiar obtuvo una plusvalía de 43 millones de euros. Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, también aseguró que Juan Cotino propuso la mordida. Por su parte, Pachano también confesó que ejercía de testaferro de Zaplana. Para redondear, el abogado uruguayo Fernando Belhot también relató los detalles de la trama.

Nunca el arranque de una campaña electoral catalana había mirado tanto hacia Madrid y, más en concreto, hacia la Moncloa. Después de que Pedro Sánchez anunciara este miércoles su intención de tomarse cinco días para reflexionar sobre su continuidad en el Gobierno, después de la querella interpuesta contra su mujer, Begoña Gómez, todos los líderes políticos catalanes se han visto obligados a referirse a él, aunque en tonos diametralmente opuestos. En Sabadell, ciudad donde el PSC celebraba un inicio de campaña al que estaba previsto que acudiese Sánchez, Salvador Illa ha convertido el acto en un llamamiento a la “resistencia colectiva” contra las estrategias de “desgaste personal” de la extrema derecha. “Te decimos Pedro que estamos contigo. El PSC está contigo”, ha exclamado el candidato que parte como favorito en las encuestas. Diferentes mensajes han lanzado los dos corredores que se disputan en estos momentos el segundo puesto, Pere Aragonès y Carles Puigdemont. En el acto de los republicanos, en el centro de Barcelona, las apelaciones a Sánchez han sido constantes. “Mi Manos Limpias se llama CNI”, ha esgrimido el candidato republicano a la reelección, recordando que su teléfono fue intervenido por un programa espía. “Yo también estoy enamorado de mi mujer, pero yo no abandono”, ha lanzado también en dirección a Sánchez. Muy crítico se ha mostrado también Oriol Junqueras, que se ha extrañado de que un dirigente político como Sánchez necesite “cinco días para para saber si quiere continuar trabajando por su país”. En el mismo acto el diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que Sánchez “miró demasiado tiempo hacia otro lado” cuando se encarceló a políticos como el propio Junqueras. Prácticamente 200 kilómetros hacia el norte y una vez traspasada la frontera francesa, Carles Puigdemont celebraba el arranque de una campaña que ha asegurado que se resistirá a “españolizar”. El líder de Junts ha insistido en que las elecciones del próximo 12 de mayo son una elección entre él mismo y Salvador Illa, de quien además ha advertido de que gobernará si no hay mayoría independentista. “PP y PSOE son Junts pel No. Hemos roto el 'no' a la amnistía que compartían no hace tanto tiempo. Lo hemos roto cuando nosotros hemos sido decisivos, no antes”, ha asegurado. “Estamos al final de una larga etapa de represión. Que viene de lejos y tiene un padre y una madre: se llaman PP y PSOE para castigar las esperanzas de los catalanes, porque osamos tener esperanza y eso no les gusta”, ha indicado Puigdemont, que de nuevo ha centrado su campaña en la idea de su propio regreso a Catalunya en libertad gracias a la ley de amnistía. El candidato del PP, Alejandro Fernández, ha elegido Castelldefels, una de las dos únicas ciudades que su partido gobierna en Catalunya. Allí, Fernández también ha lanzado pullas hacia el presidente del Gobierno. “Nunca hubiéramos imaginado que Sánchez y Puigdemont se mimetizaran tanto. Populistas, egocéntricos…”, ha asegurado. “Hace tres semanas Puigdemont nos anunció que quería irse [si no conseguía la investidura] y ayer Sánchez nos anunció que se estaba pensando irse”, ha asegurado el candidato del PP en una forzada analogía. “Yo les pido que sean resolutivos, que si el lunes se van los dos tendrán todo nuestro apoyo y comprensión, que se vayan a su casa que estarán más tranquilos”, ha proclamado. También en acto de los Comuns se han acordado de Pedro Sánchez. La candidata de la formación, Jéssica Albiach, ha interpelado al presidente del Gobierno para decirle que es  “el momento de resistir” y de parar los pies a una derecha que “se ha vuelto loca”. Para ello le ha pedido “limpiar en el Consejo General del Poder Judicial”, tras años caducado, porque según le ha alertado “no hay pacto posible con la derecha” para renovarlo. Si el deseo de Puigdemont era que la campaña no se “españolizase”, la CUP ha sido la única que le ha dado ese gusto. La candidatura del independentismo anticapitalista ha iniciado la carrera electoral en el barrio de Gràcia de Barcelona reclamando tanto a ERC como a Junts que dejen de “supeditar sus estrategias a Madrid”. La candidata Laia Estrada ha alertado contra la desafección en el soberanismo y ha reclamado “un cambio de rumbo”.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) –el órgano dependiente del gobierno que vela por el cumplimiento de la ley en las federaciones– ha anunciado, tras la reunión de su comisión directiva este jueves, que va a tutelar la Federación Española de Fútbol (RFEF) hasta que se celebren nuevas elecciones y salga de ahí una nueva directiva, a partir del mes de septiembre. Sin embargo, aplaza al día 30 de abril la decisión sobre si suspende o no a Pedro Rocha como presidente: ha sido proclamado único candidato y este viernes está prevista su designación para liderar la RFEF, aunque el presidente de Cenafe, Miguel Galán, ha anunciado un nuevo recurso que podría aplazar el nombramiento. El CSD toma esta decisión después de que la situación en la RFEF se haya enquistado legalmente y ante la amenaza de que la prometida renovación tras la dimisión de Luis Rubiales no se produjera. Como avanzó ante el Congreso el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, la reunión de este jueves se había convocado “para tomar una decisión acorde, ya que no puede haber más extralimitación y la Federación debe alejarse de manera definitiva de comportamientos que nos avergüenzan”. Se refería a dos problemas que enfrentaba Rocha: su imputación judicial en los casos de corrupción que se investigan en la época de Luis Rubiales –de quien él fue persona de confianza y vicepresidente– y la apertura de expediente a Rocha y toda su gestora por parte del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por falta “muy grave”, al entender que se extralimitaron en sus funciones mientras estuvieron temporalmente al frente de la Federación. Esta decisión del TAD permitía a la comisión directiva del CSD suspender a Rocha. Sin embargo, Rodríguez Uribes ha decidido aplazar al día 30 de abril la votación de la suspensión. La comisión de tutela, según un comunicado del CSD, se dedicará a la “supervisión, normalización y representación y tutelará durante los próximos meses el funcionamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en respuesta a la crisis de la entidad federativa y en defensa del interés general de España. El Gobierno de España ha adoptado esta decisión para corregir la grave situación que atraviesa la RFEF y para que la entidad pueda iniciar una etapa de regeneración bajo un clima de estabilidad e institucionalidad”. La compondrán “personas independientes de reconocido prestigio”. La duda ahora es el encaje legal, cómo funcionará esa comisión y si Rocha está dispuesto a aceptarla y hasta qué punto. Además de estos frentes jurídicos, la desconfianza sobre el actual equipo de la Federación dirigido por Rocha y la posibilidad de que se perpetuara con su futura presidencia creció después de que los agentes de la UCO, la sección de corrupción de la Guardia Civil, entraran en la sede de la RFEF a llevarse mails y discos duros. ¿El motivo? Que no se estaba colaborando con la justicia y desde la Federación no se estaba aportando la documentación que estaba solicitando la magistrada que investiga los casos de corrupción. Es entonces cuando comenzaron las conversaciones entre el CSD y la FIFA para buscar una salida que, de momento se ha encontrado en una supervisión externa, a la espera de la reacción del RFEF y de la decisión sobre la suspensión o no de Rocha.

El PSOE y Sumar han registrado una enmienda a la Ley de Paridad para quitar al Senado su veto irrevocable a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que anteceden a los Presupuestos Generales del Estado, un bloqueo que el PP ya ha utilizado dos veces este mismo año dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Fue el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro quien introdujo una cláusula en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 obligando a que el conocido como techo de gasto tuviera el visto bueno del Congreso y del Senado, sin que haya opción a poder levantar el veto en la Cámara Baja. La enmienda de los socios del Gobierno de coalición, a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene por objeto modificar ese apartado sexto del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es el que establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria tienen que ser aprobados por el Parlamento. La nueva redacción propone eliminar la irrevocabilidad de la decisión del Senado, de modo que si los objetivos de estabilidad y deuda son aprobados por el Congreso y rechazados por la Cámara Alta, estos “se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple”. Si son rechazados también en la Cámara Baja, el Gobierno, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes. En su justificación, PSOE y Sumar esgrimen que España necesita de un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública “que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional”. Como ahora el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y puede tumbar los objetivos que presente el Gobierno, el Ejecutivo cree que actualmente el apartado sexto del artículo 15 de la ley “no cumple con esos requisitos”, al imponer un proceso “que no respeta” la posición atribuida por la Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado. “Bloqueo político” Además, las formaciones creen que la ley actual “abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España”. Por eso, abogan por una redacción de “una mayor coherencia” y no suponga una “merma de las exigencias constitucionales que se imponen en este ámbito”. “La redacción vigente responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución”, apostillan PSOE y Sumar, que aluden también a la propuesta del Consejo de Estado para resolver el posible bloqueo de la Cámara Alta. Pero además esgrimen que el Tribunal Constitucional destacó en 2002 la “diferente posición” que ocupan en el Congreso y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario: “La STC 97/2002 destacó la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario, así como de las relaciones entre una y otra Cámara en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 CE residencia en las Cortes Generales”. Por otra parte, PSOE y Sumar defienden que la modificación que proponen no implica que las comunidades autónomas no intervengan en la fijación de estos objetivos, ya que esta participación se garantiza a través de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. No es la primera vez que el Gobierno trata modificar este apartado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En la pasada legislatura se registró una reforma al respecto e incluso superó un debate de enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Pero la reforma no pasó de ahí y finalmente decayó cuando se disolvieron las Cortes por el adelanto electoral de julio. Esas elecciones dejaron al Gobierno en minoría en el Senado y al PP con mayoría absoluta en esta Cámara, que utilizó para tumbar los objetivos de estabilidad presentados por el Ejecutivo hasta en dos ocasiones. El Gobierno tuvo que esquivar ese veto del Senado con un informe de la Abogacía del Estado que avalaba fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria remitidos a la Comisión Europea en abril de 2023. Y ahora los partidos del Gobierno han vuelto a la carga y, en vez de un proyecto de ley del Ejecutivo o una proposición de ley de los grupos, han preferido presentar una enmienda conjunta a la Ley de Paridad, aunque el objeto de esta ley orgánica aparentemente no guarde relación con el cambio legal que se pretende.

“Hace aproximadamente un año, los seis tomamos la decisión de hacer un receso”. Vetusta Morla ha anunciado este jueves que la banda va a darse un descanso. En mayo publicarán su próximo disco, Figurantes, tal y como estaba previsto, pero solamente lo presentarán en los “compromisos” que ya tenían cerrados, que concluirán en el mes de septiembre. “Si todo va bien volveremos a juntarnos en 2026”, han avanzado en el comunicado que han compartido en sus redes sociales. Su objetivo es “parar, probar durante un tiempo a vivir fuera de la órbita de Vetusta Morla”. El grupo se encontraba al final de la gira Cable a Tierra cuando llegó a la conclusión de que necesitaban un parón. En su texto aseguran que los conciertos “estaban siendo increíbles, el público respondía de maravilla”, pero al mismo tiempo empezaron a tener “la certeza” de debían “echar el freno”. “Llevamos muchos años seguidos a un ritmo vertiginoso. Componiendo, grabando, girando, haciendo promo y volviendo a empezar. Mirando por la ventanilla constantemente, sosteniendo la presión de estar ahí”, han reconocido. También describen como un “privilegio” ocupar su posición, “poder vivir” de lo que les gusta, “hacerlo entre amigos” y “mantener la ilusión”. La banda afirma que intentan hacerlo lo mejor que pueden, “aprendiendo a convivir día a día” con ellos mismos, su entorno y, a su vez: “Protegernos de la picadora humana que es, muchas veces, esta industria y todo lo que la rodea. El nivel de exigencia musical y extramusical es, en muchas ocasiones, enfermizo”. “Necesitamos apartarnos para fortalecernos; es una cuestión de salud”, ha sido su conclusión.