España fue, según Eurostat, el segundo país de la UE que registró una mayor bajada del precio de la luz para los hogares en el segundo semestre de 2023, con un descenso del 30% en relación al mismo periodo de 2022, solo por superado por el de Dinamarca (-39%). España ya lideró la caída de los precios de la electricidad para los hogares entre enero y junio de 2023, con un descenso del 41%, mientras en Países Bajos se disparaban casi un 1.000%. Los datos de la agencia estadística europea reflejan un descenso del precio medio de la electricidad para los hogares europeos en la segunda mitad del pasado ejercicio. Cayó por primera vez desde el inicio de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Se situó en 28,5 céntimos de euro por kWh, frente a los 29,4 céntimos de la primera mitad del ejercicio, uno de los valores más altos de la serie histórica.  En moneda nacional, el mayor incremento de los precios de la luz en el segundo semestre se registró según Eurostat en Países Bajos (+86%), seguido de República Checa (+83%), Polonia (35%) y Alemania (20%). Los precios bajaron en trece países europeos. “Los mayores descensos en moneda local se registraron en Dinamarca (-39%), España (-20%) y Suecia (-20%)”, destaca la nota publicada este jueves por Eurostat. En paridad de poder de compra, en España ese precio medio fue de 25,17 céntimos por kWh, frente a los casi 36 céntimos de Alemania, los 34,88 de Italia, los 33,76 de Bélgica, los 33,49 de Polonia o los 31,91 de Irlanda. Siempre teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los ciudadanos, se registraron precios inferiores a los de España en Francia (23,86 céntimos), Países Bajos (21,49) o Austria (24,48). En cuanto al gas, también se produjo un descenso en el segundo semestre de 2023 de los precios, “que están volviendo gradualmente a los niveles pre-crisis”, dice Eurostat. Se situaron en 11,3 céntimos de euro por kWh, frente a los 11,9 céntimos de la primera mitad del ejercicio. Para los consumidores domésticos, bajaron en doce países. Las mayores subidas se dieron en países muy dependientes del gas ruso, Polonia (32%), Eslovaquia y Alemania (22% en ambos casos). Los mayores descensos se dieron en Grecia (-42%), Dinamarca (-41%) y Bulgaria (-40%). En paridad de poder de compra, el precio del gas se situó en la segunda mitad de 2023 en España en 10,83 céntimos por 100 KWh, uno de los más bajos de la UE.

El PSOE y Sumar han registrado una enmienda a la Ley de Paridad para quitar al Senado su veto irrevocable a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que anteceden a los Presupuestos Generales del Estado, un bloqueo que el PP ya ha utilizado dos veces este mismo año dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Fue el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro quien introdujo una cláusula en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 obligando a que el conocido como techo de gasto tuviera el visto bueno del Congreso y del Senado, sin que haya opción a poder levantar el veto en la Cámara Baja. La enmienda de los socios del Gobierno de coalición, a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene por objeto modificar ese apartado sexto del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es el que establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria tienen que ser aprobados por el Parlamento. La nueva redacción propone eliminar la irrevocabilidad de la decisión del Senado, de modo que si los objetivos de estabilidad y deuda son aprobados por el Congreso y rechazados por la Cámara Alta, estos “se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple”. Si son rechazados también en la Cámara Baja, el Gobierno, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes. En su justificación, PSOE y Sumar esgrimen que España necesita de un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública “que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional”. Como ahora el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y puede tumbar los objetivos que presente el Gobierno, el Ejecutivo cree que actualmente el apartado sexto del artículo 15 de la ley “no cumple con esos requisitos”, al imponer un proceso “que no respeta” la posición atribuida por la Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado. “Bloqueo político” Además, las formaciones creen que la ley actual “abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España”. Por eso, abogan por una redacción de “una mayor coherencia” y no suponga una “merma de las exigencias constitucionales que se imponen en este ámbito”. “La redacción vigente responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución”, apostillan PSOE y Sumar, que aluden también a la propuesta del Consejo de Estado para resolver el posible bloqueo de la Cámara Alta. Pero además esgrimen que el Tribunal Constitucional destacó en 2002 la “diferente posición” que ocupan en el Congreso y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario: “La STC 97/2002 destacó la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario, así como de las relaciones entre una y otra Cámara en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 CE residencia en las Cortes Generales”. Por otra parte, PSOE y Sumar defienden que la modificación que proponen no implica que las comunidades autónomas no intervengan en la fijación de estos objetivos, ya que esta participación se garantiza a través de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. No es la primera vez que el Gobierno trata modificar este apartado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En la pasada legislatura se registró una reforma al respecto e incluso superó un debate de enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Pero la reforma no pasó de ahí y finalmente decayó cuando se disolvieron las Cortes por el adelanto electoral de julio. Esas elecciones dejaron al Gobierno en minoría en el Senado y al PP con mayoría absoluta en esta Cámara, que utilizó para tumbar los objetivos de estabilidad presentados por el Ejecutivo hasta en dos ocasiones. El Gobierno tuvo que esquivar ese veto del Senado con un informe de la Abogacía del Estado que avalaba fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria remitidos a la Comisión Europea en abril de 2023. Y ahora los partidos del Gobierno han vuelto a la carga y, en vez de un proyecto de ley del Ejecutivo o una proposición de ley de los grupos, han preferido presentar una enmienda conjunta a la Ley de Paridad, aunque el objeto de esta ley orgánica aparentemente no guarde relación con el cambio legal que se pretende.

Golpe a los bancos en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha fallado contra el intento de las entidades financieras de limitar todo lo posible la devolución de los pagos hipotecarios que se realizaron y que posteriormente fueron anulados por responder a claúsulas abusivas. Dos sentencias de Luxemburgo aclaran que el plazo de prescripción para la reclamación de las devoluciones comienza a correr cuando la justicia anula esas cláusulas y no cuando se produjo el pago de los costes hipotecarios por parte de los clientes, que era la intención de entidades como Banco Santander o Caixabank. El TJUE establece que la fecha en la que debe empezar a correr el plazo de prescripción de las reclamacones es aquella en la que la resolución que anula la cláusula concreta es firme puesto que es cuando el consumidor tiene la garantía de que se trataba de una cláusula irregular y puede ejercer sus derechos. “En principio, es desde esa fecha cuando está en condiciones de hacer valer eficazmente los derechos que le confiere la Directiva y, por lo tanto, cuando puede empezar a correr el plazo de prescripción de la acción de restitución”, señala un comunicado del TJUE. Uno de los argumentos que esgrimen los jueces de Luxemburgo es que si el plazo de prescripción para la reclamación de los gastos comienza en el momento en el que se producen los pagos por parte de los clientes habría prescrito independientemente de si los usuarios tenían conocimiento del carácter abusivo de la cláusula. Tampoco considera que la fecha que se tenga que tener en cuenta sea la de las sentencias anteriores en las que Tribunal Supremo declaró la nulidad de las cláusulas abusivas (2019) dado que no se puede presuponer que el cliente tenga conocimiento sobre el alcance de esa sentencia a los términos de su contrato. “No puede exigirse al consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz que se mantenga regularmente informado, por iniciativa propia, de las resoluciones del Tribunal Supremo nacional referentes a las cláusulas tipo que contengan los contratos de igual naturaleza a los que él haya podido celebrar con profesionales y que determine, además, a partir de una sentencia de un tribunal supremo nacional, si es abusiva una cláusula como la incorporada a un contrato específico”, esgrimen los jueces. “Señalar esa fecha como momento de inicio del plazo de prescripción de la acción de restitución permitiría al profesional, en multitud de casos, quedarse con las cantidades indebidamente adquiridas, en detrimento del consumidor, sobre la base de la cláusula abusiva”, argumenta el TJUE. Las sentencias del TJUE responden a sendos litigios de consumidores contra Banco Santander y Caixabank por la restitución de los gastos de apertura de la hipoteca después de que las cláusulas contractuales relativas a estos fuesen declaradas abusivas y anuladas. En ambos casos, las entidades financieras sostenían que el plazo para solicitar la devolución había expirado puesto que situó el inicio en el momento en el que fueron abonados (1999 y 2007). Los jueces españoles elevaron las dudas sobre la fecha en la que los plazos de prescripción comenzaban a correr a Luxemburgo, que con estas sentencias lo aclara.

Los mercados financieros se han tomado con calma el sopredente anuncio de este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El principal índice bursátil de nuestro país, el Ibex 35, abrió la sesión con ganancias, que ha mantenido, cercanas al 0,5%, durante toda la mañana de este jueves. Mientras, el interés que se exige la deuda de España de referencia (el bono con vencimiento a 10 años) se reduce ligeramente al entorno del 3,65% por las adquisiciones netas de los inversores, nacionales y sobre todo internacionales, en el mercado secundario (donde fondos, bancos y aseguradoras venden y compran deuda de países y empresas). De esta manera, la prima de riesgo, que es el diferencial entre nuestro bono y el de Alemania (considerado el mejor pagador de la eurozona y la economía más estable), apenas se ha movio y sigue cerca de los 70 puntos básicos, en mínimos desde antes de la invasión rusa de Ucrania. El Ibex y el bono a 10 años son dos de los principales indicadores más inmediatos para medir el sentimiento económico. Ante la decisión de Pedro Sánchez de dejar su continuidad como Presidente del Gobierno en el aire, ambos muestran absoluta normalidad. El Ibex 35 reúne a las empresas cotizadas de España cuyas acciones se negocian más. Es cierto que, más allá de la política y la economía nacional, sobre el índice pesan las expectativas de beneficios (que son buenas en general) y la mayoría de cuestiones internacionales, debido a que la mayoría de compañía que lo componen tienen parte o la mayoría de su negocio lejos de nuestras fronteras. Este jueves, dentro del selectivo bursátil suben todos los bancos (Sabadell, Caixabank, BBVA, Unicaja, Santander...), que están en plena campaña de presentación de sus resultados del primer trimestre (de nuevo, muy positivos, tras el récord de beneficios de 2023). También avanzan las socimis Merlin y Colonial, la farmacéutica Rovi o el grupo de aerolíneas IAG (matriz de Iberia), entre otras empresas. Las acciones que más caen son algunas de las relacionadas con la energía, como son las de Repsol, Naturgy y Solaria “Seguimos trabajando” Este mismo jueves, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha trasladado su “respeto y apoyo” al proceso de reflexión abierto por Sánchez y ha mandando un mensaje de “tranquilidad y confianza” a los ciudadanos en cuanto a la labor del Gobierno. “Seguimos trabajando”, ha asegurado Cuerpo en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al desayuno informativo de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En opinión del ministro de Economía, este periodo de cinco días de reflexión anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno debería interpelar “a todos” y analizar qué es lo que está sucediendo con el debate político ahora mismo en España en cuanto al tono del debate en términos de las descalificaciones, los insultos a nivel personal y también a nivel familiar. Carlos Cuerpo ha recordado que en estos cuatro meses en los que lleva en el Gobierno no se ha hablado de economía en el propio Congreso. “Creo que estas son reflexiones que tenemos que hacernos todos porque a esto nos interpela la carta del presidente del Gobierno”, ha subrayado. Por su parte, la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, ha destacado en un acto sobre el depliegue del Plan de Recuperación (organizado por la patronal CEOE y la consultora PwC), “en el día de hoy, yo quiero trasladar la vocación, el compromiso del Gobierno de España por seguir desarrollando una política económica que permita concertar los intereses de las partes que siempre están en juego a la hora de poner en valor los legítimos intereses empresariales, los legítimos intereses de los trabajadores, pero también los intereses colectivos de un Ejecutivo que vela porque el conjunto de la sociedad se desarrolle de forma armónica”. “Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es de los fondos europeos”, ha recogido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras la intervención de la vicepresidenta.

La Sareb, el ‘banco malo’ que aglutinó en 2012 los activos inmobiliarios fallidos de la banca tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria sigue ahondando en sus números rojos. Cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas por valor de 2.198 millones de euros. Es un suma y sigue porque es un 46% más que el año anterior, cuando ya perdió 1.506 millones; y más que en 2021, cuando perdió 1.626 millones de euros. Sin embargo, vende más activos que nunca.  Que pierda más dinero es relevante porque también asume que no va a poder pagar toda la deuda que aún tiene por devolver. Sus fondos propios están aún más en negativo que hace un año. Han pasado de los 2.546 a los 4.744 millones de euros, tras deteriorar su cartera en más de 9.900 millones. Y su patrimonio neto está en rojo, en el entorno de los 14.600 millones de euros. Una cifra similar a la de 2022, cuando ya tuvo que asumir que sus activos valían menos de lo que pensaba.  La Sareb está controlada por el Estado desde enero de 2022, ya que tiene bajo su paraguas más del 50% de su capital. Solo unos meses antes de dar ese paso, Europa obligó a España a asumir como deuda pública 35.000 millones de euros. Y las pérdidas anuales computan como déficit público. Vender barato para pagar deuda La empresa reitera que sus pérdidas están ligadas a los precios de venta, porque los activos -casas, pisos o terrenos- valen realmente menos del valor contable que le dieron las entidades financieras cuando pinchó la burbuja inmobiliaria. Y vende barato porque el objetivo es dar salida a esos activos tóxicos y repagar toda la deuda que pueda, aunque el precio no sea el mejor. Es la forma, asume, de ir cumpliendo el mandato del banco malo, dar salida a esos activos tóxicos.  Rebaja su deuda pero no lo suficiente para que el contador quede a cero en 2027, aunque aún no se sabe si cerrará y liquidará ese año. La sociedad explica que en el último año ha cancelado 1.068 millones de euros de deuda avalada por el Estado. Así, desde 2012 ha amortizado 21.000 millones de euros. Aún queda terreno por andar porque su deuda total alcanza los 50.781 millones de euros. Es decir, le quedan casi 30.000 millones por devolver. Por ello, reconoce que hay una parte de la deuda, que computa como deuda pública, que no va poder devolver, dado cómo está su balance y a los precios que vende sus activos. Es decir, con los números y el plan de negocio que tiene sobre la mesa, si Sareb cierra en 2027 como está previsto, a día de hoy le podrían quedar más de 14.000 millones de euros por devolver. También ve difícil vender todos los activos que tiene de aquí a 2027. En cambio, los ingresos van bien y suben un 16%. En 2023, facturó 2.748 millones de euros y llegó a cifras récord. La compañía asegura que su cartera de inmuebles está a buen precio y que lo que saca a la venta, lo vende. Da salida así a sus activos inmobiliarios, donde no solo hay pisos o casas, también suelo -donde asume que aún tiene mucho por desinvertir- o proyectos inmobiliarios que nunca llegaron a terminarse. En el último año vendió cerca de 10.500 viviendas, a un precio medio de 90.000 euros. En total, puso en el mercado 36.690 unidades, donde además de inmuebles hay préstamos, sobre todo de promotores. De esta forma, ha reducido su cartera en un año en más de 3.000 millones de euros, cuando el objetivo es de 2.000 millones de euros anuales hasta 2027. Desde que se creó la Sareb, la cartera de activos tóxicos se ha rebajado en más de 27.000 millones.  En el último ejercicio también reconoce que los tipos de interés han disparado sus costes financieros, de 390 a 861 millones de euros en un año, así que para Sareb que bajen los tipos sería un respiro.  Ser una herramienta de alquiler social Sareb es una de las patas del futuro parque de vivienda pública en alquiler social y asequible, que se pretende que alcance los 184.000 inmuebles. La sociedad explica que está llevando a cabo un análisis para saber cuantos inquilinos de sus pisos cumplen criterios de vulnerabilidad.  La sociedad indica que ha llevado a cabo un análisis puerta a puerta para saber quienes viven en esas casas, algunos ocupándolas, y si cumplen esos criterios para acceder a un alquiler asequible. En concreto, ha llevado a cabo 11.000 análisis de vulnerabilidad. De ahí, se han aprobado 6.300 alquileres sociales y asequibles, en más de 3.000 viviendas. Unos alquileres que rondan los 200 euros al mes por inmueble. En total, por alquileres, Sareb ingresa 2.340 millones de euros.  Al margen, tiene en marcha el proyecto Viena, que conlleva la cesión de suelo a inversores privados por 80 años a cambio de que pongan en marcha proyectos de alquiler asequible, sin perder la titularidad pública del suelo, la mayor parte están en Catalunya y la Comunitat Valenciana. De momento hay contactos con inversiones y se está en una fase avanzada para lanzar este proyecto.

Repsol ganó 969 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,9% menos con respecto a los 1.112 millones del ejercicio anterior, debido a la caída en los precios de los hidrocarburos, especialmente del gas natural. En concreto, el precio del gas Henry Hub empeoró en el trimestre para el grupo hasta los 2,3 dólares/MBtu, frente a los 3,4 dólares del periodo de enero a marzo de 2023, mientras que el precio del crudo se situó en los 83,2 dólares/barril, un 2,5% superior a hace un año. Mientras, el margen de refino mejoró significativamente los 11,4 dólares por barril, frente a los 9 dólares del último trimestre de 2023, aunque un 26,9% por debajo del mismo periodo del año pasado. El resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, fue de 1.267 millones, un 33% menos. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 2.143 millones, un 20,5% menos. La energética impulsó las inversiones hasta 2.129 millones, con un incremento del 22,7% respecto a hace un año. De esa cifra, más de la mitad se destinó al crecimiento en renovables. La documentación remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya no condiciona inversiones a la evolución del marco regulatorio y fiscal en España, como hizo en febrero, en la presentación de resultados anuales de 2023. En el periodo 24-27, la compañía prevé invertir entre 16.000 y 19.000 millones netos: un 60% en la Península Ibérica y más de un 35% en proyectos bajos en carbono.  La deuda neta del grupo se elevó a cierre de marzo hasta los 3.901 millones. Supone un aumento de 1.805 millones más que a finales de 2023, debido principalmente al incremento del fondo de maniobra, mayores inversiones orgánicas e inorgánicas, incluida la adquisición de ConnectGen y al pago de dividendos en enero. Con una liquidez de más de 10.300 millones, el apalancamiento se situó en el 11,5%, frente al 6,7% al cierre del año 2023.