“Hemos visto un notable apoyo del público durante todo el conflicto, y la opinión pública sigue apoyando mucho nuestra huelga. Por no mencionar el apoyo total de otros sindicatos tanto en Suecia como en el extranjero”, dice en conversación con elDiario.es Jesper Pettersson. Es el portavoz de IF Metall, el poderoso sindicato sueco de trabajadores del metal que decidió ir a la guerra contra Tesla hasta las últimas consecuencias. Su huelga contra la compañía dirigida por Elon Musk cumple este sábado seis meses activa. Es la más larga de la historia moderna del país. No parece que esté cerca de terminar. “Tenemos líneas de comunicación abiertas, pero no vamos a hacer más comentarios sobre lo que se está diciendo en nuestras conversaciones”, dice Pettersson. Los piquetes informativos de IF Metall han pasado el duro invierno sueco haciendo guardia frente a los talleres de Tesla en Segeltorp, al sur de Estocolmo. Todo comenzó en otoño, cuando sus delegados constataron que el fabricante de coches eléctricos se negaba en rotundo a firmar un convenio colectivo con los 120 mecánicos que tiene contratados en Suecia. Lo cual son palabras mayores en el país escandinavo. Suecia tiene un modelo de mercado laboral casi único. Allí las condiciones laborales de los trabajadores, como el salario mínimo o las horas de jornada no están reguladas por ley, sino que son los sindicatos y las empresas o patronales las que las negocian en cada sector. Durante décadas fue un modelo muy efectivo, defienden los sindicatos, ya que flexibiliza el marco laboral y permite adaptarlo a la realidad de cada momento sin necesidad de negociar modificaciones legislativos en el parlamento. Como explicaron varios académicos suecos a este medio, el buen funcionamiento del modelo ha hecho que desde años eran los propios empresarios los que empujaban la negociación de convenios colectivos como una forma de generar una competencia justa dentro del sector. Hasta que llegó Tesla, que se niega a firmar uno. La empresa no ha explicado exactamente por qué, pero la decisión resuena con las habituales críticas que Elon Musk a los sindicatos y su tajante negativa a colaborar con ellos. La empresa se limita a decir que las condiciones que ofrece a sus mecánicos son mejores que la media del sector y, por tanto, no hay necesidad de convenio. Apoyado en sus 300.000 afiliados (de una población total de 10 millones de personas), IF Metall decidió lanzar un órdago a Tesla. Primero declaró una huelga general en su organización y después, ante la negativa del fabricante a negociar, fue pidiendo a otros sindicatos que se unieran a su protesta “por solidaridad”, una figura que permite a los trabajadores unirse a la huelga contra una empresa aunque no sean trabajadores de esta. Luego extendió el conflicto a nivel internacional y consiguió que sindicatos de Noruega, Dinamarca y Finlandia hicieran lo mismo. “La principal razón por la que el sindicato del metal está tan ansioso por conseguir un convenio colectivo con Tesla es el temor a que esta norma pueda debilitarse si las grandes empresas pueden mantenerse al margen de este sistema”, explicó a elDiario.es Lars Calmfors, profesor emérito de la Universidad de Estocolmo y ex presidente del Consejo Sueco de Política Fiscal y del Consejo Sueco de Política Laboral. “El temor es que esto pueda empezar a deshacer el sistema, como ha ocurrido en gran medida en Alemania”, especificaba a finales de noviembre, cuando la huelga empezaba a coger velocidad. En este momento a Tesla no le descargan sus vehículos en ningún puerto escandinavo y tiene que llevarlos a Suecia por carretera desde Alemania. No le entregan cartas, paquetes ni remesas de repuestos (lo que implica que no recibe matrículas y debe pedir a los propietarios que las soliciten ellos mismos), no le recogen la basura, no le atienden sus estaciones de carga, no le limpian ni mantienen sus instalaciones. “Esto es importante porque está en juego todo el modelo sueco”, afirmó el presidente del sindicato de transportistas, uno de los primeros en sumarse a la acción contra Tesla de IF Metall, en la que hay un total de nueve organizaciones de trabajadores involucradas. Todos esas labores, incluida la de llevarse la basura a su casa para tirarla allí, deben realizarlas los propios empleados de Tesla. La orden del Elon Musk es no ceder y aunque eso ha afectado a sus ventas y a los servicios que puede dar a sus clientes, hace tiempo que la huelga llegó a un “punto muerto” en el que parece que la empresa puede resistir. Todo por los mecánicos pero sin los mecánicos Hay trabajadores de cuatro países boicoteando operaciones de Tesla y sindicatos de todo tipo, desde electricistas hasta carteros o estibadores, con el objetivo de que los mecánicos suecos de la compañía tengan un convenio colectivo. Sin embargo, de puertas para dentro de las instalaciones de Tesla la situación es muy diferente y el seguimiento es minoritario. “Alrededor de 40 miembros de los talleres están en huelga”, reconoce Jesper Peterson. Serían un tercio de los 120 miembros del equipo de mecánicos, según la cuenta del sindicato. Tesla baja aún más la cifra. “Más del 90% de nuestros empleados han elegido permanecer en sus puestos, listos para recibir a nuestros clientes en nuestros centros de entrega, centros de servicio y tiendas”, asegura un portavoz a este medio, incluyendo en la ecuación a sus 300 empleados en Suecia. Eso equivaldría a que hay unos 30 mecánicos en huelga. El escaso respaldo de la huelga por parte de los mecánicos de Tesla es una importante variable que ha salid a luz en las últimas semanas. Esta ha animado a su vez a la dirección de la empresa en el país a posicionarse por fin sobre ella. Durante meses, los ejecutivos suecos de la compañía estadounidense habían preferido no manifestarse, elevando las dudas sobre si la decisión de Musk de no acatar las reglas del juego del mercado laboral sueco podía estar incomodándolos. “Si hubiéramos estado respondiendo a cada declaración del sindicato, no habríamos podido hacer nada más”, ha justificado Jens Stark, responsable de Tesla en Suecia, en una entrevista con el periódico Dagens Industri. “Pero ahora creemos que ha llegado el momento de aclarar nuestra situación y también de demostrar lo decididos que estamos a continuar nuestra misión en Suecia de trabajar por una transición hacia la energía sostenible, que es la razón de ser de Tesla como empresa. Sería lamentable que la huelga detuviera este desarrollo”, continuaba. “Nadie pregunta por los convenios”, era el titular de la entrevista. “Nos hemos organizado para que las ventas, las entregas y el resto de servicios sigan funcionando como de costumbre”, presumía Stark. En este punto, a IF Metall no le queda otra alternativa que seguir adelante. El sindicato ha recurrido a todas las armas a su alcance para torpedear la actividad de la compañía, que ha jugado sus cartas para mantenerla. Lo ha hecho de forma legal, informa Jesper Peterson. “De momento no, ya que no hay posibilidad legal de hacerlo”, responde sobre la posibilidad de abrir la vía judicial: “Una de las características del mercado laboral sueco es evitar las acciones legales en la medida de lo posible”. ¿Queda algún as en la manga para ganar la partida? “Nunca comentamos lo que estamos planeando en cuanto a nuevas acciones”, contesta. “La huelga sigue su curso”.

En caso de crisis, no todas las generaciones cuentan con la misma capacidad de resistencia económica. Una falta de colchón que afecta, sobre todo, a los nacidos entre 1992 y 1980 (los que tienen más de 30 años y menos de 45) y que deriva de dos causas. Por un lado, de unos sueldos que no permiten –ni han permitido– a gran parte de estas generaciones el ahorro. Por otro, un gasto en vivienda, sobre todo en el alquiler, que impide esa creación de riqueza para protegerse, aunque sea mínimamente, en caso de que vengan mal dadas.  Esa realidad la percibe el Banco de España que, en su último informe anual constata que “unos mayores precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, limitan la capacidad de ahorro de los hogares y condicionan su proceso de acumulación de riqueza a lo largo del ciclo vital”. Según destaca el equipo de economistas de la institución, “los efectos adversos vinculados a problemas de accesibilidad a la vivienda son especialmente relevantes para aquellos hogares con menor nivel de renta y, en particular, entre los jóvenes”. El Banco de España, al explicar la situación de estas generaciones, hace referencia a la Encuesta Financiera de las Familias, que elabora el mismo supervisor, y que “pone de manifiesto que, en las últimas décadas, la acumulación de riqueza neta (financiera e inmobiliaria) por parte de los hogares jóvenes habría sido menor que la que atesoraron sus homólogos en anteriores generaciones”, tal y como se refleja en el siguiente gráfico. “El hecho de ir acumulando un menor patrimonio a lo largo de su ciclo vital implicaría que, de cara al futuro, las actuales cohortes jóvenes serían más vulnerables a la materialización de posibles perturbaciones adversas en comparación con la exposición a estos riesgos por parte de las generaciones previas”, argumenta el Banco de España. “Estas generaciones, además, habrían experimentado un grado moderado de desigualdad de la riqueza en relación con los estándares internacionales”. Es decir, no sólo están peor que sus padres, sino que si se comparasen con otras generaciones de otros países, también saldrían perdiendo, aunque ahí la institución monetaria no entra en el detalle. “Mi pelea es no comerme mis ahorros” “Mi situación no es fácil, sobre todo por la edad en la que me pilla. Ahorrar para mí es una quimera”, reconoce Elena, que vive en Madrid, de alquiler, y acaba de superar los 40. “Cuando era joven conseguía ahorrar 100 euros al mes, pero ahora mismo eso ni me lo planteo. Yo veo en los medios que el alquiler no puede superar el 30% de los ingresos y para mí ahora es más del 60%, pero cuando trabajé en el extranjero sí lo conseguía”. Elena vivió varios años en Alemania y logró un pequeño colchón de ahorros, no el suficiente para lograr una hipoteca a los precios que está la vivienda capital y que, además, se va comiendo poco a poco cada mes, porque su sueldo no da más de sí. “Me apaño haciendo sacrificios, de forma muy consciente y habiendo reducido las cosas que me permito a lo mínimo. Mi pelea ahora es que mi vida no se coma los pequeños ahorros que conseguí trabajando fuera. Antes me permitía un viaje al año y ahora mismo, solo puedo viajar un par de días, por mi cumpleaños, e irme al pueblo. Al menos puedo permitirme eso”. Lo que dicen los datos recopilados por el Banco de España es que los por supuesto entre 30 y 45 años apenas acumulan una riqueza financiera de 30.000 euros en promedio (básicamente, el valor de una vivienda en propiedad menos la hipoteca), mientras que sus padres, a su misma edad, ya tenían de 100.000 euros a 200.000 euros. Concretamente, los que ahora tienen más de 35 años y menos de 40, apenas llegan a los 40.000 euros de riqueza financiera. Ellos y ellas son la generación que desembarcó en el mercado laboral tras estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, o justo antes. Los que emigraron en masa, aunque la entonces ministra de Empleo del Partido Popular (PP), Fátima Bánez, considerara que lo que estaba ocurriendo en España era “movilidad exterior”. “Cuando en 2011, 2012, 2013... yo entraba en las empresas, como becario, por supuesto, con remuneraciones de apenas 200 ó 300 euros por jornadas casi completas, los trabajadores de verdad, con los sueldos y las condiciones de antes, salían por los ERE (Expedientes de Regulación de Empleo) y los despidos masivos de aquella época”, recuerda Jaime, de casi 36 años (los cumple el 13 de mayo) y que estudió ADE (Administración y Dirección de Empresas) en la Universidad Complutense de Madrid. Aquellos años, el mercado de trabajo estaba totalmente quebrado. En cambio, los padres de Jaime (las generaciones nacidas entre 1950 y 1970) y de sus compañeros y compañeras de generación, a su misma edad de ahora, habían acumulado una riqueza promedio superior a los 100.000 euros. De hecho, los más pegados a 1950, que ahora tienen más de 70 años, con 57 años llegaron a juntar una riqueza promedio de más 300.000 euros netos, la mayor que ha tenido nunca una generación en nuestro país, según los datos del Banco de España. Atados al alquiler Para las generaciones con menos capacidad de ahorro, el bucle es no poder salir del alquiler, porque no tienen ahorros para dar la entrada de un inmueble; al mismo tiempo que no pueden ahorrar, porque el alquiler se come el sueldo y, además, sigue subiendo. “He intentado cambiar de piso a otro alquiler, pero en cuanto ven que solo tengo una nómina, me descartan”, reconoce Elena. “Ahora solo me queda la opción de emigrar de nuevo. Es bastante deprimente ver que con 40 años tengo los mismos problemas que cuando tenía 28. Ahora, todo el que no haya heredado o no tenga ayuda de sus padres para comprar una vivienda, se queda fuera del sistema. He mirado lo de conseguir una hipoteca pero con los precios que hay, pues no puedo”, resume. El Banco de España reconoce que “el auge del régimen de tenencia en alquiler” de los últimos años se explica por su crecimiento entre el colectivo de hogares más jóvenes y por su predominio entre la población de origen extranjero, colectivos donde se concentran los hogares con menor nivel de renta“. En el siguiente gráfico se ve cómo han ido creciendo los arrendamientos.  Y en este, cómo más de la mitad de los jóvenes viven de alquiler y casi el 35% de quienes tienen menos de 44 años. “La escasa capacidad de ahorro y la reducida renta de los hogares que residen en alquiler dificultan su acceso a una vivienda en propiedad. Se estima que, en 2021, un 61% de los hogares que residían en alquiler o en una vivienda cedida no disponían del ahorro necesario para adquirir una vivienda en el municipio en el que residían, teniendo en cuenta la cuantía económica que suponen el pago inicial (no cubierto con crédito hipotecario) y los gastos e impuestos asociados a la compra”, explica el supervisor.  En cambio, hay casi un 40% de inquilinos que sí tenían ese año capacidad para dar el salto a la propiedad, pero la inflación y la política del Banco Central Europeo se lo pone difícil. Más de cuatro de cada 10 de estos “tendría que hacer frente a una cuota hipotecaria que superaría el umbral máximo recomendado del 35% de la renta neta del hogar a partir del que se incrementa la probabilidad de impago”. Y con la subida de los tipos de interés se ha complicado más, alcanzando el 55% de los inquilinos que sí disponen de ahorros para comprar. “Si se combinan las dos restricciones —disponibilidad de ahorro suficiente para cubrir los gastos iniciales y ratio de cuota hipotecaria sobre renta inferior al 35%—, se obtiene que un 76,5% de los hogares en alquiler tenían dificultades en 2021 para acceder a un préstamo con el que financiar la adquisición de una vivienda”. Y con los tipos de interés disparados en 2023 esa proporción se dispara hasta el 82,5%“. Oxfam Intermón también constata que “entre quienes alquilan, una de cada cinco personas gasta más del 50% de sus ingresos” en el arrendamiento. “Mientras que el 44,4% de las personas pertenecientes al nivel socioeconómico alto dicen dedicar menos del 30% a abonar los gastos de vivienda, solo el 32,3% de las situadas en el perfil más bajo afirman encontrarse en una coyuntura parecida”, resume en un informe que detallamos en este tema.  Esa desigualdad se ve, además, al mirar los diferenciales de renta de quienes viven de alquiler respecto a sus caseros, según el análisis 'El Mercado del alquiler. Fuente de desigualdad', elaborado por el Grupo de Estudios Críticos Urbanos. “Los hogares de caseros disfrutan de una renta mediana bruta anual de entre 50.604 y 56.473 euros” mientras en “los hogares de inquilinos se sitúa entre 19.758 y 26.288 euros”. “No tengo esperanza en comprarme una casa, puesto que con 32 años no he sido capaz de ahorrar. Con trabajo estable desde hace solo dos años y viviendo en Madrid... Poco ahorro puedo tener. ¿Me gustaría? Pues sí, pero veo que es prácticamente imposible, y más en ciudades como Madrid, donde los precios son abusivos en todos los sentidos”, relata Mónica, que ha tenido que salir de su Jerez natal para encontrar un empleo estable. “Comprar una casa sobre todo es una forma de sentir que tu dinero no es tirado a la basura literal (o a manos de un fondo buitre) aunque en algún momento si que pudiera servir de colchón económico”, añade esta joven. Los salarios, una comparación 'odiosa' Pese al récord de más 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y el mínimo de temporalidad, el análisis de la evolución de los salarios en nuestro país en las dos últimas décadas explica buena parte de la brecha de riqueza generacional. “En el mercado de trabajo, los jóvenes presentan una mayor incidencia relativa del desempleo y de la parcialidad en el empleo y un menor dinamismo de los salarios en relación con los precios inmobiliarios, aspectos que contribuyen a explicar, en parte, sus problemas de acceso a la vivienda, en régimen tanto de compra como de alquiler”, incide el Banco de España. Según los datos recopilados por el propio supervisor, el salario medio real (es decir, restando el efecto de la inflación) en nuestro país es hoy igual o incluso inferior que hace 10 años y apenas ha aumentado desde hace tres décadas. En el gráfico que sigue, también del último informe anua de la institución monetaria, se compara el salario real de España con el de las grandes economías internacionales y con la productividad. Si se acude a otra fuente, a la Agencia Tributaria, y se estudian los sueldos por tramos de edad, se observa que esta devaluación de los trabajadores respecto al aumento de la productividad (que mide su eficiencia para crear valor añadido, que se han quedado las empresas) es todavía más sangrante. Los ingresos anuales de los jóvenes entre 26 y 35 años han mejorado un 13% desde 2008 hasta 2022, de 16.000 euros a 19.000 euro en términos nominales (sin ajustar la inflación y para los contratos de todas las duraciones). En ese periodo de tiempo, los precios se elevaron un 27%. Esta pérdida de poder adquisitivo es similar para todos los grupos de edad, pero las percepciones salariales de media para los mayores de 36 años superó en 2022 los 24.000 euros y a partir de los 46 años rozó los 28.000 euros. Los saltos respecto a los más jóvenes son del 27% y del 45%, respectivamente. “Con el fin de analizar el papel que desempeña el menor poder adquisitivo de los jóvenes en su acceso a la vivienda, se simula un escenario en el que la renta laboral de los hogares de menos de 35 años aumenta un 15%”, señala el Banco de España. Esta subida de los ingresos de “repercute de forma positiva en el acceso a la vivienda de los hogares jóvenes a través de tres canales: relaja la restricción relacionada con la cuota regular de un préstamo hipotecario para los hogares con ahorros suficientes para realizar el pago inicial de una vivienda y obtener una hipoteca; permite a los hogares con ahorros insuficientes acumular los ahorros necesarios en menor tiempo, y facilita a los hogares que deciden permanecer en régimen de alquiler acceder a una vivienda más grande o de mejor calidad”.

La Comisión Europea se opone, por ahora, a la adquisición de Air Europa por parte de International Consolidated Airlines Group (IAG). El gobierno comunitario ha enviado a sendas compañías las objeciones a su proceso de fusión basándose en que la operación restringiría la competencia en el mercado del transporte aéreo, especialmente en las rutas nacionales, y que podría suponer un encarecimiento del precio de los vuelos así como empeorar los servicios que actualmente reciben los pasajeros. “La Comisión abriga reservas acerca de la operación”, señala el ejecutivo comunitario en un comunicado tras haber analizado la respuesta que le dieron las dos compañías en el marco de la investigación en profundidad que inició en enero de este año sobre el proceso y en la información que han suministrado también “compañías aéreas competidoras, aeropuertos, coordinadores de franjas horarias y clientes, así como de consumidores particulares y organizaciones representativas de los consumidores”. La posición de la Comisión Europea no es, no obstante, definitiva sino que la investigación sigue su curso y da de plazo a IAG hasta el 1 de junio para que presente alegaciones. “El envío de un pliego de cargos no prejuzga el resultado de la investigación. IAG tiene ahora la oportunidad de responder al pliego de cargos de la Comisión, de consultar el expediente de esta y de solicitar una audiencia. IAG también tiene la posibilidad de proponer soluciones para despejar las reservas preliminares en materia de competencia señaladas por la Comisión”, señala el comunicado. SEGUIMOS AMPLIANDO ESTA INFORMACIÓN

El mercado laboral español se convirtió en 2023 en el principal motor de creación de empleo de la Unión Europea, al generar prácticamente un tercio de todos los nuevos puestos de trabajo entre los Veintisiete, donde las cifras de ocupación alcanzaron máximos de la serie histórica. Según los datos de la encuesta sobre la fuerza laboral de Eurostat, en el conjunto de la UE la cifra de ocupados en 2023 alcanzó un récord de 199,48 millones, incluyendo 154,75 millones en la zona euro, lo que representa un incremento anual de 1,89 millones en toda la UE y de 2 millones en la región del euro. En el caso de España, la cifra de ocupados correspondiente al año pasado era de 20,85 millones, con un crecimiento de 616.000 nuevos ocupados, el 32,2% del incremento del empleo en el conjunto de la UE. La creación de empleo en España durante el año pasado superó así a la observada en Alemania (+371.000), Francia (+196.000) e Italia (423.000), cuyas poblaciones y mercados laborales superan en tamaño a España con 41,36 millones de ocupados en el caso alemán y 28 millones en el de Francia, mientras que en Italia en 2023 trabajaban 22,8 millones de personas. El mercado laboral español mantuvo en 2023 el buen tono mostrado ya en 2022, cuando llegó a generar 689.000 empleos, tras los 588.000 nuevos ocupados de 2021. España perdió 610.000 ocupados en 2020 como consecuencia de la Covid-19 y las restricciones implementadas. De este modo, en comparación con la cifra de ocupados registrada en 2019, el último año completo antes de la pandemia, España ha aumentado el número de ocupados en 1,28 millones, casi uno de cada cuatro de los 5,88 millones de trabajadores que ha ganado desde entonces el mercado laboral de la UE. A pesar de los datos de empleo creado, España seguía registrando en 2023 la tasa de paro más alta de toda la UE, con un promedio del 12,2%, frente a la tasa del 6,1% entre los Veintisiete y del 6,6% para los países del euro. No obstante, la tasa de paro española fue una de las que registró mayor caída en 2023 respecto del año anterior, con un ajuste a la baja de ocho décimas, sólo por debajo de la mejora de 1,4 puntos porcentuales de Grecia y de las nueve décimas en que se redujo la tasa de paro en Croacia.

Los secretarios generales de las mayores organizaciones sindicales del país, Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y Pepe Álvarez, de la UGT, han pedido al presidente del Gobierno que no dimita tras la admisión a trámite de una denuncia presentada por el pseudosindicato ultraderechista Manos Libres, basada en recortes de prensa, y un bulo ya desmentido, sobre su pareja, Begoña Gómez, sobre la que la Fiscalía ya ha pedido el archivo. “Costó mucho alcanzar un sistema democrático en el que los gobiernos fueran elegidos por la ciudadanía y no por los poderosos”, recordaron Sordo y Álvarez en cuenta de X. El secretario general de Comisiones Obreras ha mostrado este jueves su preocupación por el “significativo deterioro de la democracia” en España, “desde que determinados poderes de este país no han asumido la legitimidad del Gobierno de coalición”. Para Sordo, “muchas de las cosas que están pasando en el ámbito judicial y en una parte del poder mediático tienen que ver con no haber asumido la legitimidad de los resultados electorales después de la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez” en 2018, Para Sordo, esto ha llevado a “estrategias jurídicas, judiciales, al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que es una anomalía democrática de primer orden en nuestro país, a campañas de desprestigio, de bulos y de mentiras contra diversos líderes políticos en los últimos años, a verdaderos acosos judiciales que se han ido quedando en nada y a tratamientos mediáticos dignos del populismo 'trumpista' de la peor calaña”. A su salida de una asamblea en Ciudad Real de cara al 1 de Mayo, el líder de Comisiones ha recordado que “esto no es de antes de ayer”, sino que ha habido “campañas” judiciales “contra otros partidos, contra Podemos y contra líderes de las distintas izquierdas en los últimos años que han quedado en nada”, como Pablo Iglesias, Mónica Oltra, Alberto Rodríguez o Victoria Rossell. Sordo ha pedido ha Sánchez que continúe en sus funciones, que refuerce la legislatura y que el bloque de investidura saque adelante la agenda legislativa que el país necesita. “Costó mucho contar con un sistema democrático donde los gobiernos los ponen y los quitan los ciudadanos y ciudadanas, no los viejos poderes fácticos”, señaló a los medios de comunicación para reivindicar “la autonomía de la política y la legitimidad de nuestras instituciones”. “No se puede ceder ante las presiones de poderes fácticos que no asumen la normalidad democrática”, ha reclamado. En declaraciones al periódico 'Público', el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha apuntado que “se han sobrepasado todas las líneas rojas en relación con el presidente personalmente y en relación con la calidad democrática del país”. Álvarez ha coincidido en situar el inicio de esta deriva en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez: “No se acepta el resultado de esa decisión y, a partir de ahí, cada vez que los españoles y las españolas se les convoca a las urnas, tampoco se acepta el resultado de las elecciones, salvo que quien gane sea el bloque de la derecha con la suma de la ultraderecha en muchos casos”, ha señalado al mismo medio. Sordo ha destacado también que “no hay ninguna duda de dónde viene el ruido”. “Estas campañas de crispación siempre ocurren cuando las derechas abandonan el poder del Estado”, ha lamentado para pedir “que el tono de la crispación política de la conversación pública baje varios decibelios”. No obstante, ha hecho hincapié en que “en España no puede caer un Gobierno por unas estrategias de acoso que, la inmensa mayoría de las veces, no son más que 'fakes'”. Además, ha puesto como ejemplo la dimisión del primer ministro portugués, el socialista António Costa tras una investigación por corrupción que quedó en nada, salvó por las elecciones que ganaron los conservadores. “Que no se precipiten decisiones políticas que luego no tengan marcha atrás”, ha pedido Sordo. Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no se ha pronunciado sobre el tema. Este jueves, su presidente, Antonio Garamendi, ha coincidido con la vicepresidenta María Jesús Montero en unas jornadas organizadas en la sede de la patronal.

España fue, según Eurostat, el segundo país de la UE que registró una mayor bajada del precio de la luz para los hogares en el segundo semestre de 2023, con un descenso del 30% en relación al mismo periodo de 2022, solo por superado por el de Dinamarca (-39%). España ya lideró la caída de los precios de la electricidad para los hogares entre enero y junio de 2023, con un descenso del 41%, mientras en Países Bajos se disparaban casi un 1.000%. Los datos de la agencia estadística europea reflejan un descenso del precio medio de la electricidad para los hogares europeos en la segunda mitad del pasado ejercicio. Cayó por primera vez desde el inicio de la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. Se situó en 28,5 céntimos de euro por kWh, frente a los 29,4 céntimos de la primera mitad del ejercicio, uno de los valores más altos de la serie histórica.  En moneda nacional, el mayor incremento de los precios de la luz en el segundo semestre se registró según Eurostat en Países Bajos (+86%), seguido de República Checa (+83%), Polonia (35%) y Alemania (20%). Los precios bajaron en trece países europeos. “Los mayores descensos en moneda local se registraron en Dinamarca (-39%), España (-20%) y Suecia (-20%)”, destaca la nota publicada este jueves por Eurostat. En paridad de poder de compra, en España ese precio medio fue de 25,17 céntimos por kWh, frente a los casi 36 céntimos de Alemania, los 34,88 de Italia, los 33,76 de Bélgica, los 33,49 de Polonia o los 31,91 de Irlanda. Siempre teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los ciudadanos, se registraron precios inferiores a los de España en Francia (23,86 céntimos), Países Bajos (21,49) o Austria (24,48). En cuanto al gas, también se produjo un descenso en el segundo semestre de 2023 de los precios, “que están volviendo gradualmente a los niveles pre-crisis”, dice Eurostat. Se situaron en 11,3 céntimos de euro por kWh, frente a los 11,9 céntimos de la primera mitad del ejercicio. Para los consumidores domésticos, bajaron en doce países. Las mayores subidas se dieron en países muy dependientes del gas ruso, Polonia (32%), Eslovaquia y Alemania (22% en ambos casos). Los mayores descensos se dieron en Grecia (-42%), Dinamarca (-41%) y Bulgaria (-40%). En paridad de poder de compra, el precio del gas se situó en la segunda mitad de 2023 en España en 10,83 céntimos por 100 KWh, uno de los más bajos de la UE.

El PSOE y Sumar han registrado una enmienda a la Ley de Paridad para quitar al Senado su veto irrevocable a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que anteceden a los Presupuestos Generales del Estado, un bloqueo que el PP ya ha utilizado dos veces este mismo año dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta. Fue el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro quien introdujo una cláusula en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 obligando a que el conocido como techo de gasto tuviera el visto bueno del Congreso y del Senado, sin que haya opción a poder levantar el veto en la Cámara Baja. La enmienda de los socios del Gobierno de coalición, a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene por objeto modificar ese apartado sexto del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es el que establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria tienen que ser aprobados por el Parlamento. La nueva redacción propone eliminar la irrevocabilidad de la decisión del Senado, de modo que si los objetivos de estabilidad y deuda son aprobados por el Congreso y rechazados por la Cámara Alta, estos “se someterán a nueva votación en el Pleno del Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple”. Si son rechazados también en la Cámara Baja, el Gobierno, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes. En su justificación, PSOE y Sumar esgrimen que España necesita de un procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública “que sea ágil y adecuado a la importancia de cada órgano constitucional en el sistema institucional”. Como ahora el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y puede tumbar los objetivos que presente el Gobierno, el Ejecutivo cree que actualmente el apartado sexto del artículo 15 de la ley “no cumple con esos requisitos”, al imponer un proceso “que no respeta” la posición atribuida por la Constitución al Congreso de los Diputados y al Senado. “Bloqueo político” Además, las formaciones creen que la ley actual “abre la puerta a un bloqueo político que puede poner en peligro el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias contraídas por España”. Por eso, abogan por una redacción de “una mayor coherencia” y no suponga una “merma de las exigencias constitucionales que se imponen en este ámbito”. “La redacción vigente responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución”, apostillan PSOE y Sumar, que aluden también a la propuesta del Consejo de Estado para resolver el posible bloqueo de la Cámara Alta. Pero además esgrimen que el Tribunal Constitucional destacó en 2002 la “diferente posición” que ocupan en el Congreso y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario: “La STC 97/2002 destacó la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario, así como de las relaciones entre una y otra Cámara en el ejercicio de la potestad legislativa que el artículo 66.2 CE residencia en las Cortes Generales”. Por otra parte, PSOE y Sumar defienden que la modificación que proponen no implica que las comunidades autónomas no intervengan en la fijación de estos objetivos, ya que esta participación se garantiza a través de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones públicas en materia de política fiscal y financiera. No es la primera vez que el Gobierno trata modificar este apartado de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En la pasada legislatura se registró una reforma al respecto e incluso superó un debate de enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Pero la reforma no pasó de ahí y finalmente decayó cuando se disolvieron las Cortes por el adelanto electoral de julio. Esas elecciones dejaron al Gobierno en minoría en el Senado y al PP con mayoría absoluta en esta Cámara, que utilizó para tumbar los objetivos de estabilidad presentados por el Ejecutivo hasta en dos ocasiones. El Gobierno tuvo que esquivar ese veto del Senado con un informe de la Abogacía del Estado que avalaba fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria remitidos a la Comisión Europea en abril de 2023. Y ahora los partidos del Gobierno han vuelto a la carga y, en vez de un proyecto de ley del Ejecutivo o una proposición de ley de los grupos, han preferido presentar una enmienda conjunta a la Ley de Paridad, aunque el objeto de esta ley orgánica aparentemente no guarde relación con el cambio legal que se pretende.

Golpe a los bancos en Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha fallado contra el intento de las entidades financieras de limitar todo lo posible la devolución de los pagos hipotecarios que se realizaron y que posteriormente fueron anulados por responder a claúsulas abusivas. Dos sentencias de Luxemburgo aclaran que el plazo de prescripción para la reclamación de las devoluciones comienza a correr cuando la justicia anula esas cláusulas y no cuando se produjo el pago de los costes hipotecarios por parte de los clientes, que era la intención de entidades como Banco Santander o Caixabank. El TJUE establece que la fecha en la que debe empezar a correr el plazo de prescripción de las reclamacones es aquella en la que la resolución que anula la cláusula concreta es firme puesto que es cuando el consumidor tiene la garantía de que se trataba de una cláusula irregular y puede ejercer sus derechos. “En principio, es desde esa fecha cuando está en condiciones de hacer valer eficazmente los derechos que le confiere la Directiva y, por lo tanto, cuando puede empezar a correr el plazo de prescripción de la acción de restitución”, señala un comunicado del TJUE. Uno de los argumentos que esgrimen los jueces de Luxemburgo es que si el plazo de prescripción para la reclamación de los gastos comienza en el momento en el que se producen los pagos por parte de los clientes habría prescrito independientemente de si los usuarios tenían conocimiento del carácter abusivo de la cláusula. Tampoco considera que la fecha que se tenga que tener en cuenta sea la de las sentencias anteriores en las que Tribunal Supremo declaró la nulidad de las cláusulas abusivas (2019) dado que no se puede presuponer que el cliente tenga conocimiento sobre el alcance de esa sentencia a los términos de su contrato. “No puede exigirse al consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz que se mantenga regularmente informado, por iniciativa propia, de las resoluciones del Tribunal Supremo nacional referentes a las cláusulas tipo que contengan los contratos de igual naturaleza a los que él haya podido celebrar con profesionales y que determine, además, a partir de una sentencia de un tribunal supremo nacional, si es abusiva una cláusula como la incorporada a un contrato específico”, esgrimen los jueces. “Señalar esa fecha como momento de inicio del plazo de prescripción de la acción de restitución permitiría al profesional, en multitud de casos, quedarse con las cantidades indebidamente adquiridas, en detrimento del consumidor, sobre la base de la cláusula abusiva”, argumenta el TJUE. Las sentencias del TJUE responden a sendos litigios de consumidores contra Banco Santander y Caixabank por la restitución de los gastos de apertura de la hipoteca después de que las cláusulas contractuales relativas a estos fuesen declaradas abusivas y anuladas. En ambos casos, las entidades financieras sostenían que el plazo para solicitar la devolución había expirado puesto que situó el inicio en el momento en el que fueron abonados (1999 y 2007). Los jueces españoles elevaron las dudas sobre la fecha en la que los plazos de prescripción comenzaban a correr a Luxemburgo, que con estas sentencias lo aclara.

Los mercados financieros se han tomado con calma el sopredente anuncio de este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El principal índice bursátil de nuestro país, el Ibex 35, abrió la sesión con ganancias, que ha mantenido, cercanas al 0,5%, durante toda la mañana de este jueves. Mientras, el interés que se exige la deuda de España de referencia (el bono con vencimiento a 10 años) se reduce ligeramente al entorno del 3,65% por las adquisiciones netas de los inversores, nacionales y sobre todo internacionales, en el mercado secundario (donde fondos, bancos y aseguradoras venden y compran deuda de países y empresas). De esta manera, la prima de riesgo, que es el diferencial entre nuestro bono y el de Alemania (considerado el mejor pagador de la eurozona y la economía más estable), apenas se ha movio y sigue cerca de los 70 puntos básicos, en mínimos desde antes de la invasión rusa de Ucrania. El Ibex y el bono a 10 años son dos de los principales indicadores más inmediatos para medir el sentimiento económico. Ante la decisión de Pedro Sánchez de dejar su continuidad como Presidente del Gobierno en el aire, ambos muestran absoluta normalidad. El Ibex 35 reúne a las empresas cotizadas de España cuyas acciones se negocian más. Es cierto que, más allá de la política y la economía nacional, sobre el índice pesan las expectativas de beneficios (que son buenas en general) y la mayoría de cuestiones internacionales, debido a que la mayoría de compañía que lo componen tienen parte o la mayoría de su negocio lejos de nuestras fronteras. Este jueves, dentro del selectivo bursátil suben todos los bancos (Sabadell, Caixabank, BBVA, Unicaja, Santander...), que están en plena campaña de presentación de sus resultados del primer trimestre (de nuevo, muy positivos, tras el récord de beneficios de 2023). También avanzan las socimis Merlin y Colonial, la farmacéutica Rovi o el grupo de aerolíneas IAG (matriz de Iberia), entre otras empresas. Las acciones que más caen son algunas de las relacionadas con la energía, como son las de Repsol, Naturgy y Solaria “Seguimos trabajando” Este mismo jueves, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha trasladado su “respeto y apoyo” al proceso de reflexión abierto por Sánchez y ha mandando un mensaje de “tranquilidad y confianza” a los ciudadanos en cuanto a la labor del Gobierno. “Seguimos trabajando”, ha asegurado Cuerpo en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al desayuno informativo de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En opinión del ministro de Economía, este periodo de cinco días de reflexión anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno debería interpelar “a todos” y analizar qué es lo que está sucediendo con el debate político ahora mismo en España en cuanto al tono del debate en términos de las descalificaciones, los insultos a nivel personal y también a nivel familiar. Carlos Cuerpo ha recordado que en estos cuatro meses en los que lleva en el Gobierno no se ha hablado de economía en el propio Congreso. “Creo que estas son reflexiones que tenemos que hacernos todos porque a esto nos interpela la carta del presidente del Gobierno”, ha subrayado. Por su parte, la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, ha destacado en un acto sobre el depliegue del Plan de Recuperación (organizado por la patronal CEOE y la consultora PwC), “en el día de hoy, yo quiero trasladar la vocación, el compromiso del Gobierno de España por seguir desarrollando una política económica que permita concertar los intereses de las partes que siempre están en juego a la hora de poner en valor los legítimos intereses empresariales, los legítimos intereses de los trabajadores, pero también los intereses colectivos de un Ejecutivo que vela porque el conjunto de la sociedad se desarrolle de forma armónica”. “Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es de los fondos europeos”, ha recogido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, tras la intervención de la vicepresidenta.

La Sareb, el ‘banco malo’ que aglutinó en 2012 los activos inmobiliarios fallidos de la banca tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria sigue ahondando en sus números rojos. Cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas por valor de 2.198 millones de euros. Es un suma y sigue porque es un 46% más que el año anterior, cuando ya perdió 1.506 millones; y más que en 2021, cuando perdió 1.626 millones de euros. Sin embargo, vende más activos que nunca.  Que pierda más dinero es relevante porque también asume que no va a poder pagar toda la deuda que aún tiene por devolver. Sus fondos propios están aún más en negativo que hace un año. Han pasado de los 2.546 a los 4.744 millones de euros, tras deteriorar su cartera en más de 9.900 millones. Y su patrimonio neto está en rojo, en el entorno de los 14.600 millones de euros. Una cifra similar a la de 2022, cuando ya tuvo que asumir que sus activos valían menos de lo que pensaba.  La Sareb está controlada por el Estado desde enero de 2022, ya que tiene bajo su paraguas más del 50% de su capital. Solo unos meses antes de dar ese paso, Europa obligó a España a asumir como deuda pública 35.000 millones de euros. Y las pérdidas anuales computan como déficit público. Vender barato para pagar deuda La empresa reitera que sus pérdidas están ligadas a los precios de venta, porque los activos -casas, pisos o terrenos- valen realmente menos del valor contable que le dieron las entidades financieras cuando pinchó la burbuja inmobiliaria. Y vende barato porque el objetivo es dar salida a esos activos tóxicos y repagar toda la deuda que pueda, aunque el precio no sea el mejor. Es la forma, asume, de ir cumpliendo el mandato del banco malo, dar salida a esos activos tóxicos.  Rebaja su deuda pero no lo suficiente para que el contador quede a cero en 2027, aunque aún no se sabe si cerrará y liquidará ese año. La sociedad explica que en el último año ha cancelado 1.068 millones de euros de deuda avalada por el Estado. Así, desde 2012 ha amortizado 21.000 millones de euros. Aún queda terreno por andar porque su deuda total alcanza los 50.781 millones de euros. Es decir, le quedan casi 30.000 millones por devolver. Por ello, reconoce que hay una parte de la deuda, que computa como deuda pública, que no va poder devolver, dado cómo está su balance y a los precios que vende sus activos. Es decir, con los números y el plan de negocio que tiene sobre la mesa, si Sareb cierra en 2027 como está previsto, a día de hoy le podrían quedar más de 14.000 millones de euros por devolver. También ve difícil vender todos los activos que tiene de aquí a 2027. En cambio, los ingresos van bien y suben un 16%. En 2023, facturó 2.748 millones de euros y llegó a cifras récord. La compañía asegura que su cartera de inmuebles está a buen precio y que lo que saca a la venta, lo vende. Da salida así a sus activos inmobiliarios, donde no solo hay pisos o casas, también suelo -donde asume que aún tiene mucho por desinvertir- o proyectos inmobiliarios que nunca llegaron a terminarse. En el último año vendió cerca de 10.500 viviendas, a un precio medio de 90.000 euros. En total, puso en el mercado 36.690 unidades, donde además de inmuebles hay préstamos, sobre todo de promotores. De esta forma, ha reducido su cartera en un año en más de 3.000 millones de euros, cuando el objetivo es de 2.000 millones de euros anuales hasta 2027. Desde que se creó la Sareb, la cartera de activos tóxicos se ha rebajado en más de 27.000 millones.  En el último ejercicio también reconoce que los tipos de interés han disparado sus costes financieros, de 390 a 861 millones de euros en un año, así que para Sareb que bajen los tipos sería un respiro.  Ser una herramienta de alquiler social Sareb es una de las patas del futuro parque de vivienda pública en alquiler social y asequible, que se pretende que alcance los 184.000 inmuebles. La sociedad explica que está llevando a cabo un análisis para saber cuantos inquilinos de sus pisos cumplen criterios de vulnerabilidad.  La sociedad indica que ha llevado a cabo un análisis puerta a puerta para saber quienes viven en esas casas, algunos ocupándolas, y si cumplen esos criterios para acceder a un alquiler asequible. En concreto, ha llevado a cabo 11.000 análisis de vulnerabilidad. De ahí, se han aprobado 6.300 alquileres sociales y asequibles, en más de 3.000 viviendas. Unos alquileres que rondan los 200 euros al mes por inmueble. En total, por alquileres, Sareb ingresa 2.340 millones de euros.  Al margen, tiene en marcha el proyecto Viena, que conlleva la cesión de suelo a inversores privados por 80 años a cambio de que pongan en marcha proyectos de alquiler asequible, sin perder la titularidad pública del suelo, la mayor parte están en Catalunya y la Comunitat Valenciana. De momento hay contactos con inversiones y se está en una fase avanzada para lanzar este proyecto.

Repsol ganó 969 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,9% menos con respecto a los 1.112 millones del ejercicio anterior, debido a la caída en los precios de los hidrocarburos, especialmente del gas natural. En concreto, el precio del gas Henry Hub empeoró en el trimestre para el grupo hasta los 2,3 dólares/MBtu, frente a los 3,4 dólares del periodo de enero a marzo de 2023, mientras que el precio del crudo se situó en los 83,2 dólares/barril, un 2,5% superior a hace un año. Mientras, el margen de refino mejoró significativamente los 11,4 dólares por barril, frente a los 9 dólares del último trimestre de 2023, aunque un 26,9% por debajo del mismo periodo del año pasado. El resultado neto ajustado del grupo, que mide específicamente la marcha de los negocios, fue de 1.267 millones, un 33% menos. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 2.143 millones, un 20,5% menos. La energética impulsó las inversiones hasta 2.129 millones, con un incremento del 22,7% respecto a hace un año. De esa cifra, más de la mitad se destinó al crecimiento en renovables. La documentación remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya no condiciona inversiones a la evolución del marco regulatorio y fiscal en España, como hizo en febrero, en la presentación de resultados anuales de 2023. En el periodo 24-27, la compañía prevé invertir entre 16.000 y 19.000 millones netos: un 60% en la Península Ibérica y más de un 35% en proyectos bajos en carbono.  La deuda neta del grupo se elevó a cierre de marzo hasta los 3.901 millones. Supone un aumento de 1.805 millones más que a finales de 2023, debido principalmente al incremento del fondo de maniobra, mayores inversiones orgánicas e inorgánicas, incluida la adquisición de ConnectGen y al pago de dividendos en enero. Con una liquidez de más de 10.300 millones, el apalancamiento se situó en el 11,5%, frente al 6,7% al cierre del año 2023.