Las redflags –señales que indican que una persona o una relación no son positivas para uno mismo–, el ghosting –dejar de tener comunicación con alguien–, la luz de gas, la toxicidad o de los lenguajes del amor. Nuestras relaciones amorosas se han llenado de un sinfín de conceptos que prometen guiarnos para salvarnos del conflicto y el dolor. Son los mitos modernos de nuestro mundo afectivo, las fórmulas secretas que llegan para resolvernos cualquier problema. Sin embargo, ¿hasta qué punto pueden servirnos como guía? Pese a la utilidad de los consejos que podemos encontrar en ellos, los expertos señalan que, ante las dudas que surgen en las relaciones sentimentales, no podemos ponerle nombre continuamente a todo. “Etiquetar aquello que nos ocurre en nuestra vida cotidiana es una manera de distanciarnos de lo que sentimos. No se trata tanto de buscar respuestas fuera, sino de volver a confiar en nuestra voz interior”, explica la psicóloga Susana Ivorra.  Durante los últimos años, las banderas rojas han entrado en nuestras conversaciones y en nuestras pantallas para avisarnos de quien deberíamos desconfiar. Pero, ¿puede que se nos esté yendo de las manos? La terapeuta cuenta que mucha gente llega preocupada a su consulta por esta cuestión, creyendo que no está llevando bien su relación de pareja. En este sentido, explica que “en las relaciones normalmente hay ambigüedades y contradicciones que se quieren despejar”. “Por eso, es mucho más sencillo hacerle caso a quien te dice A–B–C que a alguien que te dice que confíes en ti y no te da una respuesta rápida y concisa”, explica.  “Pero, claro, seguimos buscando las guías, que, además, al final no nos funcionan”, matiza. Por otra parte, Ivorra destaca que, a veces, llamamos erróneamente relaciones tóxicas a relaciones que son de maltrato: “Cuando hay manipulaciones y usos de la información de la que disponemos sobre las vulnerabilidades de la pareja para usarla en su contra ya no podemos hablar de toxicidad”. Según la Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas pospandemia (III) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada en 2023, más del 75% de la población española tiene una relación de pareja en la actualidad. Pero, ¿cómo vivimos el amor hoy en día? Tras la superación de las normas que antiguamente proveía la religión, para los psicólogos hemos alcanzado un mayor grado de libertad para nuestras vidas que, a veces, no sabemos cómo manejar. Tras este importante cambio en nuestra cultura, en la escena han aparecido nuevos referentes, especialmente desde la psicología y la sexología, pero también toda esta serie de mitos sobre los que, para Ivorra, nos conviene “poner un poco de orden”. Con motivo de reflexionar colectivamente sobre cómo afrontar nuestras ideas sobre el amor y nuestros miedos, el próximo 20 de abril tendrá lugar en CaixaForum Palma 'El Día del Amor', una jornada organizada por Susana Ivorra que contará con diferentes talleres, ponencias y actividades a cargo de profesionales de la psicología, la sexología, la divulgación y el humor como David Pareja, Mónica Galán, Nayara Malnero y Ana Lombardía. “Nos encanta, por mucho que digamos que no, que nos digan lo que tenemos que hacer. Que nos den un protocolo y una guía para hacer absolutamente todo. Cuando nos sentimos libres, muchas veces nos paralizamos porque no sabemos escucharnos a nosotros mismos”, argumenta Nayara Malnero. “Aunque cada vez hay más gente tratando de conocerse mejor y generando vínculos de mayor calidad”, recuerda. Nos encanta, por mucho que digamos que no, que nos digan lo que tenemos que hacer. Que nos den un protocolo y una guía para hacer absolutamente todo. Cuando nos sentimos libres, muchas veces nos paralizamos porque no sabemos escucharnos a nosotros mismos Nayara Malnero — Psicóloga Pero, llegados a este punto, ¿cómo construir vínculos sanos y duraderos? La respuesta es que no hay una sola respuesta. Frente a los relatos del amor romántico, la superficialidad de la inmediatez y las fórmulas del coaching anti–conflicto, según las psicólogas, las personas se enfrentan al reto de lidiar individualmente con sus conflictos y aprender a guiarse por sus sensaciones sin caer en la excesiva racionalización de los problemas sentimentales. Jugando a los cromos del liberalismo El uso de las redes sociales y de las aplicaciones de citas para conocer nuevas personas también forman parte de la ecuación de las relaciones amorosas y sus dificultades. “Por lo general, nos conducen a evitar el conflicto. Dejamos la elección de nuestros vínculos en manos de un algoritmo que se aleja de cualquier fricción y diferencia, llevándonos al individualismo y al liberalismo emocional. De hecho, existen incluso aplicaciones destinadas para públicos concretos, como las personas religiosas o veganas”, nos cuenta Susana Ivorra. En cuanto al lado oscuro de las aplicaciones de citas, las terapeutas también señalan la problemática de que estas herramientas pueden llevarnos a entender las relaciones como un bien de consumo más en nuestras vidas. Según Malnero, “nos lo tomamos como un juego, como si fueran unos cromos”. “Cada vez tenemos más metida en la cabeza la creencia de que cuantas más relaciones sexuales y sentimentales tengamos, mejor”, añade. “Es absurdo tener que ponernos protocolos sobre cómo vivir nuestra vida íntima. Necesitamos mucha más educación sexoafectiva, en las aulas, en las casas y en los medios de comunicación pero, claro, todos los medios promueven el porno y el amor romántico. Tenemos mucha tarea a nivel social”, concluye la psicóloga. Por lo general, las aplicaciones de citas nos conducen a evitar el conflicto. Dejamos la elección de nuestros vínculos en manos de un algoritmo que se aleja de cualquier fricción y diferencia, llevándonos al individualismo y al liberalismo emocional Nayara Malnero — Psicóloga Asimismo, el amor en Internet no está exento de las dinámicas propias del machismo y el patriarcado que impregnan la sociedad. “Las aplicaciones de citas se han convertido en una discoteca de 6.000 plantas”. Así de contundente se muestra el actor y cómico David Pareja, que participa en las jornadas para aportar su mirada desde la revisión de las masculinidades tradicionales.  Los nuevos gurús del amor Pareja defiende que las relaciones requieren “mucha comunicación” donde poder mostrarnos tal y como somos: vulnerables, inseguros, con miedos. “La masculinidad tradicional nos dice que tenemos que tirar para adelante, que tenemos que tragar, los cual nos lleva a acabar explotando con la violencia y la rabia. Pero no se puede tener una relación sana desde la rabia, la violencia o el silencio”, comenta. A través de su trabajo divulgativo, el actor enfrenta, desde el humor, los relatos de los coaches de la seducción masculina. Pero, ¿qué hay detrás de este fenómeno con tanta fuerza en las redes sociales entre los más jóvenes?   Pareja reflexiona al respecto: “Nos encontramos con muchos factores. Por un lado, el cambio social que atravesamos movido por el feminismo que muchos hombres no entienden y les genera miedos, por otro lado, los medios de comunicación y los políticos que promueven el miedo al cambio y, finalmente, la exigencia inalcanzable por querer ser millonarios, estar buenísimos y triunfar en las redes sociales. En este contexto, aparecen estos gurús que, en lugar de hablar del capitalismo como un problema porque suena muy ambiguo, le echan la culpa de todo a las mujeres”. Lo que está claro y puede ser buen punto de partida, según los expertos, es entender que todas las personas son seres interdependientes y que se necesitan los unos a los otros. Por lo tanto, es una responsabilidad social repensar colectivamente el amor para desmontarlo y, tras ese ejercicio, poder volver a creer en él desde otro lugar. Porque, tal y como concluye Malnero, “sin conexiones, sin intimidad afectiva, sin amigos y sin amor, los seres humanos nos morimos. La soledad mata más que cualquier otra enfermedad. Nos queda mucho trabajo por delante”.

Charlotte Vorms sabe que recorrer la historia es dudar de ella. Entender que siempre hay resquicios para la ambigüedad, que no todo pasado es de miseria ni todo futuro de bonanza. Tampoco al revés. Autora de La forja del extrarradio. La construcción del Madrid popular (1860-1936), publicado en 2022 por la editorial Comares, la historiadora y profesora de la Universidad de La Sorbona de París acudió el pasado 17 de abril al número 10 de la calle Peironcely. Un lugar convertido en memoria viva de la Guerra Civil, ya que Robert Capa inmortalizó en varias fotografías los bombardeos del bando franquista sobre este enclave del barrio de Entrevías, en Vallecas. Las excavaciones que Alfredo González-Ruibal, científico titular del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, ha capitaneado en la parcela colindante (con el apoyo de la Fundación Anastasio de Gracia y la Plataforma Salvar Peironcely 10) rescataron una memoria que iba más allá de la represión. Y también despertaron el interés de Vorms, que acaba de ultimar un manuscrito sobre la infravivienda en Madrid. Porque Peironcely no es solo un vestigio de la masacre. También lo es de modelos habitacionales cada vez más ajenos para una parte importante de la sociedad: el de las viviendas del extrarradio madrileño construidas sin planificación (en su mayoría por población emigrante), luego arrasadas en la Guerra, y el de los desarrollos chabolistas de los años cincuenta, perseguidos por las autoridades franquistas durante los sesenta y setenta. La famosa fotografía de Robert Capa en el número 10 de la calle Peironcely. Vorms duda, claro: Duda de que a estas últimas edificiaciones se las tache de “chabolas”, mientras las levantadas en los años veinte y treinta esquivan la etiqueta. Entre ambas construcciones pasaron apenas 30 años, pero en medio hubo más que un golpe de estado o el inicio de una dictadura: se produjo una transformación radical en la forma de entender la vivienda. Y en el modo en el que las autoridades la regulaban. “Después de estudiar el proceso de autoconstrucción de viviendas a finales del siglo XIX y principios del XX para compararlo con el de lo que viene a llamar chabolismo, me di cuenta de que en realidad el proceso es el mismo”, cuenta. “La mayor parte de las que se instalan en Entrevías o El Pozo del Tío Raimundo son parcelaciones exactamente iguales, que también comparten una geografía arrabalera. La diferencia es la aprobación de un plan general urbanístico previo y de la Ley del Suelo de 1957. Solo cambia que se ilegaliza la urbanización local y espontánea. Pero como la situación económica e inmobiliaria no permitía a toda la gente entrar en ese mercado formal, la urbanización autónoma continúa aunque ya fuera de la legalidad”. Vorms, de hecho, comenzó su investigación sobre infravivienda madrileña reparando en la terminología, el instante en el que a muchas cajas bajas se les empezó a denominar chabolas: “La palabra chabola viene de Euskadi, pero la he visto usada muy raramente y solo en el argot obrero hasta los cincuenta. Antes se hablaba más de chozas o cuevas”. La historiadora explica que la extensión de su uso “está vinculada al momento en el que se construye la idea de que suponen un problema público” y aclara que ella tiene en cuenta “el valor estigmatizante de la palabra”, que no obstante utiliza porque “la incorporan quienes participan de la época”. La informalidad de la autoconstrucción no regulada es un problema porque es injusta, cuando no hay reglas no hay justicia y además vuelve a cada cual presa de su propia precariedad. Y sin embargo, facilitó la posibilidad de hacerse un hueco en la ciudad “En 1951, una España que ha pasado del campo de las disctaduras autárquicas al del anticomunismo atrae cada vez más diplomacia y turismo estadounidense o de otros países. Surge la idea de que hay que limpiar Madrid. Las primeras demoliciones se aprueban a finales de 1952 y se ejecutan en los tres años siguientes. El decreto se enfocaba principalmente en las chabolas situadas en las entradas de la capital y de otras grandes ciudades, además de aquellas en carreteras turísitcas”, expone. Las infraviviendas del nordeste de Madrid, en el entorno de Cea Bermúdez, y las situadas en la carretera al aeropuerto a su paso por el hoy soterrado Arroyo Abroñigal sufren los primeros derribos. “Es entonces cuando cambia el discurso, la palabra chabola cristaliza como expresión de una problemática y al mismo tiempo se generaliza”. No se trata solo de una transformación etimológica u oral: “El término entra en el derecho y se convierte en una categoría administrativa sujeta a la expropiación”. Según Vorms, la situación se recrudece a partir de 1954 y con la llegada del desarrollismo: “La ocupación del terreno por casas bajas es considerado un problema por las autoridades franquistas. Empieza un proceso que llaman de absorción para liberar terreno. La Ley del Suelo de 1956 y el Plan de Emergencia Social de 1957 terminan por apuntalar la construcción política del problema de las chabolas”. “Esta nueva legislación urbanística en realidad lo que hace es oponerse al derecho de propiedad a través de la expropiación”, sentencia la investigadora. “Esto se acopla con la llegada de grandes constructores a un sector hasta entonces bastante artesanal. El Régimen, en colaboración con promotores como José Banús, pasa de la orientación privada del urbanismo de los propietarios a la de estos grandes empresarios”. La legislación urbanística franquista contra las chabolas en realidad lo que hace es oponerse al derecho de propiedad a través de la expropiación Los intereses económicos desembocan, según cuenta, en una actuación asimétrica a la hora de frenar los desarrollos autónomos: “Las zonas de intervención oficial, donde más se expropia y en las que hay implicados más intereses inmobiliarios con promociones públicas o privadas, se concentran en el Abroñigal, la carretera de Aragón o Chamartín”. Por contra, en el sur “no se producen demasiadas demoliciones y la mayoría se dan para levantar viviendas de realojo”. Muchas de estas reubicaciones eran cubiertas económicamente por los propios promotores “a través de convenios de dudosa legalidad”, como las de vecinos de los arrabales de lo que hoy es Barrio de la Concepción, que tuvieron que abandonar la zona hacia San Blas por las progresivas ampliaciones de las colmenas de la Concepción. “Surge así un nuevo tipo de periferia popular, con distintos niveles de calidad, equipamientos o preocupación por el espacio público. Un extrarradio en el que participan actores que están fuera de ese mismo medio social, ya no son solo vecinos y emigrantes que pasarán a ser vecinos, sino que existe una organización industrial detrás”, relata. Vista área de las colmenas de Barrio de la Concepción a comienzos de los setenta. En su cronología de la vivienda periférica, Vorms avanza desde las casas autoconstruidas y los posteriores desarrollos urbanos planificados pero todavía con un importante peso popular hasta llegar a los PAU (Programa de Acción Urbanística). Con esta nomenclatura se conoce a los nuevos entramados urbanos de un extrarradio moderno, proyectados desde la burbuja inmobiliaria hasta la actualidad: Sanchinarro, El Cañaveral, Valdecarros, La Solana de Valdebebas... Un aislamiento mucho más premeditado, o al menos estructurado, dirigido a unidades familiares con rentas medias o altas. “Lo normal no es el PAU, sino que es esto: la autoconstrucción”, sentencia la académica francesa mientras mira el histórico número 10 de Peironcely. “A lo largo de la historia, la ciudad se ha extendido como ha podido, con calles trazadas sin que hubiera una planificación institucional”. Para Vorms, “es muy difícil construir una ciudad nueva en medio de la nada y darle vida, darle historia”. Cree que los PAU de Madrid, como otros grandes conjuntos urbanísticos franceses, tienen en común “una amnesia del territorio, una tabula rasa del pasado que guarda”. Es muy difícil construir una ciudad nueva en medio de la nada y darle vida, darle historia “El auge inmobiliario y las plusvalías cada vez más elevadas que ha ido generando este mercado han promovido además en España y muchos otros lugares un urbanismo que prioriza la construcción de vivienda mucho más rápido que los servicios y los equipamientos. No obstante, hay pocos ejemplos de nuevas ciudades o entornos en los que este tipo de dotaciones hayan conseguido no llegar tarde”, añade. Vorms resumió esta situación con un irónico vídeo publicado hace ya 15 años, cuando residía en Madrid. Preguntada sobre cómo es posible que un proceso de desarrollos inmobiliarios supuestamente dirigidos a dinamizar el acceso residencial haya derivado en una crisis sistémica de la vivienda, Vorms dedica unos segundos a pensar. Quizá a titubear, no tiene miedo de ello. “Es una cuestión que medito mucho”, acaba por responder en primer lugar. “La informalidad de la autoconstrucción no regulada es un problema porque es injusta, cuando no hay reglas no hay justicia y además vuelve a cada cual presa de su propia precariedad. Y sin embargo, facilitó la posibilidad de hacerse un hueco en la ciudad. La primera generación de emigrantes del extrarradio, los primeros que construyeron en solares abandonados con una situación política y burocrática no muy clara, al final se han ganado su sitio”. “Quienes vivían en estas casas, muchas de ellas categorizadas como infravivienda, eran en muchos casos gente muy pobre. Pero también hay que tener en cuenta la enorme diversidad de hogares, de emigración y de circunstancias económicas o sociales en general de estas personas que habitaron el extrarradio. Siempre digo a mis estudiantes que no hay que aplastar la complejidad de la realidad social. No creo que sea justo dar un retrato solo negro de lo que significó esa realidad, hubo vida y hubo gente que fue feliz. Disponían de flexibilidad total para reformar o hacer lo que quisieran con sus casas, mientras que un piso de protección oficial no lo puedes acondicionar con esa ligereza. Pero claro, a cambio tiene agua corriente y luz”. La situación en la Cañada Real, sin ir más lejos, sigue siendo dramática. Charlotte Vorms duda y se hace muchas preguntas, sí, pero también es optimista. Cree que esa “amnesia del territorio” que atribuye a ciertos desarrollos urbanos modernos “va a cambiar”: “La toma de conciencia de la importancia de la memoria, de cómo la historia de un territorio no la marcan solo sus edificios o sus restos arqueológicos, sino también la distribución de las calles o la colocación de los árboles, posee un potencial del que somos más y más conscientes. Tengo la esperanza de que seamos cada vez menos amnésicos”. Qué hacer en Madrid Entra en nuesta guía de ocio, Hoy Se Sale, para encontrar los mejores planes con los que disfrutar de tu tiempo libre esta primavera. Y para estar informado desde tu red social preferida, síguenos en Facebook, Twitter o Instagram

Mañana tranquila en las instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria en la Vega de San Mateo, en las medianías de la isla. Es miércoles, todavía en alerta por riesgo de incendios después de una ola de calor anómala en el mes de abril, que dejará de serlo tanto a partir de ahora. Los agentes intercambian información. Recargan fuerzas. Toman café. Hasta que una llamada moviliza a dos de ellos: alguien está haciendo uso de una desbrozadora en Cueva Grande, cerca de allí. Un vecino ha alertado. Una chispa de la máquina podría causar un incendio forestal. Ya lo hizo el año pasado. “El deber nos llama”, exclama Raúl (nombre ficticio), uno de los integrantes del cuerpo. El coche de amarillo limón y azul pitufo de la Corporación insular se desplaza hasta el lugar y aparca. Vuelve a escucharse el motor del aparato, pero no queda claro de dónde procede el ruido. Los agentes miran a un lado y a otro. Poco después, el sonido desaparece. A un lado del barranco, algo de mala hierba recién cortada junto a un camino entre viviendas unifamiliares desvela que una persona estaba haciendo uso de una desbrozadora en este paraje. “Ha sido una infracción fugaz. Te alertan de que algo ha pasado, pero luego no lo ves cuando llegas”, lamenta Andrés (nombre ficticio), el compañero de Raúl esta mañana. Sin embargo, a los pocos minutos, vuelve a escucharse un golpeteo similar. Proviene del otro borde del cauce. Y, esta vez sí, los guardias llegan a tiempo. “¡Basuras! ¡Fuera de aquí! ¡Están locos buscando la multa!”, grita un hombre a los funcionarios en plena actuación. “Normalmente sales y tienes un plan, pero después… Somos víctimas del destino”, resume Raúl. El equipo de agentes medioambientales del Cabildo de Gran Canaria asciende a 21 trabajadores, según datos de la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente del Archipiélago (AFMACAN). Son los encargados de vigilar, custodiar y proteger los espacios naturales protegidos de la isla. También el suelo rústico. Este miércoles, 17 de abril, trabajan ocho en el turno de mañana. Lo hacen en grupos de dos por motivos de seguridad. Cada dúo cuenta con un itinerario para saber a qué puntos acudir de manera prioritaria: zonas de riesgo de incendio, áreas recreativas o extensiones cercanas a tendidos eléctricos, donde podría haber aves dañadas. Agentes de Medio Ambiente en Cueva Grande, intentando localizar a usuario de desbrozadora que acaban de oír, un día que está prohibido su uso por peligro de incendio Paisaje rural en Cueva Grande, Vega de San Mateo Tienen tres formas de enterarse de presuntos incumplimientos de la normativa: la propia vigilancia que ejercen, llamadas de particulares o escritos de la administración. Los miembros del Grupo Urbanístico y Medio Ambiental (GRUMA) de la Policía Local y la unidad especializada del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ayudan. Pero, agentes medioambientales como tal, son solo ellos. Hay 66.707 hectáreas, contando solo las que integran la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos en la isla redonda, que inspeccionar. Y eso, la mayoría de las veces, se hace cuesta arriba. “Existe un evidente desequilibrio entre el número de agentes de medioambiente y las funciones encomendadas para la protección de la biodiversidad y del patrimonio natural de la isla. [Es] prácticamente imposible hacerlo con las garantías necesarias que se demandan por parte de la sociedad”, señala Ayoze Molina, presidente de AFMACAN. Los datos facilitados por la asociación indican que Canarias tiene 131 agentes de esta índole en plantilla de forma estructural, lo que se traduce en una ratio de 5,93 trabajadores por cada 100.000 habitantes. La media nacional está en torno a 12,5 por cada 100.000. Todo eso sin contar a los turistas, la población flotante. El cuerpo de agentes de Gran Canaria estrenó recientemente una unidad de drones especializada en detectar posibles infracciones y actividades prohibidas. En las Dunas de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ocurren a menudo. La gente transcurre por los espacios no autorizados para ello o youtubers congregan a decenas de personas para excavar con palas. Molina matiza: “Son herramientas que facilitan la tarea, pero, si los mismos que tienen que intervenir son los que están utilizando el dron, poca utilidad pueden tener”. Raúl y Andrés, mientras tanto, continúan con su ruta por la cumbre de Gran Canaria. Colocan piedras pesadas en los márgenes de las carreteras para evitar que los coches estacionen entre los árboles de la zona de acampada Altos del Pozo, en Tejeda. Escriben notas para advertir a los conductores que sí lo han hecho. Observan desde la torreta forestal en el Pico de la Gorra si hay algún humo sospechoso en la Cuenca de Tirajana. Paran a los senderistas que caminan por la zona. Hacerlo esta mañana, recuerdan, está prohibido. “El riesgo de incendio no tiene por qué coincidir con la ola de calor”, reitera Andrés, cansado de repetir la misma frase. Vehículo de Medio Ambiente en Llanos del Salado, en Gran Canaria Señal de Parque Rural El Nublo en Llanos del Salado La conservación de los espacios naturales protegidos de Canarias “depende mucho de la concienciación ciudadana”. Los propios agentes lo reconocen. El 40,57% del Archipiélago presenta algún nivel de protección, el porcentaje más alto de España. Existen 146 áreas y 302.041 hectáreas que gestionar. La masificación ha empezado a llegar a estos emplazamientos, en especial, tras el confinamiento estricto por la COVID, en el que la ciudadanía “empezó a tener una necesidad mayor de disfrutar más de los espacios abiertos”. Los fines de semana están hasta arriba de visitantes. El diseminado residencial característico de las Islas, también presente en las áreas protegidas, unido a la compleja orografía insular, suponen un “plus de dificultad” para la vigilancia. Molina pone un ejemplo. “Imagina que hay dos parejas [de agentes] en la cumbre de Gran Canaria más otra en medianías. Y nos llega un aviso de actividades de riesgo en La Aldea de San Nicolás [la localidad más al oeste de la isla, para la que, hasta hace nada, no era precisamente seguro y rápido acceder]. No te digo nada si ocurre en Guguy [enclavado al sur de La Aldea]. Los costes de traslado a los espacios naturales protegidos de esta isla son muy elevados, tanto en tiempo como en materia económica”. La asociación AFMACAN ha apoyado las reivindicaciones esbozadas por los colectivos convocantes de las manifestaciones contra la masificación turística este sábado, 20 de abril, en toda Canarias. Molina entiende que es necesario que “se adecúen los recursos de vigilancia y protección a las demandas reales existentes”. Apunta que la ley canaria de creación del cuerpo de agentes de medioambiente data del año 1989. Que “ya ha corrido bastante tiempo” desde entonces. Y que los medios, pensados para atender una demanda de hace décadas, “no solo no han aumentado, sino que han menguado”. El catedrático de Botánica por la Universidad de La Laguna (ULL) Pedro Luis Pérez de Paz, experto en espacios naturales protegidos y, durante muchos años, miembro del patronato de algunos de ellos en el Archipiélago, ahonda en esta idea. “En los parques nacionales se hace algo de gestión activa. Pero el resto está abandonado. Y lo está cuando más lo necesita, porque la sobrepoblación es un hecho. Visitar el Parque Rural de Anaga o el Parque Rural de Teno. O me imagino que acudir a Tamadaba o la cumbre de Gran Canaria… Hay una presión enorme”. Agentes de Medio Ambiente en camino de Cruz del Socorro Señalización de caminos del Cabildo de Gran Canaria La ley de declaración de los espacios naturales de Canarias es aprobada en el año 1987. En ese momento, el Archipiélago era una región “puntera” en este sentido y se hizo una labor “muy buena”, continúa Pérez de Paz. “Pero luego, claro, se va descubriendo que proteger tiene un coste”.   “Lo que tenemos aquí son muchas cositas, pero en poca cantidad. Y eso aúna dos conceptos: diversidad y singularidad. Tenemos muchas cosas diferentes. Pero, además, esas cosas son singulares. Y es verdad que a partir del año 1987 se hizo una labor de promoción importante. Pero en este momento da la impresión de que es un todos contra todos. Porque esta misma manifestación [la del 20 de abril] es fruto y retrato del fracaso. De que no hemos sabido reconocer la situación”, explica el botánico. Para Juana Barber, ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente presidenta de EUROPARC-España, una organización que aglutina a profesionales vinculados a las áreas protegidas del país, la clave de todo esto está en mejorar la gestión. Y para ello se necesitan recursos “económicos y materiales, pero sobre todo humanos”. “[Una buena gestión depende de muchas cosas] No solo del número de agentes, también debes tener una normativa que te lo permita y un régimen sancionador. En algunas zonas, por ejemplo, según el nivel de concentración de gente, puedes desplegar impedimentos y barreras de acceso”, asegura Barber. La experta hace hincapié en el modo de entrada a los espacios naturales, a los que en las Islas puede llegarse desde múltiples puntos y en Barcelona, donde Barber trabaja, también. La ingeniera de montes reconoce que “tenemos una presión muy grande”, diferente a la que presentan otros enclaves aislados, por la cercanía de los núcleos poblacionales a las zonas protegidas. Y eso implica “cambiar la manera de ir” a estos lugares. “Podemos zonificar y decir, bueno, pues aquí puede haber más visitantes porque desde un punto de vista natural o de la conservación no es tan frágil”. O cerrar algunos accesos, añade Barber, en los que solamente puedan circular los residentes y fomentar el uso del transporte público por un camino prioritario. O apoyarse en grupos de voluntarios para regular mejor este asunto. “Es importante explicar a las personas por qué haces esto. Todo el mundo lo tiene que entender, porque en estos momentos es lo que se necesita. Siempre hemos tenido muy accesible nuestro espacio y lo sentimos como nuestro. Pero (…) no hemos sido cuidadosos” con el mismo, concluye Barber.

Nueva maniobra legal de LaLiga. La patronal de los clubes de fútbol profesional ha pedido a la jueza instructora de una de sus demandas por piratería que cite como investigados a los directores de Google, Apple y Huawei en España. Les imputa “un delito de desobediencia grave” por no impedir que los usuarios de sus teléfonos sigan utilizando en sus teléfonos la app a la que acusa de ser un vehículo para las retransmisiones ilegales de fútbol. En el mismo proceso de diligencias previas, al que ha tenido acceso elDiario.es, solicita a su vez que se impute por los mismos motivos a las empresas que dirigen. A estas las acusa de “cooperación necesaria” en el delito de piratería cometido supuestamente por el desarrollador de la aplicación, llamada Newplay, y les declare “partícipes a título lucrativo” de este. Newplay es un reproductor que permite acceder a las retransmisiones IPTV, las siglas en inglés de Televisión por Protocolo de Internet. En lugar de depender de la transmisión tradicional por cable o satélite, el IPTV utiliza la infraestructura de Internet para entregar contenido a los usuarios. Ese contenido pueden ser series, películas, vídeos propios o cualquier otro multimedia. A pesar de usar la infraestructura de Internet, las apps IPTV no emiten en abierto. Al contrario, funcionan como decodificador de las “listas M3U” (llamadas así por el formato de archivo), que son documentos de texto que contienen direcciones URL de esos contenidos multimedia. Una especie de mapa sobre dónde encontrar y cómo decodificar cada retransmisión. Aunque las listas M3U se utilizan tanto para contenidos legales como ilegales, las apps IPTV se están usando para la piratería debido a que permiten esconder retransmisiones ilícitas donde otros usuarios redifunden la señal de los canales de pago. Es el motivo por el que LaLiga demandó en 2020 al desarrollador de Newplay, al que acusa de lucrarse con esa actividad puesto que la app incluía publicidad o la posibilidad de eliminarla contratando una suscripción. “El investigado utilizaba su 'simple' reproductor de video como instrumento necesario para que sus clientes puedan acceder a los servicios de Televisión que ofrece a cambio de una suscripción o publicidad vulnerando los derechos de los titulares de los contenidos”, acusa la organización dirigida por Javier Tebas en uno de los documentos del proceso al que ha tenido acceso este medio. En un auto de abril de 2022, la jueza dio la razón a LaLiga y pidió a Google, Apple y Huawei que retiraran Newplay de sus respectivas tiendas de aplicaciones. Además, también les solicitó “impedir a los usuarios” que la hubieran descargado “el acceso a la aplicación”, “cesar de forma inmediata en el abono de las comisiones” derivadas de su versión de pago y poner a disposición del juzgado “los importes que pudieran tener pendiente de entrega” al desarrollador de Newplay. Contra las tecnológicas La app de Newplay ya no está disponible para la descarga. Sin embargo, dos años después de ese auto, la patronal del fútbol entiende que las tecnológicas no han cumplido con el resto de requerimientos: el de bloquear su uso a las personas que ya la tengan descargada en sus teléfonos y el de consignar en el juzgado de Instrucción número 1 de Cieza el dinero que la app haya ganado por esas suscripciones. Por ello, LaLiga acusa a los responsables de estas multinacionales en España de “desobedecer gravemente” lo ordenado por la jueza, un delito castigado penas de tres meses a un año de prisión o una multa de seis a dieciocho meses. Sobre las propias empresas, la organización de Tebas afirma que el hecho de que no hayan impedido que los usuarios que la descargaron la sigan utilizando implica que “habrían incurrido no solo en responsabilidad penal por los hechos que se están investigando en la presente causa, sino también en responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados”. Es decir, la patronal del fútbol pide que se impute a las tres tecnológicas el delito de “cooperación necesaria” en el proceso de piratería y que las declare “partícipes a título lucrativo” por no entregar el dinero que supuestamente habría ganado Newplay durante este tiempo. “Eran conocedoras de la conducta realizada a través de la aplicación que es objeto de este procedimiento y continúan en la actualidad facilitando sus infraestructuras a los usuarios de la app de tal forma que el ilícito continúa produciéndose”, achaca. elDiario.es se ha puesto en contacto con Google, Apple y Huawei para incluir su posicionamiento en esta información, pero las tres han rehusado responder debido a que sus equipos legales están aún analizando las peticiones de la LaLiga. La defensa de Newplay destaca que los partidos de fútbol no pueden ser considerados un bien protegible con derechos de autor, lo que deslegitima la demanda de LaLiga. Añaden que la app y su responsable no tienen nada que ver con las listas M3U que se distribuyen entre los usuarios para ver contenidos ilegales. “Newplay es un reproductor multimedia como lo puede ser VLC o cualquier otro”, afirma su abogado, Carlos Sánchez Almeida. “Son los usuarios los que a través de métodos completamente ajenos al programador de Newplay se proveen de listas de reproducción. Esas listas de reproducción son compartidas por los usuarios como se compartía el P2P antiguamente. De la misma forma que no se ha podido perseguir a los usuarios de eMule y a los usuarios de Torrent, ahora ocurre lo mismo. Lo que ocurre aquí es que han buscado un cabeza de turco que es el programador de Newplay”, denuncia el letrado. El nuevo 'caiga quien caiga' del copyright Tanto LaLiga como las entidades de gestión de derechos de autor han iniciado una ofensiva 'caiga quien caiga' para proteger su modelo de negocio en los últimos meses. Su punto culmen podría haber sido el bloqueo cautelar de Telegram en España que llegó a decretar el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El motivo era una denuncia de Mediaset, Antena 3, Movistar y Egeda, quienes acusan al sistema de mensajería de alojar contenido protegido por derechos de autor sin permiso. Tras un fin de semana de reflexión, el juez anuló el bloqueó que iba a iniciarse el último lunes de marzo, entendiendo que la suspensión supondría “un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas)”. LaLiga también ha intentado llevar más allá sus esfuerzos contra las retransmisiones pirata amenazando a aquellos que la consumen con demandarlos. Lo hace basándose en una interpretación de un auto de un juzgado de lo Mercantil de Barcelona no exenta de polémica y que el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha desmentido. “Detrás de la piratería no hay ningún héroe ofreciendo contenido pirateado de forma altruista, sino organizaciones delictivas que se lucran con el trabajo de los legitimas creadores, eliminando así́ puestos de trabajo de la industria del fútbol y el entretenimiento”, aseguran fuentes de la patronal del fútbol a elDiario.es. “Es por ello que LaLiga va a seguir invirtiendo una gran cantidad de recursos económicos, tecnológicos y humanos para seguir protegiendo su producto”, añaden.

“Cuando bebo alcohol pasan cosas. Cuanto más bebo, más cosas pasan”. Bob Pop (Madrid, 1971) explica así su fascinación por las borracheras, quizá su relación más longeva y estable: esa afición que tiene desde siempre por ponerse “cocido como un piojo”. O 'Como las grecas'. Así se titula el ensayo publicado por En Debate en el que reflexiona sobre nuestra relación (la suya, la mía, la de usted) con el alcohol. Un texto que se mueve entre la celebración del jolgorio y del despelote y la reflexión alrededor de las cosas que nos hacen beber, esas de las que queremos –o necesitamos– escapar. Es un pequeño librito que también sirve como nostálgica despedida de uno de los amores de la vida del periodista y escritor: beber “para olvidar que estoy bebiendo”, que escribió Gloria Fuertes. Es arriesgado publicar un ensayo sobre el alcohol hoy en día, y que no sea un panfleto en contra. Yo tenía muy claro que quería hacer una cosa lúdica y reflexiva, pero sin posicionarme. No tengo una posición al respecto. A mí me gustaría beber mucho más de lo que bebo, y también entiendo que beber no es bueno. Pero la pregunta no es si tengo o tenemos un problema con el alcohol, sino qué problemas tenemos y por qué usamos el alcohol para disolverlos o licuarlos. ¿Y quién soy yo para posicionarme? Lo que sí quise dejar muy claro desde el principio es que no entraba en alcoholismo ni en cuestiones graves, donde no me siento nada autorizado porque no me competen. ¿Cuál es la línea entre la bebida lúdica y el alcoholismo? No lo sé, ni sé si la he cruzado alguna vez. Una amiga mía, que fue alcohólica y pasó por un tratamiento, me dio una clave que le valía: ella entendió que era alcohólica cuando empezó a usar el alcohol para soportar las resacas. Y ahí se convirtió en un círculo vicioso. Los médicos o psiquiatras tendrán sus baremos, pero a mí esta tesis de mi amiga me sirvió mucho. Cuando he tenido esa tentación, he dicho: “Ten cuidado, porque así se empieza fatal”. Este es un ensayo sobre ese anestesiante que es el alcohol, pero se podría sustituir por otros anestesiantes de los muchísimos a los que recurrimos, ¿no? Claro, perfectamente. Lo que pasa es que el resto no están tan socialmente aceptados, ni establecen los vínculos y la complicidad que establece el alcohol. Pero yo creo que esa evasión, ese adormecerse, nos ayuda a entender en qué tiempos vivimos. Por qué bebemos como bebemos no tiene tanto que ver con nosotros individualmente, sino con lo colectivo. También podría ser: ¿por qué lloramos como lloramos solas en el metro? Pues podría ser algo muy similar, solo que me he decidido por algo más divertido. La pregunta no es si tengo o tenemos un problema con el alcohol, sino qué problemas tenemos y por qué usamos el alcohol para disolverlos o licuarlos Defiende que es mejor beber acompañado que beber solo. ¿Le parece que es más digno, menos preocupante…? Supongo que es por el imaginario que hemos creado. Cuando bebes acompañado, el alcohol no es tanto el protagonista, aunque luego lo acabe siendo, pero siempre hay otras cosas con las que disimulamos la ingesta brutal de alcohol. Es una celebración, es un refugio, es una forma de enfrentarnos a los problemas con menos pudor, con la lengua más suelta, con menos tabúes. Es como si, entre muchas y muchos, el alcohol se disolviera. Pero en el fondo la cantidad ingerida puede ser igual o mayor en grupo que a solas. Hay un reverso tenebroso de eso, un fenómeno que habrá observado: el de la presión social. Esos amigos que quieren que bebas con ellos, que necesitan que 'caigas' con ellos. El alcohol genera una sensación grupal de compañía, y cuando alguien no bebe es como si estuviera rompiendo esa cadena de amor, energía, intimidades o enajenación. Es literalmente un aguafiestas. La gente insiste porque les parece, además, que les estás juzgando si dices que no. Estás rompiendo la energía del grupo, la comunidad… Es como si vas a misa y hay una señora del pueblo que no comulga. Pues mal, esa señora hay que tirarla al pilón con la peineta y todo. En el libro dice que se “autosecuestraba” cuando habla de esa escapada de uno mismo. ¿Por qué tenemos esta necesidad de escapar? Y ¿es tan malo escapar? Creo que es necesario escapar de uno mismo. Todo este pensamiento positivo de “conócete, sé la mejor versión de ti mismo”… No, mira, hay un rato que está muy bien hacer un paréntesis, no soportarte, salirte de ti, enajenarte, y descansar un poco de tanta tensión, de mantener el tipo, la figura y la respetabilidad. El resto de anestesiantes a los que recurrimos no están tan socialmente aceptados, ni establecen los vínculos y la complicidad que establece el alcohol Lo interesante de las borracheras es que el alcohol saca algo distinto de cada uno de nosotros. Una vez Andreu Buenafuente me dijo una cosa que me pareció muy interesante: el alcohol es como el éxito, o el éxito es como el alcohol. Al final acaba sacando a quien eres de verdad. Por ejemplo, hay una masculinidad cishetero tóxica que se está rebelando ante el espacio de privilegio que pierde, y el alcohol ayuda a sacar ese tigre que hay en ellos. En el libro habla de la amistad borracha, esa que ocurre exclusivamente entre copas. ¿Es menos valiosa? No, no lo es. Y además es más exclusiva, porque solo ocurre en unas circunstancias determinadas. Es casi como un eclipse, tiene que darse que los dos os chucéis como botas y os encontréis en el mismo lugar. Hay un submundo que emerge con el alcohol y que os une, y que seguramente no os hubiera unido de otra manera. También porque muchas veces no estamos preparados para ese tipo de amistad sobrios. Muchas veces entendemos que uno tiene ya los amigos que tiene, y que a cierta edad ya no haces amigos nuevos, etcétera… El alcohol y las drogas vienen muy bien para eso. A mí no me parece ni mejor ni peor, en absoluto, ni menos sincero. Simplemente está bajo otras condiciones de estudio. Es como si solo fuera legítimo quienes somos sobrios, pero es que también somos borrachos, también existimos borrachos, y drogados, y cansados, y medio dormidos, y con el corazón roto, y cachondos… Todos esos también somos nosotros, y yo creo que está muy bien que lo asumamos, y que podamos elegir en qué momento estamos. Yo no iría a un concierto de música clásica chuzado, pero oye, pues a lo mejor a ver uno de tontipop… feliz de la vida. Sí, a lo mejor al de tontipop sobrio es mejor no ir. Yo el día que fui a una sauna sobrio pensé: “¿cómo he podido venir aquí?”. Hablaba de cuando estamos cachondos: follamos más cuando estamos borrachos, que es cuando peor follamos. Pero también es cuando menos nos importa el juicio. Es una desinhibición muy negativa. Yo creo que el sexo borracho no funciona. Es imposible. El alcohol como desinhibidor está muy bien, pero luego como material de trabajo sexual es un desastre, porque además nos hace súper egoístas. El subtexto del libro, y de esta conversación, es que necesitamos el alcohol para desinhibirnos, para escapar… ¿Quizá el problema no está en el alcohol, sino en que vivimos llenos de represión, de opresión, de inhibición, de prejuicios que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás…? Es el sistema el que tiene un problema. Y creo que el alcohol es un vehículo barato y rápido para salir de allí, y comprobado científicamente durante mucho tiempo, y asumido culturalmente, y no demasiado estigmatizado. Pero en realidad no beberíamos como bebemos si no viviéramos como vivimos. O sea que beber es antisistema y es activismo, podríamos decir. Me gusta mucho esa. También es lo que cuento en el libro: beber es una forma de vivir el presente de un modo intensísimo, algo que no hacemos habitualmente. Porque siempre estamos con la expectativa, el plan, el circo de tres pistas, todo lo que tenemos que hacer pendiente… y en cambio, al beber todo se para. El alcohol genera una sensación grupal de compañía, y cuando alguien no bebe es como si estuviera rompiendo esa cadena de amor, energía, intimidades o enajenación. La gente insiste porque les parece, además, que les estás juzgando si dices que no ¿Cómo sería una sociedad sin alcohol? Depende. Si a la que vivimos ahora le quitáramos el alcohol, sería insoportable en muchas ocasiones. Si fuera al revés, es decir, si nos quitaran el alcohol y nos dijeran: hay que remontar esto, hay que volver a pensar una sociedad nueva para que no necesitemos el alcohol para escaparnos… Y entonces que de repente replanteáramos nuestros vínculos afectivos, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con los demás, con la familia, con la conversación… pues sería muchísimo mejor. Lo que pasa es que mientras llega… agárrame el cubata, Javi. Leyendo el libro, uno siente su nostalgia. Me da la sensación de que el alcohol es uno de sus amores y este libro parece una despedida. Sí, pero por la situación de dependencia en la que vivo. Porque el alcohol, como bebedor, te da una sensación de libertad, de transgresión… que yo no me puedo permitir, porque en el fondo es una ficción. Porque al final quien tiene que hacerse cargo de mí es mi marido, mi cuidador o los amigos, que son los que tienen que llevarme al baño, sostenerme para que no me caiga, que no estampe la silla de ruedas contra un parterre… que estas cosas han pasado. Está bien que yo asuma que todo eso ha dejado de ser una posibilidad. Y no pasa nada. Uno entiende que hay cosas que ya ha hecho en la vida, y que para eso también están los libros, para despedirse de ellas y saber que estuvieron allí. Los próximos 28 y 29 de junio elDiario.es celebra el Festival de las Ideas y la Cultura (FIC) en Barcelona, donde Bob Pop llevará su espectáculo 'Días simétricos', un show de aplastante sinceridad cargado de literatura y humor.

El pasado 25 de marzo se celebró el 'Encuentro en Defensa de la Vida Ciudad de València' que tuvo lugar en el centro municipal Jubiocio, del barrio de Benicalap de la ciudad, con motivo del 'Día Mundial del Niño por Nacer'. La iniciativa suscitó una importante polémica que se agravó tras conocerse que entre los 200 asistentes a la jornada había 53 alumnos de cuarto de ESO y uno de bachillerato del colegio concertado Inmaculado Corazón de María para los que el Ayuntamiento fletó un autobús. Precisamente, uno de los ejes del pacto de Gobierno entre el PP y Vox en la Comunitat Valenciana era, supuestamente, “sacar la ideología de las aulas”. El cuadro de ponentes de la jornada estuvo conformado por el diputado nacional de Vox condenado por maltrato y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de València Carlos Flores Juberías; la directora de Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Belén Merck Navarro; y el profesor de Bioética y adjunto al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Emilio García Sánchez. En su intervención, Flores afirmó que en España “uno puede abortar en cualquier momento de las primeras 14 semanas de embarazo por cualquier motivo y sin necesidad de dar explicaciones” e insistió en que “en el lenguaje coloquial empezamos a entender que en nuestro país se habría instaurado el aborto libre, limitado en el tiempo, 14 semanas, pero sin necesidad alguna de justificación”. El concejal de Sanidad de Vox, José José Gosálbez, socio de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de València que dirige la alcaldesa María José Catalá, finalizó su intervención con un “sí a la vida y no a la cultura de la muerte”. Pero la cosa no quedó ahí porque según la información recabada por elDiario.es, el Ayuntamiento contrató un servicio de “restauración” con la empresa La Seu Catering y Hostelería S.L. por valor de 1.468,50 euros, IVA incluido. También se costeó el autobús del colegio concertado por importe de 495 euros, IVA incluido, contratado a la empresa Autocares Capaz S.L. Al respecto, la portavoz socialista en València, Sandra Gómez, ha lamentado que el Ayuntamiento de València haya tenido que sufragar los gastos del acto antiabortista que se montó Vox con el permiso expreso de Catalá solo para seguir impulsando su guerra desde las instituciones contra los derechos de las mujeres.  “Se está imponiendo una agenda de guerra frontal y generalizada desde el gobierno de PP y Vox contra los derechos de las mujeres. Lo vimos en el 8 de marzo con la supresión de unas jornadas dirigidas a empoderar a las mujeres y también en estas jornadas donde se cuestionó abiertamente el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad”, ha manifestado.   Unas jornadas, ha apuntado Gómez, que sirvieron, además para adoctrinar a un grupo de menores de un colegio concertado de la ciudad, para pagarle un buen almuerzo al diputado de Vox condenado por maltrato, Carlos Flores Juberías. Un buen almuerzo, ha asegurado, porque “su batalla contra los derechos de las mujeres nos ha costado a todos los valencianos y valencianas 1.500 euros a los que hay que sumar otros 450 euros para contratar el autobús del adoctrinamiento”.

La Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) se ha querellado ante la Audiencia Nacional contra el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y contra el exintegrante de ETA José Aulestia, alias 'Zotxa', por presunto delito de asesinato terrorista contra el directivo de Michelin Luis María Hergueta en junio de 1980. Dignidad y Justicia está presidida por Daniel Portero, hijo de un fiscal asesinado por ETA y diputado por el PP en la Asamblea de Madrid. Su nueva querella es un intento por sortear la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que considera “prescritos o ya juzgados” los hechos que adjuntan contra el líder de la izquierda abertzale (1978-1983), a tres días de que se celebren los comicios vascos. En razón a estos argumentos, la Fiscalía archivó recientemente las diligencias abiertas a raíz de la denuncia de Portero. En la nueva querella, dirigida al Juzgado Central de Instrucción Número 1, la asociación sostiene que en esa época Otegi “era miembro del Estado Mayor de Intervención de la organización terrorista ETA, órgano que cumplía las funciones del aparato militar y encargado de las acciones terroristas siguiendo las órdenes del Comité Ejecutivo” de la banda. El responsable del mismo era 'Zotxa', relata DyJ, “ejerciendo Otegi funciones de lugarteniente” de éste, “tal y como acredita el organigrama de la organización terrorista ETA, al tiempo de los hechos investigados”. La querella, recogida por Europa Press, se refiere al secuestro del presidente de Michelín, Luis Abaitua, a quien se habría extraído información sobre Hergueta, entre otros. En el cautiverio, asegura la asociación, “participó materialmente” Otegi, y esa información “habría sido transmitida con posterioridad a su responsable, siéndole válida y eficaz dicha información para ordenar la comisión del asesinato terrorista de Hergueta”. Dignidad y Justicia recuerda que fue en la mañana del 25 de junio de 1980, mientras Hergueta caminaba por la calle en Vitoria, cuando “tres hombres jóvenes sin identificar” le abordaron. “Uno de ellos le disparó en dos ocasiones en la cabeza, falleciendo en el trayecto hasta el puesto de socorro de Vitoria, donde ingresó cadáver”, apunta el escrito. La asociación asegura que esos hechos podrían ser calificados provisionalmente como constitutivos de un delito de asesinato terrorista. Por todo ello, DyJ pide a la Audiencia Nacional que cite a declarar como investigados tanto a Otegi como a Aulestia. De igual forma, solicita que se libre oficio al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía a fin de que emitan informe sobre la evolución de Otegi dentro de la organización terrorista ETA y su inclusión y responsabilidad en el Estado Mayor de Intervención. Por último, pide que se aporte al juzgado de la Audiencia Nacional titulado por el magistrado Francisco de Jorge “copia testimoniada del Sumario 61/1979 instruido por la detención ilegal de Abaitua, por la que fueron condenados, entre otros, Otegi y Luis María Alcorta”.

El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) ha emitido este jueves un comunicado en el que denuncia los métodos empleados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la hora de adjudicar los diferentes proyectos, especialmente el de la Ciudad de la Justicia en el que la administración no ha contado con ellos y justifica su actuación “a través de la urgencia y excepcionalidad de este procedimiento de proyecto y obra”. El colegio recuerda que, en el resto de casos, el concurso de proyectos se realizó “con una amplísima participación profesional, incluso internacional” y, pese a mantener su mano tendida, lamentan que en la Comunidad de Madrid no se haya producido del mismo modo. La organización defiende que, hasta hace 15 años, en la región se pensaba en “embellecer y mejorar” el espacio público, pero en la actualidad esto ya no es así. “Sufrimos la época de la 'arquitectura para la legislatura', la que se anuncia y se pretende inaugurar en cuatro años”, denuncian desde el comunicado en el que evidencian las quejas que llevan arrastrando desde hace tiempo. Además, afirman que la Comunidad de Madrid utiliza “atajos” que, bajo su interpretación, le permite la Ley de Contratos del Estado para justificar la excepcionalidad que se “limita extraordinariamente la concurrencia por las exigentes demandas de solvencia”. Sin embargo, el colegio reconoce que este procedimiento es legal, pero que dista mucho del interés general de la ciudadanía y de la calidad de la arquitectura, como exige la Ley de Calidad de la Arquitectura. Desde COAM consideran que el proyecto de la Ciudad de la Justicia es fundamental, y por ello hay que cuidar al detalle su imagen. “Es necesario separar proyecto y obra, se debe garantizar primero la mejor arquitectura y, luego, que se construya con la mayor calidad, al precio más razonable”, reafirma el colegio que destaca que los valores fundamentales para la realización de cualquier obra se deben sustentar en embellecer y mejorar el espacio público y en ningún caso por la “urgencia” que se dicte desde la Puerta del Sol. El COAM insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a llegar a un acuerdo entre ambas partes para que se “haga justicia con la sociedad”. Para ello consideran que es necesario un cambio estricto en el criterio para para “garantizar la consecución de un entorno y unos edificios lo más funcionales, sociales y democráticos posibles” a través de un concurso abierto de proyectos, similar al que se ha producido en otros lugares como Huelva, Valencia, Vigo, Jaén, Córdoba, Málaga o Barcelona. A Partir de ahí aseguran que “juntos podrían conseguir la mejor arquitectura posible”. El edificio en el que se encarna la Ciudad de la Justicia prosigue con sus pleitos desde que la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, comenzara a declarar el pasado mes de marzo en relación proyecto que sepultó más de 350 millones de euros de dinero público se centra en la figura de Alfredo Prada, su mano derecha. Qué acabará pasando con el lugar sigue siendo una incógnita a todas luces, sin embargo y hasta entonces, persisten las disputas en uno de los edificios más emblemáticos de la capital.

“No me cansaré de decirlo: en el Mar Menor nos jugamos la credibilidad como sociedad. Tenemos la posibilidad de recuperar un ecosistema precioso donde confluyen actividades muy diferentes desde tierra firme. No cabe dar marcha atrás”. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (PSOE), ha concluido con estas palabras la reunión mantenida este jueves con los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la cuenca vertiente de la laguna y con actores sociales, económicos, ambientales y agrarios en la la desaladora de San Pedro del Pinatar. Allí les ha informado de los avances en el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor del MITECO. Es la segunda visita de Ribera al Mar Menor en este 2024 tras la cumbre celebrada el pasado 17 de enero con el presidente regional, Fernando López Miras, en la que ambos firmaron el convenio de constitución de la Comisión Interadministrativa de coordinación para intentar la recuperación de la laguna. Aquel día, la ministra adquirió el compromiso de regresar cada tres meses, y este jueves ha cumplido con su palabra. Hacia las 9:30 ha llegado a las instalaciones de la desaladora. Allí la esperaban los máximos representantes de los ocho municipios que ocupan el litoral del Mar Menor, la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, y los responsables de la Oficina Técnica del Mar Menor, la Comisión del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas y la Confederación Hidrográfica del Segura. Durante la reunión, que ha durado poco más de una hora, la ministra ha anunciado un incremento 40% en los fondos para la laguna, que pasan de los 484 millones de euros que el Ministerio comprometió en 2022 a los 675, y que refuerzan, ha sostenido, “la apuesta del Gobierno de España para acompañar a esta recuperación”. El “capital” equilibrio entre actividades humanas y preservación de espacios Entre las medidas directamente beneficiadas por la mejora presupuestaria destacan, según ha expuesto Ribera, “la restauración de la Sierra Minera” -que sube de los 40 millones a los 110-, “la de la cuenca alta del Campo de Cartagena”, -que recibe 30 millones extra-, “la adecuación de las redes municipales de saneamiento”, -a la que otorga una partida de 20 millones-, “y una nueva línea”, ha añadido la vicepresidenta, “de ayudas para la adecuación ambiental del sector ganadero, con la participación de los titulares de las explotaciones”. “Es fundamental que no se produzcan riesgos vinculados a granjas porcinas o actividades ganaderas”, ha subrayado la titular para la Transición Ecológica. El Ministerio estima que se vierten al Mar Menor, cada año, 3.580 toneladas de nitratos y 19,7 de fosfatos como resultado de la actividad agrícola y ganadera, pero también de la antigua minería, el urbanismo y el turismo. Ribera ha dicho que están en marcha un total de 11 proyectos de “restauración y mejora de instalaciones agrarias en el campo de Cartagena”. “Es capital que nos salga bien. Si no hay futuro en las actividades locales es muy difícil que podamos pensar en preservar espacios. Debemos encontrar un punto en que todo sea compatible”, ha subrayado. Desconexión de 9.000 hectáreas de regadíos ilegales También ha recordado, siguiendo el hilo del sector primario, que se ha producido en el transcurso de los últimos años la “desconexión del suministro de agua a 9.000 hectáreas de regadíos ilegales”, “con la participación responsable”, ha añadido la ministra, “por parte de los propietarios de los terrenos”. Asimismo, se ha acometido la tramitación de 130 expedientes de vertidos contaminantes, y se ha llevado a cabo, según Ribera, “un programa de inspección para garantizar que no se sigan produciendo”. Otras líneas clave de actuación del MITECO en torno al Mar Menor, en palabras de la vicepresidenta, tienen que ver con la creación de un cinturón verde alrededor de la laguna, bajo la cual no se permitirá “recuperar el paisaje”, sino también, ha incidido Ribera, “intervenir en casi 1.000 hectáreas que absorberán una carga de contaminante de alrededor de 900 toneladas al año”. El resto de líneas están vinculadas, principalmente, con la restauración hidrológico forestal de las ramblas mineras, hacia la que está destinada “más del 40% del presupuesto del Plan”, así como con la recuperación de espacios naturales todavía sin urbanizar, la gestión del riesgo de inundaciones en los municipios ribereños, la conservación de la biodiversidad y especies autóctonas en colaboración estrecha con el IEO, la actuación integral en la rambla del Albujón y la creación de un gemelo digital del Mar Menor que permita, según la ministra, “reproducir con un enorme grado de precisión la realidad y ver la manera de dar utilidad a las políticas ambientales desde el punto de vista de la ordenación del territorio y los programas municipales”. “Trasladar a la opinión pública la necesidad de seguir consolidando la protección” La visita de Teresa Ribera a la Región de Murcia ha tenido lugar justo un día después de la celebración del ‘supermiércoles’ del Mar Menor en la Asamblea Regional. Durante el debate parlamentario que ocupó toda la mañana se rechazaron las tres proposiciones de reforma de la ley de protección de la laguna de 2020, incluido el proyecto de Vox a la medida del lobby agrario. También se evidenció un profundo desacuerdo entre los cuatro grupos políticos con representación en la Cámara -PP, PSOE, Vox y Podemos- y una incapacidad para llegar a entendimientos en un ecosistema que arrastra importantes problemas de contaminación. “En estos debates recientes sobre cómo proteger la laguna”, ha manifestado la ministra en relación a la jornada parlamentaria del miércoles, “es capital entender que solo tenemos un suelo, y no un techo”. “Es necesario trasladar a la opinión pública la necesidad de seguir consolidando la protección del Mar Menor, y no reducirla”. A la reunión con Ribera han acudido diversos grupos sociales que acumulan años de protestas públicas en defensa del Mar Menor, y también representantes de los sectores económicos y empresariales. “Es importante contar con la colaboración de todos los actores, con su implicación en el día a día. Yo me comprometí a venir aquí cada tres meses, pero vuestro compromiso también se mantiene y genera frutos imprescindibles”, ha agradecido. “Es fundamental el trabajo coordinado, el esfuerzo de encontrarnos en la misma sala con preocupaciones muy diferentes. Culminar con éxito esta tarea nos debe llenar de orgullo a todos”, ha resaltado finalmente.

El operador ferroviario Renfe ha puesto a la venta este jueves billetes de AVE entre Galicia y Madrid a 18 euros, para viajar a partir del 21 de mayo en los nuevos trenes Avril. Tras ser anunciado esta semana, en la actualidad ya están disponibles en su web los viajes con descuento, sin que se hayan detectado incidencias en el funcionamiento de la página, como sí ocurrió en otras ocasiones, según informa Europa Press. Según datos de la compañía, Renfe ha puesto a la venta este jueves 39.000 billetes semanales en los servicios de Alta Velocidad desde Madrid a Galicia (Vigo, A Coruña, Santiago), muchos de ellos con un precio de 18 euros. Los trayectos comenzarán a circular a partir del 21 de mayo mediante los nuevos trenes S106 del fabricante Talgo, que cuentan con más de 500 plazas. Los billetes saldrán a la venta con una campaña de lanzamiento de 78.350 billetes con 'Superprecios', desde los 18 euros, donde se incluyen también viajes a Asturias. En Galicia, Renfe estrena con los S106 el servicio AVE en las ciudades de Vigo, Pontevedra, Vilagarcía, Santiago y A Coruña, después de que en 2021 el servicio de alta velocidad de Renfe debutase en Galicia con una conexión directa Madrid-Ourense, que actualmente también se prolonga hasta Alicante. El trayecto Vigo-Madrid durará algo más de 4 horas y A Coruña-Madrid contará con tiempos cercanos a las 3 horas y media, lo que supone un recorte de tiempos medio de unos 15 minutos, respecto a antes de la puesta en servicio de los S106. Los nuevos servicios AVE en Galicia y Asturias también beneficiarán a las ciudades de Castilla y León por las que circularán los AVE S106, al ser línea de alta velocidad: Zamora, Segovia, León, Palencia o Valladolid (así como Madrid). En Asturias el estreno del AVE es absoluto con la llegada de los S106, pues hasta ahora el Principado solo contaba con conexiones de larga distancia. Los tiempos de viaje del AVE Asturias-Madrid se traducen en tiempos de algo más de 3 horas a Oviedo y en media hora más a Gijón. La nueva oferta supone además sustituir dos servicios Alvia actuales por dos AVE S106 en las relaciones Gijón-Madrid-Castellón (tren pasante) y Gijón-Madrid, con más plazas y mejoras de confort. De 800.000 a dos millones de plazas El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció la salida a la venta de los billetes en la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta. Allí recordó que los Avril estarán operativos el 21 de mayo y que la oferta de plazas para la comunidad gallega pasará “de 800.000 a más de dos millones”. “Lo más importante es que vamos a duplicar la oferta para Galicia”, reivindicó antes de señalar que en el año 2018 los tiempos entre Madrid y Galicia “eran el doble”. Preguntado sobre el Plan del Corredor Atlántico, Puente avanzó que ha comprometido a Alfonso Rueda una reunión con el comisionado “de inmediato”. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno ha “acelerado” las licitaciones y ahora el Corredor Atlántico se encuentra “casi a la par” en fondos licitados con el Mediterráneo. “De manera que ese gap que había en el volumen y ritmo de ejecución entre los dos corredores la estamos enjugando y vamos a impulsar de manera muy importante el Corredor Atlántico para que cuanto antes tengamos esta infraestructura completada, que es una infraestructura vital para el país y también para su conexión con el resto de Europa”, ha aseverado.

El cine español suma una nueva presencia en Cannes. Tras el anuncio de que Jonás Trueba estrenará su nueva película, Volveréis, en la Quincena de los Realizadores; ahora se ha sabido que la directora Elena López Riera estrenará su nuevo trabajo, el mediometraje Las novias del sur, en la Semana de la Crítica del certamen. Se tratará de una proyección especial de este trabajo producido por Suica Films, productora con quien ya trabajó en su debut, El agua, que también se pudo ver en Cannes, en aquella ocasión en la Quincena de los realizadores. Un trabajo documental sobre “mujeres maduras que hablan de su matrimonio, de su primera vez, de su relación íntima con la sexualidad”. “En la repetición de estos ritos ancestrales, la directora cuestiona su propia ausencia de matrimonio, de hijos, y con ello, una cadena de relaciones madre-hija que se extingue”, dice la sinopsis oficial de este nuevo trabajo. Riera se confirma como uno de los nombres más prometedores del cine de autor español y vuelve a Cannes tras triunfar con su ópera prima, con la que además fue nominada al Goya a la Mejor dirección novel. A pesar de la ausencia del cine español en la Sección Oficial, finalmente ha encontrado su hueco en los festivales paralelos organizados bajo el amparo y la sombra de Cannes y que siguen siendo uno de los mejores escaparates para los directores de todo el mundo. A Trueba y López Riera hay que unir a Rodrigo Sorogoyen, que actuará de presidente de la Semana de la Crítica. Quedan todavía las últimas balas en la recámara de Thierry Fremaux para ver si hay alguna otra presencia española de última hora en el certamen más importante del año y el que marcará las tendencias del cine de autor durante los meses venideros.

El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha acusado al PP de verter “mentiras y falsedades” contra la exvicepresidenta Mónica Oltra, semanas después de que el juzgado archivara la causa. Baldoví ha aseverado que acusarla “sin pruebas y sin indicios” de encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada es “de ser una mala persona”, en referencia a la diputada del PP Elena Bastidas, quien llevó la denuncia hasta el Parlamento Europeo. Sin nombrarla directamente, pero en una alusión clara, Baldoví le ha dicho: “Eres una mala persona, has acusado a una persona sin pruebas y sin indicios”. “Mucha procesión y muy poca vergüenza”, ha agregado el portavoz. El ambiente se ha tensado con las referencias a la exdirigente de Compromís, en un cruce de reproches entre los valencianistas y los populares. Bastidas le ha reprochado su actitud fuera de micro, también al diputado de Compromís, Carles Esteve, que fuera del turno de palabra le ha dicho: “viste el auto, es mentira”. El presidentde de la Generalitat, Carlos Mazón, en su réplica, ha instado a Baldoví a “no insultar” a los diputados del PP. “Elena, toda mi solidaridad”, ha añadido. Mazón ha insistido en que Oltra “tiene” responsabilidad política y le ha preguntado a Baldoví si va a apoyar una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores que se está votando en el Ayuntamiento de Alcoi. Además, Mazón ha criticado que Baldoví salga al estrado cada semana a “tirar la traca” y le ha preguntado: “¿Para qué nos sirve Compromís a los valencianos?”. “Dan ustedes votos a cambio de nada”, ha remarcado y ha subrayado que “les importa un comino Alicante”. La discusión sobre Oltra ha continuado en el turno de preguntas de los diputados al Consell, cuando la portavoz adjunta, Isaura Navarro, ha insistido en las “mentiras y falsedades contra Oltra” que vertió el PP y ha vuelto a señalar a Bastidas, que fue con la ahora alcaldesa de València, María José Catalá, a Europa. “Ustedes sabían que era mentira”, ha manifestado y se ha dirigido a Mazón, a quien le ha dicho que se reunió con Oltra para recibir explicaciones al respecto. También ha asegurado que el PP tuvo “acceso a toda la documentación”. Por ello, ha aseverado que “ocupan esos escaños de manera ilegítima”. En la misma línea que Mazón se ha manifestado Susana Camarero, vicepresidenta segunda y consellera de Políticas Sociales, el mismo campo que gestionaba Oltra, que ha insistido en que “la responsabilidad judicial no es igual que responsabilidad política”, y ha apuntado que fue el PSPV quien presionó a la dirigente de Compromís para dimitir. “En ningún momento dijeron 'Vamos a aguantar porque creemos que es inocente'”, les ha espetado. Además, ha señalado que “todavía no le han pedido perdón” a “Maite, que es la verdadera víctima”.

El lider regional de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en el estado federado de Turingia, Björn Höcke, responde a partir de este jueves ante los tribunales por el uso de una consigna de la las SA, organización paramilitar nazi, en una manifestación de su partido. Höcke, en una marcha de AfD en mayo de 2021, uso la consigna “Todo por Alemania”, tomada de las SA. En otro acto pronunció sólo la primera parte de la consigna e invitó a los manifestantes a que la completarán. La fiscalía considera que Höcke, profesor de Historia en un instituto antes de empezar su carrera política, tenía consciencia de que estaba utilizando una consigna de la SA, lo que Höcke niega: sostiene que lo que quiso hacer fue una traducción libre del eslogan “America First” de Donald Trump. Höcke, que es considerado el líder más extremista de la AfD, calificó en una ocasión el monumento a las víctimas del Holocausto en Berlín como monumento de la vergüenza y ha dicho en sus redes sociales que las disposiciones del Código Penal contra el uso de símbolos y consignas nazis tienen como propósito impedir que Alemania vuelva a encontrarse a sí misma. Concretamente, la Fiscalía imputa a Höcke el uso de símbolos de organizaciones prohibidas lo que puede ser castigado con una pena de prisión de hasta tres años. Una condena podría llevar a que Höcke perdiera el derecho a ser elegido. En Turingia hay elecciones regionales en septiembre y la AfD, liderada por Höcke, encabeza las encuestas de intención de voto.

“De pronto oímos gritos. Era Rafael que trataba de evitar que manos anarquizantes sacasen de la iglesia santos y ornamentos o que entraran en el museo tan dormido y quieto. Habían encendido una hoguera”, recordaba la escritora María Teresa León en Memoria de la melancolía. Justo aquel verano de 1936 había decidido viajar a Eivissa junto a su pareja, Rafael Alberti, para escribir y descansar. Del estallido de la guerra se enteraron por la radio en el bar La Estrella, pero pronto se convirtieron en testigos de las víctimas y los estragos que fue dejando por toda la isla. Entre ellos, el saqueo y la destrucción de las iglesias: uno de los capítulos más desconocidos de la Guerra Civil en Balears, que alcanzó a más de medio centenar de templos y que supuso la desaparición de una parte importante del patrimonio religioso. Siete de agosto de 1936. Aquel viernes desembarcaron en Eivissa las fuerzas republicanas procedentes de la Península dispuestas a reconquistar la isla después de que triunfara el golpe de estado del 18 de julio. Apenas dos días después, según recogía en un informe el alcalde de Eivissa, Antonio Torres, comenzaron los asaltos a iglesias, conventos y seminarios. “Procedieron a destruir de manera sistemática toda clase de obras de arte que tuvieran carácter religioso”, aseguró. Una devastación que duró cerca de dos meses hasta que los sublevados se hicieron con el poder. La Catedral -que ya había sido alcanzada por un bombardeo el mismo 7 de agosto- fue “uno de los templos donde más salvajadas se cometieron”, según describió una crónica de Correo de Mallorca. No se salvó, decía, ni una sola imagen, ni los retablos ni los ornamentos. “Todo fue destrozado y profanado, entre befas y bullanga, e incendiados después los restos”. De una tacada se destruyeron, detalló Torres, la imagen de Santa María de las Nieves y su templete -obra del escultor catalán Adrià Ferran-, las puertas del coro, el órgano -fabricado a finales del siglo XVIII-, así como parte de los retablos e imágenes de las capillas. Las pocas que consiguieron salvarse sufrieron “bárbaras mutilaciones”, como dañada quedó también la sillería del coro y una imagen de Nuestra Señora del Rosario del siglo XVI.  Había sido justo allí, en la Catedral, donde el poeta Rafael Alberti había intentado convencer a los asaltantes de que “dejaran vivos los ángeles, los santos”, como escribió María Teresa León. Tampoco luego se detuvieron. Cuando las tropas republicanas bajaron hacia el puerto, la destrucción lo hizo con ellas. Fue así como la iglesia del Salvador -conocida también como San Telmo y, según el alcalde, “la más frecuentada” de la ciudad- fue reducida a ruinas. La Iglesia Maria Auxiliadora, en Menorca. “Ya en la posguerra, el régimen recaudó y destinó muchas ayudas a la reconstrucción de edificios religiosos en toda España y comenzó a levantarse de nuevo siguiendo el diseño original”, explica el periodista ibicenco José Miguel L. Romero, coautor de La causa general de les Pitiüses. Mejor suerte corrió la cercana iglesia de Santo Domingo, que apenas sufrió daños gracias a su reconversión en almacén para guardar, precisamente, los objetos procedentes de los saqueos. Sin embargo, de su interior desaparecieron la “veneradísima” imagen del Santo Cristo del Cementerio o de la Buena Muerte -que fue quemada y arrojada al mar por un acantilado-, los lienzos de la capilla del Rosario y el órgano.  La catedral de Eivissa fue 'uno de los templos donde más salvajadas se cometieron', según la prensa. Rafael Alberti había intentado convencer a los asaltantes de que 'dejaran vivos los ángeles, los santos', como escribió María Teresa León En busca de los culpables Cuando en 1940 se comenzó a instruir la Causa General “contra los hechos delictivos cometidos durante el dominio rojo”, el Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona ordenó investigar también la destrucción del patrimonio eclesiástico en Balears. A la pieza número diez centrada en la persecución religiosa se añadió una undécima dedicada al “tesoro artístico”.   Las pesquisas llevaron a recabar todo tipo de informes, testimonios y fotografías. El vicario general de Eivissa, por ejemplo, remitió una carta en la que aseguraba que en la isla habían sido “saqueadas y profanadas” 21 iglesias, entre ellas las de Nuestra Señora de Jesús, Santa Eulalia -“incendiada y destruida casi en su totalidad”, según Torres-, Sant Josep, Sant Vicent, Sant Miquel y Sant Carles. Como también, añade Romero, lo fueron el seminario y el Palacio Episcopal. En algunas, incluso, las campanas fueron desmontadas y fundidas. En otras, como las de Ferreries y Alaior, también se destruyeron los archivos parroquiales.  “Decenas de ibicencos fueron procesados por los saqueos y destrucciones”, afirma el periodista en su estudio. En muchos casos, se acabó determinando que habían actuado “obligados”. Los destrozos de los altares e imágenes de la parroquia de Sant Josep -valorados en 200.000 pesetas-, por ejemplo, se realizaron “bajo la dirección de un comité rojo”, según se recoge en la documentación original.  La dictadura buscaba culpables, pero cuando el alcalde de Formentera, Antonio Serra, compareció ante el juez, no pudo dar ningún nombre. Los republicanos le habían detenido antes de que comenzaran los destrozos. Sólo luego supo que las tres iglesias de la isla -Sant Francesc Xavier, Sant Ferran y Nostra Senyora del Pilar- habían sido “saqueadas y desmanteladas”. “Fue destruido en ellas todo objeto artístico y de utilidad”, declaró. La propia parroquia de Sant Francesc Xavier denunció después la desaparición de tallas, retablos, casullas, candelabros, lienzos, confesionarios e incluso la de la imagen del propio santo.  Daños en la Iglesia de Sant Francesc en Ciutadella. El Conde Rossi y la Virgen decapitada La situación no fue distinta cuando las tropas del general Bayo desembarcaron en Mallorca. Su odio hacia la religión era tal que, durante lo que duró su campaña, el núcleo de Porto Cristo (Manacor) fue rebautizado como Puerto Rojo. Según ha documentado Catalina Oliver Costa, su iglesia, la parroquia del Carme, tampoco salió bien parada: no sólo sufrió daños su retablo barroco, sino también los ventanales y una de sus fachadas. Sin embargo, fue la iglesia de Son Carrió (Sant Llorenç) la que se llevó la peor parte. “Los vándalos se ensañaron con ella y la dejaron completamente destruida”, relataban las crónicas del diario Última Hora. Según detalló el semanario Sóller, la fachada quedó marcada por numerosos impactos de los proyectiles, lo mismo que en la bóveda, donde se contaban más de veinte agujeros. En el interior, el suelo había quedado destrozado por la metralla y las paredes, “ennegrecidas por el incendio de muebles y objetos de culto que habían ardido hasta su total consunción”.  Dos soldados sublevados posan entre los destrozos provocados en la iglesia de Son Carrió en Sant Llorenç. “Pese a que pueda sorprender, hubo personas que se arriesgaron y lograron salvar parte de aquel patrimonio religioso”, asegura el historiador menorquín Miquel Àngel Casasnovas. De hecho, según Última Hora, una de ellas había sido precisamente el párroco de Son Carrió, Martín Rosselló. En los primeros momentos del desembarco se vistió de seglar y sacó de la iglesia los objetos de mayor valor. Los milicianos le buscaron y preguntaron por él, pero no consiguieron dar con su paradero.  Aun y así, Martín Rosselló había tenido que dejar atrás los objetos más grandes, que fueron atacados a conciencia: a una efigie del Sagrado Corazón le arrancaron los ojos y le acribillaron la cara “a balazos” mientras que las tallas de la virgen y de otros tantos santos y ángeles fueron decapitadas y arrojadas al suelo. “Aquella destrucción dio lugar a una de las fotos más conocidas de la Batalla de Mallorca”, reconoce el historiador Manuel Aguilera. La que inmortalizó al Conde Rossi rodeado de soldados posando entre las esculturas decapitadas, los ornamentos destruidos y los lienzos rasgados. En Son Carrió, Mallorca, a una efigie del Sagrado Corazón le arrancaron los ojos y le acribillaron la cara “a balazos” mientras que las tallas de la virgen y de otros tantos santos y ángeles fueron decapitadas y arrojadas al suelo “Un año después, en octubre de 1937, fue el convento palmesano de Sant Jeroni el que sufrió las consecuencias de la guerra”, relata Aguilera. En aquella ocasión, sin embargo, se trató de una destrucción indirecta. “El gobierno republicano había reactivado los bombardeos sobre Mallorca con los aeródromos y los cuarteles como principal objetivo. Y precisamente había un cuartel, el de Avenidas (Palma), muy cerca del convento”, explica. En aquel episodio fallecieron dos monjas y, según detalla el historiador Jaume Llabrés, se hundió la sala capitular. “Se consiguió conservar, pero las bóvedas se perdieron para siempre”, añade. Ya antes, justo en el verano de 1936, los cristales del rosetón central de la Catedral estallaron a causa de otro bombardeo y fueron “inmediatamente” sustituidos por una reproducción.  Una isla sin iglesias Sin embargo, las informaciones recogidas por la Causa General muestran que el grueso de los daños al patrimonio religioso se concentró en Menorca. La isla, explica el historiador Miquel Àngel Casasnovas, continuó en zona republicana hasta febrero de 1939 por lo que la destrucción, además, se alargó en el tiempo. “En julio de 1936 el culto católico quedó completamente acabado. Los templos que no acogieron otros usos simplemente permanecieron cerrados y se mantuvo una Iglesia en la clandestinidad. Mis abuelos, por ejemplo, se casaron en 1938 de forma casi secreta en la casa de un cura”, relata.  En julio de 1936 el culto católico quedó acabado. Los templos que no acogieron otros usos permanecieron cerrados y se mantuvo una Iglesia en la clandestinidad. Mis abuelos, por ejemplo, se casaron en 1938 de forma casi secreta en la casa de un cura Miquel Àngel Casasnovas — Historiador Basta echar un vistazo a la web de información turística de Menorca para hacerse una idea del alcance de la devastación. “Las imágenes actuales son de después de la guerra civil”, es la frase más repetida en la descripción de las iglesias. “Y eso se nota, porque la mayoría se construyeron durante la postguerra cuando los materiales eran muy precarios debido a la situación económica”, añade Casasnovas. Los informes y testimonios recopilados por el régimen recogen daños en una treintena de templos. El caso más extremo fue el del monasterio de Santa Clara de Ciutadella, que quedó, según la documentación, “totalmente destruido”. “Existía un proyecto para la construcción de viviendas y se decidió directamente demolerlo”, asegura el historiador menorquín.  Imagen de la destrucción en el antiguo convento de Santa Clara de Ciutadella. Vista de la destrucción del convento e iglesia de Santa Clara. Las imágenes muestran cómo fue reducido a poco más que un solar, pero no fue el único ejemplo de grave deterioro. “La iglesia del Roser también quedó muy afectada durante la guerra. Luego fue la sede de la sección femenina de la Falange y acabó por ser también abandonada hasta que en los años 70 u 80 comenzó su recuperación. En la actualidad es una sala de exposiciones”, detalla Casasnovas. Los daños provocados en la iglesia del Socors –que durante la contienda fue almacén de alimentos- llevaron a abandonarla durante muchos años, lo cual contribuyó a su deterioro hasta que hace algunas décadas se inició su restauración.  Precisamente esa transformación para dar respuesta a las nuevas necesidades de la contienda hizo que muchos edificios se salvaran de la quema y la desaparición. Mientras en Ciutadella la Catedral de Santa María se convertía en despensa de abastecimiento, en Maó la ermita de Nostra Senyora de Gràcia acogió tanto una sala de autopsias como el depósito de cadáveres, aprovechando su cercanía al cementerio, la iglesia de Nostra Senyora del Carme fue almacén de materiales para los ingenieros militares y la parroquia de Sant Francesc sirvió de garaje para vehículos. Éstas dos últimas, además, se vieron afectadas por los bombardeos ya en 1939.  Daños en la Catedral de Ciutadella. La Catedral de Ciutadella sólo se quedó con restos del Coro. Sin embargo, ninguno de esos nuevos usos consiguió evitar la destrucción del patrimonio que albergaban en sus interiores. “La revolución roja en Menorca tuvo un carácter especialmente iconoclasta. Ni una imagen quedó indemne en las numerosas iglesias, capillas y oratorios de la isla”, asegura uno de los informes incluidos en la Causa General. “Fueron ataques conscientes y premeditados. Dentro de la izquierda había un anticlericalismo muy radical y su intención fue acabar con el culto católico”, afirma Casasnovas.  Entre los peritajes y la profanación Fue también en Menorca donde la Guerra Civil hizo desaparecer las piezas de mayor valor artístico, hasta el punto de que los investigadores contrataron a peritos para cuantificar las pérdidas sufridas. En la Catedral, donde, entre otras obras, se destruyeron tres altares del siglo XV y otros doce fechados entre el XIV y el XVIII, los expertos cuantificaron los daños en más de 2 millones de pesetas. Destrucción registrada en la Catedral de Menorca. Las pérdidas en la parroquia de Sant Francesc, donde arrasaron con la sillería del coro del siglo XVIII, 41 imágenes sagradas, el órgano y siete altares de estilo barroco, entre otros bienes, se valoraron en 1,61 millones de pesetas. En Sant Lluís, sólo la destrucción de un cuadro del pintor francés Eustache Le Sueur –datado en el siglo XVII y que representaba al rey de Francia- se tarifó en medio millón de pesetas. Más alto fue el peritaje que se hizo del desaparecido convento de Santa Clara, que se cuantificó en 10 millones de pesetas, además de otro medio millón por su iglesia.  Otro de los aspectos más desconocidos de los estragos que la Guerra Civil hizo en el patrimonio religioso de las Islas fue el de la profanación de sepulturas. El propio alcalde de Eivissa, Antonio Torres, detalló en su denuncia que se había profanado el enterramiento de sacerdotes de la Cofradía de Santa María. En Menorca la situación se repitió tanto en la parroquia de Sant Francesc –donde “violaron las sepulturas de la cripta” situada bajo el altar mayor y profanaron los esqueletos que encontraron- como en la propia Catedral.  Pese a toda la documentación que se conserva sobre estos episodios, Casasnovas reconoce que no ha existido un análisis exhaustivo de esta importante pérdida patrimonial ni en Menorca ni a nivel de toda Balears. “Más allá de algunos casos concretos no ha habido un estudio sistemático y creo que sería necesario porque también es parte de la memoria histórica”, subraya. 

La Consejería de Educación de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía de Madrid un posible caso de corrupción que afecta a Alfonso Mateos, hasta ahora subdirector general de Centros de Formación Profesional, a quien cesó el pasado mes febrero tras conocer los hechos, que no se habían hecho públicos hasta ahora. Según ha podido saber elDiario.es, Mateos había sido destituido y había vuelto a su plaza de profesor tras un presunto caso de corrupción. La Comunidad de Madrid ha confirmado ahora que es uno de los implicados en “un presunto delito relacionado con la contratación de unas obras de reforma en el complejo educativo Ciudad Escolar, en el que podrían estar implicados varios funcionarios públicos”, según fuentes oficiales de Educación. El asunto ha sido denunciado por la propia Consejería ante la Fiscalía de Madrid. El caso se destapó cuando, el pasado mes de septiembre se recibió en Educación un burofax “en el que se solicitaba el pago de una elevada cantidad económica adeudada por obras de reforma realizadas en uno de los edificios de este complejo”, según la versión oficial. Complejo educativo de San Fernando, en el que se investigan las obras Los técnicos comprobaron que en la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería no figuraba ningún expediente de contratación. Según Educación, “se solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias de esta reclamación económica”. Ante los indicios hallados de que podría haberse cometido un delito y para investigar esas obras fantasma, el pasado 13 de marzo se elevó un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid “para poner en conocimiento del Fiscal Jefe de este órgano la posible implicación de tres funcionarios en presuntos delitos relacionados con la contratación de estos trabajos”. Aunque la Consejería no ha querido especificar el montante del dinero supuestamente desviado, fuentes cercanas al caso han relatado a elDiario.es que esa “elevada cantidad” que admite Educación podría tratarse de millones de euros. El macrocomplejo de Ciudad Escolar está en San Fernando, un municipio al norte de Madrid, y tiene 500.000 metros cuadrados, uno de los más grandes de la Comunidad. Alberga, según su propia web, tres institutos de secundaria, entre ellos el IES Hotel Escuela de hostelería. También tiene un centro de formación ambiental, pabellones deportivos, salas de eventos y residencias de estudiantes. elDiario.es no ha podido confirmar en qué recinto se proyectaron las reformas que están ahora bajo investigación. Imagen del macrocomplejo De San Fernando El desempeño de Alfonso Mateos ya fue cuestionado a principio de este año por la gestión de las prácticas obligatorias de los alumnos de FP. No había plazas para todos los inscritos, especialmente en la rama sanitaria, como adelantó El País, de manera que ni podrían graduarse ni trabajar, ya que sin poder hacer prácticas quedaban varados. Esto acabó en protestas y manifestaciones de estudiantes, que denunciaron que se daba prioridad a los alumnos de centros de Formación Profesional privados. El problema, según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes educativas, fue finalmente resuelto gracias a la presión social. elDiario.es ha podido contactar con Alfonso Mateos, que ha emplazado a este medio a contactar más adelante. Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción por correo electrónico: pistas@eldiario.es

El cambio climático no solo afectará a nuestra salud y el medio ambiente, sino que lo notaremos de forma directa en el bolsillo, según un trabajo publicado este miércoles en la revista Nature por investigadores del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (Alemania).  Según sus estimaciones, la economía mundial está abocada a una reducción media de ingresos del 19% a mediados de siglo debido al cambio climático, con pérdidas previstas en casi todos los países. En el caso de España, los efectos del cambio climático reducirán la renta media un 18% en 2050 (en comparación con un escenario sin cambio climático), casi tanto como la media mundial y significativamente más que en Francia (13%) e Italia (15%), por ejemplo. -30 -25 -20 -10 -5 -2 0 2 5 10 20 25 30 Porcentaje de cambio en los ingresos (relativo a la economía sin cambio climático) FUENTE: NATURE -30 -25 -20 -10 -5 -2 0 2 5 10 20 25 30 Porcentaje de cambio en los ingresos (relativo a la economía sin cambio climático) FUENTE: NATURE Los modelos arrojan más luz sobre las posibles consecuencias de las emisiones descontroladas de carbono y sugieren que éstas no se sentirán de manera uniforme en todo el mundo. Las proyecciones del daño económico del cambio climático son cruciales para los procedimientos de adaptación y planificación de entidades tanto públicas como privadas. Sin embargo, los modelos suelen estar limitados por la naturaleza desalentadora y variable de los resultados climáticos a largo plazo.  La mitigación es rentable Para el estudio, la investigadora Leonie Wenz y su equipo han modelado los efectos potenciales de los escenarios climáticos sobre la productividad económica utilizando datos locales de temperatura y precipitación de más de 1.600 regiones de todo el mundo en combinación con datos climáticos y de ingresos de los 40 años anteriores y proyecciones climáticas. Las proyecciones indican que, debido a las emisiones anteriores, la economía mundial experimentará una reducción de ingresos del 19% para 2049 en comparación con una base de referencia sin impactos del cambio climático. Estos daños estimados ya superarían en seis veces los costos asociados con limitar el calentamiento de acuerdo con el Acuerdo Climático de París, destacando los beneficios monetarios de la mitigación en la segunda mitad del siglo.  Se prevén fuertes reducciones de ingresos en la mayoría de las regiones, incluidas América del Norte y Europa, siendo Asia meridional y África las más afectadas Maximilian Kotz — Investigador del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam y primer autor del estudio “Se prevén fuertes reducciones de ingresos en la mayoría de las regiones, incluidas América del Norte y Europa, siendo Asia meridional y África las más afectadas”, asegura el primer autor del estudio, Maximilian Kotz. “Estas se deben al impacto del cambio climático en diversos aspectos relevantes para el crecimiento económico, como el rendimiento agrícola, la productividad laboral o las infraestructuras”. En general, se estima que los daños globales anuales ascienden a 38.000 millones de dólares, con un rango probable de 19 a 59 mil millones de dólares en 2050. Estos daños se deben principalmente al aumento de las temperaturas, pero también a los cambios en las precipitaciones y la variabilidad de las temperaturas. Tener en cuenta otros fenómenos meteorológicos extremos, como tormentas o incendios forestales, podría aumentarlos aún más. Peor para los más pobres Como con el resto de factores, una vez más serán los países más pobres los que sufrirán las peores consecuencias. El estudio prevé que los países con los ingresos más bajos y las emisiones históricas más bajas sufran una pérdida de ingresos un 61% mayor que la de los países de ingresos más altos y un 40% mayor que la de los países con mayores emisiones, lo que sugiere que un mayor calentamiento exacerbará los efectos de la injusticia climática.  Estas cifras sugieren que la economía mundial está camino de sufrir daños significativos por el cambio climático causado por el hombre, siendo los países de ingresos más bajos los más vulnerables a la pérdida de ingresos. “Nuestro análisis muestra que el cambio climático causará daños económicos masivos en los próximos 25 años en casi todos los países del mundo, también en los altamente desarrollados como Alemania, Francia y Estados Unidos”, dice Wenz. “Estos daños a corto plazo son el resultado de nuestras emisiones pasadas. Necesitaremos más esfuerzos de adaptación si queremos evitar al menos algunos de ellos”.  La investigadora también subraya que tenemos que reducir nuestras emisiones de manera drástica e inmediata; de lo contrario, las pérdidas económicas serán aún mayores en la segunda mitad del siglo, alcanzando hasta el 60% del promedio mundial para 2100. “Esto muestra claramente que proteger nuestro clima es mucho más importante y más barato que no hacerlo, y eso sin siquiera considerar los impactos no económicos como la pérdida de vidas o la biodiversidad”. “Un estudio excelente y riguroso” “Los autores de este trabajo muestran claramente que la transición a fuentes de energía sostenibles es significativamente menos costosa que el coste que ya estamos 'comprometidos' a soportar por nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en el pasado, por lo que nos habría ido mucho mejor si no hubiéramos retrasado tanto la acción climática”, asegura Ilan Noy, catedrático de Economía de las Catástrofes y el Cambio Climático de la Universidad Victoria de Wellington (Nueva Zelanda), en declaraciones a SMC. Sin embargo, matiza el experto, “este tipo de enfoque de modelización no es adecuada para sacar conclusiones sobre los costes del cambio climático a nivel local” y “este enfoque no tiene en cuenta las peculiaridades locales de nuestras actividades económicas”. Esto no resta valor a su mensaje principal, apunta. “Al fin y al cabo, el argumento para que nosotros (y todos los demás en el mundo) trabajemos hacia el cero neto no es que nuestras acciones importen a nivel local, sino que urgen por su impacto global”. “Se trata de un estudio excelente y riguroso, que aporta información complementaria a trabajos previos y de acuerdo a los mejores estudios actuales”, señala Ana Iglesias, investigadora en el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios Medioambientales (CEIGRAM) de la Universidad Politécnica de Madrid, también a SMC. “Podría tener importantes consecuencias para [ayudar a] formular nuestros planes de adaptación a nivel estatal y también local, teniendo en cuenta la ética y la justicia medioambiental. Pero también hay que tener en cuenta la incertidumbre en las posibles respuestas de la sociedad respecto al consumo, sobre todo de energía”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reabierto el debate del pago por uso de las carreteras, asegurando que España tiene una reflexión pendiente sobre cómo financia sus carreteras, si mediante impuestos o con peajes, según recoge Europa Press. “Las carreteras no son gratis, o bien se pagan a través de sus usuarios o bien se pagan a través de los impuestos de todos. Tendremos que tomar una decisión e invito a las formaciones políticas a que reflexionemos con responsabilidad”, ha señalado en un foro organizado por 'El Español'. El ministro ha advertido de que si la elección es pagarlas con impuestos, se seguirán dando situaciones “no muy justas”, como que un camión que viene de Alemania a su paso por los distintos países de la Unión Europea pague por usar las vías, pero cuando llega a España lo hace gratis. Puente ha recordado que la política actual del Gobierno es retirar los peajes de todas las autopistas en las que están presentes a medida que van venciendo los contratos con las empresas encargadas de operarlas. “Nosotros lo que estamos haciendo es ir a un sistema uniforme. Hemos ya liberalizado de peajes 1.000 de los 2.500 kilómetros de autopistas que nos encontramos cuando llegamos al gobierno en 2018 y cuando eso esté homogenizado, tendremos que tomar una decisión como país”, ha concluido al respecto. En octubre, la La Comisión Europea dio el visto bueno a la segunda parte del Plan de Recuperación y Resiliencia presentado por España, en la que descarta la imposición de peajes en las autovías. “Ha sido reemplazada por provisiones que promocionan el uso del transporte ferroviario por carretera para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, aseguró entonces la portavoz de Economía de la Comisión, Veerle Nuyts. Tiende la mano con la Ley de Movilidad Sostenible En cuanto al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación tiene que darse antes de fin de año para recibir un nuevo pago de los fondos europeos, el ministro ha tendido la mano al PP para lograr un consenso en su tramitación. “Es un proyecto que va a requerir de la aportación de todos y de amplios consensos. A mí me gustaría que esta ley saliera adelante, como mínimo, con el apoyo de los dos grandes partidos de este país. Y creo es posible, no solo deseable, sino que es posible”, ha añadido. Sobre la transferencia integral de los trenes de Cercanías de Cataluña (Rodalies) a la Generalitat, Puente ha advertido a los catalanes de que esta operación “no será un Bálsamo de Fierabrás”, es decir, que los robos de cable de la catenaria, los arrollamientos o los daños por vandalismo no se van a eliminar con el traspaso de transferencias. “Lamento mucho decir que no van a desaparecer, aunque es verdad que cuando nosotros hagamos el traspaso también habrá habido una mejora importante de las infraestructuras con las inversiones que se están realizando en este momento”, ha explicado. Por último, el ministro también ha sido cuestionado sobre sus declaraciones sobre Ouigo, uno de los rivales de la pública Renfe en la alta velocidad, a la que acusa de competencia desleal por tirar los precios de los billetes por debajo de los 10 euros. “Si al final lo que estamos es yendo a un sistema en el que las tres empresas (Renfe, Ouigo e Iryo) pierden dinero y son los respectivos estados los que tienen que poner el dinero (las tres tienen capital público), lo que estamos diciendo es que el coste de los servicios de alta velocidad lo tienen que pagar los Estados miembros, los ciudadanos, a través de sus impuestos”, ha concluido.

El equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha difundido este miércoles a diversos medios de comunicación que Hacienda se dispone a devolver más de medio millón de euros a su pareja, Alberto González Amador, aunque sin aportar ningún tipo de prueba o documento que sustente esa afirmación. Desde Hacienda denuncian el “afán de confundir y tergiversar” de la Comunidad en torno a este caso mientras la propia Ayuso insiste en definir como “una cacería política” el caso de su pareja, cuyo abogado admitió por escrito hace varios meses que había cometido dos delitos fiscales por un valor superior a 350.000 euros con un entramado de facturas falsas. Diversos medios de comunicación han difundido las afirmaciones citando fuentes de la Comunidad de Madrid y del equipo de la presidenta. Afirmaciones según las cuales la Agencia Tributaria ha pedido –o pedirá en el futuro, en función del medio que lo publica– que se le devuelva más de medio millón de euros a Alberto González Amador. Una afirmación seguida de reflexiones que hacen desde la Puerta del Sol sobre cómo este movimiento demuestra que Ayuso tenía razón al afirmar que se trata de una “cacería” y que, en realidad, es Hacienda quien debe dinero a su pareja. El equipo de la presidenta regional ha difundido esta información, por el momento, sin aportar ningún tipo de dato o documento que sustente la afirmación que realiza. Su jefe de prensa, por el momento, no ha atendido las llamadas ni ha contestado los mensajes de este medio para plantear preguntas al respecto. No especifica, por ejemplo, si esa supuesta devolución está relacionada con el doble delito fiscal que él mismo reconoció en el Impuesto de Sociedades o, por contra, con otras inspecciones fiscales relativas a años distintos o a tributos distintos, como el IRPF, que hayan terminado en una liquidación ordinaria y no en un proceso penal. La propia Isabel Díaz Ayuso ha salido a comentar la información fiscal de su pareja inicialmente difundida por su propio equipo para insistir, sin citar ese medio millón, en la teoría de que la investigación de Hacienda, la denuncia de Fiscalía y la imputación judicial responden a una operación del Estado contra ella: “Yo no mentí. Tenía razón y todo lo que está pasando obedece a una cacería política”, ha afirmado. Fuentes de Hacienda rechazan comentar los datos concretos de Alberto González Amador pero sí critican que la Comunidad de Madrid y el PP hablen “en nombre de la Agencia Tributaria” y que la presidenta regional compagine las acusaciones de “cacería” con la supuesta devolución de más de 500.000 euros. Según esta fuentes, la afirmación de que esa supuesta devolución neutralizaría la doble imputación por delito fiscal no es cierta: “Solo desde el afán de confundir y tergiversar una persona puede realizar afirmaciones como esta”. Un fraude fiscal reconocido Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, la Fiscalía denunció a Alberto González Amador, sus empresas y varios socios por perpetrar un fraude fiscal de más de 350.000 euros. Un fraude perpetrado a través de 15 facturas falsas con las que aumentó artificialmente los gastos de sus empresas y redujo de forma drástica e ilegal su factura del Impuesto de Sociedades después de cobrar varios millones de euros en comisiones por participar en la compraventa de mascarillas durante la pandemia. González Amador tendrá que declarar como imputado en un juzgado de Madrid el próximo 20 de mayo. Lo hará después de que el pasado mes de febrero su propio abogado se dirigiera por escrito a la Fiscalía para reconocer explícitamente los dos delitos fiscales y poner en marcha un pacto para ahorrarse buena parte del proceso penal a cambio de asumir los hechos y pagar el dinero. La documentación del caso también revela que, a lo largo del proceso judicial, la pareja de Isabel Díaz Ayuso intentó sin éxito regularizar su situación y saldar parte de sus deudas cuando la investigación ya estaba en marcha. Lo hizo intentando anular algunas facturas y abonando lo que debía en la declaración del Impuesto de Sociedades de años siguientes. ------ En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información. Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, da un paso más en el apoyo político a la causa palestina, en medio de la matanza de Israel en Gaza, por la que el país hebreo está siendo juzgado en el Tribunal de la ONU en La Haya por delitos de genocidio. Así, Bustinduy se ha reunido en su ministerio este miércoles con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, y le ha trasladado el ofrecimiento para que Palestina sea el invitado oficial durante la participación de España en el Foro Político de Alto Nivel, que se celebrará en la sede de la ONU en Nueva York el próximo mes de julio. En esa reunión de la ONU la delegación española, encabezada por Bustinduy, participará en el Examen Voluntario Nacional al que España se someterá para rendir cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que España, junto con otros 192 países, se comprometió a cumplir hace nueve años. Según explican en Derechos Sociales, todos los países que se presentan a este examen tienen derecho a organizar una sesión en la sede de Naciones Unidas, y Bustinduy ha decidido invitar a Palestina como socio en este acto “como una vía más para visibilizar la situación de vulneración de derechos humanos que sufre el pueblo palestino”.  La reunión entre Bustinduy y el embajador palestina se enmarca dentro de las “diferentes acciones que el Gobierno español está realizando para el reconocimiento del Estado palestino, su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU y la necesidad de poner fin al genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino”, explican en Derechos Sociales. El embajador de Palestina trasladará el ofrecimiento a las autoridades de su país. En relación con la situación que se vive en la región, agravada por la tensión entre Israel e Irán, Bustinduy ha dicho en la reunión, según las fuentes, que “no basta con exigir un alto al fuego inmediato” y ha insistido en que la comunidad internacional debe intervenir para asegurar que “los responsables rindan cuentas ante un tribunal internacional”.  De acuerdo con las fuentes, el embajador de Palestina ha mostrado a Bustinduy su preocupación “por la vinculación de empresas europeas a actividades que puedan tener un impacto directo o indirecto en los territorios palestinos ocupados y en el genocidio en curso”. “Hemos recibido esta preocupación del embajador y hemos expresado nuestra determinación a continuar dando apoyo al pueblo palestino en todos los ámbitos posibles dentro de las competencias de este Ministerio”, ha afirmado Bustinduy.  Ofensiva israelí contra España El ministro israelí para Asuntos de la Diáspora y para Combatir el Antisemitismo, Amichai Chikli, calificó hoy al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de “líder extremadamente débil” sin “una brújula moral” por sus posiciones en relación con la guerra en Gaza y el reciente ataque iraní. “Sé que Sánchez no tiene una brújula moral” y que es un “líder extremadamente débil”, dijo Chikli en unas declaraciones en la sede de la Asociación de la Prensa Israel Europa en Bruselas. En la misma conferencia, el ministro israelí celebró que todos los lideres de la UE “salvo Sánchez” hayan condenado “alto y claro” el ataque de Irán y llamó a los 27, que se reúnen hoy y mañana en una cumbre en Bruselas, a acordar “duras sanciones” contra el país persa de forma que no haya ni “diplomacia” ni “negocios” con Teherán. “Esto mandaría un mensaje a la gente de Irán de que tienen a Europa detrás”, aseguró Chikli, quien señaló que el objetivo último debe ser eliminar el régimen religioso que gobierna ese país. El Grupo Árabe en la ONU pide que se admita a Palestina Al mismo tiempo, el Grupo Árabe en la ONU ha pedido que se apoye el proyecto de resolución presentado por Argelia que se votará este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU y recomienda la admisión de Palestina como Estado de pleno derecho (y no como mero observador) en la organización. La petición se planteó por primera vez en 2011 pero entonces ni se llegó a votar. En un comunicado, el grupo que representa al bloque regional expresa “su apoyo inquebrantable a la solicitud del Estado de Palestina de convertirse en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas” e insta al Consejo a “que atienda el llamamiento de la comunidad internacional y apruebe la solicitud de adhesión de Palestina sin más demora”.  “Pedimos a todos los miembros del Consejo de Seguridad que voten a favor del proyecto de resolución presentado por Argelia en nombre del Grupo Árabe y con el apoyo de Estados de todas las regiones del mundo. Como mínimo, imploramos a los miembros del Consejo que no obstaculicen esta iniciativa fundamental”, se lee en el comunicado. “Cualquier otra cosa sería una abdicación flagrante de la responsabilidad del Consejo de defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional”. Para el Grupo Árabe “durante demasiado tiempo se ha negado a Palestina el lugar que le corresponde en la comunidad de naciones. Ha llegado el momento de corregir este error histórico y hacer realidad los derechos inalienables del pueblo palestino a la autodeterminación, la soberanía y la condición de Estado”.

El Festival de Cannes ha roto sus normas (no escritas) y por primera vez ha decidido dar una Palma de Oro honorífica colectiva en vez de a una persona individual. Normalmente el galardón recae sobre un cineasta, una actriz o un actor; pero en esta ocasión, el certamen ha optado por reconocer la labor del Studio Ghibli, historia del cine en general, y del de animación en concreto, y responsable de obras maestras como Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro. También ganó el premio Oscar a la Mejor película de animación esta última edición gracias a El chico y la garza. En una nota de prensa Cannes ha comunicado su decisión, subrayando lo excepcional del premio, y destacando a “dos magníficos narradores, Hayao Miyazaki e Isao Takahata”, creadores de “una gran cantidad de personajes de culto que ha desatado un nuevo viento en el cine de animación durante las últimas cuatro décadas”. Toshio Suzuki, cofundador del Studio Ghibli, se ha mostrado honrado con el reconocimiento en el comunicado, en el que recuerda que ya hace 40 años fundaron dicho estudio “con el deseo de llevar animación de alto nivel y alta calidad a niños y adultos de todas las edades”. “Hoy en día, nuestras películas son vistas por personas de todo el mundo, y muchos visitantes vienen al Museo Ghibli, Mitaka y el Parque Ghibli para experimentar el mundo de nuestras películas por sí mismos. Realmente hemos recorrido un largo camino para que Studio Ghibli se convierta en una organización tan grande. Aunque Miyazaki y yo hemos envejecido considerablemente, estoy seguro de que Studio Ghibli seguirá asumiendo nuevos desafíos, liderados por el personal que continuará con el espíritu de la empresa. Sería un gran placer para mí que esperaran con ansias lo que sigue”. Este año, Cannes ya había anunciado la otra Palma de Oro de Honor, que irá para el cineasta George Lucas, pero “por primera vez en nuestra historia, no hemos elegido celebrar a una persona sino a una institución”, afirmaron Iris Knobloch, presidenta del Festival de Cannes, y Thierry Frémaux, delegado general. “Como todos los iconos del cine, estos personajes pueblan nuestra imaginación con universos prolíficos y coloridos y narraciones sensibles y cautivadoras. Con Ghibli, la animación japonesa se erige como una de las grandes aventuras de la cinefilia, entre tradición y modernidad”.

La comisaría de Via Laietana de Barcelona, epicentro de torturas durante el franquismo, será declarada oficialmente “lugar de memoria democrática”. El Gobierno responde así a la demanda que tramitaron varias entidades sociales y de víctimas de la dictadura, aunque no se plantea satisfacer la principal su exigencia: convertir definitivamente la actual sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya en un centro memorial.  El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el Gobierno tramitará el expediente a lo largo de 2024. “El edificio será designado lugar de memoria”, ha remarcado en una rueda de prensa junto al alcalde de la ciudad, el también socialista Jaume Collboni. Sobre el traslado de la Policía, al que siempre se ha opuesto el Ministerio del Interior, se ha limitado a afirmar: “Su futuro uso será acordado entre todas las Administraciones desde el consenso y el diálogo”.  “La declaración como espacio de memoria no comporta un cambio de uso del edificio, cuya dependencia corresponde al Ministerio del Interior”, remarca también el Ayuntamiento en un comunicado. El origen de la declaración como lugar de memoria democrática, una figura prevista en la Ley de Memoria Democrática de 2022, tiene su origen en la solicitud de entidades como Ateneu Memòria Popular, Fundació Cipriano García-CCOO, Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, Amical de Mauthausen. Las asociaciones registraron la petición en enero de 2023. De acuerdo con la ley, la consideración de estos lugares implica que la Administración debe “garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada”. Además, está obligada a elaborar “recursos audiovisuales y digitales explicativos” sobre los hechos históricos y, más concretamente, “puntos de reconocimiento de las víctimas” en caso de que se hayan cometido crímenes contra los derechos humanos.  Desde la Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, Carles Vallejo, impulsor además de la primera querella por torturas franquistas a raíz de la nueva ley, valora “positivamente” el anuncio del ministro, que ve como un “primer paso”. “Ahora falta por ver el cuándo y el cómo”, ha añadido.  Para Vallejo, la declaración es incompatible con el mantenimiento de la sede de la Policía Nacional en Via Laietana. Y recurre a la definición que hace la ley de esos lugares para argumentarlo, puesto que especifican que pasan a tener una “función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”. En paralelo, el ministro Torres también ha desvelado que el Consejo de Ministros aprobará varias cuestiones vinculadas a memoria democrática, entre ellas un acuerdo para avanzar en la restitución de Lluís Companys y Salvador Puig Antich. El alcalde Collboni, por su parte, ha afirmado que actualmente España vive un momento “muy preocupante” por “la ofensiva de la ultraderecha con la complicidad de la derecha en muchas comunidades autónomas para blanquear la dictadura franquista”.

El tiempo del silencio y de no querer criticar en público a Carles Puigdemont se ha acabado para ERC. Los republicanos encaran las elecciones del 12 de mayo con una campaña que reivindicará sus políticas en el Govern pero que no rehuirá el cuerpo a cuerpo con el candidato de Junts y el del PSC, Salvador Illa. Los republicanos buscan que las elecciones sean un duelo a tres y no a dos entre el expresident y el jefe del filas del PSC. Para ello Aragonès lleva semanas insistiendo en celebrar debates con Puigdemont, algo que el líder de Junts ha rechazado. En un desayuno informativo de este miércoles, Aragonès ha cuestionado las “llamadas a la unidad” del Puigdemont, “Siempre he tenido la mano tendida, creo que no ha sido correspondida en muchos ámbitos”, ha lamentado, al tiempo que ha afeado los “cambios de opinión” del líder de Junts en cuanto a la conveniencia de negociar con el Gobierno. Horas más tarde, ERC ha presentado su lema e imagen de campaña, protagonizada por Aragonès. La candidatura ha apuntado que la imagen quiere reflejar que se trata de una candidatura plural y variada que va “más allá de una sola persona y pone por delante los intereses de la gente”. Según ha expresado la portavoz del partido, Raquel Sans, la propuesta de ERC pone por delante los intereses de los catalanes. A renglón seguido, ha criticado a Illa y a Puigdemont porque, a su juicio, el líder del PSC “deja que decidan desde Madrid y que es un delegado de la Moncloa”, mientras que “la propuesta para Catalunya del señor Puigdemont es Puigdemont”. Sans ha subrayado que se presentan a este 12M con propuestas, con ganas de debatir y con la “hoja de resultados de tres años de Govern republicano”, y con el objetivo final de revalidar la presidencia de la Generalitat. El acto de inicio de campaña de ERC será el jueves 25 de abril en Barcelona, en los Jardinets de Gràcia, y habrá dos actos centrales: uno en Ginebra (Suiza) del domingo 18 de abril, con los cargos del partido que viven en la ciudad helvética por el caso Tsunami (Marta Rovira i Rubén Wagensberg) y otro el sábado 4 de mayo en Pineda de Mar (Barcelona), el pueblo del president.

La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban ha recibido un aval relevante en su petición para archivar la causa por el espionaje a Pere Aragonès. La Fiscalía ha apoyado la solicitud de la exjefa de la inteligencia española para cerrar la causa al considerar que su actuación estuvo amparada por los autos del Tribunal Supremo que permitieron la interceptación total de las comunicaciones del dirigente de ERC.  En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía expone que la solicitud de Esteban para archivar el caso debe prosperar “al haber resultado su actuación como directora del CNI ajustada a Derecho y no ser la misma constitutiva de delito”. Esteban es, a día de hoy, el único excargo del CNI imputado por el espionaje a los independentistas catalanes.  El juez Santiago García, que investiga la infiltración con el programa 'Pegasus' en el teléfono del actual president de la Generalitat cuando era vicepresidente del Govern entre los años 2019 y 2020, rechazó archivar el caso al sospechar que el CNI pudo espiar a Aragonès también en 2018, sin autorización del Tribunal Supremo. La Abogacía del Estado, que defiende a Esteban, recurrió ante la Audiencia de Barcelona la decisión del juez de mantener abierto el caso, y ahora el fiscal se ha adherido a su petición. Para la Fiscalía, resultan claves las fechas del espionaje. La defensa de Aragonès, que ejerce el penalista Andreu Van den Eynde, considera que, aunque fueran autorizadas por el Supremo, las tres intervenciones del móvil del president solicitadas por el CNI son ilegales porque responden a motivaciones políticas. Los autos del Alto Tribunal autorizaron el uso de Pegasus entre julio de 2019 y abril de 2020. Por el contrario, el fiscal sostiene que, al estar avalado por el Supremo, el espionaje fue plenamente legal. Además, el fiscal desvincula a Esteban de la sospecha de que el CNI pudo espiar a Aragonès en 2018 sin permiso del Supremo ya que, por aquellas fechas no era la jefa de los espías (si bien ocupaba un cargo relevante en el escalafón del centro: era su secretaria general). El fiscal tampoco pide imputar al entonces jefe del centro, Félix Sanz Roldán. “Bajo ninguna circunstancia puede atribuirse a la sra. Esteban participación en hechos previos a que fuera directora del CNI”, remacha el fiscal de delitos informáticos de Barcelona, Roberto Valverde. Además, el fiscal discrepa del juez y no ve necesario investigar si el CNI investigó en 2018 a Aragonès sin permiso del Supremo. Según argumenta el Ministerio Público, esta línea de investigación “carece de todo fundamento” y supondría una “investigación prospectiva” prohibida por la ley. En paralelo a que la Audiencia de Barcelona estudie los recursos para archivar el caso, el juez pretende encargar un informe pericial a los Mossos d'Esquadra para corroborar si, como concluye el dictamen de un laboratorio privado encargado por el president, el móvil de Aragonès fue espiado en 2018, sin permiso del Supremo. Los autos del Alto Tribunal que sí avalaron el uso de Pegasus en Aragonès permitieron al CNI interceptar sus comunicaciones telefónicas, los datos asociados así como la localización geográfica del teléfono del entonces vicepresident del Govern en fechas políticas clave, como las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez o las protestas contra la sentencia del procés en 2019. La petición del CNI al Supremo para espiar a Aragonès fue que era líder de los CDR, algo que el president siempre ha negado y que no ha aparecido nunca en la investigación a estos grupos que realizó la Audiencia Nacional.

La defensa de Eduardo Zaplana ha aprovechado para que el exministro y expresidente de la Generalitat declarara este miércoles de nuevo a ciertas preguntas, por alusiones a las afirmaciones de otros acusados que han declarado como legales representantes de empresas implicadas, concretamente su exjefe de gabinete, Juan Francisco García, al frente de la consultora Dobles Figuras, que facturó falsamente más de un millón de euros a la empresa de Vicente Cotino, otro de los que ha confesado. Zaplana ha negado que se reuniera con Juan Cotino, exconseller y exdirector general de la Policía con el PP, para diseñar el amaño de la adjudicación de las ITV y el cobro de comisiones. El principal acusado se ha remitido a sus agendas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para rechazar un hecho confirmado por su exjefe de gabinete. Zaplana ha dicho que “jamás” habló del asunto con Juan Cotino. El sobrino del político aludido, el empresario Vicente Cotino, confesó los hechos y confirmó que el clan político-económico pagó una mordida a Zaplana por el amaño de la adjudicación de las ITV. Para tratar de demostrar que su jefe de gabinete habría mentido en su confesión, Zaplana se ha remitido a su “relación absolutamente inexistente” con Juan Cotino en el periodo en que se apagaron las comisiones en el extranjero. “Se puede observar en mi agenda que la última reunión con Juan Cotino es de 2003”, ha dicho. Hasta su detención en 2018, “no hay una sola reunión” con Cotino en su agenda intervenida por la UCO. Eduardo Zaplana se ha referido a las sonadas guerras internas en el PP valencianos entre 'campistas' y 'zaplanistas' a partir del momento en que el acusado fue nombrado ministro de Trabajo por José María Aznar. “Nos llevábamos fatal”, ha dicho. También se ha remitido a las “hemerotecas de cualquier medio”. “Yo rompí relación en la Comunitat Valenciana con el Gobierno de [Francisco] Camps”, ha recordado. “Aquello fue un episodio bárbaro mediático”, ha dicho. También se ha referido a los “plantes” en las Corts Valencianes por parte de los diputados del sector zaplanista. “Cuando, en teoría, Cotino se encarga de hacerme llegar una remuneración, no tengo relación con Cotino”, ha afirmado Zaplana. El expresidente valenciano ha asegurado que, con ocasión de la imputación de Cotino en el 'caso Erial', volvió a mantener una relación con el político, representante del sector del Opus Dei en el PP valenciano, con el que recuperó la “sintonía” que había mantenido antes de las guerras internas. Zaplana también ha asegurado que no conocía al empresario Vicente Cotino. Pachano fue testaferro “por amistad” con Zaplana Joaquín Barceló 'Pachano', amigo de la infancia de Eduardo Zaplana y testaferro confeso del exministro del PP, ha vuelto a declarar en el juicio del 'caso Erial'. Esta vez en su condición de legal representante de tres empresas españolas: Costera del glorioso, Medlevante y Gesdesarrollos. Se trata de tres de las empresas usadas por la presunta trama para retornar a España los fondos en cuentas de Luxemburgo, Andorra y Panamá. Pachano, que ya confesó su condición de testaferro de Eduardo Zaplana en el tinglado societario montado en los tres países. En esta segunda declaración, el acusado ha declarado que sólo cuenta con el título del Bachillerato superior. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, he ha preguntado por su papel en las empresas y, específicamente, en las operaciones de adquisiciones de terrenos en La Vila Joiosa con los fondos retornados a España. Ni fue consultado en nada, ni tomó decisiones ni tuvo nada que ver con la disolución de la sociedad luxemburguesa montada por Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía. Pachano, un empresario dedicado a la construcción de piscinas, ha especificado que la firma Costera del Glorio la constituyó su padre en 1997. El progenitor del testaferro falleció en 2001. El presidente del tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València, el magistrado conservador Pedro Castellano, ha planteado varias preguntas acerca del papel de Pachano al frente de las empresas. ¿“Usted por qué hacía todo esto?”, le ha preguntado. “Porque me lo solicitaron”, ha contestado el acusado. El juez ha querido profundizar en los motivos para prestar su nombre en las empresas. Pachano ha explicado: “Era para la construcción de solares en Villajoyosa, para canalizar el dinero de Medlevante y canalizar el de Imison”, una de las empresas de la trama. Joaquín Barceló ha detallado que no lo hizo por amistad en relación con Francisco Grau, asesor fiscal de la trama. Fue “por amistad” con Zaplana“, ha dicho. ”Como dije en su día“, ha apostillado en referencia a su primera declaración de confesión.

La exalcaldesa de Barcelona y líder de los comuns, Ada Colau, se ha enrolado en la Flotilla de la Libertad, una iniciativa para intentar romper el bloqueo de Gaza y hacer llegar alimentos y medicamentos. Colau zarpará en los próximos días desde Estambul junto a un millar de activistas y un cargamento de 5.500 toneladas de ayuda humanitaria. La información ha sido adelantada por el Diari Ara y confirmada por la exalcaldesa a través de un post de Instagram. Junto a Colau también se embarcarán otras figuras políticas como Martina Velarde, diputada de Podemos. “La situación, lejos de resolverse ha empeorado”, ha asegurado Colau. A los bombardeos sobre Gaza, “que han matado a decenas de miles de personas, se añade ahora el hambre”, ha apuntado la exalcaldesa, en referencia al bloqueo a la ayuda humanitaria que Israel impone sobre el territorio palestino. “Se están haciendo amputaciones sin anestesia”, ha ejemplificado. “Somos miles las personas alrededor de Europa que no nos sentimos bien representadas por nuestras instituciones y que no queremos normalizar esta barbarie”, ha expresado. La iniciativa llega después del asesinato de siete miembros de la ONG World Central Kitchen que trabajaban con autorización del ejército israelí. Sin embargo, en este caso no hay coordinación con las autoridades de Israel. La Flotilla estará formada por un carguero que llevará 350 contenedores de ayuda, y cuatro barcos en los que irán los observadores, personal médico, representantes políticos y medios de comunicación. Esta iniciativa intentó ya en el pasado dos acciones para romper el bloqueo. En 2010 la marina israelí asaltó los barcos y diez personas murieron, nueve activistas y un periodista.

El ministro israelí para Asuntos de la Diáspora y para Combatir el Antisemitismo, Amichai Chikli, calificó hoy al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de “líder extremadamente débil” sin “una brújula moral” por sus posiciones en relación con la guerra en Gaza y el reciente ataque iraní. “Sé que Sánchez no tiene una brújula moral” y que es un “líder extremadamente débil”, dijo Chikli en unas declaraciones en la sede de la Asociación de la Prensa Israel Europa en Bruselas. En la misma conferencia, el ministro israelí celebró que todos los lideres de la UE “salvo Sánchez” hayan condenado “alto y claro” el ataque de Irán y llamó a los 27, que se reúnen hoy y mañana en una cumbre en Bruselas, a acordar “duras sanciones” contra el país persa de forma que no haya ni “diplomacia” ni “negocios” con Teherán. “Esto mandaría un mensaje a la gente de Irán de que tienen a Europa detrás”, aseguró Chikli, quien señaló que el objetivo último debe ser eliminar el régimen religioso que gobierna ese país. Respecto al ataque iraní del pasado fin de semana con 110 misiles balísticos, 38 misiles crucero y 200 drones –según el recuento de Israel–, el ministro afirmó que siete misiles balísticos alcanzaron territorio israelí. “Había intención de destruir algunas de nuestras bases aéreas, esa era la intención, y los iraníes fracasaron”, dijo Chikli, quien llamó a responder “como si cada misil hubiera impactado” en el Estado judío. Consideró que este conflicto “no es sólo una guerra de Israel e Irán, sino de la civilización occidental contra un régimen bárbaro”. “Estamos muy orgullosos de luchar una guerra contra Irán, no tenemos miedo (...). Irán es la bestia, no das de comer a la bestia. Si le das de comer, pide más. La bestia debe ser eliminada”, concluyó.

La Comisión Europea envió este miércoles una solicitud de información a TikTok por el lanzamiento en España y Francia de su nueva aplicación “TikTok Lite” para conocer “el impacto potencial” que podría tener sobre la protección de los menores, la salud mental de los usuarios y la estimulación de comportamientos adictivos. En la solicitud, Bruselas pide más detalles sobre la evaluación de riesgos que el proveedor de la plataforma “debería haber realizado” antes de desplegar la nueva aplicación en la Unión Europea (UE), informó la institución en un comunicado de prensa. La Comisión también solicitó información sobre las medidas que la plataforma ha puesto en marcha para mitigar estos riesgos sistémicos, de acuerdo con la nueva ley de Servicios Digitales. Bruselas ya abrió una investigación a TikTok por brechas en la protección de los menores el pasado febrero. La Comisión Europea sospecha que la red social vulnera la Ley de Servicios Digitales en temas como la privacidad o las medidas para reducir los los riesgos en derechos como el bienestar mental de los usuarios, el respeto de los derechos del niño y su impacto en los procesos de radicalización. elDiario.es junto a Maldita.es publicó un reportaje sobre cómo era posible ver contenido erótico con 15 años en TikTok a través de vídeos permitidos por la plataforma que dirigen a webs porno. Centenares de perfiles publican contenidos eróticos en la red social que dirigen a los usuarios a páginas de contenido explícito y de pago como Only Fans. Estos vídeos tienen en teoría restricciones de edad y no se difunden en el feed ‘Para Ti’ de la aplicación, pero están accesibles a menores en el buscador. El Congreso de EEUU aprobó la semana pasada un proyecto de ley que puede prohibir TikTok. Con una amplia mayoría de 352 votos a favor y 65 en contra, la Cámara de Representantes sacó adelante la norma que obligaría al propietario chino de la red social a venderla si quiere evitar ser sancionada a nivel nacional.

Acorraladas por una financiación que no da ni para las nóminas y por la eclosión de los campus privados, que se multiplican en la región, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid levantan la voz. “La financiación que recibimos de la comunidad no cubre ni los gastos de personal. Tenemos una obsolescencia en todas las infraestructuras, estamos anticuados”. Lo han hecho este miércoles los rectores de los seis centros públicos madrileños en un desayuno informativo organizado por la Universidad de Alcalá en el que se ha abordado el papel de los centros en la sociedad. Se ha hablado de impacto económico y social, de meritocracia, de investigación, de alumnado y grados. Y sobre todo de financiación. De la falta de financiación, más concretamente, en lo que parecía un intento de presionar al Gobierno regional públicamente. Aunque el que ha puesto las palabras ha sido Ángel Arias, rector de la Universidad Carlos III, lo hacía en representación de los seis dirigentes, que se han visto en público por primera vez en 20 años. “La crisis de 2010 tuvo un gran impacto del que aún no nos hemos recuperado”, ha empezado Arias. “Tenemos un 15% menos de financiación que en 2010, con carácter general en todas las comunidades autónomas. Ha tenido unas consecuencias dramáticas. Tenemos una precariedad del 49%, un envejecimiento del personal (55 años de media los profesores titulares, 59 los catedráticos). Además, en la próxima década se jubila el 30% de las plantillas”, ha resumido el panorama. Los rectores piden cambios en la financiación basal para el funcionamiento diario, en la singular para acometer cuestiones como el mantenimiento de los campus –hay alguno patrimonio de la humanidad, como el de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH)– y que se implemente una por objetivos. “La financiación que recibimos de la Comunidad de Madrid no cubre los gastos de personal. Tenemos una obsolescencia en todas las infraestructuras. Necesitamos invertir en medios, estamos anticuados. La situación específica madrileña es preocupante: estamos financiando gastos estructurales con ingresos extraordinarios, con el dinero de las sentencias” (que las universidades le ganaron judicialmente hace años a la Comunidad de Madrid), ha explicado Arias. La rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, ha ilustrado cómo les afecta la falta de financiación: “El 80% de los ingresos generales va a pagar el capítulo 1 (personal). El 15% lo empleamos en abrir los edificios, en poner la calefacción. Nos queda un 5% (de 200 y pico millones de euros) para todo lo demás. Esto significa que con un crecimiento vegetativo del capítulo 1 ya no puedo reponer las jubilaciones, ahí ya estoy recortando. Por supuesto, no hay capacidad de crecimiento o expansión, de pensar en nuevos proyectos de titulaciones, en centros de investigación, etc. Esto para mí serían los dos factores principales. Estamos en un momento en el que la dificultad es mantenernos, no ya mejorar. Estamos en riesgo”. Los rectores piden al Ejecutivo regional un marco de financiación plurianual, basado también en objetivos, que les permita tener una previsibilidad de ingresos. “Ahora en diciembre no sabemos el presupuesto que vamos a tener el año siguiente”, han explicado. Justo ahora las universidades negocian con el Gobierno regional una futura ley de universidades, y han aprovechado el acto para pedirle al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que se alcance “un acuerdo de financiación”. Para ello, han pedido, “es necesario que Madrid tenga una estrategia de qué quiere de sus universidades públicas, y en estos momentos no la hay”. La que menos invierte La protesta de los rectores viene de años atrás, no ha empezado con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y tiene la estadística de su parte. El informe anual de la Fundación CyD sobre el estado de la Universidad en España sostiene que Madrid está entre las comunidades autónomas que peor financia a las universidades y a la vez de las que más exige (económicamente) a su estudiantado. “En el lado de los ingresos, Galicia, Asturias y Cantabria fueron las que más disminuyeron (por encima del 25%) la recaudación por el capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos [desde 2009], frente al aumento superior al 15% de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana”. Como contrapunto a este dato, continúa la Fundación CyD, “las transferencias corrientes de 2021 eran inferiores a las de 2009 en Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Galicia”. Dicho de otra manera, en lo referente a la Comunidad de Madrid: ha aumentado los ingresos a costa de, entre otros, cobrar más al alumnado por los estudios, mientras el Gobierno regional da menos dinero a las universidades que en 2009. Como se puede ver en el siguiente gráfico, Madrid es la región que menos dinero por estudiante invierte en la etapa universitaria (6.005 euros por alumno y año, frente a los 9.955 de Euskadi, la que más gasta). El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, explicaba en una entrevista reciente con este medio la situación de la universidades públicas de la región y específicamente de la más grande de España, que él dirige. “Las universidades madrileñas están no ahogadas, ahogadísimas. Estamos haciendo de los problemas virtud. ¿Tenemos dinero? No. ¿Necesitamos más? Sí. La Comunidad de Madrid no cubre más que el 80% de las nóminas de las universidades. Nosotros tenemos que pagar lo que nos falta con las matrículas del estudiantado y otras muchas cosas, un dinero que tendría que ir a pagar becas a estudiantes, a hacer proyectos formativos... Pertenecemos a la Comunidad de Madrid, que cubran las nóminas es lo mínimo. Este es un déficit que llevamos decenas de años sufriendo”, relataba. La subida del coste de la energía en los últimos años tampoco ha ayudado con las cuentas. Los rectores esgrimen también como argumento el impacto que las universidades tienen en su entorno, tanto económico como social. Un impacto del que, según el rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, la sociedad no es consciente. Quizá por eso le intentó poner cifras: “La UAH es el mayor empleador del corredor del Henares (donde se ubica)”, arrancó. “Durante 2019 la UAH generó un valor económico directo de 113 millones de euros (salarios, impuestos, contribuciones, etc.). Solo en proveedores se gastaron 35 millones de euros. El valor social de la actividad universitaria se estima en torno a los 150 millones de euros”. Y remató, por si necesitaba justificarlo: “Es una cantidad muy superior a lo que la universidad recibe del erario público y además cada euro que se invierte en Universidad repercute cinco euros en la sociedad”, cerró su intervención. “Una sociedad que no invierte en su universidad está renunciando a su futuro”. El trasvase a lo privado La política universitaria madrileña tampoco está ayudando a los campus públicos. La comunidad es de largo la región con más centros privados, que ya más que duplican a los públicos (13 a 6, más varias sedes de universidades de fuera de Madrid o España), una eclosión que se ha dado sobre todo en la última década. En consonancia ha evolucionado el alumnado, con un trasvase de unos centros a otros: en 2015 los campus públicos de Madrid acogían al 79% de los estudiantes; en 2023 había bajado al 70%, según datos del Ministerio de Universidades. Se está creando una burbuja de universidades privadas en España y particularmente grave en la Comunidad de Madrid, que va a estallar. Y arrastrará a las públicas Joaquín Goyache — rector de la Universidad Complutense Los rectores han disentido sobre el impacto que este aumento de los centros privados tiene sobre ellos, sobre si compiten por el alumnado o no, pero han estado de acuerdo en una cuestión: sí compiten por ciertos recursos públicos (por ejemplo, las plazas para que el alumnado de grados sanitarios haga sus prácticas) y creen que el Gobierno regional debería ser más severo con lo que considera una universidad privada. Lo ha expresado Goyache: “El mapa universitario madrileño global es disparatado. Esto es una opinión muy personal, pero se está creando una burbuja de universidades privadas en España y particularmente grave en la Comunidad de Madrid, que va a estallar. Y arrastrará a las públicas. Hay que crecer, estoy absolutamente a favor de las universidades privadas, pero que sean de calidad, apuesten por la investigación y la transferencia. Y eso lamentablemente no ocurre aquí”. La adaptación de la nueva ley de Universidades (LOSU) también está siendo un quebradero de cabeza para los gestores universitarios. La norma impone la estabilización de buena parte del profesorado temporal y más precario de los campus en dos años, lo que obliga a los rectorados a convocar muchas plazas nuevas que no tenían previstas (ni, por extensión, presupuestadas). El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, consciente de que pone a los rectores en un brete, se ha ofrecido para sufragar buena parte de esas contrataciones pese a que le corresponden, por competencias, a las comunidades autónomas. Pero el plan no estará completo si los Gobiernos regionales no aportan su granito de arena: deben financiar entre todos otras 800 plazas, idea que no ha caído muy bien en todas las autonomías. Argumentan algunos Ejecutivos que el plan del Gobierno tiene una trampa: Moncloa financia la creación de las plazas y la duración de esos contratos (seis años), pero luego serán las comunidades quienes tendrán que asumirlos. También entra en juego la política en esta situación: el rechazo viene de las comunidades del PP. El Gobierno ya ha explicado que sin corresponsabilidad de las administraciones no habrá trato. Si las comunidades no pagan su parte, Universidades tampoco pondrá la suya.

Fuertes lluvias han asolado los Emiratos Árabes Unidos, inundando importantes autopistas e interrumpiendo los vuelos en el aeropuerto internacional de Dubai, en lo que el gobierno ha descrito como la mayor cantidad de precipitaciones de los últimos 75 años. Al menos una persona de 70 años ha muerto, después de que fuera arrastrado en su coche en Ras Al-Khaimah, uno de los siete emiratos del país, informó la policía. Las lluvias comenzaron el lunes por la noche, y el martes por la tarde, más de 142 milímetros habían empapado la desértica ciudad de Dubai, normalmente la cantidad media que recibe en un año y medio. En un año normal llueven 94,7 milímetros en el aeropuerto internacional de Dubai, el más transitado del mundo para viajes internacionales y centro de operaciones de la aerolínea de larga distancia Emirates. Algunas zonas del interior de los EAU registraron más de 80 mm de lluvia en 24 horas hasta las 8 de la mañana del martes, acercándose a la media anual de unos 100 mm. La lluvia es inusual en los EAU, en la árida península arábiga, pero se produce periódicamente durante los meses más fríos del invierno. Las casas se inundaron y los vehículos quedaron abandonados en las carreteras de Dubai, mientras las autoridades enviaban camiones cisterna a las calles para bombear el agua. Muchas carreteras y otras zonas carecen de drenaje debido a la falta de precipitaciones regulares. Los emblemáticos centros comerciales Dubai Mall y Mall of the Emirates sufrieron inundaciones, con el agua hasta los tobillos en al menos una estación de metro de Dubai, según imágenes publicadas en las redes sociales. En el cielo se vieron relámpagos que en ocasiones rozaron la punta del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. El Centro Nacional de Meteorología “instó a los residentes a tomar todas las precauciones y a mantenerse alejados de las zonas de inundaciones y acumulación de agua” en un post en X. La oficina de prensa del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos publicó en su cuenta X que los aguaceros eran un fenómeno climático “excepcional”. No obstante, se esperan más lluvias. Las escuelas cerraron en todos los EAU y se esperaba que permanecieran cerradas el miércoles. El Gobierno de Dubai también amplió el trabajo a distancia para sus empleados hasta el miércoles. El aeropuerto internacional de Dubai, el de mayor tráfico internacional del mundo, también desvió algunos vuelos el martes. En los días previos, se registraron inundaciones en Bahréin, y se produjeron 18 muertos en Omán el domingo y el lunes, según la agencia France-Presse. Las precipitaciones extremas son más frecuentes e intensas debido a la alteración del clima provocada por el hombre en la mayor parte del mundo. Esto se debe a que el aire más caliente puede contener más vapor de agua. Por ello, es muy probable que las inundaciones sean más frecuentes y graves en estos lugares. Fuertes lluvias e inundaciones paralizan aeropuertos y carreteras de Dubái EFE/EPA/ALI HAIDER