El Gobierno ha propuesto a Carlos Ocaña Orbis para ser el representante del Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el consejo de administración de Telefónica, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es. El consejo de administración de Telefónica podría ratificar este miércoles el nombramiento de Ocaña, lo que supondrá la salida de un consejero independiente. La SEPI anunció que ya había conseguido el 6,1% del capital de la operadora de telefonía y que, por lo tanto, aspiraba a tener un sillón en el consejo. Ocaña ocupa en la actualidad el cargo de adjunto al director general del Real Madrid CF. Además es miembro del comité de Transformación Digital del Grupo Prisa, del Consejo asesor del Instituto Hermes y del Observatorio para el Análisis y Desarrollo Económico de Internet (AEDI), creado por Google y AFI. Con anterioridad, Ocaña fue director general del gabinete del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante su paso por la Administración Pública también fue consejero de Paradores y Red.es. El Estado ha vuelto al accionariado de Telefónica un cuarto de siglo después de su privatización. La SEPI anunció la adquisición de una participación del 10% del accionariado de la compañía de telecomunicaciones. Este movimiento se encuadra como respuesta al desembarco que el Estado saudí ha anunciado a través de STC con hasta el 9% de las acciones del grupo.

Las organizaciones agrarias que no han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para sellar las protestas de los últimos meses -la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), junto con las Cooperativas Agro-alimentarias- dan ahora un paso tratar de acercar posturas con el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, al mismo tiempo mantienen la idea de más movilizaciones, por ejemplo, del sector ganadero y de los productores de frutas y hortalizas. También reclaman dar un salto en ese proceso de negociación, para que en el diálogo con el campo también estén otros ministerios como Transición Ecológica, Seguridad Social, Hacienda o Trabajo. Estas tres organizaciones han presentado un plan de 12 medidas, que van a trasladar al Ministerio encabezado por Luis Planas, aunque pidan la presencia en la mesa de más ministros. Entre ellas, por ejemplo, adaptar la reforma laboral a las necesidades del campo. “En esta negociación brilla por su ausencia el Ministerio de Trabajo. Es una barbaridad quitar la temporalidad para los trabajadores del campo”, ha asegurado Pedro Barato, presidente de Asaja, que forma parte de la CEOE.  Contratos de 90 días En materia laboral, lo que reclaman es que existan contratos de 90 días para las campañas agrarias “cuando haya necesidades de producción que lo requieran”, además de “bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”.  Ahora, además, el foco se pone en más medidas para los ganaderos. “La ganadería es la gran ausente de las medidas, basta ya, hay un abandono”, ha asegurado el presidente de Asaja, Pedro Barajo, en rueda de prensa. “Vamos a esperar al foro de la semana que viene y si las medidas no son contundentes convocaremos movilizaciones, espero que de acuerdo con COAG”, ha matizado. A finales de la semana que viene está previsto el Foro de la Ganadería Extensiva en Toledo, que es donde tendría que salir esas medidas que reclaman. Sin embargo, de momento “no hay ningún calendario de movilizaciones”, con fechas concretas, aunque la idea siga ahí, ha reconocido el secretario general de COAG, Miguel Padilla. “Hemos presentado un documento constructivo. Quedaron medidas abiertas y vamos a seguir negociando, trabajando”.  La unidad del campo Padilla reconoce que se ha roto la unidad de las organizaciones que representan a los agricultores y ganaderos, después de que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y Unión de Uniones sellaran hace semanas un acuerdo con el ministro Planas. “Nos dijeron que había que firmar por la tarde”, ha criticado. “No entendemos la premura”, del Ministerio. “Se creó un clima de desconfianza, no íbamos a presentar a nuestra gente algo con lo que no estábamos seguros. Ahora se ha creado una mesa de seguimiento y se ha dejado fuera a dos organizaciones”, en referencia a la propia COAG y Asaja. “Es el Ministerio el que ha roto la unidad de acción”. Hay que recordar que Unión de Uniones, que es una escisión de COAG, no se reunía hasta ahora con el Ministerio porque no estaba reconocida como organización con interlocución.

La Asociación Española de Startups ha presentado este martes una denuncia contra Microsoft ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La organización, a la que pertenecen unas 700 empresas emergentes españolas, acusa a la multinacional estadounidense por sus “prácticas restrictivas observadas en el mercado de los servicios en la nube” que estarían “ imponiendo barreras artificiales que limitan la capacidad de las startups para competir de manera justa y competitiva”. Entre estas prácticas, la Asociación señala las dificultades que Microsoft presuntamente está generando para dificultar las portabilidades de datos a servicios que no controla, o “las condiciones contractuales restrictivas de la competencia en las licencias de software, que estarían dificultando o impidiendo la libre elección de proveedores de estos servicios, reduciendo la capacidad de elección y la flexibilidad que las startups necesitan para poder ser resilientes, innovar y crecer”, protestan las startups españolas. La CNMC abrió el pasado noviembre una investigación sobre el estado de la competencia de los servicios en la nube en España. El regulador argumentó que se trata de “un sector esencial para la transformación digital” que ya usan más del 30% de todas las empresas. Sin embargo, el mercado está muy concentrado. Según Statista, en el primer trimestre de este año AWS (la división de servicios en la nube de Amazon) se quedó con el 31% del negocio a nivel mundial, Azure (Microsoft) alcanzó el 25% y Google se quedó con el 11%. Descontando a los gigantes chinos Alibaba o Tencent, que se reparten el 6% del mercado principalmente en países de la órbita de Pekin, el resto de actores (multinacionales como Salesforce, IBM o Oracle, también estadounidenses), no pasan del 3%. El objetivo de la CNMC era realizar una “serie de recomendaciones” para el “funcionamiento eficiente” del sector, tras constatar “la tendencia a la concentración en unos pocos operadores y la dificultad de cambiar de proveedor”. Ahora la Asociación Española de Startups le insta a ir más allá y abrir “una investigación exhaustiva para determinar la existencia de infracciones a la normativa de competencia vigente”. “Además, se solicita que se tomen medidas urgentes que aseguren un mercado más abierto y competitivo, donde las startups puedan prosperar sin ser obstaculizadas por prácticas monopolísticas o anticompetitivas”, añaden las empresas emergentes españolas. elDiario.es se ha puesto en contacto con Microsoft para incluir su posicionamiento en esta información, pero aún no ha recibido respuesta. El gigante estadounidense ha anunciado en los últimos años grandes inversiones en España para construir centros de datos que cobijen tanto su negocio de servicios en la nube como los nuevos requerimientos de la inteligencia artificial. La última, anunciada en febrero tras una reunión de su presidente con Pedro Sánchez, contempla un desembolso de 1.950 millones de euros hasta 2025. No es la primera denuncia de este tipo que Microsoft recibe en Europa. También en noviembre, los Proveedores de Servicios de Infraestructura en la Nube en Europa (CISPE, por sus siglas en inglés), llevaron a la empresa fundada por Bill Gates ante el regulador antimonopolio de la UE por sus prácticas en la nube. En concreto, esta organización (entre cuyos socios se encuentra Amazon) se quejó de las nuevas condiciones contractuales impuestas por Microsoft en sus servicios de ofimática online.