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eldiario.es - Economía

Asaja y COAG mantienen las protestas de los agricultores y ganaderos y piden adaptar la reforma laboral al campo

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Las organizaciones agrarias que no han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para sellar las protestas de los últimos meses -la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), junto con las Cooperativas Agro-alimentarias- dan ahora un paso tratar de acercar posturas con el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, al mismo tiempo mantienen la idea de más movilizaciones, por ejemplo, del sector ganadero y de los productores de frutas y hortalizas. También reclaman dar un salto en ese proceso de negociación, para que en el diálogo con el campo también estén otros ministerios como Transición Ecológica, Seguridad Social, Hacienda o Trabajo. Estas tres organizaciones han presentado un plan de 12 medidas, que van a trasladar al Ministerio encabezado por Luis Planas, aunque pidan la presencia en la mesa de más ministros. Entre ellas, por ejemplo, adaptar la reforma laboral a las necesidades del campo. “En esta negociación brilla por su ausencia el Ministerio de Trabajo. Es una barbaridad quitar la temporalidad para los trabajadores del campo”, ha asegurado Pedro Barato, presidente de Asaja, que forma parte de la CEOE. Contratos de 90 días En materia laboral, lo que reclaman es que existan contratos de 90 días para las campañas agrarias “cuando haya necesidades de producción que lo requieran”, además de “bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. Ahora, además, el foco se pone en más medidas para los ganaderos. “La ganadería es la gran ausente de las medidas, basta ya, hay un abandono”, ha asegurado el presidente de Asaja, Pedro Barajo, en rueda de prensa. “Vamos a esperar al foro de la semana que viene y si las medidas no son contundentes convocaremos movilizaciones, espero que de acuerdo con COAG”, ha matizado. A finales de la semana que viene está previsto el Foro de la Ganadería Extensiva en Toledo, que es donde tendría que salir esas medidas que reclaman. Sin embargo, de momento “no hay ningún calendario de movilizaciones”, con fechas concretas, aunque la idea siga ahí, ha reconocido el secretario general de COAG, Miguel Padilla. “Hemos presentado un documento constructivo. Quedaron medidas abiertas y vamos a seguir negociando, trabajando”. La unidad del campo Padilla reconoce que se ha roto la unidad de las organizaciones que representan a los agricultores y ganaderos, después de que la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y Unión de Uniones sellaran hace semanas un acuerdo con el ministro Planas. “Nos dijeron que había que firmar por la tarde”, ha criticado. “No entendemos la premura”, del Ministerio. “Se creó un clima de desconfianza, no íbamos a presentar a nuestra gente algo con lo que no estábamos seguros. Ahora se ha creado una mesa de seguimiento y se ha dejado fuera a dos organizaciones”, en referencia a la propia COAG y Asaja. “Es el Ministerio el que ha roto la unidad de acción”. Hay que recordar que Unión de Uniones, que es una escisión de COAG, no se reunía hasta ahora con el Ministerio porque no estaba reconocida como organización con interlocución.

La crisis de la vivienda en Europa alimenta el voto a la extrema derecha

16 h

eldiario.es

El aumento vertiginoso en los alquileres y el precio por las nubes de las propiedades podrían convertirse en el próximo campo de batalla de la política europea, dicen los expertos, a medida que los partidos populistas y de extrema derecha sacan ventaja del enfado creciente de los ciudadanos por la crisis inmobiliaria del continente. A pocas semanas de las elecciones al Parlamento Europeo, la vivienda tiene todas las características para convertirse en un condicionante, tan potente como la inmigración, del voto a la extrema derecha. En nueve países miembro de la Unión Europea (UE) el pronóstico es que los partidos de extrema derecha queden en primera posición tras las elecciones parlamentarias. En otros nueve estados miembro, y de acuerdo con los sondeos, saldrían en segundo y en tercer lugar. “Los partidos de extrema derecha crecen cuando pueden sacar ventaja de las brechas sociales que surgen por falta de inversión y por una planificación inadecuada del gobierno; y cuando pueden culpar a los de fuera”, dijo al periódico The Guardian Balakrishnan Rajagopal, relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. “En esa situación se encuentran ahora muchos países de la UE”, añadió. “La crisis de la vivienda ya no afecta solo a los que ganan poco, a los inmigrantes, y a las familias monoparentales, sino a las clases medias; es el problema social del siglo XXI”. La escasez de viviendas asequibles ha desatado protestas en Lisboa, Ámsterdam, Praga y en Milán, así como en Londres, fuera de la UE. Los jóvenes están especialmente enfadados por hipotecas que multiplican por diez el salario anual promedio y alquileres que consumen la mitad de sus ingresos. La crisis de la vivienda fue una de las preocupaciones principales de los votantes en las elecciones neerlandesas de 2023, ganadas por el antiislamista Geert Wilders con su formación de extrema derecha Partido de la Libertad (PVV). También ha sido clave para el aumento en Portugal del apoyo a Chega, el partido de extrema derecha que en las elecciones de marzo casi multiplicó por tres su porcentaje de votos. En palabras de Catherine Fieschi, del Instituto Universitario Europeo, “se trata de un tema que encaja en muchas de las tendencias actuales” de los partidos de extrema derecha. “Resulta fácil presentarlo como una cuestión de las élites contra el pueblo, y decir que los inmigrantes reciben mejor trato que los nacionales”, dijo. De acuerdo con los datos de Eurostat, entre 2010 y 2022 el precio de la vivienda se ha disparado un 47% en los 27 Estados miembro, con una subida del 18% para los alquileres durante el mismo período. En varios países de la UE, al menos uno de cada cinco hogares destina a vivienda el 40% de sus ingresos netos, o más. Relación entre aumento del alquiler y voto a la extrema derecha Investigaciones académicas recientes han demostrado una relación directa entre el aumento de los alquileres y el voto a la extrema derecha, incluso cuando no hay consignas duras contra los inmigrantes. Según Tarik Abou-Chadi, especialista en política de la UE y coautor de un estudio que vincula el aumento en los alquileres al apoyo creciente del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD), el “miedo a la pérdida de estatus” es un factor clave. “Los datos demuestran que la vivienda se integra en un conjunto mayor de inseguridades y amenazas socioeconómicas que están alimentando la ansiedad”, dijo Abou-Chadi. “El miedo a tener que mudarse por no poder permitírselo está aumentando los apoyos a la derecha radical”. Para su investigación contrastó datos detallados sobre el aumento en el precio de los alquileres con las respuestas de los ciudadanos en la encuesta anual de opinión del Panel Socioeconómico de Alemania. Encontró que el encarecimiento en el coste de la vivienda estaba correlacionado con un apoyo mayor a la AfD, especialmente entre los inquilinos de ingresos bajos. La ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) aprobó el ingreso de la agrupación en la alianza ultra europea Identidad y Democracia (ID), en la que están integrados extremistas de diversos países de Europa, durante la primera jornada de su congreso. En las zonas urbanas esta correlación fue aun más evidente que en las rezagadas regiones rurales, donde la AfD tiene gran parte de su base electoral y los alquileres se han mantenido relativamente bajos. Según Abou-Chadi, el crecimiento del partido en las ciudades podría explicarse por el factor vivienda. “Lo interesante es que la correlación se mantiene incluso cuando los alquileres no han aumentado”, dijo. “No son solo las dificultades reales, sino la preocupación, la amenaza al estatus socioeconómico”. Hasta ahora, la AfD no ha hecho mucho por jugar la baza de la vivienda. En Portugal, el partido Chega se ha centrado más en la corrupción que en la crisis de vivienda, agravada en Lisboa y en Oporto con la llegada de nómadas digitales de altos ingresos y el crecimiento gigantesco de los alquileres vacacionales. Pero según Vicente Valentim, especialista de la Universidad de Oxford en extrema derecha europea, “la posibilidad de que la vivienda se convierta en un factor muy relevante dentro del voto a la extrema derecha es muy clara, y no hará sino aumentar en el futuro”. Vox se apunta a la moda ultraderechista En España, Vox también se ha apuntado a esta tendencia. De hecho, la formación ultraderechista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone dar prioridad a los ciudadanos españoles en los programas de acceso a la vivienda y las ayudas sociales. Vox asegura que en comunidades como el País Vasco se destinan 182 millones de euros a personas extranjeras por estos conceptos. La formación de Santiago Abascal se queja del impacto económico negativo que tiene la inmigración “debido a la baja contribución de los inmigrantes a las arcas públicas”. “La inmigración en España aporta actualmente un porcentaje muy pequeño del total recaudado, siendo la contribución fiscal de estos inmigrantes muy inferior a la del español medio, que aporta de media casi tres veces más que los extranjeros”, dice Vox. El grupo parlamentario de la formación de ultraderecha critica también la “escasa voluntad de integración” de estas personas, las “elevadas tasas de paro” que registran y el “auge de la violencia que trae acompañada cierto tipo de inmigración”. Vox justifica su iniciativa para dar prioridad a los españoles en las ayudas sociales y los programas de vivienda, que se debatirá en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo de la Cámara Baja. Los partidos principales han empezado a darse cuenta de la amenaza. En enero, los alcaldes de las grandes ciudades hicieron una llamada de atención urgente por la necesidad de viviendas de mejor precio, calidad y condiciones de sostenibilidad. Eurodiputados y ministros de Vivienda de todo el bloque han pedido prioridad máxima para la vivienda, un tema que no entra dentro de las competencias de la UE. Según Rajagopal, que hace poco publicó un informe sobre la crisis de vivienda en Países Bajos, el primer paso debería ser consagrar como derecho legal el acceso a una vivienda asequible, segura y adecuada. “Los países de la UE tienen una larga y admirable tradición de protección social, de estado de bienestar”, dijo. “Pero cuando se trata de reconocer la vivienda como un derecho humano protegido por ley, Europa va a la zaga de la legislación internacional; los ciudadanos de la UE no pueden acudir a sus tribunales nacionales por el tema de la vivienda; los países europeos se han dado cuenta de esto, pero no están haciendo nada por resolverlo”. “Europa se dejó engañar por la fe en los mercados” Más allá de eso, la crisis de la vivienda en la Unión Europea y el Reino Unido se debe según Rajagopal al abandono de la planificación estatal y a “considerar a la vivienda como cualquier otra mercancía, que se compra y se vende”. “Europa se dejó engañar por la fe en los mercados y el rechazo a la planificación de los años ochenta”, dijo Rajagopal. “Pero los mercados solo se preocupan por sí mismos, y cuando además de eso se abandona la planificación estatal no queda nadie suministrando viviendas; eso es lo que permite al PVV, por ejemplo, culpar de la crisis neerlandesa a los inmigrantes, cuando nada prueba que los inmigrantes sean los culpables (...) Si queremos frenar el auge de la extrema derecha, quitarle un poco de aire, temas como la vivienda deben ser considerados derechos fundamentales”. Según Sorcha Edwards, secretaria general de la ONG Housing Europe, “evidentemente hay que construir más”. “Pero la oferta no es la única solución”, añadió. También hay que pensar en el “tipo de vivienda que se construye y en la financiación”. En su opinión, el enfoque de regular la vivienda solo por el mercado, donde mandan los capitales privados y las organizaciones benéficas tratan de arreglar el desaguisado, debe dar paso a un esquema de “financiación de interés público de largo plazo” con “condiciones a cumplir y criterios sociales”. “Tendrá que producirse un auténtico cambio cultural”, dijo. “En el centro tiene que haber un sector de beneficios limitados, no solo con viviendas municipales sino con formas de propiedad alternativas, como las cooperativas; lo que está claro es que para construir vamos a tener que emplear la financiación correcta”.

Pérdidas millonarias y ventas en mínimos: la deficitaria inversión de Grifols en una centenaria empresa de aguas

16 h

eldiario.es

La apuesta que la multinacional catalana Grifols hizo en 2017 para relanzar Aigües de Vilajuïga, una pequeña y centenaria embotelladora de agua carbonatada en esa localidad del Empordá que la farmacéutica rescató de la quiebra, se ha traducido hasta ahora en pérdidas millonarias y en una facturación menguante que, no obstante, la empresa asegura que está empezando a enderezar. La de Aigües de Vilajuïga es una nota a pie de página en la historia de Grifols. No está, a buen seguro, entre las actuales prioridades del grupo, que vive una etapa muy turbulenta. Este 2024 está siendo el año más convulso que se recuerda en esta endeudada compañía, tras la crisis abierta por el ataque del fondo especulativo Gotham City y su acusación de manipulación contable, las deficiencias halladas en sus cuentas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las pesquisas de su homólogo estadounidense, la SEC, y el nombramiento de un nuevo consejero delegado, Nacho Abia, ajeno a la familia que controla el gigante de los hemoderivados. Los Grifols han tenido que apartarse de la gestión para intentar taponar las críticas a la opaca gestión cruzada con el holding holandés Scranton, vinculado a la familia y a directivos clave del grupo. Este lunes, las acciones de la compañía se dispararon un 7% tras anunciar que espera cerrar en junio una operación muy relevante para reducir su deuda de más de 10.500 millones de euros, la venta al gigante chino Haier de un 20% de la china Shanghai RAAS Blood. El cierre de la operación llevaba meses atascado. Se anunció en diciembre, antes de la crisis de Gotham, y tras el visto bueno de las autoridades chinas, permitirá a Grifols ingresar unos 1.671 millones. Al lado de estas cifras, los números que acompañan a Aigües de Vilajuïga son insignificantes. Pero las pérdidas que arrastra esta pequeña empresa desde que fue rescatada por Grifols alcanzan ya más de 9 millones hasta 2023. En el último ejercicio en el que presentó cuentas, 2022, perdió otros 1,48 millones y facturó apenas 200.000 euros, frente a los cerca de 400.000 euros de antes del rescate de Grifols. En 2021 sus números rojos fueron de 1,5 millones y en 2020, de 1,7 millones, según la información disponible en Insight View. En 2023, según las cuentas individuales de Grifols, las pérdidas alcanzaron otros 1,352 millones. El año pasado la multinacional registró deterioros contables de 1,269 millones por su participación en esa filial. En 2022 esos ajustes fueron de 1,313 millones. En octubre de ese año la multinacional aprobó inyectarle otros 4 millones para restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad. Las cuentas de 2022 de Aigües de Vilajuïga ya no hablaban, como en otros años, de la expectativa de volver a obtener beneficios operativos y flujos de caja positivo en el futuro. Señalaban que en ese ejercicio, pese a las pérdidas recurrentes, se formularon “siguiendo el principio de empresa en funcionamiento al considerar que el accionista mayoritario continuará apoyando financiera y patrimonialmente a la Sociedad”. Ese año, la empresa tenía apenas 6 empleados (cuatro de ellos, directivos) y unos gastos de personal de 378.103 euros, a más de 63.000 euros por cabeza. Las cuentas quedan fuera de las auditorías de Grifols y sus filiales que ha realizado durante más de tres décadas la firma KPMG, muy vinculada a algunos directivos de la multinacional catalana. No obstante, fuentes de Aigües de Vilajuïga apuntan que la situación ha comenzado a mejorar tras ese pésimo 2022. El año pasado, apuntan, las ventas no corporativas (las que se facturan a la propia Grifols) subieron un 45% y este año se están duplicando. La empresa, añaden esas fuentes, ha empezado a exportar a Estados Unidos y a Baréin y ha reposicionado su producto hacia un cliente menos elitista. Un símbolo El gigante de los hemoderivados se hizo con el 100% de esta empresa por cerca de un millón de euros en julio de 2017, tras anunciarse su cierre. Entonces su accionista mayoritario era la constructora catalana Copcisa, envuelta en problemas judiciales. Copcisa, una de las compañías del caso 3% de financiación irregular de la extinta CDC, había adquirido ese paquete en la empresa de aguas en 2011. “Se nos apaga un símbolo con el que hemos convivido toda la vida”, lamentaría entonces ante la amenaza de cierre Joana Cobo, alcaldesa de Vilajuïga. La compra la impulsó Víctor Grífols Deu, desde este año ex consejero delegado del grupo Grifols, por el impacto emocional que recibió al ver un reportaje en televisión sobre la desaparición de la empresa. En Grifols dejaron entonces claro que no era una adquisición estratégica. Otro de los principales ejecutivos que entonces tenía la multinacional, Raimon Grífols, transmitió a la alcaldesa de ese municipio que el objetivo era “conservar y respetar la historia y poner el agua (de Vilajuïga) en el lugar que se merece”. Para ello rehabilitarían las instalaciones de esta compañía centenaria, que Grifols también utiliza para algunas convenciones. En 2018 la farmacéutica anunció en el Festival de Peralada, organizado por otra familia señera de la alta burguesía catalana, los Suqué Mateu, un plan de inversión de 5,5 millones para reflotar la empresa y reposicionar el producto. “Apostamos por motivos sentimentales, pero también por motivos racionales”, explicaba al diario Ara Joan Fornós, responsable de Aigües, en octubre de 2019, cuando las botellas habían vuelto a las mesas de los restaurantes. Se posicionó la marca para un público gourmet muy alto y se decidió triplicar el precio de la botella, hasta más de 3 euros la unidad, con un nuevo y exclusivo diseño, para distribuirla a apenas 1.500 tiendas y grandes restaurantes. El plan no funcionó y los resultados fueron discretos, como atestigua la baja cifra de ventas de 2022. Recientemente, se ha lanzado un nuevo formato de botella PET de 1,2 litros, con un precio inferior al de, por ejemplo, el famoso Vichy Catalán. El producto ya se vende en varias grandes superficies, apuntan desde la empresa. De los fastos de Peralada al gran público. Aigües de Vilajuïga se fundó de la mano de seis familias ampurdanesas después de que el agua carbonatada natural que brotaba allí, al pie de la Serra de Verdera y el macizo de Cap de Creus, recibiera en 1904 la declaración de minero-medicinal y de utilidad pública por orden del Ministerio de Gobernación de la época. Sus aguas, embotelladas tal cual se captan a 72 metros de profundidad, las definió el escritor Josep Plá como “las mejores de Europa”. Eran las favoritas de Salvador Dalí y en 1929 recibieron un premio de honor en la Exposición Universal de Barcelona. Más recientemente, las han alabado chefs reconocidos a nivel mundial, como Ferran Adrià, los hermanos Torres, Jordi Cruz o Joan Roca, como complemento ideal para acompañar sus platos de alta cocina. “Sus cualidades organolépticas, cuerpo ligero y sensación de frescor en el paladar se combinan perfectamente con la gastronomía de gran calidad, ya que el agua Vilajuïga no sacia ni se impone”, se afirma en su web. Con las cifras disponibles, la empresa no termina de remontar de la mano de una Grifols que pasa por momentos difíciles.