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El Gobierno de Moreno se atasca y acumula ya tres años de retraso en su plan para reducir el sector público andaluz El sector público de la Junta de Andalucía, contra el que hizo cruzada el PP en su primera legislatura de la mano de Ciudadanos, se le está atragantando en la segunda, pese a las puntuales fusiones de algunas entidades y a la factura que pagó en auditorías privadas para adelgazar lo que los populares en la oposición llamaban despectivamente “administración paralela”. La previsión y optimización que, según el Gobierno de la Junta, iba a marcar la aprobación de un plan de reordenación del sector instrumental acumula ya tres años de retraso. Con esta dilación se incumple la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos para 2019, que daba de plazo 12 meses para hacerlo, o sea, hasta mediados de 2020, como reiteradamente ha venido avisando la Cámara de Cuentas. Primero fue la pandemia el motivo que ralentizó todo, pero para los posteriores retrasos no se han dado razones oficiales. Vox, el partido que sostuvo al primer Gobierno de Juan Manuel Moreno y comparte con el PP la crítica a la “administración paralela” y los “chiringuitos” de la Junta, es el que más ha preguntado a la Junta por esta “asignatura pendiente”, pero sin obtener respuesta ni plazos ni concreción. Desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública confirman ahora a este medio que el compromiso es aprobarlo en “este periodo de sesiones”. En estos momentos, según el departamento de José Antonio Nieto, se están “diseñando los instrumentos de comunicación y negociación con todos los grupos de interés”, ha explicado el consejero a preguntas de la oposición. Modelo de agencialización ¿Qué tendrá ese plan? La idea es, según las mismas fuentes, avanzar en lo que se define como un “modelo de agencialización del sector público con estructuras más autónomas, responsables y orientadas al servicio, que convivan con el contrapeso de las centralizadas de control transversal y eficiente”. Entretanto, se emprenden cambios en dicha estructura, pero sin esa estrategia, y con otros incumplimientos de plazos. Basten dos ejemplos. La renombrada Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), que se creó para aglutinar cuatro entidades, dejó fuera, en el último momento, la más voluminosa, Andalucía Emprende, sin que se diera una explicación muy coherente. Otro: en el primer trimestre de 2023 se aprobaron los estatutos de la citada Trade y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), creadas en 2021 y con el mandato de tener esta regulación en seis meses como máximo, y no en dos años. El caso es que el anunciado plan de reordenación viene de esas auditorías a las que la Junta de Andalucía sometió su sector instrumental para diagnosticar su eficacia, eficiencia y economía. Los resultados de las mismas iban a ser tenidos en cuenta para la planificación de cara a una disminución generalizada de las entidades existentes y la adecuación de las que se mantengan o reestructuren. El principal problema que se ha encontrado el Gobierno del PP es el frente laboral, dado que esos informes de las auditoras apostaban por eliminar entidades y reducir plantillas en las que en muchos casos hallaron duplicidades, cuando no sencillamente gente sin funciones ni tareas. Se da la circunstancia de que este objetivo se ha emprendido a la vez que se tramita la Ley de Función Pública. Y en relación a esto ha sido muy crítico el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que ve en el proyecto de ley un “nuevo modelo más clientelar e instrumental”. De este modo, apuntan que si en la oposición el PP hablaba del personal de los entes instrumentales como “grasa y enchufados” lo que hace ahora es “potenciar los puestos a medida y primar el personal laboral sobre el funcionario” con la referida norma. Incumplimientos persistentes Todo ello en un contexto en que la Cámara de Cuentas advierte en un reciente informe que ocho auditorías de fundaciones relativas al último ejercicio siguen estando firmadas por empresas privadas, cuando la ley establece que esta responsabilidad debe ser asumida por la Intervención General de la Junta de Andalucía. En el mismo informe, la Cámara de Cuentas aboga por la “extinción de los consorcios que se encuentran sin actividad y la modificación de los estatutos de los otros en los que la Junta de Andalucía tenga participación”. Más problemas: “seis sociedades mercantiles incumplen el periodo medio de pago (PMP) previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004”. Y, además, cinco de esas incumplen también el artículo 262.1 de la Ley de Sociedades de Capital, al no incluir en el informe de gestión la información requerida respecto al PMP. De todas formas, son menos que el año anterior.eldiario.es
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Las noticias de Canal Sur dedican cien veces más tiempo a la ley de amnistía que a las listas de espera de Andalucía En los últimos seis meses, los informativos de Canal Sur TV han dedicado cien veces más tiempo a hablar sobre la ley de amnistía que sobre las listas de espera en el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Esa es una de las conclusiones recogidas en el último informe del Consejo Profesional de la Radio y la Televisión de Andalucía (RTVA), en el que se detallan “350 ejemplos de malas prácticas periodísticas”. El documento analiza, a lo largo de 44 páginas, la cobertura de los informativos más seguidos de Canal Sur TV (Noticias 1 y Noticias 2) desde octubre de 2023 a marzo de 2024. Tiempo durante el cual se debatió y aprobó la polémica ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Y también durante este periodo el Gobierno de Juan Manuel Moreno actualizó los datos de pacientes en listas de espera, que ocultaban un aumento del 227% de andaluces fuera del plazo legal para operarse, tras un año y medio sin publicarse el listado. Aunque la amnistía figura en el puesto número 39 de los problemas que preocupan a los andaluces según el CENTRA, este ha sido el asunto que ha “monopolizado” las noticias de la cadena pública andaluza en el semestre analizado, acumulando un total de 605 minutos y 54 segundos, frente a los 6 minutos dedicados a informaciones relativas a las listas de espera sanitarias. La citada ley también multiplica por 100 el tiempo dedicado al problema de la vivienda –situado como sexta preocupación de la ciudadanía– y triplica el tiempo invertido en conjunto a la sanidad en Andalucía (183 minutos y 57 segundos), siendo este el segundo tema que más preocupa a los andaluces. Por todo ello, el órgano encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas periodísticas en la RTVA considera que “Andalucía y los andaluces se han visto desplazados de los informativos de la televisión pública”. Siguiendo esta línea, el Consejo Profesional acusa a la Dirección de Informativos de Canal Sur de haber “impuesto una línea ideológica por encima de los intereses de los andaluces y del servicio público al que obligan el Estatuto de Autonomía, la Ley de la RTVA” y el resto documentos oficiales “que definen la única línea editorial a la que se debe Canal Sur”. elDiario.es Andalucía ha contactado con el ente público para recoger su valoración respecto al informe, pero RTVA ha optado por no hacer declaraciones. Casos de “sesgo ideológico” y “desequilibrio informativo” Tras analizar los informativos del pasado semestre, el Consejo Profesional de RTVA reafirma que “la falta de independencia, la ausencia de pluralismo, la quiebra de la neutralidad y la imparcialidad, y la falta de rigor y veracidad en las informaciones para poner los informativos de Canal Sur al servicio de intereses ideológicos ha quebrado la obligación de servicio público encomendado a la RTVA”. Como ejemplo del “sesgo ideológico” que le achacan a la cadena pública andaluza, el informe indica que de los 605 minutos dedicados a la amnistía en los últimos seis meses, “más de 500” han versado sobre “críticas y testimonios contrarios a la ley”. Otra muestra de “desequilibrio informativo” recogida en el último informe es el tiempo dedicado al caso Koldo: un total de 139 minutos y 33 segundos entre febrero y marzo. Esto es, “200 veces más tiempo, solo en dos meses, que el dedicado a las sentencias del caso Gürtel en Canal Sur TV los últimos cuatro años”, según puntualizan desde el Consejo Profesional de RTVA. En cambio, a las imputaciones del novio de Ayuso por delitos fiscales “se le han dedicado tan solo 4 minutos y 11 segundos”, desde el 12 de marzo en que estalla el escándalo hasta el 31 de marzo en que concluye el análisis. Junto a estos casos concretos, el informe menciona otros ejemplos de cómo se excluyen de los informativos temas que comprometen al Partido Popular (como pueden ser las protestas de los jóvenes afectados por el retraso del bono del alquiler o los vínculos familiares de la alcaldesa de Marbella con el tráfico de drogas), mientras que los temas que repercuten al PSOE adquieren en las noticias de Canal Sur un “sobredimensionamiento mediático” (como en el caso Koldo). En este sentido, el análisis del último semestre sostiene que el tono de las informaciones sobre Juan Manuel Moreno “siempre es elogioso” –tanto es así que se afirma no haber encontrado “ninguna información que pudiera perjudicar la imagen del presidente andaluz”– y, sin embargo, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez “siempre se le vincula a noticias negativas o polémicas”. Temas de sanidad edulcorados Entre los 350 ejemplos de “malas prácticas” que recoge el informe, se destaca el tratamiento de la sanidad andaluza en los informativos de Canal Sur TV. A ojos del Consejo Profesional de RTVA, de los casi 184 minutos que se dedican a este bloque temático, la gran mayoría (160) se corresponde con noticias “más cercanas a la propaganda que a la información”. Avances médicos, nuevos tratamientos, congresos, anuncios gubernamentales o el día del cáncer entre otras enfermedades copan el espacio que se dedica en N1 y N2 a la sanidad, el tema más controvertido para el Gobierno de Juan Manuel Moreno. A modo de ejemplo, el informe señala que el 22 de noviembre, día en que trascienden los datos actualizados de las listas de espera en el SAS, el informativo N1 de Canal Sur apenas dedica 3 minutos al final del programa a informar sobre el tema, mientras que el de N2 ni si quiera lo menciona. En cuanto al desarrollo de la información, se dedican 2 minutos y 16 segundos a la defensa del Gobierno andaluz y 45 segundos a las críticas de los partidos de la oposición, sin aludir a que Andalucía lidera las listas de espera a nivel nacional y que en un año han aumentado un 227% los andaluces por encima del plazo legal. Además, la noticia aparece en el minuto 26 de 30 de informativo, “por detrás de la detención de un gurú budista o el 60 aniversario del asesinato de John F. Kennedy”. Un mes después, el 21 de diciembre, diferentes medios se hacen eco de la información que publicó en exclusiva elDiario.es Andalucía sobre el repunte del 55% de las listas de espera tras revelarse que los contratos de la Junta para derivar pacientes a la privada no tienen anclaje legal. El informe del Consejo Profesional de RTVA reprocha que esta información no figura esa jornada en las escaletas de Canal Sur TV. Igualmente, las dimisiones en el SAS del 27 de diciembre –que se interpretaron como un síntoma de la crisis en la gestión de la sanidad pública andaluza que atravesaba el Gobierno andaluz– “fueron camufladas en los informativos de Canal Sur TV como un revulsivo y el inicio de una nueva etapa”, como indica el informe. Conclusiones Amparándose en los datos recopilados, el Consejo Profesional de RTVA concluye que las “350 malas prácticas periodísticas” detectadas en los últimos seis meses constatan “la preocupante situación por la que pasan los servicios informativos de la cadena pública andaluza y la peligrosa deriva, de la que ya avisábamos en anteriores informes, y que ahora muestra toda su crudeza en sus espacios de noticias”. Para demostrar que la Dirección de Canal Sur TV incurre en una “instrumentalización política de la información” y en el incumplimiento de los documentos a los que se debe, el documento finaliza recordando que “el Estatuto Profesional de la RTVA establece el pluralismo como principio fundamental de los servicios informativos de Canal Sur” y, añade, “no se cumple con ese pluralismo cuando se dedica más tiempo al presidente de la Junta en seis meses que toda la información ofrecida sobre sanidad, educación y dependencia”. Asimismo, subraya que “la Ley de la RTVA establece en su artículo 2 la obligación de servicio público encomendada a la radio y la televisión de Andalucía”, pero, apostilla, “no es servicio público dedicar 300 veces más tiempo a la amnistía que a las tasas de pobreza en Andalucía”. En definitiva, el órgano que representa a los trabajadores de Canal Sur entiende que con este último informe se vuelve a poner sobre la mesa “no ya que la manipulación se haya cronificado en los espacios de noticias” de la cadena pública andaluza, “sino que esa manipulación se ha convertido en la herramienta de la Dirección de Informativos, con el consentimiento y la complicidad de la Dirección General y de la mayoría del Consejo de Administración, para imponer una línea editorial incompatible con el carácter público de la RTVA y el servicio que está obligada a prestar a todos los andaluces y andaluzas”, según remata el informe.eldiario.es