Feijóo desinflama su discurso y prioriza los "problemas reales" para marcar agenda a Sánchez
Alberto Núñez Feijóo ha comprendido que a un ciudadano de a pie de Majadahonda, Linares o Navalmoral de la Mata le preocupa más la subida de la cesta de la compra, los problemas para acceder a una vivienda o no poder ver a su hijo por las jornadas interminables en el trabajo que la grandilocuencia de los ataques al Gobierno. Esa reflexión, reposada en las últimas semanas por el resultado de los testeos demoscópicos que cocinan en el 13 de Génova, ha llevado al líder de la oposición a introducir en el debate los "problemas reales", asuntos que de verdad afectan a la vida diaria de los españoles, por encima de asuntos más "emocionales".
El objetivo, ratifican en Génova, es intentar reconectar con amplias capas de la población sin importar su predilección ideológica e introducir propuestas novedosas con las que "marcar la agenda" al Gobierno. En los últimos meses, distintas voces del partido lamentaban en privado la incapacidad de la dirección a salir de los debates impuestos por Sánchez desde la amnistía a la política internacional con asuntos candentes como el reconocimiento del Estado de Palestina o el giro con el Sáhara, con la premisa de que "el escándalo de ayer, tapa el de hoy".
Feijóo ha arrancado el curso con el objetivo de salir de esa rueda y recuperar la iniciativa política, especialmente en la vertiente social y económica. Eso no significa que el primer partido de la oposición vaya a renunciar a poner el grito en el cielo por las "barbaridades" que observan en el Ejecutivo, desde las cesiones al independentismo al complicado horizonte judicial del entorno de Sánchez, sin olvidar su debilidad parlamentaria. Para ello, Génova perfila un "reparto de papeles" con el líder centrado en las grandes problemáticas sociales, mientras se deja a los portavoces de verso afilado, como es el caso de Miguel Tellado, las críticas más áridas contra el Ejecutivo.
El líder popular empezó la semana abriendo un debate hasta ahora inexplorado para la derecha: estudiar la implantación en España de la jornada laboral de cuatro días, en línea con las propuestas que ya analizan líderes comunitarios de distinta procedencia ideológica, desde el laborista británico Keir Starmer al conservador polaco Donald Tusk. La propuesta descolocó al Gobierno y le arrastró a un debate que hasta ahora solo abanderaba Sumar. Yolanda Díaz mantiene una negociación paralela con sindicatos y patronal en busca de un acuerdo amplio para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales.
Y Feijóo se cuela ahora en el debate con un modelo con el que pretende atraer a la patronal. En Génova aspiran a convencer al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que su iniciativa es viable, y forzar con ello al partido minoritario de la coalición de Gobierno a negociar su propuesta. Porque no implica, en principio, reducir la cantidad de horas trabajadas, sino redistribuirlas y concentrarlas en cuatro días para aumentar los días de libranza y el tiempo de conciliación.
Aunque la interlocución con la patronal ha sido habitual desde la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección del PP, el jefe de los populares mantendrá encuentros formales tanto con Garamendi como con los principales sindicatos —UGT, CCOO y Cepyme— a partir de la primera semana de octubre. El mandatario gallego aprovechará la ronda de reuniones para exponer otros puntos clave de su Ley de Conciliación, a la que Génova ha dado prioridad máxima.
La normativa incluye propuestas como la educación gratuita de 0 a 3 años; los incentivos a empresas que reincorporen a mujeres tras una excedencia, o el aumento de las bajas por paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas, con lo que Génova trata de dar un paso más a las recetas de conciliación de la izquierda. La ley verá la luz en el Congreso en las próximas semanas, y el PP aspira a que concite un amplio consenso en las Cortes, por lo que abrirá una ronda de contactos con los distintos grupos parlamentarios con la única excepción de EH Bildu.
Génova ultima su propia Ley de Vivienda
Fruto de esa dinámica de escucha social, Génova ve también un momento propicio para desplegar sus recetas para otra de las problemáticas más transversales: el acceso a la vivienda y los precios de los alquileres. El próximo 13 de octubre se espera en Madrid una gran manifestación por el derecho a la vivienda, que pone contra las cuerdas a la titular del ramo, Isabel Rodríguez. La ministra se convirtió en el blanco de las críticas al pedir "solidaridad" a los caseros con los precios de los alquileres, ante las que endureció su discurso y advirtió a las comunidades autónomas que no aplicasen la Ley de Vivienda que les recortaría la financiación.
La dura advertencia de la ministra de Vivienda encolerizó a las regiones gobernadas por el PP, especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se niega categóricamente a intervenir los precios de los alquileres. "Es un atentado contra la propiedad", zanjó. En Génova se sacuden también de las "amenazas" del Ejecutivo, y contraatacarán con su propia Ley de Vivienda y Suelo que están ultimando y que registrarán en las próximas semanas, posiblemente de forma paralela a su Ley de Conciliación, y acompasándola al malestar social que puede estallar en las calles.
El PP intenta así aprovechar la coyuntura social y subirse a otro de los grandes debates con sus propias recetas. La normativa de los populares no incluirá regularizar el precio de los alquileres, pero sí propuestas enfocadas a la oferta para que repercuta en el precio, como la liberalización de suelo o incentivar la colaboración público-privada para agilizar la construcción de inmuebles, sin olvidar otra problemática que en Génova creen "transversal": la okupación ilegal de viviendas.
En Génova aseguran haber analizado también el impacto social del controvertido cupo catalán por la "desigualdad" a la que somete a la financiación del resto de autonomías, aunque fuentes de la dirección admiten que en esta cuestión no han encontrado, por el momento, tanta contestación social. Quizá por el hecho de que, salvo el preacuerdo del PSC con ERC, no se conoce nada más de la propuesta. Si se materializa y llega al Congreso, ni siquiera tiene visos de salir adelante por el aparente cerrojazo de Junts.
En la dirección del PP nunca se han cerrado a volver a la calle para protestar contra el concierto económico para Cataluña, pero no creen que sea el momento ni que haya tensión social suficiente como para rebosar las calles, como sí sucedió en su día con la ley de amnistía. Por eso, enfrían el llamamiento que hizo el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, que defendió en una entrevista para El Mundo la necesidad de "rebelarse" en la calle contra la singularidad financiera catalana, una petición a la que se abrieron el resto de barones populares.