Las prioridades de PP y Vox en Burgos: 50.000 euros a una novillada y 'tijeretazo' de 119.000 a ONG que ayudan a migrantes

El Ayuntamiento de Burgos retirará los 119.000 euros de ayudas a las ONG ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural por considerar que  contribuyen “al efecto llamada” y a la “inmigración ilegal”. Así lo ha asegurado este viernes el vicealcalde de la ciudad, Fernando Martínez-Acitores (Vox) que ha comparecido en rueda de prensa para defender los presupuestos municipales para 2025.

Las cuentas municipales para 2025 contarán con la bonificación del IBI a familias numerosas, retrasar la entrada de la tasa de basuras a 2026, incorporación de la perspectiva de familia, estudio del plan de rebajas impositivas y bonificaciones para incentivar la implantación, conservación y transmisión de negocios. También 50.000 euros para “una feria taurina” que consistirá en una novillada.

El también portavoz de Vox en el Ayuntamiento burgalés ha definido a las cuentas para 2025 como “las más realistas de la historia” y que harán que, comparando con la “economía doméstica”, Burgos no viva “por encima de sus posibilidades”.

Del 'tijeretazo' a las ayudas a las ONG se libra Cáritas que contará con 19.000 euros. Sobre la entidad vinculada a la Iglesia, Martínez-Acitores no ha terminado de concretar los motivos aunque ha asegurado que no “colabora con el efecto llamada”. Para el vicealcalde, tras estudiar el objeto del convenio suscrito con las organizaciones y a qué destinaban las partidas, su “conclusión” es que “en un caso está justificada y en nosotros no”.

Durante su intervención, Martínez-Acitores ha querido quitar importancia a la cuantía suprimida a las ONG. “Estamos hablando de 119.000 euros sobre un presupuesto total de 250 millones de euros”, ha significado. Preguntado al respecto de la importancia de esta afirmación, el concejal de Vox ha apuntado que “en realidad dónde hay que hacer hincapié es en la dignidad, más que en la cantidad”.

La inmigración, “el grandísimo problema” en Burgos según el Ayuntamiento

En la rueda de prensa, Martínez-Acitores ha tratado de justificar una nueva polémica contra los migrantes al señalar que tratan de poner su “granito de arena” al “grandísimo problema de la ”inmigración ilegal“. En junio de este año el vicealcalde trataba de hacer que la Policía Municipal realizase “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar ”posibles casos de empadronamiento ilegal“. Todo esto sin sacar datos a la palestra para tratar de justificar una medida que, según Vox, evitase empadronamientos ”ilegales“ para ”recibir ayudas o intentar regularizar su situación“. También señaló un posible ”fraude electoral“ en estos empadronamientos además de apuntar que ”todas“ las causas están relacionadas ”con casos de inmigración ilegal“.

En esta ocasión la alcaldesa Cristina Ayala, del PP, tuvo desautorizar a su socio de gobierno y recordó que las órdenes a la Policía solo las da ella. La idea de Vox fue considerada por el Ministerio de Migraciones como una “intromisión” en materias que competen a la policía nacional y “con finalidades xenófobas”.

“La inmigración ilegal es la esclavitud del siglo XXI”

En la disertación de Martínez-Acitores para justificar retirar las ayudas de “119.000 euros sobre un presupuesto total de 250 millones de euros”, el concejal de Vox ha indicado que considera que “la inmigración ilegal es la esclavitud del siglo XXI”. “A nosotros el problema de que fallezca gente en el Mediterráneo nos preocupa mucho”, ha apostillado.

“A Vox nos votan muchos inmigrantes. No solo nos votan, sino que tenemos simpatizantes afiliados aquí mismo, en la ciudad de Burgos. Simpatizantes, afiliados, cargos orgánicos que son inmigrantes”, ha señalado.

“Que lleguen aquí y que estén en condiciones pésimas, que vivan en guetos, que no tengan casi para comer, nos preocupa mucho, pero queremos afrontarlo de raíz”. Desde el Ayuntamiento de Burgos, como ha explicado, quien “reducir el efecto llamada” para evitar esta situación. Para ello, el vicealcalde ha indicado que se han destinado “esas partidas presupuestarias” a otros fines sociales de la Concejalía de Mayores, Juventud, e Infancia.

Con esos “119.000 euros sobre un presupuesto total de 250 millones de euros”, como ha indicado el representante de Vox, la extrema derecha cercena dentro de las competencias municipales las ayudas a diferentes ONG burgalesas. El PP ha aceptado aunque es un acuerdo fruto de “una negociación, no un chantaje ni una amenaza”, como indicó este jueves la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros (PP).

“Fue una petición de Vox en la negociación de los presupuestos y el PP no está de acuerdo, porque esas ONG hacen una muy buena labor, pero este es un gobierno de coalición y seguramente el presupuesto que presentamos no es el ideal ni para el PP ni para Vox”, explicó Ballesteros.

Ballesteros detalló que en el borrador presupuestario mantienen en la misma cuantía que este año las ayudas a cooperación internacional, que también a petición de Vox se redujeron a la mitad, quedando en menos de 500.000, en la negociación del presupuesto de 2024, el primero del gobierno de coalición PP-Vox tras las elecciones de 2023. Lo único que recogerá el presupuesto de 2025 para las ONG será una partida para cumplir con la obligación derivada de este año, pues está pendiente de pago el 30 % de las ayudas, a la espera de que justifiquen los gastos.