AEMET: así será el tiempo en Talavera de la Reina mañana, jueves 7 de noviembre

Esta semana el presidente del Parlament, Josep Rull, someterá a votación los ocho senadores autonómicos que representarán a Catalunya en esta legislatura. Tras acordar que la lista estaría formada por tres representantes de PSC y Junts; y uno de ERC y del PP, los partidos han hecho públicos ya los nombres de sus postulantes a la espera de que la comisión del estatuto de los diputados avale su candidatura, antes de la aprobación final en el pleno prevista para este jueves.Seguir leyendo....

Barclays ya no quiere ser un operador nacional. La entidad británica ha decidido centrarse en Madrid, Barcelona y otras grandes capitales del país, donde también

Kush Saxena dejará de dirigir Getnet, pero continuará como asesor del consejo de la firma

Estos dos niños de 11 años están dando mucho que hablar por su compromiso para ayudar tras la DANA en Picanya (Valencia), y Ana Rosa Quintana ha hablado con ellos en 'TardeAR'

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que se ha reducido por debajo del 50% la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha asegurado que su formación intentará dar "oxígeno" y que haya "viento de cola" para que el Gobierno de Pedro Sánchez se mantenga porque el desarrollo estatutario y el logro de un nuevo autogobierno en Euskadi dependen de la continuidad de la legislatura.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha actualizado la cifra oficial de fallecidos por las consecuencias de la DANA a 219 tras los hallazgos de los dos últimos cuerpos que seguían desaparecidos en Letur (Albacete), por lo que el número de muertos en Castilla-La Mancha sube a siete mientras que en la Comunidad Valenciana se mantiene en 211 y uno en Andalucía.

Un letrado murciano pide a la Inspección Fiscal que investigue las "extrañas circunstancias" en las que se fraguó el pacto entre el Ministerio Público y los empresarios condenados de la trama de prostitución de menores por el que se libraron de entrar en prisión.

Abordem amb dos experts la distància entre la consciència ciutadana sobre la gravetat de la crisi climàtica i els resultats electorals, l'impacte que pot tenir un episodi tan devastador com el succeït al País Valencià i mesures polítiques que s'haurien de prendre ja per adaptar-se al nou context

El encuentro de Champions disputado entre Brujas y Aston Villa ha dejado una acción inusual que ha sido muy comentada en redes sociales.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha agradecido al «innombrable Francisco Franco» que desviara el cauce del río Turia porque, de no haberlo hecho, según ha dicho, su crecida a causa de la DANA hubiera afectado también a Valencia capital. «Gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco que desvió el cauce del Turia, porque es que, si no, habría sido Valencia capital también », ha afirmado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación, que le han preguntado sobre la actuación del Gobierno tras la DANA en Valencia. Aguirre ha criticado que la gente de los municipios afectados está «abandonada» y que, «en lugar de cumplir la Ley de la Defensa Nacional y enviar al Ejército», el Gobierno ha puesto al mando a la UME. Precisamente por esta gestión, ha pedido la dimisión de la ministra de Defensa , Margarita Robles. En este sentido, ha cuestionado que al frente de la operación se pusiera al general jefe de la UME, en vez de al jefe de Estado Mayor de la Defensa . «¿ Por qué no han ido los helicópteros a llevar el agua, a llevar los alimentos, a llevar las medicinas, a llevar todo eso a los lugares inaccesibles? ¿Por qué no ha ido el regimiento este de zapadores a arreglar las carreteras?«, se ha preguntando, al tiempo que ha exigido la dimisión inmediata de Robles. Acto seguido, Aguirre ha dicho que le da «la impresión de que el Gobierno y sus socios no quieren ver a militares de uniforme con la bandera de España en la calle: «Eso es una vergüenza nacional» .

La historia de las siete activistas del colectivo feminista 8 Mil Motius, condenadas a un año y medio de prisión por su participación en la huelga general feminista del 8 de marzo de 2018, ha vuelto a suscitar un amplio debate sobre la represión a los movimientos sociales en nuestro país. Durante una protesta pacífica con motivo del 8M, las siete mujeres ocuparon junto a otras muchas compañeras las vías del tren en Barcelona, en un acto simbólico para visibilizar la lucha por "los derechos de todas". La sentencia, una de las más duras contra el movimiento, incluye también una indemnización de más de 26.000 euros a la compañía ferroviaria por daños y pérdidas. Estas militantes llevan ya seis años de proceso judicial, con todo el desgaste físico y emocional que ello implica, en un caso que lejos de ser un episodio aislado, parece constituir una pieza más en un amplio mosaico de criminalización dirigido a castigar la protesta social. Para comprender su impacto, es importante enmarcarlo de

Su triunfo ha sido total, indiscutible, desmoralizante Leer

La cooperativa invertirá seis millones de euros adicionales en sus instalaciones de Bellpuig, donde fabrica comida para animales de compañía. Leer

El huracán Trump sacude de nuevo a una UE en apuros. El regreso del republicano pone en jaque el apoyo a Ucrania, aumenta la tensión de la guerra comercial, hace tambalear el orden multilateral y otorga combustible a los populistas.

Impulsan la asociación 'Subsierra' para comprometerse con las señas de identidad vitivinícola de los pueblos de Rioja Alavesa y Rioja Alta y multiplicar el "prestigio" de esta comarca. "La apuesta por el valor es el único futuro", reivindican estos bodegueros ante el bajón en ventas del Rioja Leer

L'actriu Elisa Mouliaá, la primera a denunciar-lo davant la justícia, no declara aquest dijous, sinó que ho farà dimarts que ve

El Govern enviará un nuevo contingente de ayuda a Valencia para continuar con las tareas de rescate y recuperación de las zonas más afectadas por la DANA que el pasado día 29 de octubre asoló la Comunitat Valenciana, entre el que se destaca 82 efectivos de emergencias.

La demócrata ha llamado al republicano este miércoles para felicitarle por su victoria en las elecciones. En esta llamada, Harris ha insistido en que ejerza como presidente "para todos los estadounidenses".

La presencia de un dron en el aeropuerto de Madrid-Barajas ha obligado a desviar más de una veintena de vuelos a otros aeródromos tras la activación del protocolo de seguridad, según han confirmado fuentes de Aena a 'ABC'. [HABRÁ AMPLIACIÓN]

La flota artesanal del Archipiélago, a dos meses de cerrar el año 2024, tampoco consigue desembarcar en los puertos isleños el 100% de la cantidad máxima del año: llega al 84% de los derechos disponibles, lo que supone 453 toneladas de atún rojo y 85 aún sin pescar Canarias repite una y otra vez el mismo fallo, que no se corrige, en la gestión de las capturas vinculadas a la cuota que el Gobierno central le asigna para poder pescar bajo control y con métodos artesanales el atún rojo (Thunnus thynnus), la especie más preciada en la familia de los túnidos. Un año más, esta vez en 2024, a solo dos meses de terminar la campaña en curso, la historia vuelve a ser la misma, idéntica: la cuota o los derechos de pesca de ese túnido, medidos en toneladas, se han mantenido en 538 este año, la misma cifra que en 2023, y una campaña más parece que va a ocurrir lo de casi siempre, que no se aprovechen todas las capturas autorizadas por el Ministerio de Pesca y repartidas en Conferencia Sectorial. Así pasó en 2023 y así se apunta que volverá a ocurrir este 2024, salvo que la situación cambie tanto (lo que no sería habitual) en estos dos últimos meses del año y se logren extraer del mar, de aguas de Canarias o cercanas a las islas, las 85 toneladas que aún se pueden pescar, siempre según los datos del balance de descargas con cargo a esa cuota anual servidos a 22 de octubre pasado por la propia Federación Regional de Cofradías de Pescadores, que utiliza un registro oficial. Esas 85 toneladas que todavía no se han llevado a las cubiertas de las embarcaciones artesanales forman parte de la cuota anual de 2024, que es de 538 toneladas, de las que, a la fecha señalada, se ha capturado el 84%, lo que representa 453 toneladas dentro de las posibilidades máximas (en 538). Según fuentes consultadas en el sector extractivo artesanal de las islas, las de armadores de embarcaciones que sí han podido capturar las toneladas que tenían asignadas de atún rojo para este 2024, el problema de que año tras año se dejen escapar toneladas de la cuota de atún rojo, las que se pueden pescar y terminan sin ser descargadas en Canarias, tiene mucho que ver con el sistema de reparto de la cuota total para Canarias diseñado por la Consejería de Pesca, pues este asigna derechos a pesqueros muy pequeños, de litoral, sin autonomía ni seguridad para acceder a donde transitan esos cardúmenes. Este inconveniente dificulta que las campañas puedan ser completadas hasta el 100% de la cuota asignada cada año y, sin duda, es un palo en las ruedas a la hora argumentar la histórica demanda de Canarias sobre tener una cuota anual de atún rojo para la flota artesanal de las islas en torno a las 1.100 toneladas, justo el doble de la que se dispone en estos momentos, tanto en 2024 como en 2023. Esa petición continua de incremento de cuota, formalizada en tantas ocasiones por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, sigue cayendo en saco roto en las negociaciones con el Ministerio de Pesca, en parte porque lo que ya se concede, al menos en los últimos años, no termina de consumirse en su totalidad. Quintero expone como razones de peso que justificarían ese incremento de cuota el hecho de que Canarias pesca con artes sostenibles (la de caña y anzuelo con cebo vivo, con extracciones pieza a pieza), y es verdad, a lo que une que la flota local pertenece a una región ultraperiférica formada por islas, abierta al mar y sus recursos, y con necesidades reconocidas en la mejora de la renta de sus pescadores, tanto de litoral como de bajura, las dos flotas más importantes en el archipiélago tras la muerte, o casi, de los buques de pesca más industriales: sardinales de cerco, sin ninguno a la vista, y congeladores de cefalópodos, los adscritos a la gallega organización de armadores Anacef, ya muy pocos y solo con puerto base en las islas, en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Derechos a repartir entre 250 artesanales isleños La cuota de atún rojo, la que permite las capturas de este túnido tan demandado en todo el mundo, se reparte en las islas entre unas 250 embarcaciones, es actualmente de 538 toneladas (2024) y esta cantidad se extrae de la cuota país para esa misma especie, en 7.462 toneladas el mismo año, con un aumento del 10% respecto a 2023. Este incremento no se aplicó al umbral canario, que es el mismo en 2024 que en 2023 y representa el 7,2% del total español. Como principal novedad de la campaña pesquera de este año, hay que decir que esta se adelantó al mes de enero, con lo que el inicio dejó de ser en marzo (así se produjo en 2023), con lo que se acepta una reclamación del Gobierno de Canarias y del sector artesanal isleño. Se trata de un logro relevante. Así, los pescadores pueden realizar las capturas, atendiendo a sus derechos de pesca específicos (repartidos según una resolución de la Secretaría General de Pesca), hasta el 14 de junio de 202 y desde el 29 de enero, esto en una primera fase de actividad extractiva. Luego, tras unos días para poner las cosas en orden, se reactiva la campaña desde el 19 de junio hasta el 31 de diciembre. La resolución reguladora de la Secretaría General de Pesca, organismo estatal, establece el límite máximo de capturas de todos los barcos autorizados para la pesca en 537 toneladas (la misma cantidad que en la campaña anterior) y fija que la distribución de derechos de pesca se realice según tipo de buque y tamaño, unas reglas que no varían respecto al año precedente, el de 2023.

En su denuncia contra Nieves Lady Barreto por acoso laboral, Luis Santos Jara acusaba a la consejera de haber "dilatado" el procedimiento disciplinario abierto en su contra para perjudicarleArchivado el expediente disciplinario contra el exjefe de la Policía Autonómica La investigación judicial abierta a raíz de la denuncia que el comisario principal y exjefe de la Policía Canaria, Luis Santos Jara, presentó contra la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), por un presunto caso de acoso laboral sigue su curso. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife ya tiene en sus manos la documentación sobre el procedimiento disciplinario que el Gobierno regional incoó contra el mando policial en septiembre de 2023. Una actuación que fue finalmente archivada pero que, según expuso Santos Jara en esa denuncia, se dilató para “perjudicarle y causarle una evidente discriminación profesional”. Los hechos que dan origen a este litigio se produjeron a mediados de agosto de 2023. La isla de Tenerife estaba sufriendo un gran incendio forestal. Tan sólo hacía dos meses que CC y el Partido Popular (PP) habían firmado el acuerdo para gobernar en las Islas y un subcomisario de la Policía Canaria, David del Pino Franquet, acababa de ser designado director general de Seguridad. Fue este cargo político, que en los años precedentes había ejercido bajo las órdenes de Santos Jara, quien propuso abrir un expediente de información reservada (actuación previa al disciplinario) contra el todavía entonces jefe del cuerpo autonómico después de que llegara a sus oídos el rumor de que este había criticado en un pase de lista la gestión de ese incendio forestal y hubiera acusado de “inexperto” al gobierno recién constituido. La información reservada se abrió el 13 de septiembre de 2023 y su instructor (un funcionario que ejerce como jefe de servicio) dictaminó en dos informes (el primero de diciembre de 2023 y el segundo, ampliatorio, de marzo de 2024) que no existía indicio de infracción disciplinaria alguna en la actuación de Santos Jara. A pesar de las conclusiones de ese informe, el Gobierno de Canarias ordenó abrir un expediente disciplinario en mayo de 2024 y, por tanto, mantuvo al comisario principal bajo investigación unos meses más hasta su archivo a principios de octubre. En el primer informe del expediente de información reservada, el instructor señala que hay indicios de que la mañana del 18 de agosto de 2023, durante un pase de lista con los agentes, el comisario principal “pudo haber efectuado declaraciones críticas con la gestión de la emergencia”. No obstante, “no hay unanimidad entre los testigos” sobre el contenido de esas manifestaciones y sus circunstancias. Y, según esos testimonios, las palabras atribuidas a Santos Jara se habrían producido en el contexto de “una indicación general” para que los policías extremasen las precauciones, no se salieran de los caminos ni se internaran en el campo y para que “se centraran en el salvamento de personas y viviendas”, ya que el incendio había sido declarado fuera de control. Todos los testigos que dijeron haber escuchado al comisario principal criticar la gestión del incendio calificaron esas manifestaciones de “meros comentarios sin incidencia” en el servicio prestado esos días. Además, el instructor recalca que esas palabras se habrían pronunciado “en el ámbito puramente interno del cuerpo general” y, por tanto, descarta que puedan encajar en el apartado 17 del artículo 64 de ley de creación del cuerpo de la Policía Canaria, que tipifica como falta grave “las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad respecto a las decisiones de sus superiores”. “No existen indicios suficientes de que se hubieran producido de forma abierta y pública, ni aún en alta voz”, por lo que, a juicio del instructor, “no se trata de manifestaciones públicas” y, por tanto, “no apuntan a la comisión de infracción disciplinaria” alguna. Ese primer informe no pareció convencer al Gobierno de Canarias. El viceconsejero de Administraciones Públicas, Antonio Llorens de la Cruz, solicitó al instructor una ampliación para que aclarase “varias cuestiones”, aludiendo a sentencias sobre casos que consideraba asimilables al del comisario principal de la Policía Canaria y que habían concluido con repercusiones disciplinarias. El instructor respondió que las resoluciones que citaba el viceconsejero habían enjuiciado “hechos diferentes” y remarcó que él había analizado jurisprudencia del Supremo y de tribunales superiores de justicia entre 1983 y 2023 y que toda ella concidía en que, para encajar ese tipo de manifestaciones en una infracción disciplinaria, era necesario que hubieran “trascendido a la ciudadanía”, bien porque fueran realizadas “ante el público presente en alguna oficina de atención al público o ante personal ajeno a los cuerpos funcionariales y a la dirección de los mismos” o bien a través de “notas de prensa, declaraciones en radio o televisión o emisiones en la red social Youtube u otras”. A juicio del instructor, no se trata sólo de que esas declaraciones atribuidas al comisario principal no fueran manifestaciones públicas, sino que, además, de su contenido literal “no se deduce ninguna falta de mesura, ni de respeto a sus superiores jerárquicos, consistiendo en un juicio crítico negativo, fundado en la propia experiencia profesional del hablante, sobre la gestión inicial de las labores de extinción del incendio por el Gobierno”. Por tanto, Santos Jara “hizo un uso correcto de su libertad de expresión y sus manifestaciones no encajan en el tipo del artículo 64”, recoge el segundo informe, que también descarta la existencia de cualquier indicio de “desobediencia, puesta pública en entredicho, falta de respeto, desconsideración grave o leve ni ninguna actuación que pusiese en peligro las labores, cruciales en aquellos momentos, del cuerpo general de la Policía Canaria”. A pesar de estas aseveraciones, el Gobierno de Canarias decidió abrir un expediente disciplinario contra el comisario principal en mayo de este año, sobre la base de determinados testimonios que afirmaban haber escuchado esas palabras críticas del comisario principal. En aquel momento, Santos Jara ya había sido relegado de la jefatura del cuerpo y Nieves Lady Barreto, la consejera que había ordenado abrir contra él la información reservada, se había abstenido de intervenir en cualquier procedimiento vinculado con el mando policial. Por ello, la apertura del expediente disciplinario está firmada por Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, quien también rubricó su archivo, a principios de octubre, después de que una nueva instructora concluyera que no se había podido demostrar ninguna conducta reprochable disciplinariamente. El papel del director general de Seguridad Todos los informes del procedimiento contra Santos Jara, tanto en su fase de información reservada como en la del expediente disciplinario, se detienen en el papel desempeñado por el director general de Seguridad, David del Pino Franquet, el alto cargo que impulsó esa investigación interna contra quien fuera su jefe en la Policía Canaria. En el primer informe, el instructor explica que antes de la apertura de la información reservada, Del Pino contactó con varios miembros del cuerpo “para que le confirmaran determinadas informaciones que le habíen llegado (a través de mensajes de WhatsApp) de personas que no presenciaron los hechos”. Esos testimonios fueron incorporados al informe que elevó el 28 de agosto de 2023 a la Consejería, el germen del procedimiento disciplinario. Esos contactos previos del director general de Seguridad pudieron “condicionar los testimonios posteriores” y difiultaron “la labor instructora”, recoge ese informe. Una actuación que, a juicio de este funcionario, se agrava porque el propio Del Pino reconoció en el informe de agosto su “imparcialidad objetiva por hallarse incurso en una causa de abstención”, al haber tenido relación de servicio con la persona sobre la que pedía abrir información reservada, su antiguo jefe. A juicio del instructor, Del Pino “debió elevar el asunto a su superior jerárquico, sin realizar ninguna actuación”, ya que pudo condicionar los testimonios posteriores. “No puede descartarse la posibilidad de que esa falta objetiva de imparcialidad pudiera haber inducido a error al director general de Seguridad, quien (...) ha podido, aún sin pretenderlo, hacer caso de comentarios que tal vez fueron injuriosos, haber sobresimensionado la trascendencia o relevancia de los mismos o influir en los testimonios recabados”, expone en su segundo informe. Por su parte, la instructora del expediente disciplinario también calificó de “incongruente” que este alto cargo presentara en julio de 2024 un informe complementario sobre estos hechos después de haberse abstenido de participar en ese expediente por haber trabajado durante los años precedentes con Santos Jara.

La circulación se ha reactivado después de que la Guardia Civil confirmara que no había más avistamientos.

La justícia pot declarar la mort d'algú després de 10 anys desaparegut, però en catàstrofes com la del País Valencià aquest termini es redueix a 3 mesos

   El Costa Adeje Tenerife Egatesa y el FC Levante Badalona se han clasificado este miércoles para los octavos de final de la Copa de la Reina, merced a sus respectivos triunfos por 1-4 frente al CD Guiniguada Apolinario y por 0-3 al CA Osasuna Femenino.

La fragilidad del Ejecutivo en los últimos meses había llevado a Lindner a pedir la convocatoria de elecciones anticipadas El canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, destituyó este miércoles a su ministro de Finanzas, el líder liberal Christian Lindner, después de que éste propusiera convocar elecciones anticipadas ante la grave crisis que atraviesa la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, que se encuentra ante una posible ruptura.

   Un total de 20 personas de seis casas en Paiporta (Valencia) han sido evacuadas de forma preventiva para estudiar el estado de cimentación de las viviendas, tras verse afectada por las inundaciones a causa de la DANA.

Aunque actualmente no es posible teletransportar a seres humanos, los avances en computación cuántica podrían llegar a permitir escaneos precisos de nuestras partículas que podrían hacerlo más factible

Aena afirma que el Aeropuerto Adolfo Suárez opera con normalidad aunque con demoras después de la complicada situación que se ha producido al suspenderse todos los aterrizajes El personal del aeropuerto de Madrid-Barajas se ha visto obligado a desviar hasta 21 vuelos en la tarde de este miércoles después de un avistamiento de drones en dos de las pistas, lo que ha supuesto la activación del procedimiento de seguridad por la presencia de estas aeronaves en la zona. Según informa Aena, el aeropuerto funciona con normalidad aunque con retrasos después de que se hayan suspendido los aterrizajes y despegues tras la activación del protocolo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una vez que fueron avistados los drones. En total, han sido desviados 21 vuelos de los 1.034 programados para este miércoles y se ha comenzado a recuperar el tráfico aéreo de y hacia Barajas poco antes de las 20.00 horas.

El Gobierno andaluz recuerda que asume "casi en su totalidad" los costes de estos trabajos, por lo que reclama mayor implicación económica al Ejecutivo andaluz para así agilizarlos como han vuelto a reclamar los colectivos memorialistas en una concentración ante el ParlamentoAndalucía mete 7.000 euros al presupuesto anual para Memoria tras recortarle medio millón en seis años Una “doble muerte”. Así definen los colectivos memorialistas los retrasos que se producen para la identificación genética de las víctimas de la represión franquista, una denuncia que han llevado ante el Parlamento andaluz con una concentración en la que han reclamado celeridad en estos procesos. Desde la Consejería de Cultura y Deportes –que gestiona esta competencia– se admite la demora, que cifra de media en entre 12 y 18 meses, a la vez que se recuerda que estos trabajos los asume en solitario, por lo que ha reclamado una mayor implicación económica del Gobierno central. La Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia, junto con otras entidades memorialistas, ha llevado a cabo esta protesta coincidiendo con la sesión plenaria en la Cámara andaluza. El objetivo: que la Junta “agilice” los cotejos genéticos promovidos entre familiares de víctimas de la represión franquista y los restos mortales recuperados de las fosas comunes. Desde el Ejecutivo andaluz se garantiza que se va a seguir trabajando “en la exhumación, la identificación y la atención a los familiares de las víctimas”, incidiendo en que se concibe la Memoria Democrática como “un territorio para la concordia”. De paso, aprovecha para recordar que asume “casi en su totalidad” los costes de estos trabajos de identificación genética, “cuando la realidad es que en Andalucía no solo la Consejería de Cultura y Deportes destina fondos a la exhumación”. En este sentido, señala que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática “dirige prácticamente la totalidad de su financiación” para actuaciones en materia de Memoria Democrática en la comunidad autónoma andaluza a las exhumaciones. “Sería, por tanto, oportuno plantear a las otras administraciones –especialmente, a la Administración General del Estado– que se comprometan a acompañar el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía destinado a los trabajos de identificación genética”.  El ejemplo de Pico Reja Desde el colectivo memorialista Miguel Guerrero, miembro de la plataforma, ponía como ejemplo recientemente a Europa Press que desde la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía, dirigida por Ana Gil, habían comunicado por vía “telefónica” los resultados a dos familiares de víctimas de la represión dictatorial. Previamente, habían entregado muestras genéticas para su cotejo con el material genético extraído de los huesos de los 1.786 individuos localizados en la fosa común de Pico Reja con signos de haber sido asesinados. Una de las asistentes a la concentración celebrada este miércoles. En ambos casos, según Guerrero, los resultados eran no concluyentes. A estas personas se les trasladó la “opción de buscar entre las ramas familiares a algunas otras personas que puedan prestarse” a proporcionar nuevas muestras de genéticas, a la búsqueda de resultados positivos. Miguel Guerrero detallaba que estas personas a las que habían comunicado estos resultados negativos se sometieron a la extracción de muestras genéticas allá por mayo de 2018. Pese a ello, no fue hasta mayo de 2023 cuando culminó el traslado de las muestras genéticas recogidas de los restos óseos de Pico Reja al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, para intentar identificar estos cadáveres mediante el cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas a familiares de represaliados. La Junta esgrime las dificultades del proceso Desde el Gobierno andaluz se reconoce la demora, pero se apunta a que el plazo de resolución de la identificación genética en cada una de las intervenciones arqueológicas oscila en la actualidad entre 12 y 18 meses. No obstante, se apunta que las exhumaciones que se llevan a cabo en grades fosas y los trabajos a realizar “duran largos periodos, incluso de más de un año, los tiempos de toma de muestras y envío” a la Universidad de Granada, por lo que se suelen dividir en campañas. Las mismas suelen durar seis o nueve meses y, tras ello, se procede a la toma de muestras de ADN de los restos exhumados y a su envío al laboratorio de la Universidad de Granada. “En otras ocasiones existe dificultad en el procesamiento de la información genética de las muestras de ADN tomadas a los restos de las víctimas exhumadas por el tiempo transcurrido desde sus fallecimientos”. En este sentido, se recuerda que en la mayoría de los casos estos restos “se encuentran en muy mal estado de conservación y es muy complejo poder obtener la información genética necesaria para cotejarla con el ADN de los familiares”. La protesta se ha hecho coincidir con una sesión plenaria en el Parlamento. Ante esta situación, y ycon la finalidad de aumentar la información genética obtenida para intentar dar respuesta a la demanda de los familiares, el proceso de análisis del ADN de los restos óseos se repite hasta tres veces con distintos procedimientos. Esto, argumenta el Ejecutivo andaluz, provoca “la consiguiente demora”. Información genética insuficiente Otra dificultad añadida es que, “en muchas ocasiones”, de los cotejos llevados a cabo entre el ADN de las víctimas y el de los posibles familiares no pueden obtenerse resultados concluyentes. Unas veces esto es debido a la imposibilidad de obtener información genética suficiente de las muestras de ADN de las víctimas, en cuyo caso, el laboratorio de la Universidad de Granada solicita al equipo que llevó a cabo la intervención la toma de una nueva muestra para intentar conseguir el ADN necesario. En otras ocasiones, en cambio, el problema obedece a que el grado de parentesco existente entre la persona a la que se le ha tomado el ADN y el familiar “no es el más adecuado para poder obtener un resultado positivo”. En estos casos, desde el laboratorio de la Universidad de Granada se solicita la toma de muestra de ADN a otro familiar con un grado de parentesco más idóneo para poder obtener un resultado positivo. Aprovechar los recursos del SAS Desde el colectivo memorialista, Miguel Guerrero apunta que la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía habría manifestado que contaría con unos “400 informes” relacionados con esta operación de cotejo genético, para su comunicación en adelante. Ante ello, lamentaba una vez más la “demora tan enorme y el atasco monumental” que arrastra todo este procedimiento. Los asistentes han portado imágenes de personas represaliadas cuyos restos no han sido localizados. Por eso, se reclaman medidas para “agilizar” todos estos trámites, proponiendo por ejemplo que el asunto deje de estar “centralizado” en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y el cotejo sea acometido “por provincias”, aprovechando por ejemplo los recursos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). También se solicita un “canal oficial” de comunicación entre las autoridades responsables de este procedimiento y los familiares de víctimas de la dictadura que han aportado muestras genéticas para intentar identificar los cadáveres rescatados de Pico Reja con muestras de violencia.ven la misma.

La dimensión de su victoria dejó perplejos a quienes esperaban una de las elecciones más reñidas de la historia de EEUU.

El Gobierno central ha invertido 230.000 euros en estabilizar las piscinas naturales ubicadas junto a la playa del Sable de Isla (Arnuero) , una intervención que realiza la Demarcación de Costas para consolidar y mejorar la seguridad de la...

Eduard Fernández da vida a Enric Marco, un hombre que se hizo pasar por superviviente de un campo de concentración nazi, llegó a presidir la asociación de deportados españoles y siguió defendiéndose cuando descubrieron su mentira.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta y candidata demócrata en las elecciones, Kamala Harris, han conversado telefónicamente en diferentes llamadas con el expresidente y aspirante republicano, Donald Trump, por su virtual victoria en los comicios, que le devuelve a la Casa Blanca cuatro años después.

La Fundación Prode ha inaugurado este miércoles en Pozoblanco un nuevo centro integral de salud y bienestar (Cenis) para ofrecer una amplia gama de servicios enfocados en el «desarrollo y cuidado de cada persona», creando, según ha informado, «un entorno de apoyo y crecimiento que abarca tanto el aspecto físico como el emocional». La ubicación exacta es la calle Almería, número 57. El nuevo centro cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por seis profesionales y servicios adaptados a todas las edades . La sala multisensorial está instalada en una primera fase gracias a una donación de 'la Caixa'. El nuevo equipamiento de la Fundación Prode ofrecerá servicios de fisioterapia, psicología, pedagogía terapéutica, logopedia, apoyo educativo personalizado, desarrollo de habilidades sociales, hidroterapia y mindfulness. Esta cartera de servicios, dirigidos a personas de cualquier tipo de edad, podrá ampliarse según las necesidades y solicitudes de los clientes. Además, este Cenis cuenta con la primera sala multisensorial en la zona norte de Córdoba, un espacio diseñado para enriquecer la experiencia terapéutica, orientado a la relajación, reducción de ansiedad y mejora de la respuesta sensorial. En el acto inaugural han estado presentes Araceli Araujo, responsable del Área de Infancia y Juventud de Prode; Blas García , presidente de la entidad, y Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco . Araujo ha recalcado la «gran experiencia del equipo multidisciplinar que integra este nuevo centro» y ha agregado que Cenis busca ofrecer «un servicio diferencial cuyo valor añadido se basa en la pertenencia a la Fundación Prode». Blas García ha afirmado, por su parte, que Pozoblanco y la zona de Los Pedroches «son nuestras raíces y origen, y aquí seguiremos trabajando» y ha agregado que su «objetivo es seguir avanzando en todo lo que es la atención en sectores vulnerables como el de la discapacidad o dependencia».

El avistamiento de un dron en las inmediaciones del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha obligado a suspender cerca de media hora el tráfico aéreo e, incluso, a desviar algunos aviones a aeródromos alternativos para su aterrizaje. Leer

La compañía de cargadores eléctricos eleva un 26% los ingresos hasta septiembre y continúa con su política de reducción de costes. Leer

Los empresarios reconocen sus dudas con las subvenciones y tienen "poca fe" en que sirvan para reparar los costes reales de la catástrofe. "No tengo capacidad financiera para poner en marcha otro negocio desde cero", reconoce una vecina.

Insta a "todos los compañeros" de la televisión a unirse a la movilización y "exigir una RTVE independiente cuyos responsables contribuyan" a la "credibilidad"

Abascal se crece con el regreso del líder republicano a la Casa Blanca y lo usa contra un Partido Popular tibio y equidistante ante las elecciones estadounidenses.

A las tres de la madrugada del miércoles de las elecciones, una mujer lloraba desconsolada, sentada en un banco en el parque de Lafayette. Otras dos conversaban en voz baja, como quien entra a un velatorio, mientras repetían, una y otra vez, «no puedo creerlo». Todas estaban con la mirada puesta en el único objeto luminoso ante ellas, el blanco edificio resplandeciente bajo los focos de la noche, el preciado galardón de las elecciones más caras de la historia. La Casa Blanca. Tres personas sin hogar dormían sobre unos bancos, y un poco a su izquierda, unos obreros llegaban al primer turno para levantar los escenarios del desfile de la toma de posesión. Desde allí, los invitados, quienes sean, verán... Ver Más

   El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que lo importante es "poner lo mejor" de todas las administraciones para "poder salir cuanto antes del momento actual" provocado por la DANA y, a su juicio, "no es tan relevante qué administración es quien termine haciéndolo" mediante la gestión de la emergencia.

El Córdoba ya conoce la fecha en la que jugará su partido aplazado ante el Almería. Así pues, el mes de noviembre va a ser intenso para el Córdoba CF que tendrá una semana más con tres encuentros al recuperar el partido previsto para la pasada jornada y que se aplazó por las malas condiciones meteorológicas con el Almería. En apenas pocos días, se medirá a los equipos que pelean por el ascenso. Finalmente LaLiga comunicó este miércoles que el partido se disputará el próximo miércoles 27 de noviembre tal y como adelantó ABC. Será a partir de las 19.00 horas en el UD Almería Stadium. Así pues, el Córdoba visitará Almería antes de medirse al Sporting de Gijón en la decimoséptima jornada de liga, que todavía no tiene un horario definido. Viajará a Almería cuatro días después de recibir al Real Zaragoza en El Arcángel el sábado 23 de noviembre a las 18.30 horas. LaLiga comunicó que «ante los partidos recientemente aplazados por la situación sufrida en España por la DANA , correspondientes a la jornada 12 de la Liga Hypermotion que debían jugarse en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Almería, el Juez Único de Competiciones Profesionales ha confirmado las nuevas fechas de tres encuentros más.   Además del Almería - Córdoba, la competición ha acordado la nueva fecha del Eldense - Huesca, que se jugará el 20 de noviembre a partir de las 20.00 horas así como el Castellón - Racing de Ferrol ; y el Levante - Málaga CF. Ambos a la misma vez que los blanquiverdes, el próximo miércoles 27 de noviembre a partir de las 19.00 horas. Finalmente, se cumplieron los deseos de la entidad cordobesista que propuso esta fecha para recuperar el encuentro.

El Ayuntamiento capitalino ha establecido los servicios mínimos ante los paros de la plantilla de la empresa que presta el servicio Las dos primeras jornadas de huelgas por parte del Servicio de Ayuda a Domicilio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria están convocadas para este jueves 7 y viernes 8 de noviembre, que se extenderán durante los días 14 y 15, 18 y 19 y 25 y 26 de noviembre. El personal de la empresa de la contrata ha denunciado el incumplimiento de su convenio colectivo y la falta de acuerdo en torno a los salarios de la plantilla de los años 2023 y 2024. El Ayuntamiento capitalino ha establecido servicios mínimos del 100% para las actuaciones de carácter personal y para determinadas labores domésticas, a cumplir durante los días de huelga convocados por los trabajadores y trabajadoras de la empresa que presta el Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad. El Consistorio en un comunicado ha informado de que el aseso personal, así como el lavado y planchado para las personas que viven solas, además de la preparación y cocinado de alimentos, son los servicios mínimos que deberán cubrirse al completo a los beneficiarios. Por otro lado, se prestará el 50% del servicio en lo referido a la limpieza habitual de la vivienda, detalla la nota, y en la coordinación de los servicios para garantizar la resolución de cualquier incidente en el desarrollo de los mismos y evitar los riesgos que pudieran derivarse de la no prestación. El Ayuntamiento señala que respeta “el ejercicio del derecho a la huelga de las personas trabajadoras para la defensa de sus intereses, reconocido como derecho fundamental por la Constitución”. Para abordar esta situación, se ha reunido con el comité de empresa de la contrata y le ha informado de los pasos dados por el Ayuntamiento para la formalización de un nuevo contrato, el cual, según informa la corporación local, se licitó el pasado mes de julio, por 74,6 millones -un 95% más que el actual- y que se declaró desierto. Ante esta situación, se actualizará el estudio económico para licitar nuevamente el Servicio de Ayuda a Domicilio, mediante un proceso que será abierto, por lo que las empresas que, así lo consideren, podrán presentar sus ofertas. En septiembre de este año, la Junta de Gobierno autorizó la prórroga del contrato anterior, para seguir garantizando este servicio hasta que se licite el nuevo contrato, que supondrá un incremento económico que mejorará las condiciones del servicio. Tal y como se le ha explicado a los trabajadores, es la empresa adjudicataria la que debe asumir las condiciones económicas estipuladas en el convenio del sector. El Servicio de Ayuda a Domicilio facilita que muchas personas con algunas dificultades en su autonomía reciban el apoyo necesario para desarrollar sus actividades de vida diaria y, de esta manera, puedan mantenerse en su entorno el mayor tiempo posible.

Saben aquell que diu que "los banqueros son una gente que te deja un paraguas cuando hace sol y te lo pide cuando empieza a llover" (Marc Twain). Leer

El nuevo mandatario hace triplete: controlará la Casa Blanca, gozará de una mayoría republicana en el Senado, y previsiblemente en la Cámara de Representantes, y contará con la complicidad del Tribunal Supremo.

Los implicados en la investigación son el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por el supuesto cruce de correos electrónicos entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía.