Andalucía saca ahora un concurso público para enviar pacientes a las mismas clínicas privadas con las que contrata a dedo

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, que afronta una investigación judicial sobre la adjudicación a dedo de 243 millones a clínicas privadas con contratos de emergencia amparados en una ley derogada tras la pandemia, renunció hace unos meses a volver este año al sistema de contratación abierto y con publicidad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Pero en realidad no ha mantenido ese criterio para todo el ámbito sanitario, y en salud mental tiene abierto ahora mismo un concurso público convocado para enviar pacientes a clínicas privadas con las que contrata a dedo y cuyos negociados investiga ahora un juzgado de Sevilla.

Se trata, más concretamente, de contratar estancias médicas hospitalarias de pacientes de salud mental para adultos, que se viene concertando, y, por primera vez, también de adolescentes con trastorno mental grave crónicos, con un presupuesto base de licitación de 15,3 millones y un valor máximo estimado de 42,9 millones, incluyendo todas las anualidades y las prórrogas posibles. Es un procedimiento abierto, al que se puede presentar cualquier entidad que reúna los requisitos aunque en la práctica solo unas pocas tienen capacidad para poder participar, como ha venido informando elDiario.es Andalucía y que deriva en que los grandes grupos sanitarios se reparten los concursos de la Junta mientras también acaparan las contrataciones a dedo.

Precisamente uno de esos grupos, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, tiene el concierto de 70 camas de adultos desde hace varios años con la administración andaluza en su centro asistencial y ha presentado una oferta a uno de los lotes que se licitan, el de adultos, por un valor estimado de 28 millones de euros por dos años.

La contratación de la atención a adolescentes entre 12 y 18 años con trastorno mental grave, por su parte, se divide en dos lotes: uno para las derivaciones desde las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental vinculadas a centros sanitarios públicos de las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, con una capacidad equivalente a 25 camas, y un segundo lote para los centros de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga con las mismas características.

Las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón han presentado para hacerse cargo de la atención a los adolescentes de Andalucía oriental mientras que, según la documentación a la que ha accedido este medio, a uno de los lotes no se han presentado ofertas. Precisamente las Hermanas Hospitalarias tienen concertadas 45 camas de agudos de adultos desde hace un par de años para el Hospital Virgen de la Victoria. Es decir, las mismas entidades privadas con las que se viene concertando la atención sanitaria, en este caso de salud mental, son las mismas que se van a llevar unos millonarios contratos con pacientes derivados de la sanidad pública.

Un “cambio de estrategia”

Volviendo a los sistemas de contratación, cabe recordar que en diciembre pasado la Junta había optado por un acuerdo marco en salud mental con varias empresas para concertar con la sanidad privada la derivación de pacientes de este tipo como “sistema más idóneo” para hacer frente a las “necesidades asistenciales” y ofrecer “tiempos de respuesta ágiles”.

Así, como un par de meses antes avanzó este periódico, autorizó la iniciación de un expediente administrativo en ese sentido con un valor máximo de 35,2 millones, incluyendo posibles prórrogas. De manera paralela, y dado que al vencimiento del contrato no se había formalizado otro nuevo, se firmó un contrato negociado con el referido centro San Juan de Dios de Málaga, que viene haciéndose cargo de las personas adultas con trastornos mentales graves, ya que el SAS “carece de medios propios” para ese tipo de atención, según la información que consta en el expediente administrativo.

El equipo que diseñó los acuerdos marco para aliviar las listas de espera para operarse y para pruebas diagnósticas en la sanidad andaluza fue destituido, junto con toda la cúpula del SAS, entre diciembre de 2023 y enero de 2024, y la Junta metió en un cajón el plan de volver a la contratación en abierto. Al menos en ese sentido porque en junio, siete meses después y después de que la Junta autorizara prorrogar un año los contratos a dedo con clínicas privadas y duplicar el gasto hasta los 275 millones, la actualización de la memoria justificativa del acuerdo marco para las derivaciones de salud mental ya indicaba que había “cambiado las circunstancias”. Ahora se consideraba “más adecuada, por su agilidad procedimental, la tramitación por procedimiento abierto de un contrato de servicios” para la “asistencia sanitaria complementaria a los usuarios del SAS”.

La resolución posterior, también de junio, autorizó finalmente el reinicio del expediente administrativo tras “el cambio de estrategia”, según consta en el mismo, a un procedimiento abierto para contratar las citadas estancias médicas hospitalarias hasta un máximo de cinco años, con un presupuesto base de licitación de 15,3 millones y un valor máximo estimado de 42,9 millones, incluyendo todas las anualidades y las prórrogas posibles.

Ya en julio, apenas unos días antes de la salida de Catalina García como consejera, la interventora general de la Junta firmó el informe de fiscalización de conformidad a la contratación.

Fuentes del SAS apuntan respecto a esta cuestión que se descartó el procedimiento negociado porque antes solo ofrecía ese tipo de servicio una sola empresa y ahora, al haber más en el mercado, se había optado por hacerlo abierto “para mejorar la concurrencia” y también porque era “más ágil” que con un acuerdo marco. Según la última documentación, hay dos licitadores como ya se ha dicho, y se está produciendo en estos días a la apertura de los sobres por parte de la Mesa de Contratación.

Carencias en salud mental pública infantojuvenil

Las carencias en la atención pública a la salud mental pública de adolescentes menores de edad en Andalucía, que llegaba a provocar casos como el de aquella joven de 13 años de Córdoba tuvo que buscar el cuidado lejos de su casa, en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, venían obligando a derivar cada vez más a los adolescentes a la sanidad privada debido también al aumento de demanda derivados de la pandemia y otras causas.

Ahora, el Consejo de Gobierno ha autorizado renovar las 73.000 estancias para pacientes de salud mental adultos crónicos y contar con 36.500 para pacientes adolescentes de salud mental. La contratación va a suponer, como resume la Junta, “la prestación de servicios de asistencia sanitaria, de carácter complementario a la prestada en centros propios, a usuarios del Servicio Andaluz de Salud”, esto es, derivaciones a la sanidad privada con fondos públicos. Es el mismo lenguaje que viene utilizándose para esta cuestión, por ejemplo en los concursos negociados sin publicidad que sacó a licitación la pasada primavera para aliviar las listas de espera, como ya se ha dicho.

Se trata de la permanencia de pacientes mayores de 18 años que precisen hospitalización de media-larga estancia para ser tratados por presentar uno de los trastornos incluidos en el Proceso Asistencial Integrado Trastorno Mental Grave; aquellos con trastornos de personalidad no incluidos en este Proceso con graves trastornos de conducta, dificultades para la convivencia y la adaptación a su medio, disfunción familiar y escasa vinculación terapéutica, que sean derivados desde las estructuras públicas autorizadas para la prestación de asistencia sanitaria; así como aquellos pacientes que necesitan un Plan Individualizado de Tratamiento.

“¿Una solución temporal o el modelo a seguir?”

“Desde hace tiempo no hay camas suficientes en la sanidad pública de Andalucía para salud mental infantojuvenil”, comenta el responsable del gabinete de análisis y estudios de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, Daniel Gutiérrez, al hilo de estas licitaciones. Hace casi dos años, el presidente Moreno anunció en el Parlamento que todas las provincias andaluzas contarían ya en 2023 con unidades de hospitalización de salud mental infantojuvenil, de estancias cortas, que se completarán con estas contrataciones que ahora “parchean” la asistencia sanitaria a través de centros privados para estancias largas, apunta Gutiérrez.

A nivel público existían dos unidades, en Jaén y en Almería, y se han ido sumando una en el Virgen de las Nieves (en la antigua unidad de trastorno de conducta alimentaria), otra en el Muñoz Cariñanos de Sevilla (con “la mitad de las camas funcionando), otra en el Campo de Gibraltar (”son dotación de personal“) y en el Regional de Málaga, que ”está pendiente“, según detalla Gutiérrez. La Junta informó del estado de la cuestión en una reciente información sobre la materia.

“¿Las nuevas contrataciones responden a una solución temporal o es el modelo a seguir?”, se pregunta Gutiérrez. “La solución pasa por que la sanidad pública lo asuma”, añade apelando a la presencia de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem).