Como con Sánchez ni hablar

Esta semana el presidente del Parlament, Josep Rull, someterá a votación los ocho senadores autonómicos que representarán a Catalunya en esta legislatura. Tras acordar que la lista estaría formada por tres representantes de PSC y Junts; y uno de ERC y del PP, los partidos han hecho públicos ya los nombres de sus postulantes a la espera de que la comisión del estatuto de los diputados avale su candidatura, antes de la aprobación final en el pleno prevista para este jueves.Seguir leyendo....

Barclays ya no quiere ser un operador nacional. La entidad británica ha decidido centrarse en Madrid, Barcelona y otras grandes capitales del país, donde también

Es un déspota millonario sostenido por la clase trabajadora. Es un machista condenado que gana en plena ola feminista. Es el cortocircuito que mantiene bloqueados a demócratas y progresistas desde hace 8 años Han pasado 8 años desde la traumática victoria electoral de Donald Trump contra la demócrata Hillary Clinton y la izquierda mundial sigue atrapada en ese mismo bucle. Trump perdió en 2020, pero no ha desaparecido de la política en todo este tiempo, y su versión más radical acaba de ganar las elecciones de nuevo. Su ejemplo además se ha contagiado a otros líderes en América Latina, en Europa, en España. Y los liberales, los progresistas, la izquierda en todo el mundo, siguen sin saber muy bien cómo reaccionar.  Hablamos con Iñigo Sáenz de Ugarte, subdirector de elDiario.es y analista internacional, sobre las estrategias fallidas del Partido Demócrata a la luz de los resultados electorales del pasado 5 de noviembre en Estados Unidos. Con Ana Requena Aguilar, redactora jefa de Género de elDiario.es, analizamos la corriente reaccionaria antifeminista y las maniobras que usan para convencer a los hombres que han apoyado a Trump. *** Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743. ¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'? ▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias. ▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente.  Spotify Apple Podcast Ivoox Podimo Amazon Music Feed RSS ▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis. ▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

- Xu Ziyang, consejero delegado de ZTE, participa en la Cumbre 5G y el Congreso de usuarios de 2024: "Puente digital de civilización, vínculo entre el carbono y el silicio"

Debuta este lunes en las ATP Finals ante Casper Ruud nuevamente con dudas en otoño. "Los tenistas vivimos en una trampa. Para descansar tenemos que renunciar a algunos", analiza Bautista Leer

El defensa, líder del Castilla, que reemplazó al lesionado Militao, era el tercero de los centrales de la cantera preferidos por el preparador italiano. Este verano, el Manchester City se interesó por él Leer

El español empieza su andadura en la Copa de Maestros, con el objetivo de hacerse con un título que Nadal nunca logró, y lo hará en su primer partido de grupo ante Casper Ruud

La selección española femenina de baloncesto venció (78-62) a la de Croacia este domingo en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Eurobasket 2025, una tarea que tiene ya más que encarrilado el nuevo equipo de Miguel Méndez, que se fue de Castellón con buenas sensaciones.

En la 66 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, inaugurada el pasado 8 de noviembre y que durará hasta el próximo 15 de noviembre, se proyectarán un total de 132 películas de 44 países, 59 de las cuales son de producción vascaHemeroteca - El festival Zinebi sitúa a Joseba Lopezortega como director por libre designación en vez de concurso público Creado en 1959 por el Instituto Vascongado de Cultura Hispánica, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Certamen Internacional de Cine Documental Iberoamericano y Filipino de Bilbao, como era su nombre inicial, fue concebido como hermano pequeño del Festival de San Sebastián, que había nacido seis años antes. Es, tras el de San Sebastián y el de Valladolid, el tercero más antiguo del país y el primero entre los de su especialidad. Entre 1972 y 1981 se convirtió en una plataforma de debate sobre el cortometraje español y en un espacio para la difusión de las cinematografías más variopintas, en especial la latinoamericana. En 1974 obtuvo el reconocimiento de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores (FIAPF) como certamen de la máxima categoría internacional competitiva, y entre 1975 y 1980 fue el lugar de debate idóneo para el alumbramiento de lo que empezó a conocerse como cine vasco. A partir de 1981 el festival fue asumido por el Ayuntamiento de Bilbao y desde el año 2000, lleva la marca de Zinebi. A día de hoy lo organizan entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Teatro Arriaga. A lo largo de la historia del festival, han pasado por Bilbao algunos de los más prestigiosos profesionales del cine independiente mundial. En el palmarés de Zinebi destacan los nombres de Jacques Demy, Richard Lester, Pierre Pérrault, Claude Lelouch, Gian Vittorio Baldi, Carroll Ballard, Fernando Birri, Estela Bravo, Santiago Álvarez, Valeria Sarmiento, Robert L. Drew, Felipe Cazals, Peter Watkins, Peter Mullan, Lourdes Portillo, Avi Mograbi, Sergei Loznitsa, Lászsló Nemes, Nele Wohlatz o Luise Donschen. El festival, desde el debate crítico y la especialización, ha servido de banco de pruebas de las nuevas tendencias del cine contemporáneo y una plataforma útil para los cineastas más arriesgados. Se trata del único festival internacional de Clase A de España en la categoría de documental y cortometraje. Está acreditado por la Academia de Hollywood como calificador para los premios Oscar, para los premios EFA de la Academia del Cine Europeo, para los premios BAFTA de la Academia Británica y para los premios Goya de la Academia Española. En su 66 edición, inaugurada el pasado 8 de noviembre y que durará hasta el próximo 15 de noviembre, se proyectarán un total de 132 películas de 44 países, 59 de las cuales son de producción vasca. El festival está dividido en secciones. En la Sección Oficial competirán 60 películas: 9 largometrajes y 51 cortometrajes. Las entradas para ver las películas están a la venta y cuentan con descuentos para desempleados y jubilados. Inauguración del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao Cada año, el festival entrega los premios Mikeldi de Honor, para reconocer la carrera de cineastas de reconocido prestigio como Albert Serra, Agnieszka Holland, Margarethe von Trotta, Marco Bellocchio, Frederick Wiseman, Jean-Pierre y Luc Dardenne, Claire Simon, Wang Bing, Apichatpong Weerasethakul, Marta Mészáros, Hirokazu Kore-eda, Liliana Cavani, Barbara Kopple, Imanol Uribe, Carlos Saura o Aki Kaurismäki, entre otros En esta ocasión el festival ya ha hecho entrega de su primer premio Mikeldi de Honor de su 66ª edición a la cineasta estadounidense Laura Poitras, por su “firme compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos y libertades ciudadanas, expresado a lo largo de una obra cinematográfica rigurosa y perspicaz, muchas veces visionaria, en la que ha logrado, desde un estilo narrativo íntimo, reivindicar los principios democráticos y de transparencia exigibles a nuestros gobernantes”. Su nuevo director, nombrado por libre designación El pasado junio el festival designó a Joseba Lopezortega (Bilbao, 1962) como su nuevo director tras la marcha de Vanesa Fernández Guerra, directora desde 2018, que anunció su dimisión por “una decisión personal” y después fue nombrada directora de Cultura y Euskara en EiTB Media, un cargo de nueva creación de la radio televisión pública vasca. Para la designación de Fernández Guerra, el propio Teatro Arriaga publicó las bases de una convocatoria pública. En ella, los requisitos que debían cumplir y acreditar los candidatos eran dos años de experiencia como director de festivales de cine o eventos similares, contar con cuatro ediciones de experiencia en gestión de festivales de cine y seis años de experiencia como director de festivales o equipamientos de otras modalidades culturales, como música, artes escénicas, artes visuales o patrimonio. “No se valorarán las experiencias profesionales en prácticas académicas, colaboraciones y similares”, anunciaba la convocatoria. Sin embargo, para nombrar a Lopezortega, en lugar de una convocatoria pública, se optó por la selección de un aspirante en concreto utilizando un sistema de libre designación. “Es una persona que conoce muy bien el tejido cultural de Bizkaia y especialmente el de Bilbao. Tiene una amplia experiencia tanto en Zinebi, el cual ha sido director durante un año y medio como del propio mundo audiovisual de Bilbao, Bizkaia y el Estado y es una persona muy habituada a tratar con los agentes culturales de la ciudad”, explicó en aquel momento a este periódico el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria. Según confirmó Olabarria, para designar al nuevo director de Zinebi, acudieron directamente a Lopezortega en lugar de realizar una convocatoria pública. “Ha sido un proceso distinto, legalmente podemos optar por una modalidad u otra y esta vez se ha decidido que era más oportuno en esta ocasión intentar dirigirnos a una persona en concreto. Le ofrecimos la posibilidad de llevar la dirección de Zinebi y lo ha aceptado y ese ha sido el proceso. Como no ha sido una convocatoria abierta no ha habido tantos requisitos, no se han publicado porque no han existido. Queríamos un perfil de gestor cultural que conociera muy bien nuestro ámbito cercano”, concluyó.

Amaia del Campo declara el próximo viernes como investigada junto a otros funcionarios del Ayuntamiento en una nueva derivada del caso que enfrenta la alcaldesa del PNV con los letrados que 'heredó' de la etapa de gobierno socialista del consistorioHemeroteca - Nueva sentencia contraria a la alcaldesa de Barakaldo en su conflicto con los letrados del Ayuntamiento Amaia del Campo, alcaldesa de Barakaldo, declarará en próximo viernes en los juzgados de la localidad como investigada en un procedimiento por acoso laboral. El caso de los exletrados del Ayuntamiento, que lleva desde 2018 enfrascado en litigios en el contencioso-administrativo y en los juzgados de lo Social, inicia ahora la vía penal. El procedimiento está en un momento preliminar, en fase de instrucción, tras una denuncia de la Fiscalía, pero de momento lleva a la alcaldesa del PNV a los juzgados en el enfrentamiento que mantiene con abierto con los que fueron letrados del consistorio, y que Del Campo 'heredó' de la etapa de gobierno socialista en el consistorio a su llegada a la alcaldía en 2015. Se trata de José María de Pablos y María Dívar, que ejercen la acusación particular en este procedimiento. Fuentes de las partes han confirmado que junto a la alcaldesa declararán en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo como investigados -antiguos imputados- otros cargos y excargos del Ayuntamiento: Gorka Zubiaurre, concejal delegado de Alaldía, Iratxe Forces, concejala y exresposable de Recursos Humanos, Humberto Estébanez, exsecretario general municipal, Yolanda Fika, exconcejala de Seguridad Ciudadana, el médico y responsable de Salud Laboral, Fernando Mier, y Sonia Samaniego, jefe de personal. Las acusaciones a las que se enfrentan van desde delitos contra la integridad moral, contra los derechos de los trabajadores, prevaricación o falsedad de documento público. Los abogados denunciantes acusan a la alcaldesa y su equipo de “trato degradante” y de presunta manipulación de decretos de la alcaldía. El conflicto abierto de la alcaldesa con los trabajadores arrancó en 2018. El PNV se encontró con este equipo jurídico, constituido por José María Pablos, como letrado titular, y María Dívar, letrada interina, a su llegada al consistorio tras ganar las elecciones en 2015, después de desbancar al anterior Gobierno socialista por primera vez en 32 años. Tres años después empezaron los enfrentamientos entre la alcaldesa y los letrados, que han acabado en los tribunales, con la mayoría de las sentencias falladas hasta ahora favorables a los letrados -quedan casos aún por fallar-. Los conflictos arrancaron cuando María Dívar solicitó que se le equiparase el puesto en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) con el de su compañero, José María Pablos, al considerar que realizaba las mismas funciones. Aunque el Pleno del Ayuntamiento se posicionó mayoritariamente a su favor, con el voto del PSE-EE, EH Bildu e Irabazi, la marca de la izquierda entonces, finalmente se desestimó el recurso de la trabajadora. Tras varias reclamaciones de María Dívar para que se reconocieran determinados complementos retributivos que la Alcaldía rechazó por decreto, se produjo en 2019 uno de los momentos de mayor tensión entre la Alcaldía y los servicios jurídicos cuando Pablos y Dívar elaboraron un informe sobre la defensa judicial en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Fundación Miranda contra una moción aprobada por el Pleno Municipal en septiembre de 2018. En ese informe, los letrados recomendaban revocar ese acuerdo plenario, ya que consideraban que no se tenían competencias para aprobarlo y no se había seguido el procedimiento legal establecido. La alcaldesa decidió seguir adelante y defender la moción en los tribunales, que finalmente perdió. A partir de ese momento, la Alcaldía dejó constancia en un decreto fechado en marzo de 2019 de que los letrados seguían la práctica procesal de solicitar por su cuenta suspensiones de procedimientos cuando consideraban que no se ajustaban a derecho sin contar para ello con la Alcaldía o el área concernida, y al considerar que existía una pérdida de confianza, Amaia del Campo dispuso de una serie de instrucciones para obligarles a comunicar de forma previa todas las decisiones en el ámbito procesal. Este decreto, restringiendo las funciones de los letrados, fue posteriormente declarado contrario a derecho y nulo por los tribunales tras admitir el recurso contencioso-administrativo presentado por María Dívar y José Mará Pablos. Unos meses más tarde, en octubre de 2019, la alcaldesa aprobó iniciar el procedimiento de “remoción” -privación de cargo o empleo- de José Mari Pablos de su puesto de trabajo, alegando “falta de confianza”, por un lado, por las actuaciones ante el juzgado sin contar con los órganos municipales, y, por otro, por el apoyo a la funcionaria interina en sus reclamaciones salariales. En enero de 2020 Amaia del Campo firmó un decreto para destituir al jefe de servicio de la asesoría jurídica, José María Pablos, y le degradó al puesto de letrado asesor. Al día siguiente, también por decreto, despidió a la que entonces era letrada asesora porque, al ser funcionaria interina, su puesto desaparecía al ser ocupado por el hasta entonces jefe de la asesoría jurídica. Otro decreto que un año después fue anulado por el juez y condenó al Ayuntamiento a restituirles en sus puestos, pagándoles lo que han dejado de percibir durante ese tiempo, incluida la Seguridad Social. El TSJPV desestimó posteriormente el recurso de apelación de Ayuntamiento contra esta sentencia. Posteriormente el juzgado estimó también el recurso contencioso-administrativo interpuesto por María Dívar, y reconoció su derecho a los complementos retributivos que reclamaba. La tensión llegó a su nivel máximo cuando en 2022 se aprobó la jubilación forzosa del letrado jefe de servicio a los 66 años y dos meses de edad, pese a que en abril del año anterior se le había autorizado prolongar la actividad hasta los 70 años. Una decisión que también tumbaron los tribunales. De forma paralela al conflicto con los letrados, y al haber perdido la 'confianza' en el equipo jurídico, la Alcaldía ha contratado los servicios de despachos de abogados externos que han sido muy criticados por la oposición y cuestionados por el propio interventor del Ayuntamiento. También se han posicionado en contra de la alcaldesa en todo el proceso contra los letrados los que han sido sus socios de Gobierno la anterior legislatura y lo son en la presente, el PSE-EE , que han criticado abiertamente el “vía crucis” al que se ha sometido a estos trabajadores.

Un hombre de 35 años ha resultado herido este domingo en un tiroteo en la calle Alcalde Eduardo Carvajal del distrito de Ciudad Jardín de Málaga capital. Según han informado a ABC fuentes cercanas a la investigación, a las 18.15 la víctima ha sufrido varios disparos en la pierna y permanece hospitalizado en el Hospital Carlos Haya. El servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía ha recibido poco de después de las 18.15 horas varias llamadas que alertaban de que se habían escuchado varios disparos y que había una mujer gritando que le habían disparado a una persona en la pierna. El centro coordinador ha movilizado de inmediato a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y el Centro de Emergencias Sanitarias 061. Según han afirmado algunos testigos, habrían visto irse a varias personas en un coche , posiblemente el tirador y un conductor. El Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y la identificación del responsable ya que de momento no se han producido detenciones.

Como todos fines de semana ha llegado el Sueldazo de la ONCE. En este momento ya puedes comprobar si tu número está entre los afortunados. Hoy domingo, 10 de noviembre de 2024, el número ganador del Sueldazo es 17233 con la serie 032. Para participar a El Sueldazo de la ONCE tendrás que entrar en la página web de Juegos ONCE. Allí accede a tu cuenta y ve al apartado ‘El Sueldazo del fin de semana’. Podrás escoger números al azar o escoger las cifras de tu combinación. Añade tu billete al carrito y obtendrás un correo de corroboración. Cuando se celebre el sorteo, recibirás en tu bandeja de e-mail la combinación ganadora . Por supuesto, también es posible adquirir un cupón de El Sueldazo en alguno de los centros oficiales habilitados para ello. El boleto cuesta dos €. Todos los fines de semana, la ONCE celebra el Sueldazo . Las personas que jueguen podrán optar a un primer premio de hasta 5.000 euros al mes durante veinte años, además de 300.000 euros al contado. A continuación están los cuatro segundos premios de 2.000 € al mes durante 10 años. El billete ganador se conforma por una combinación de 5 cifras, las cuales van desde el 00000 y el 99999, y una serie de tres, que debe concordar con la primera extracción. De esta forma, los cuatro segundos premios se relacionan con las cuatro siguientes extracciones. El primero más importante que se puede ganar con El Sueldazo de la ONCE es de 5.000 € al mes durante 20 años, a lo que hay que sumar otros 300.000 € al contado. El otro premio más destacado se corresponde tiene que ver con los 4 segundos premios de 2.000 € al mes durante 10 años. Por otro lado, hay otros premios como : 54 de 20.000 euros a las 5 cifras de la combinación afortunada; 495 premios de 200, a las 4 últimas cifras; 4.950 premios de 30 € a los 3 últimos números; 49.500 premios de 4 € por los 2 últimos números; 495.000 premios de 2 € a la última cifra, y 216 premios de 400 a los últimos cinco números de la 2ª y 5ª extracción. Verifica los resultados de todas las loterías en ABC.es para comprobar si te ha tocado algún premio de los siguientes sorteos: ONCE, Bonoloto, Primitiva, Euromillones y Lotería Nacional . Nota: ABC.es no se hace responsable en caso de errores u omisiones en los resultados de los sorteos de la ONCE. Los únicos resultados oficiales son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Cuando se cumplen 75 años de la invasión de Polonia, Impedimenta recupera la trilogía autobiográfica ‘Tiempo no perdido’ del autor de 'Solaris'Paloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta: “Las mujeres de mi generación revolucionamos todo para que las jóvenes puedan ser como son” Stanislaw Lem (Leópolis, 1921 - Cracovia, 2006) se hizo célebre por sus novelas de ciencia ficción, como Solaris (1961), que trascienden el género, como lo trascienden Ursula K. Le Guin o George Orwell; de ahí que entrañen un profundo revestimiento político y filosófico. Escritor prolífico, también cultivó el relato y el ensayo. Sus intereses eran vastos, pero compartían una mirada crítica que alerta del abuso de poder; una actitud de sospecha que se entiende a la perfección cuando se conoce su biografía. Como joven judío, la ocupación de Polonia lo empujó a ocultarse bajo otra identidad durante años, además de interrumpir sus estudios de Medicina –que retomó luego, sin llegar a terminarlos–, se dice que incluso se tiñó el pelo de rubio. En esas vivencias se inspiran sus primeras novelas, bastante diferentes a las que le dieron fama: la trilogía Tiempo no perdido, tres tomos escritos entre 1948 y 1950 que se publicaron en 1955, de los que Impedimenta ha recuperado, coincidiendo con el 75º aniversario de la invasión, los dos primeros y tiene el tercero en preparación. Se sitúan en el mundo real, aunque pertenecen más al ámbito de la novela de ideas que al realismo. Una “montaña mágica” en tiempos de guerra Cada novela desarrolla su propio universo y se lee de forma independiente, si bien la segunda retoma al protagonista de la anterior. Sin ser estrictamente autobiográficas, se basa en acontecimientos que vivieron él y su familia, encubiertos, eso sí, por la poderosa máscara de la ficción. La primera, El hospital de la transfiguración (trad. Joanna Bardzińska), sigue las andanzas de Stefan Trzyniecki, su alter ego, un joven médico que durante los primeros meses de la invasión encuentra trabajo en un hospital psiquiátrico ubicado en un bosque remoto. Este marco ya invita a acordarse de otro eminente sanatorio, el de La montaña mágica (1924). Sin alcanzar su complejidad, no desmerece la comparación: la inocencia del protagonista, discreto, tranquilo y observador, se corrompe al ser testigo de algunos tratamientos y de la naturaleza delirante, no solo de los pacientes, sino de algunos colegas. En el fondo, y esto no lo tenía Thomas Mann, late el miedo, la conciencia de que en cualquier momento las fuerzas nazis pueden irrumpir y quebrar el orden, un orden precario y cuestionable desde el punto de vista ético, pero su orden, al fin y al cabo. Los enfermos son víctimas potenciales; el deber de los médicos es protegerlos y hasta los más peculiares tienen conatos insospechados de humanidad. Mientras tanto, en el tiempo suspendido de la rutina del centro, transcurre la vida: las amistades, la atracción, la perturbación, el enfrentamiento. Con Stefan como núcleo, cada episodio se centra en uno o varios personajes distintos. Hay unos secundarios de lujo: el excéntrico doctor Sekulowski, un poeta-filósofo que lo desconcierta y fascina con sus conversaciones trascendentales (imposible no acordarse del Settembrini de Mann); la doctora Nosilewska, que tiene fascinados a los médicos jóvenes; el intrépido cirujano Kauters; el íntegro director; las inquilinas del pabellón de las mujeres; o el capataz electricista del final, humilde pero con la llave para iluminarlo todo. Como Hans Castorp, el protagonista es un hombre joven que se abre a la vida, receptivo a los estímulos, todavía un poco esponja de lo que sucede a su alrededor, de los (brillantes) diálogos. Cuerdo, sano, en principio; porque si algo descubre es que la frontera entre la razón y la locura es tenue, sobre todo en entornos como el sanatorio o durante la guerra. Basta fijarse en el lenguaje de los oficiales alemanes: vulgar, amenazante, despectivo; quienes eran ciudadanos corrientes se empoderan en matones que creen tener el mundo en sus manos (sí, recuerda mucho al discurso que ha recuperado la extrema derecha). El destino de una mente prodigiosa La segunda parte, Entre los muertos (trad. Abel Murcia y Katarzyna Moloniewicz), es aún más cruda; Lem enmascaró menos la realidad, motivo por el que acabó renegando de esta (y de la siguiente); no es que estuviera prohibido hablar del pasado, la sociedad era consciente del Holocausto, pero lo que retrata es tan duro que, con las heridas aún sin cerrar, podía doler. En el marco temporal, transcurre después del final del anterior, pero cambia el escenario por la zona urbana y reparte el protagonismo entre Stefan, en casa de su tío, y Karol Wilk, un genio de las matemáticas de formación autodidacta. Huérfano y pobre, pero con una mente prodigiosa, Wilk se revela como un personaje extraordinario, demasiado taciturno para ser un héroe dickensiano. Tras la pérdida de sus padres, en su etapa formativa vive dos puntos de inflexión: el descubrimiento de los números, en el envoltorio de un paquete; y el mensaje de un desconocido que le habla de su padre, de comunismo y de cárcel, ideas que despiertan muchas preguntas en él, sobre quién es, cuáles son sus raíces, qué hará a partir de entonces. Curioso y con gran capacidad de aprendizaje, aprovecha las escasas oportunidades que se le presenten; aun así, al serle denegada la beca, se ve obligado a entrar en un taller donde trabajan judíos. La empresa, pese a la humillación a la que somete a sus subordinados (e incluso entre jefecillos), es una suerte de tapadera. Wilk, diligente y sencillo, se integra allí como Stefan se adentró en el hospital: desprejuiciado, forjándose su identidad a través de encuentros en el día a día de la fábrica. Es la época más oscura de la ocupación; la desesperación se respira. Se reaviva el conflicto moral que le inoculó el amigo del padre: en tiempos de guerra, el individuo debe elegir entre tomar partido (el legado de su padre), con los riesgos que implica; o centrarse en su desarrollo personal, el don con el que puede engrandecer a la humanidad. Stefan, por su parte, se reencuentra con la familia –en el primero ya hubo alguna escena, al principio y hacia el final, cerrando el círculo, en un clima de incertidumbre en el que él ya no es el muchacho que se marchó para estudiar–. Mientras busca empleo tirando de contactos (más personajes soberbios), percibe las miradas de recelo (él no es judío, pero físicamente responde al prototipo; hay una escena en la barbería inspirada en la vivencia de Lem). La persecución de judíos, el traslado a campos de concentración, forman parte de la rutina. Su dilema será decidir de parte de quién está, y actuar en consecuencia. Además, se cruza con alguien que lo conecta con el sanatorio. No se puede escapar al horror La trilogía es más coral de lo que parece: hay una gran cantidad de personajes, que representan diferentes estratos de la sociedad: ricos y pobres, judíos y arios, cultos y analfabetos, devotos y descreídos, sanos y enfermos, jefes y empleados, de toda índole política, de un amplio abanico de edades. Comparten el hecho de estar perdidos. Y ninguno es un alma cándida, no pueden serlo; si acaso, los protagonistas lo son por inexperiencia; conservan la capacidad de prestar atención, una apertura de miras y una falta de anclaje que les lleva a desplazarse y conocer mundo (ni que sea el mundo de su Polonia), requisito esencial para conocer de verdad al otro. Stanislaw Lem en una fotografía de archivo del 15 de mayo de 2005 Los contrastes se dan asimismo en los espacios: la ciudad, el sanatorio, el taller, el campo de concentración (uno de los episodios más crudos, casi documental). No son decorados, sino que se vinculan a los personajes, a las vidas que anidan. Por ejemplo, un capítulo describe un edificio: ningún protagonista vive allí, solo secundarios, pero sus historias acaban confluyendo. Lem pinta un fresco del vecindario que es una radiografía de la época. Toda su narración tiene una pátina de genialidad, también en el modo de describir a cada personaje. Un despliegue de ingenio, metáforas e imágenes potentes que aúnan lo ridículo del carácter con la turbiedad del espíritu. Ambas novelas terminan cuando el protagonista se asoma al precipicio. Wojciech Orliński, autor del prólogo de la segunda parte, dice que esta puede defraudar por no retomar la acción en el punto exacto donde la dejó en la primera; no obstante, es comprensible que Stefan optara por otro camino y se enfrente a otro periplo. Si alguna crítica se le puede hacer, como mucho es el estar un tanto deslavazado, por comprimir un microcosmos en cada episodio, en detrimento de la tensión narrativa continuada. Aun así, cada página es tal prodigio de prosa, diálogo, caracterización psicológica, erudición y a la vez de amenidad, que se lee con absoluto deleite. Lem evitó el campo de concentración, pero no todos sus allegados corrieron la misma suerte. Sea como sea, aquellos años hicieron mella en él. Con el tiempo, dedicado por completo a la creación literaria, halló en la invención de otras galaxias un canal para expresar, bajo múltiples disfraces, lo que supuso el Holocausto. Sin embargo, incluso en estas novelas primerizas recuperadas ahora, que de tentativa juvenil no tienen nada, era ya un gran escritor, con ese trasfondo reflexivo y avasallador que impregna sus grandes obras. Solo queda esperar que la tercera parte no se haga esperar mucho.

Lo mejor que podrían hacer Carlos Mazón y su equipo es dimitir. Ni siquiera porque así se lo exigen decenas de miles de personas en las calles y se lo reclaman desde todos los estamentos de la sociedad y la política, sino como ese acto honorable que en sí mismo es una dimisión La gente del Partido Popular que ejerce la política pública se pasa la vida pidiendo la dimisión de los cargos políticos de la oposición. Viven de eso. Constantemente piden la dimisión de presidentes autonómicos, ministros, secretarias, subsecretarios, delegadas, consejeras y, por supuesto, a diario, del presidente del Gobierno. Ni siquiera esperan a que se produzca un desastre con consecuencias políticas: la gente del PP pide dimisiones a diestro y siniestro desde el mismo momento en que se hacen oficiales los resultados de las urnas que no les dan el poder. Para pedir dimisiones, la gente del PP no necesita una catástrofe climática, ni un atentado terrorista, ni un escándalo de corrupción. Piden dimisiones de oficio, como un mantra que les rellena la vacuidad del discurso, como la consigna para esconder la inexistencia de un proyecto que no sea el del poder mismo: su apoltronamiento y sus chanchullos. Repiten tanto la palabra dimisión, que se dirían expertos en la honrosa acción de dimitir. Cuando llega, sin embargo, el momento de la verdad, es decir, el de su propia dimisión, la gente del PP se aferra al poder aunque esté enfangada hasta las cejas de descrédito y esa crisis de confianza en su gestión resulte clamorosa, como quedó patente el sábado pasado en las calles de Valencia, donde más de 130.000 personas exigieron la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y de su equipo de gobierno, tras su impresentable gestión del paso de la DANA por su territorio. “No es una opción ninguna dimisión”, ha proclamado Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat, como quien corea un eslogan de rima malsonante. Con un cinismo que repugna sobre tantos cadáveres y frente a tantas personas que lo han perdido todo, la número dos del Consell ha añadido que “este gobierno no va a abandonar a las víctimas”. Sabiendo lo que sabemos sobre dónde estuvieron y lo que hicieron Mazón y su gobierno cuando la DANA ya arrasaba a esas víctimas, el cinismo de Camarero -que es el cinismo de Mazón y es el cinismo de Feijóo- solo puede provocar asco político. Llegado el momento, ese asco debería ser vomitado en las urnas, pero hoy cabe hacer una reflexión moral que apela no sólo a la poltrona de fulano o la desvergüenza de mengana, sino a la naturaleza de la vida política y a la ética en el ejercicio del poder. Lo mejor que podrían hacer Carlos Mazón y su equipo es dimitir. Ni siquiera porque así se lo exigen decenas de miles de personas en las calles y se lo reclaman desde todos los estamentos de la sociedad y la política, sino como ese acto honorable que en sí mismo es una dimisión. Renunciar voluntariamente a un cargo político denota un sentido de la responsabilidad, unos principios relativos al bien común, una integridad personal, que antepone los intereses de la ciudadanía y de las instituciones a los intereses propios. Carlos Mazón, Susana Camarero o Salomé Paradas (la consellera responsable de Emergencias de la Generalitat, que dijo que se enteró el día de la DANA a las 8 de la tarde de que existe un sistema de alerta masivo para avisar a la ciudadanía) deben dimitir porque su ineptitud ha tenido gravísimas consecuencias; deben dimitir porque todas las circunstancias que han concurrido en esa ineptitud y las explicaciones que han dado al respecto resultan escandalosas; deben dimitir porque han cometido errores fatales; deben dimitir porque han perdido la confianza de la ciudadanía; deben dimitir porque no han respetado los principios de responsabilidad, competencia y transparencia que han de regir las instituciones democráticas; deben dimitir por su intolerable incompetencia en el servicio público; deben dimitir por consideración con las víctimas. Por todo lo que sabemos sobre su gestión de la DANA en Valencia, Mazón y su equipo deben dimitir. Pero deben dimitir por otra razón extremadamente importante, tanto a título individual como colectivo, la razón que ennoblece ese paso que los de la Generalitat no quieren dar: dimitir supondría reconocer los propios fallos; hacer autocrítica; demostrar integridad, nobleza, rectitud y lealtad a su pueblo, a pesar de los enormes pesares y precisamente por ellos; comprometerse con un sentido ético de la política; acreditar una dignidad y una valentía que los haría mejores y, acaso, en parte, limpiaría el lodo que los mancha para siempre y el lodo que, acaso, en parte, ahogará sus conciencias. Saldrían beneficiados como personas y harían lo único encomiable de su labor política en este desastre: devolver un poco de la fe perdida en las instituciones y, por tanto, en el propio sistema democrático. Lejos de ello, los responsables de tanto mal en la Generalitat alientan las consignas del Estado fallido que esparcen a río revuelto sus socios ultraderechistas. Viven de eso. De pedir dimisiones en el ojo ajeno y no ver las cañas y el barro en el propio. Los del PP se niegan a dar la única respuesta política que honraría la memoria de los muertos y el difícil futuro de las víctimas sobrevivientes. Su dimisión como la única respuesta que honraría a las instituciones democráticas y ayudaría a rehabilitar la confianza perdida. La única opción es la dimisión. Como es mucho pedir a la gente del PP, nos queda confiar en que tendrán que dar respuesta ante el tribunal que los juzgue por la vía penal.

Se recuperan dos obras descatalogadas de la etapa más política y militante del guionista de 'El eternauta', dibujadas por Alberto BrecciaPaloma Sánchez-Garnica, ganadora del Premio Planeta: “Las mujeres de mi generación revolucionamos todo para que las jóvenes puedan ser como son” Pocos guionistas han tenido la trayectoria del argentino Héctor Germán Oesterheld (Buenos Aires, 1919-1978), una auténtica leyenda del cómic internacional, venerado en Argentina y leído en todo el mundo. Reservoir Books acaba de publicar Che/Evita, un volumen que recupera dos de sus obras, descatalogadas en España desde hace tiempo, y que forman parte de su etapa más politizada y militante. Oesterheld es conocido, sobre todo, por El Eternauta (1957-1959), serie que realizó junto al dibujante Francisco Solano López, cuyo protagonista se convirtió en un icono de la cultura popular, pero con una evidente dimensión política, no solo porque la obra habla de libertad y antiimperialismo —a través de la metáfora de una invasión extraterrestre— en plena dictadura cívico-militar, tras el golpe que acabó con el Gobierno de Juan Domingo Perón en 1955, sino también porque la figura del protagonista de El Eternauta se ha empleado en campañas electorales de la izquierda peronista, hasta el punto de crearse la figura del “Nestornauta”, en alusión a Néstor Kirchner. La obra temprana de Oesterheld, durante los años 50, se inscribe en un humanismo progresista poco concreto, que defiende los derechos humanos y la vida como valor absoluto. Pero será a partir de la segunda mitad de los años 60 cuando ese compromiso se politice de manera más clara, lo que lo llevará a tomar posiciones ideológicas más definidas, lo cual se reflejará en sus obras. Doble página de 'Che/Evita' de Oesterheld y Breccia Esta conciencia política se manifiesta ya en la dictadura de Onganía, durante la llamada “Revolución argentina” (1966-1973), pero alcanzará su culmen durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) de Videla y otros. En esa época, Oesterheld siguió el camino de sus cuatro hijas y se comprometió con la organización clandestina y radical de Montoneros. En 1976, pasó a la clandestinidad, desde la que acabó el guion de la segunda parte de El Eternauta, en la que el pacifismo original se veía sustituido por la justificación de la violencia revolucionaria. En 1977, como les había sucedido a sus hijas, Oesterheld fue secuestrado, “desaparecido”, y asesinado en algún momento de comienzos de 1978. El mito del Che Guevara Vida del Che es la primera obra incluida en la reciente reedición de Reservoir Books. Publicada originalmente en Argentina a comienzos de 1968, tan solo unos meses después de la muerte de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, su aparición desafiaba a la dictadura cívico-militar, que, de hecho, prohibió la obra y retiró la edición, que no sería recuperada hasta años más tarde. Para este cómic, Oesterheld se asoció con Alberto Breccia (Montevideo, 1919-Buenos Aires, 1993), sin duda el más admirado dibujante del cómic argentino, conocido por su aproximación artística al medio y su inquietud experimentadora. Este tándem también publicaría, en 1969, una nueva versión de El Eternauta. Doble página de 'Che/Evita' de Oesterheld y breccia En esta biografía del Che, que recorre toda su vida, desde su nacimiento hasta su asesinato, Breccia juega con los contrastes del blanco y negro, con trazos expresionistas y ocasionales incursiones en el collage. Oesterheld logra una gran coherencia con sus textos, redactados de forma atípica, a veces omitiendo palabras, como si fueran telegramas, y otras dando la información a brochazos. Las evidentes intenciones artísticas de la pareja —más la de Enrique Breccia (Buenos Aires, 1945), que ayudó con las últimas páginas— se subordinan a la vocación propagandística de la obra, que ensalza la figura del Che, omite cualquier aspecto controvertido y se centra en su idealismo revolucionario y su vocación de ayudar al prójimo. Las secuencias que ilustran la revolución cubana glorifican sus aportaciones sobre el terreno, pero también alaban la decisión del Che de abandonar Cuba y seguir la revolución armada en el Congo y, finalmente, en Bolivia, donde caería luchando junto a la guerrilla. Dos páginas de 'Evita' de Breccia y Oesterheld A pesar de ser una obra realizada desde una militancia poco crítica, los textos dinámicos de Oesterheld y las rotundas ilustraciones de Breccia logran una lectura entretenida, que mantiene el interés de los lectores y ofrece una buena muestra del talento de los dos autores, de innegable relevancia histórica. El mito de Evita Poco después de la publicación de Vida del Che, Oesterheld y Breccia se plantean la realización de otra biografía dentro de la misma serie dedicada a la figura clave de Eva Perón, esposa del presidente Juan Alberto Perón y mito de la izquierda peronista. La obra se concluyó en 1970, pero la situación política del país evitó su publicación, ya que Eva Perón, “Evita”, de fuerte carga simbólica, estaba proscrita en el contexto dictatorial, hasta el punto de que su cadáver embalsamado se encontraba en paradero desconocido desde 1955, tras su prematura muerte en 1952, víctima del cáncer. La obra acabó publicándose durante los setenta, usando los dibujos de Breccia y sustituyendo los textos de Oesterheld por unos más neutros; se tendrá que esperar hasta 2002 para que se publique una edición que recupere los textos originales, conservados en la casa de Breccia: esta es la versión que se incluye en el reciente libro de Reservoir Books. Evita, vida y obra de Eva Perón tiene un carácter mucho más documental que la anterior colaboración de la pareja artística, con textos más largos y un carácter puramente ilustrativo de los dibujos, sin apenas secuencias narrativas ni globos de diálogo. En consecuencia, es una lectura mucho más árida, una biografía que, por momentos, cobra tintes hagiográficos en su glosa de las virtudes y logros de una mujer que prácticamente alcanzó la categoría de santa entre las clases populares argentinas. El día que Elsa Sánchez de Oesterheld prestó declaración ante el juez Garzón por la desaparición de su marido Hector Germán Oesterheld, tres hijas y sus tres yernos, en 2002 Así, se recorren sus orígenes humildes, su breve carrera de actriz y su entrada en la política, a través del matrimonio con Perón, pero, sobre todo, se incide en su obra social: su lucha contra la pobreza infantil, por la igualdad entre mujeres y hombres y en favor de una educación y sanidad públicas gratuitas. Además, se recorre su labor diplomática internacional, que la llevó a visitar la España bajo la dictadura de Franco, quien la agasajó concediéndole la Orden de Isabel la Católica. Oesterheld, desde la militancia en el peronismo y su compromiso político, también incide en el odio que Evita suscitaba en las clases acomodadas, y en el amor que las más humildes profesaban por la carismática “primera dama”, cuyos últimos meses, golpeada por la enfermedad, también recoge este cómic, al igual que sucede con la profanación de su cadáver embalsamado. Che/Evita incluye, así, dos obras hijas de su época y fruto del contexto político que se vivía en Argentina, en el que Oesterheld no quería ser neutral. Una gran oportunidad para descubrir una faceta de este guionista no del todo conocida.

El PP respalda la gestión de la DANA de la Generalitat: “Estamos con el presidente Mazón”

La apertura de la investigación judicial y la entrada de Anticorrupción ha acelerado estos días la estrategia de los socialistas, que han trabajado más de un año en montar una querella criminal con la que aspiran a quebrar a Moreno antes de las elecciones de 2026El juez investiga una querella contra el ex número dos andaluz de Salud que dio a dedo 44 millones a la clínica que lo fichó El PSOE de Juan Espadas ha abierto una brecha de corrosión al, hasta hoy, invulnerable Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, mayoría absoluta y 15 puntos por encima en intención de voto en el último sondeo publicado. Los socialistas han aprovechado las grietas estructurales del Sistema Andaluz de Salud (SAS), acrecentadas por el impacto súbito que provocó la pandemia del Covid en 2020, para denunciar en los tribunales a la Junta por surfear esa crisis “saltándose la ley” y beneficiando al poderoso conglomerado de la sanidad privada con casi 300 millones de euros en adjudicaciones a dedo, sin publicidad, ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa. El equipo de Espadas había cocinado su estrategia a fuego lento, pero al hacerse pública esta semana su querella en los tribunales, ya nadie duda de que han trazado una hoja de ruta dirigida a destapar otro caso ERE en el Ejecutivo de Moreno: un supuesto escándalo en los contratos a dedo que otorgó el SAS durante cuatro años, los dos últimos sin aparente cobertura legal, y con una “evidente lesión al caudal público andaluz”. Sirva esta frase de la querella contra la Junta de Andalucía que investiga la Fiscalía Anticorrupción, para seguir el camino de baldosas amarillas emprendido por el PSOE: “Una conducta mantenida en el tiempo, en todo el ámbito geográfico, que movilizó cientos de millones de euros de recursos presupuestarios durante al menos tres ejercicios, obviamente no pudo ser decidida ni sostenida en solitario por los Directores Gerentes del Servicio Andaluz de Empleo. Es evidente que altísimas instancias del Gobierno andaluz habrían tenido, presuntamente, el necesario conocimiento expreso y prestado la obvia aquiescencia que integraría la autoría o una coparticipación como colaboración necesaria”. Los socialistas llevan más de un año trabajando en esta línea de ataque, dentro y fuera del Parlamento, mientras crecía la conflictividad social en las calles por el colapso en la Atención Primaria y el abultado número de pacientes en lista de espera, que roza los dos millones, si se contabilizan los que aguardan para una operación, para la cita con el especialista y para una prueba diagnóstica. La última cifra oficial, facilitada por el Ministerio de Sanidad, es de 200.000 andaluces aguardando para operarse, con la segunda demoria media más alta del país (169 días). Los sindicatos médicos se movilizan, la gente protesta y el PSOE recaba una montaña de expedientes del SAS que la Ley de Transparencia ha obligado a la Junta a hacer públicos: antes de 2015, las administraciones no tenían la obligación de colgar en su web los contratos menores, por ejemplo. Espadas y su círculo de confianza han depositado todas las expectativas en la querella criminal contra el Gobierno andaluz para quebrar la verticalidad de Moreno antes de las elecciones de 2026. El umbral que han puesto es tan alto, que si finalmente el juez y el fiscal terminan por archivar la causa tras las primeras pesquisas, el nivel de fracaso será proporcional a las altas expectativas creadas. Es el riesgo que asumieron al poner un pie en los tribunales, pero el PSOE ha gobernado el SAS durante más de 30 años, y son sus propios técnicos y profesionales quienes están convencidos de que la contratación a dedo de la actual Administración está “infectada”. Si el juez de instrucción cierra esta puerta y archiva la investigación, volverán a intentarlo en una instancia superior, ante la Audiencia Provincial, aseguran fuentes del partido. De prevaricación a organización criminal El PSOE registró una denuncia en el juzgado el 20 de junio sin hacerlo público, fintando las preguntas de los periodistas, y lo anunció cuatro meses después, en octubre, el mismo día que el juez de instrucción número 13 de Sevilla ordenó la apertura de diligencias. Luego se ha personado como acusación popular y transformó la denuncia original en una querella criminal que atribuye a dos ex altos cargos de la Consejería de Salud delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y organización criminal, pero que extiende la sombra de sospecha hasta las puertas del despacho del presidente de la Junta.  “Parece lo evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones de euros, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de las más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía”, reza la querella. Espadas pretendía mantener esta estrategia a salvo del foco mediático, primero para generar ansiedad y nerviosismo en sus rivales del PP que, hasta que la Junta no se persone en la causa, carece de información relevante sobre la investigación en curso. Es una situación incómoda que ya vivió el PSOE con la instrucción de los ERE, donde el PP estuvo desde el principio como acusación particular, y que hizo mucho daño al Ejecutivo socialista por permanecer ciego y atado de manos ante cada auto que publicitaban los populares, hasta que finalmente decidió entrar como parte perjudicada. Hasta que lo hizo, la tesis que defendió públicamente fue la de los “cuatro golfos”, esto es, la de ningunear la trascendencia de lo que el PP llamaba ya “escándalo”. La segunda razón de estos silencios prolongados tiene que ver con cierto prurito institucional que se le atribuye a Espadas, exconsejero y exalcalde de Sevilla, y a un cierto miedo escénico ante la imprevisible reacción de la judicatura. Al líder socialista y jefe de la oposición en Andalucía se le ha reprochado que no atacara a Moreno con el caso judicial de los contratos a dedo en la última sesión de control en el Parlamento, 24 horas después de que Anticorrupción se hiciera cargo de la investigación. En el PSOE no querían dejarle la réplica al presidente, que disfruta de un altavoz mediático mucho más potente del que tiene el jefe de la oposición. Pero, sobre todo, tampoco están convencidos de que sea bueno que el promotor de la querella criminal ya en curso en un juzgado de Sevilla empiece a sobreactuar ante los medios de comunicación en una fase tan temprana de la instrucción. Entre los socialistas, existe el temor de que el juez que va a pilotar esta investigación tenga la sensación de que se instrumentaliza políticamente una causa que su partido cree haber montado con pruebas sólidas, asesoramiento legal, documentos oficiales, fechas, números, expedientes e informes internos extraídos del Portal de Transparencia. También están los que piensan que el PSOE, sin tantos lazos con la judicatura como tiene el PP, “no puede replicar la estrategia política sobre el caso ERE que dirigió Juan Ignacio Zoido” [ex líder del PP-A] y Antonio Sanz [actual consejero de la Presidencia de Moreno]. “Nosotros no tenemos a una jueza Alaya”, dice un veterano diputado del PSOE-A, que recuerda bien cómo la magistrada que instruyó el caso ERE hizo coincidir momentos clave de su investigación con campañas electorales, o cuando citó como “preimputados” a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán durante la toma de posesión del Gobierno de Susana Díaz, en 2013. Por ahora, la gravedad de los hechos no está en las afirmaciones de Espadas, que lleva denunciando este asunto más de un año en el Parlamento ante la indiferencia y el bostezo de los populares. El punto de inflexión, lo que ha virado el interés y la preocupación del Gobierno y del resto de medios que no había prestado interés a este tema, es que un juez ha visto indicios delictivos de prevaricación en la denuncia de los socialistas y ha abierto una investigación, a la que enseguida se ha incorporado la Fiscalía Anticorrupción. El recorrido que hace la denuncia de los socialistas es, por otro lado, el mismo que ha seguido la investigación periodística que empezó eldiario.es hace un año, cuando publicó el primer expediente de emergencia firmado por el entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, que hoy aparece como el principal responsable de los delitos denunciados. Un gasto inicial de 70 millones en adjudicaciones a dedo para derivar cientos de pacientes en espera de operarse a clínicas privadas. Ese expediente se prorrogó cuatro veces y se infló con sucesivas adendas de gasto que terminaron por triplicar el presupuesto original, hasta rebasar los 242,7 millones de euros. Este “sistema paralelo” de las contrataciones a dedo se prolongó de 2021 a mayo de 2023, amparándose en el marco legal excepcional habilitado por el Gobierno en pandemia, cuando ya estaba derogado, y en contra de la orden explícita de la Consejería de Hacienda para que dejaran de usar este procedimiento por norma, y lo limitaran algo “residual”. La Junta lo interrumpió 48 horas después de que lo revelase este periódico. “Dicha fulminante actuación supone per se indicio bastante del dominio funcional del hecho por parte del Gobierno andaluz en cuanto al mantenimiento del sistema de contratación presuntamente criminal; responsabilidad que sería tanto por acción como por omisión, pues evidentemente en su mano estuvo haber parado la contratación de emergencia cuando, de manera objetiva, perfectamente constaba, ya que no se daban los presupuestos y circunstancias para su mantenimiento”, advierte la querella que investiga el juez y la Fiscalía. Protegidos por dos informes jurídicos En el entorno del presidente andaluz hay cierto nerviosismo, porque “cuando un juez abre una investigación, nunca se sabe cómo puede acabar”. En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, se aferran a los informes jurídicos de la Junta que avalaron las prórrogas de esos contratos a dedo, pese a no contar ya con el marco legal habilitado durante la pandemia. Son dos informes del Gabinete Jurídico que solicitó expresamentes la dirección del SAS para legitimar unas prórrogas que ya habían empezado a autorizar: uno está fechado el 28 de diciembre de 2021 –días antes de que expirase el expediente de emergencia original, de 70 millones– y otro data de agosto de 2022, cuando el SAS ya había empezado a firmar las nuevas ampliaciones de gasto, que elevaron el presupuesto total hasta los 242,7 millones. La Junta no publicó en su Portal de Contratación estas últimas resoluciones con ampliaciones de gasto hasta el 13 de marzo de 2023, horas después de que eldiario.es revelase la noticia. El periódico también hizo público entonces los dos informes del Gabinete Jurídico, que se mencionan en la querella del PSOE, y avalan la contratación de emergencia hasta 2023 porque “seguía vigente” la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud, y porque la Ley estatal de Contratos del Sector Público amparaba este tipo de contratos, aunque en los expedientes se mencione el Real Decreto de la pandemia ya derogado. Los dos informes distan seis meses entre sí, el primero responde a un momento concreto de la contratación, hasta final de 2021, pero en el segundo, los abogados de la Junta responden a un supuesto “genérico”. El primer documento cita a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda: “Se permite extender en el tiempo la eficacia de algunos contratos públicos con el fin de garantizar la continuidad de la prestación a su vencimiento”, como consecuencia de “acontecimientos imprevisibles producidos en el procedimiento de adjudicación”. Y añade: “queda exenta de culpa la entidad licitadora [en este caso el SAS] cuando el retraso en la adjudicación del nuevo contrato sea producto de acontecimientos imprevisibles”. El Gabinete Jurídico de la Junta señala que “la prórroga no se trata de una prórroga tácita del contrato”, sino de “un supuesto de rehabilitación o mantenimiento ex lege de los efectos del contrato ya extinguido hasta que se formalice la nueva licitación” para “no causar perjuicio al interés público”. No obstante, el documento concluye con una advertencia: la “duración máxima de la continuidad del contrato de emergencia hasta que comience la ejecución del nuevo contrato” y, en todo caso, nunca más de “nueve meses”. En agosto de 2022, tras expirar la última prórroga de los contratos a dedo, la Consejería de Salud vuelve a solicitar un segundo aval al Gabinete Jurídico para volver a ampliar el presupuesto a las clínias privadas, pero esta vez ni siquiera introduce un límite temporal ni una exposición de motivos que explique la cuarta prórroga. En consecuencia, los letrados de la Junta responden a un supuesto en abstracto: “La petición de informe se hace en términos muy generales y por tanto el informe jurídico a emitir por esta asesoría jurídica responderá a este condicionante”, advierte el documento.

Mentir es como cruzar un paso de cebra con el semáforo en rojo: si ves a alguien haciéndolo tú vas más tranquilo detrás. Sientes que se consigue alguna especie de inmunidad grupal De todas las mentiras de Carlos Mazón los últimos días ha habido una que roza el disparate y es esa de que vio el SMS que le envió la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera cuando ya se había trasladado al edificio del 112 en l'Eliana donde, dice, “no había cobertura”. Un centro de emergencias sin cobertura no te lo montan ni Mortadelo y Filemón en el mejor momento de Ibáñez. En las propias fotos de esa reunión se ve a varias personas usando sus teléfonos móviles, suponemos que buscando alguna rayita de 3G para poder hacer su trabajo.   Como seres humanos podemos perdonar muchas cosas, la incompetencia, las negligencias, los errores, pero la deshonestidad es la que termina haciendo que todo se desbarate. Estamos acostumbrados a que los políticos exageren, obstruyan, desvíen información o embellezcan las verdades, pero no estamos acostumbrados a mentiras tan incuestionables y chapuceras. Normalmente, son los medios de comunicación o la oposición los que desvelan esas mentiras, en el caso de Carlos Mazón él mismo ha terminado alcanzando a sus propias mentiras, como en una persecución en círculos con su propia sombra.  ¿Qué hizo Mazón entre las 14.30 y las 19.30 de la tarde de la DANA? Primero dijo que estuvo ausente por una comida privada, luego que fue un encuentro de trabajo con el presidente de la patronal valenciana –que negó inmediatamente este punto-, y de nuevo una comida privada muy cerca de la Generalitat, tan cerca que podían haberle localizado con un par de gritos, para ofrecerle a una periodista un puesto de dirección de À Punt al que se accede por concurso público (esto ha pasado hasta desapercibido). Asegura Mazón que estuvo ilocalizable por falta de cobertura, pero unos días antes Alberto Núñez-Feijóo, el líder de su partido, había afirmado que Mazón le había trasladado información en tiempo real durante todo el martes de la DANA.  Mentir es como cruzar un paso de cebra con el semáforo en rojo: si ves a alguien haciéndolo, tú vas más tranquilo detrás. Sientes que se consigue alguna especie de inmunidad grupal. Así que en esas anda también Salomé Pradas, la consellera responsable de Emergencias, afirmando que el Gobierno no le ofreció en ningún momento la presencia de la UME. Unos días antes había sido grabada por un equipo de TVE diciendo que la UME se le había ofrecido la misma mañana de la riada.  Mazón y compañía mienten porque esperan encontrar alguna rentabilidad con sus mentiras, aunque solo sea desviando la pelota al campo contrario. De este modo, el otro ya no solo está ocupado destapando las mentiras ajenas, sino también desmintiendo las propias. En este momento de polarización política, mentir se ha vuelto bastante más lucrativo. Algunos medios de comunicación anteponen el equilibrio a la verdad y si un invitado dice que el mundo es redondo, seguramente habrá otro sentado a su lado diciendo que el mundo es plano para equilibrar al debate. Si un tertuliano dice que Mazón miente, al lado habrá otro tertuliano diciendo que Teresa Ribera (por ejemplo) también ha mentido. Y, de este modo, el debate se equilibra concluyendo de modo genérico que todos los políticos mienten. Chimpún. Las responsabilidades, y en esta crisis hay muchas, se diluyen.  Existe una diferencia entre mentir y ser un mentiroso: el que miente decide no contar una verdad puntualmente. Al mentiroso, que suele tener de apellido la soberbia, simplemente no le importa mentir. 

A los difusores de mentiras y/o defensores de Franco se les olvida un pequeño detalle y es que los estragos de la costa española, en particular del Levante, comenzaron con la dictadura franquista durante la etapa del desarrollismo Lamentablemente, la tragedia que ha provocado la DANA en Valencia ha fomentado un caldo de cultivo para esparcir todo tipo de mentiras y bulos en las redes sociales cuya única finalidad es intoxicar y enfadar aun más a la opinión pública. En la mayoría de los casos los responsables son elementos de la extrema derecha mediática y política, los mismos cachorros de Revuelta, Desokupa, España 2000, entre otros, que fueron a montarla a Paiporta. Entre la retahíla de mentiras y bulos, uno que siempre encanta a las derechas es resucitar a Francisco Franco. Les encanta recordar los pantanos que inauguró el dictador para afirmar que tenemos agua gracias a su infinita bondad. Y que, frente a la “pertinaz sequía”, la política hidráulica del franquismo resolvió nuestros males. Olvidan que esa política fue defendida a principios del siglo XX por regeneracionistas como el geógrafo Ricardo Macías Picavea, o que el plan Badajoz fue una copia del diseñado por el ministro de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto, durante la Segunda República. Macías Picavea, discípulo de Julián Sanz del Río y de Nicolás Salmerón, era un convencido de la necesidad de una reforma agraria técnica, basada en convertir las tierras de cultivo en áreas de regadío para conseguir una mayor rentabilidad, mejorando la agricultura española y las condiciones de vida de los campesinos. En su obra 'El problema nacional. Hechos, causas, remedios' (Madrid, 1899) planteó estas cuestiones junto con una crítica demoledora al caciquismo y al sistema de la Restauración, coincidiendo con el mayor exponente de esta línea de pensamiento, Joaquín Costa. Desde el Plan General de Canales de Riego y Pantanos de 1902, conocido como Plan Gasset en referencia al ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas, Rafael Gasset, hasta el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933, dirigido por Manuel Lorenzo Pardo y elaborado por el Centro de Estudios Hidrográficos, se realizaron muchos trabajos. No hay nada nuevo bajo el sol. Franco sólo continuó esta política, más teniendo en cuenta que cercenó la Reforma Agraria republicana de 1932, que pretendió modificar la propiedad de la tierra y no basada únicamente en mejoras técnicas (Ricardo Robledo: 'La tierra es vuestra. La reforma agraria. Un problema no resuelto en España, 1900-1950', Pasado & Presente, 2022; Francisco Rodríguez Jiménez (coord.): El Plan Badajoz. Entre la modernización económica y la propaganda política).  Otras de las muchas obras hidráulicas que realizó el régimen dictatorial con gran bombo y platillo fue el Canal del Bajo Guadalquivir, para convertir en tierras de regadío 80 hectáreas, mayoritariamente de ricos terratenientes. Pero conviene subrayar que en esta descomunal obra trabajaron presos políticos explotados como bien señaló la monografía 'El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica' de Gonzalo Acosta Bono, José Luis Gutiérrez Molina, Lola Martínez Macías y Ángel del Río Sánchez (Crítica, 2004) y el documental Presos del silencio de Mariano Aguado y Eduardo Montero Saponi en 2004. Aunque conviene recordar que no fue la única obra pública en la que la dictadura franquista utilizó presos políticos bajo el sistema de Redención de Penas por el Trabajo.  Esa práctica fue habitual durante todo el franquismo. A continuación, señalan la importante riada de 1957 en la ciudad de Valencia, que llevó a desviar el cauce del río Turia, y vuelven a destacar la actuación providencial del “benefactor caudillo”. El Plan Sur fue una obra faraónica propia del desarrollismo franquista para transformar la ciudad y se ejecutó entre 1965 y 1972. Se desvío del cauce del río para sacarlo de la ciudad, perjudicando a la huerta sur. Según señaló Iván Portugués, autor de la tesis doctoral La metamorfosis del río Túria en València (1897-2016): de cauce torrencial urbano a corredor verde metropolitano, en este mismo periódico hace unos días esta obra sería impensable hoy en día por el gran coste económico, las enormes consecuencias medioambientales y el impacto sobre el territorio. De hecho, la marquesa consorte de Bornos, Esperanza Aguirre, que acudió de jovencita a jalear a Dwight Eisenhower al grito de “Ike” cuando el presidente estadounidense visitó la España franquista en diciembre de 1959, ha salido al paso para reivindicar al Franco. En concreto afirmó: “Gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco, que desvió el cauce del Turia; si no, hubiera sido también Valencia capital”. Ella nunca defrauda defendiendo el nacionalcatolicismo y siempre a la vanguardia de la lucha contra el deminio socialista. A todos los difusores de mentiras y bulos y/o defensores de Franco también se les olvida un pequeño detalle y es que los estragos de la costa española y, en particular del Levante, comenzaron con la dictadura franquista durante la etapa del desarrollismo, cuando las divisas del turismo fueron uno de los pilares de la economía española, junto con las remesas de los emigrantes que se fueron a Centroeuropa, y la industria con mano de obra sumisa y muy barata. El turismo de sol y playa que acuñó Manuel Fraga Iribarne en el lema: “Spain is diferent!” inició el destrozo del litoral español y fue el comienzo del turismo de masas que modificó el paisaje de las ciudades. Además, los difamadores añaden la falsedad de que el gobierno progresista ha destruido presas y que eso ha intensificado los efectos de la DANA en Valencia. De ese modo cierran el círculo: Franco queda como el salvador del país una vez más y el Partido Socialista y Sumar como unos incompetentes y traidores. Finalizo con una anécdota: el viernes 8 de noviembre, a la vuelta de la facultad, entro en una carnicería de mi barrio de Argüelles, en la calle Altamirano, y escucho estupefacta la conversación entre dos clientas. Dicen que la DANA ha sido provocada por el gobierno (de Sánchez por supuestentienfo o) porque no ha avisado y que el cambio climático es consecuencia de las antenas 5G porque lo dice hasta el BOE. Se declaran antivacunas porque te incorporan un chip, y se intercambian l8os móviles después de que una de ellas dice que es farmacéutica y da conferencias secretas en lugares clandestinos. Al escucharlas, entiendo mejor que un delincuente, ignorante y sectario como Trump haya sido votado por millones de ciudadanos. Y que un “experto” en vida extraterrestre sea para muchos españoles la principal fuente de información en la tragedia de Valencia.

De la misma forma que la DANA sola no mata más de doscientas personas sin la colaboración de unos gobernantes negligentes que no avisan a tiempo a la población, tampoco es la DANA sola la autora de la destrucción de tantas viviendas, empresas, infraestructuras y vehículos Nos encantan las metáforas basadas en fenómenos naturales, especialmente meteorológicos, y se las aplicamos a cualquier suceso político, económico o cultural. Ya sea un resultado electoral, una crisis financiera, el aumento del paro, la llegada de inmigrantes, una victoria deportiva o el último éxito musical, siempre echamos mano del repertorio de la naturaleza más impetuosa: huracán, tormenta, tsunami, terremoto, marea…  Supongo que se debe a que seguimos siendo unos insignificantes humanos que miran con asombro y espanto la cólera de la naturaleza, equiparada a una divinidad terrible y caprichosa, y es nuestra unidad de medida para todo suceso extraordinario. Lo cierto es que el uso y abuso de esas metáforas contribuye a naturalizar acontecimientos que no son nada naturales, invisibilizar a sus responsables, y extender el fatalismo y la resignación: quién puede resistirse a una crisis económica o a un triunfo arrollador en las urnas, cuando son narrados como ciclones, olas o seísmos. Si sucesos de origen humano son vistos como fenómenos naturales, qué vamos a pensar de un fenómeno que en origen nos parece indudablemente natural, sin necesidad de metáforas: una DANA como la que arrasó Valencia. Agua llegada del cielo, sin sentido figurado: nubes que se forman en el mar, que el viento desplaza, que el choque de temperaturas revoluciona, que desaguan sobre la tierra, que acrecientan ríos. Todo es pura naturaleza, quién lo va a dudar. Podemos culpar a Mazón, pero en el fondo asumimos que la destrucción la causó la DANA, es decir, la naturaleza. Y sin embargo, la DANA somos nosotros. También somos nosotros. Parafraseo el título del genial cómic de Dario Adanti sobre la crisis climática, “El meteorito somos nosotros”. Lo mismo dijo el secretario de la ONU, Antonio Guterres, hace unos meses: si hablamos del deterioro del planeta, esta vez “no somos los dinosaurios sino el meteorito”. Y lo mismo podemos decir de la DANA: somos nosotros. Lo somos en primer lugar por el mismo motivo que dicen Adanti y Guterres: porque el cambio climático somos nosotros, y la violencia de esta DANA, y de otras que pueden venir, está vinculada al calentamiento anómalo del Mediterráneo, y a otros agentes climáticos que aumentan la frecuencia y la intensidad de este tipo de fenómenos. Como habrá quien lo cuestione (y no solo los negacionistas oficiales), quien recuerde que toda la vida ha habido “gota fría” en el Levante, y hasta quien pese al cambio climático siga considerando la DANA un fenómeno de la naturaleza, solo intensificado por la acción humana pero de la naturaleza al fin y al cabo, insistamos en la idea: la DANA somos nosotros porque la devastación de tantos pueblos no la causó la lluvia sola, ni el agua desbordada de los barrancos, sino el descuido político que ha permitido urbanizar masivamente terrenos inundables, que todavía hoy lo permite, y que no toma las medidas necesarias para amenazas que se advierten desde hace años. De la misma forma que la DANA sola no mata más de doscientas personas sin la colaboración de unos gobernantes negligentes que no avisan a tiempo a la población, tampoco es la DANA sola la autora de la destrucción de tantas viviendas, empresas, infraestructuras y vehículos: sin la esforzada ayuda de sucesivos gobiernos municipales, autonómicos y centrales, planificadores urbanos y constructores, no lo habría conseguido por muy DANA que fuera. Es como los terremotos: idéntica intensidad sísmica no causa la misma muerte y destrucción en Japón que en Haití, pues cada país ofrece muy diferente resistencia. Lo mismo nuestra terrible DANA, a la que dejamos ríos y barrancos sin escapatoria para que los desbordase, y le pusimos por delante muchas viviendas y polígonos para que los destrozase. Si algún efecto positivo (por decir algo) tiene la catástrofe valenciana, es que de pronto todas las administraciones se pongan a revisar sus territorios en las zonas más sensibles, más expuestas a inundaciones. Que se abandonen intentos de urbanizar suelo inundable, como Tablada en Sevilla; se cuestionen proyectos como la ampliación del aeropuerto del Prat, por los mismos motivos, o reflexionen quienes hasta ayer pretendían relajar las restricciones en zonas de riesgo. Ojalá sirva para acelerar las medidas necesarias, replantear el modelo urbanístico, desautorizar del todo a los negacionistas y dejar de votar a gobernantes cuya negligencia siempre asoma en las catástrofes. Porque la DANA somos nosotros, sí, pero unos más que otros.

El Tribunal Superior de Madrid ratifica la improcedencia del despido de una trabajadora de una empresa de la capital que grabó tres vídeos en esta red social al entender que fueron conductas "aisladas" y que no comprometían la imagen de la empresa ni denotaban "falta de laboriosidad"Archivo - La Justicia anula el despido de un trabajador de COPE por decir en Twitter que “cómo no iba a ser maricón” Cristo Grabar vídeos de TikTok en el puesto de trabajo no implica que la empresa pueda firmar el despido disciplinario del trabajador. El Tribunal Superior de Madrid ha declarado improcedente el despido de una mujer que fue despedida después de que sus superiores descubrieran que había grabado hasta tres vídeos para esta red social en las instalaciones de la empresa bailando, cantando o celebrando que ya era viernes y se acababa la jornada laboral. Los jueces razonan que, en este caso, “ni por lo más remoto” los tres vídeos implican que la mujer no estuviera haciendo su trabajo. Esos tres vídeos, zanja el tribunal, eran “un mero baile” y no una falta muy grave que justifique un despido. El caso que han estudiado los tribunales es el de una mujer que llevaba más de una década trabajando como limpiadora en una empresa de materiales reutilizables de Madrid cuando fue despedida. Sus superiores comprobaron que había grabado un vídeo para la aplicación TikTok en el trabajo y su responsable directo, a través de su perfil, vio que en total había grabado tres vídeos en las instalaciones de la empresa. Vídeos en los que, según denunció la empresa, la mujer cantaba y bailaba en el edificio, a veces subida en una transpaleta eléctrica, con el uniforme y usando canciones como una versión de la cumbia peruana 'Cariñito' o una canción de la mexicana Gloria Trevi. En uno de esos vídeos, la empleada celebraba que era viernes y se terminaba la jornada laboral: “Llegó el momento de decir me voy a mi casa terminado el viernes”, celebraba uno de los vídeos. La empresa ya había sancionado una vez a la trabajadora en el pasado y decidió que la grabación de estos vídeos era motivo suficiente para firmar su despido disciplinario y definitivo. A lo largo del proceso judicial defendió la medida alegando que las instalaciones de la empresa se podían identificar en los vídeos, que además usó maquinaria e hizo todo durante su jornada laboral. Un juzgado de lo social de la capital fue el primero en dar la razón a la trabajadora y declarar improcedente su despido, dando a elegir a la empresa entre la readmisión o pagar una indemnización de más de 23.000 euros. El Tribunal Superior de Justicia de la capital, en una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, acaba de confirmar la improcedencia del despido y la obligación de la empresa a readmitir o indemnizar a la afectada. Los jueces entienden que haber grabado esos tres vídeos a lo largo de varios meses “no por lo más remoto” es una justificación para un despido fulminante como el que firmó la empresa. Fueron, dice esta sentencia, “tres conductas aisladas” que no denotan una “falta de laboriosidad” en la mujer a la hora de hacer su trabajo. Todo fue, dicen los jueces de lo social, “un mero baile” que además no comprometió la imagen de la compañía. “Su comportamiento no denota falta de laboriosidad en su quehacer al tratarse de manifestaciones espontáneas en las que no compromete la imagen de la empresa”. Añaden los jueces que estas grabaciones de TikTok solo demuestran, en todo caso, “la gesticulación de bandas sonoras con un contenido inocuo ajustado a la normalidad social, sobre todo, cuando una de ellas indica que se va a casa porque es viernes”. Las represalias de la empresa por estos vídeos, dice el tribunal madrileño, debieron ser “mínimas” y entienden que “en modo alguno la conducta de la trabajadora transgrede la confianza depositada en ella porque no infringe los deberes de lealtad, probidad y confianza implícitos en la relación laboral”. Esta resolución todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo pero, por el momento, deja dos opciones a la empresa: readmitir a la trabajadora o pagar más de 23.000 euros de indemnización. Bailar con tacones tras una operación En los últimos años, la jurisdicción social ha tenido que hacerse cargo de pleitos laborales en los que un vídeo colgado por un trabajador en sus redes sociales puede llegar a convertirse en la prueba principal esgrimida por una empresa para firmar un despido. El pasado mes de julio fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el que ratificó el despido disciplinario de una trabajadora de una productora de las islas porque tanto en sus redes sociales como en otros medios, incluyendo la grabación de un videoclip, había salido bailando y saltando con zapatos de tacón, algo incompatible con la baja en la que estaba después de ser operada de un juanete. En ese caso el despido no fue por grabar los vídeos, sino por lo que demostraban: que podía bailar a pesar de estar de baja. Pero otros tribunales territoriales sí han tenido que valorar la incidencia del hecho de grabar vídeos de TikTok en el trabajo. En el caso del trabajador de una pollería de Zamora el resultado fue el mismo: “No puede concluirse que implique un grave perjuicio para la imagen del negocio, el cual ni siquiera es reconocible en los vídeos para quien no forma parte del mismo”, dijo el Tribunal Superior de Castilla y León el pasado verano para confirmar la improcedencia de su despido. Son unos argumentos judiciales que dependen del puesto de trabajo que ocupe el despedido. En el caso de un camionero de Guadalajara, los tribunales avalaron su despido porque publicó más de una decena de vídeos en TikTok grabados mientras conducía el camión. Eso, dijo el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha “sin duda amén de suponer una conducta negligente, es susceptible de causar un perjuicio a la empresa”. En el caso de este transportista, grabar esos vídeos le obligaban a dejar de mirar la carretera por unos instantes “que pueden ser preciosos para la seguridad vial, los objetos y la vida de los demás usuarios de la carretera, además de la suya propia, lo que hace que el cese deba ser calificado como procedente”.

Esta activista por el derecho a morir demanda a la Xunta que acelere los trámites para no fallecer mientras espera, como le sucede a un tercio de los demandantes gallegos. Sanidade evita entrar en su situación particular y señala que "no existe ningún procedimiento abreviado" para quienes conservan la capacidad de decidirHemeroteca - 128 médicos se declaran objetores en los procesos de derecho a la eutanasia en Galicia “Yo siempre quise morir joven y bien. Lo pedí: joven y bien. Y se me está cumpliendo”. Sentada en la butaca de su habitación, en la unidad de paliativos del hospital Meixoeiro de Vigo, Laura Fernández habla con una convicción y una calma que impresionan. Su tono de seda, algo ralentizado por los calmantes, trasluce una voluntad de hierro y un humor que no perdió el filo. “Nunca quise llegar a los 90 años. Y eso que la gente te dice: 'Bueno, pero si llegas bien...'. ¡Joder, a los 90 nunca llegas bien, no me toques las narices!”. Laura ya sabe que ella no va a pasar de los 67. Tras casi dos décadas militando en Derecho a Morir Dignamente (DMD), y después de una “vida plena” solo espera ahora poder ponerle “el broche final” de la eutanasia. Su única preocupación: que el cáncer se la lleve antes y no poder decidir cómo será “su último viaje”. Para quienes, como ella, conservan la lucidez hasta el final, la Xunta no permite atajos. Esta primavera, a Laura le diagnosticaron un melanoma uretral “grave”, un tipo de tumor “muy raro” con “probabilidades de curación mínimas”. Esta activista vecinal, que trabajó durante más de veinte años como administrativa en la Sanidad, decidió no tratarse con quimioterapia, radioterapia ni cirugía mientras su cuerpo “estuviese bien”. “Con mi cuerpo siempre tuve una relación muy buena: cuando algo me duele, trato la zona como si tuviese un bebé ahí y el cuerpo responde. Es una pasada”. Esta vez, la conversación fue diferente: “Si no puedes ponerte bien, no sufras mucho”, le dijo. Con sus médicos, habló de tiempos: “les dije que me iba a tomar unos meses para organizar mi vida y que en septiembre hablábamos”. Como para entonces seguía bien, decidieron darse otros 90 días, hasta diciembre. Pero el cáncer tenía otros planes. “A partir del 20 de octubre empiezo con infecciones de orina muy preocupantes”. La tratan con antibióticos y, pese a una mejoría inicial, el 24 llegan unos dolores abdominales tan fuertes que incluso le “impiden respirar”. Esa noche se va a urgencias. Las pruebas descubren que hay metástasis en el hígado y otros órganos. Tras amanecer en observación, repiten la ecografía y el diagnóstico se confirma. “Como en mi historia pone que rechazo el tratamiento, me preguntan qué quiero hacer y digo paliativos”. El viernes 25 por la noche la trasladan a esa unidad. Cuando llega, Laura lo hace ya con la intención de solicitar la eutanasia, pero le va a tocar esperar. “Los médicos no vinieron hasta el martes”, cuatro días después. “Me dijeron que se iban a informar y que al día siguiente hablábamos, porque tenían dudas”. Las resolvieron rápido: el miércoles 30 hizo la primera solicitud. Firmaron ella y la médica responsable, a la que define como “una mujer extraordinaria”. Laura se deshace en elogios para el equipo de paliativos. “Es, como mínimo, lo mejor que tenemos en Galicia”. Allí le han quitado el dolor a base de parches de fentanilo, pero no la fatiga. “Estoy físicamente agotada, noto que no puedo con el cuerpo”, relata mientras se apoya en la almohada que ha tendido sobre su regazo. “Hoy estoy un poco mejor, pero ayer estuve fatal. Con esta infección en la zona pulmonar nadie puede garantizar que no me vaya a quedar en coma de un día para otro”. La falta de un camino corto La ley de eutanasia obliga a solicitar dos veces la ayuda para morir, con un margen de quince días entre ambas peticiones para despejar cualquier duda. La Xunta admite que todo el procedimiento dura un tiempo “mínimo” de unos 40 días. En ese lapso, en 2023, fallecieron 14 de los 38 solicitantes de eutanasia en Galicia, la mitad de los que decidieron seguir el proceso hasta el final. Y eso es lo que Laura no quiere. “Yo hablo con las médicas todos los días, saben que soy militante de DMD desde hace muchísimos años y que lo tengo claro... pero me dicen que hay que esperar”. Según relata, las facultativas trasladaron su demanda a “responsables” sanitarios, pero la respuesta fue siempre la misma: “que no se podía”. “Como en todas las leyes hay sus recovecos para esquivar cosas, tengo entendido que se puede acortar en un caso como este: casos en los que el paciente está totalmente seguro”. Pero la Xunta no lo ve así. Pese a que no quiere entrar en el caso particular de Laura, la Consellería de Sanidade responde que “con carácter general, no existe ningún procedimiento abreviado para la prestación de la ayuda a morir, sino que existe un único procedimiento para aplicar cuando el paciente conserva la capacidad de la toma de decisión”. Esa lucidez es clave, ya que la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) asegura en su artículo 5: “Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica”. Sin embargo, ese seguidismo de la norma es, a día de hoy, insostenible para DMD. Sobre todo porque, según aseguran, varía según el territorio del Estado en el que se aplique. “Una vez más, nos encontramos con una desigualdad entre comunidades, en este caso muy grave porque se trata del ejercicio de derechos fundamentales”, responde desde Madrid el doctor Fernando Marín, presidente de la asociación en la capital y miembro de la directiva federal. “Si otras comunidades responden con eficacia, ¿por qué Galicia no?”, se pregunta, sobre todo al estar hablando “de muy pocos casos” cada año. Según Marín, desde el momento en que el presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación está informado de la solicitud, “debería intervenir y facilitar la tramitación”. Para él, una respuesta del tipo “así son las cosas, vuelva usted mañana” es “una reacción inadmisible en 2024”. Último acto público de Laura con DMD, este septiembre -justo un mes antes de su ingreso- en Ferrol Todo empezó con Ramón Sampedro “La LORE es tan garantista que provoca estos obstáculos, por eso hay que mejorarla, y mucho. Si para mí no llega, espero que haya un movimiento que reivindique que esto no puede pasar: la gente no puede morir esperando la eutanasia cuando las cosas están bien hechas”. Y ahí, Laura también señala al gobierno gallego: “Cada autonomía es de un partido, unos tienen más interés y otros menos... y no puede ser que nosotros seamos los últimos”. A quien descarga de cualquier responsabilidad es al equipo médico que la atiende. “Ellas saben que, para mí, como militante de DMD, la eutanasia es importantísima”, asegura, y por eso añade: “Me garantizaron que, si no llega, me darían una sedación”. La diferencia, para ella, es una cuestión de tiempo. “Con la eutanasia digo cuándo, dónde y cómo quiero morir y me lo hacen de una forma rapidísima. Es parecido a una anestesia total antes de una operación. Tú escuchas: 'Ponle fentanilo...' y ya nada más”. Sin embargo, la sedación requiere un proceso mucho más largo. “Pueden ser horas, o incluso días”. Cuando se le pregunta cómo empezó a militar en la defensa de la muerte digna, Laura contesta rotunda: “A través de Ramón Sampedro”, el activista que abrió el debate sobre el suicido asistido en España e inspiró la película Mar adentro. “Me parecía imposible que le hiciesen esa putada a un hombre que tenía una cabeza tan lúcida pero no tenía cuerpo”. Sampedro quedó tetrapléjico tras un accidente en la playa de As Furnas (Porto do Son). Treinta años después bebió cianuro a través de una pajita para acabar con su vida, un acto que grabó para mostrar la firmeza de su propósito. Murió el 12 de enero de 1998. Ese día, los activistas conmemoran -sin que el PP haya querido darles reconocimiento oficial- el Día da Morte Digna en Galicia, que ha trasladado su sede de As Furnas a la praza do Obradoiro de Santiago. Laura no conoció a Sampedro, pero sí a su hermano, a sus amigos, y a otro personaje clave en la lucha por la eutanasia en España, el anestesista Luis Montes. “Era un fenómeno”. Con él organizó actos y conferencias en Galicia, una labor de difusión que no dejó hasta el final. El 26 de septiembre, un mes antes de su ingreso en urgencias, todavía protagonizó una charla en Ferrol sobre el testamento vital. “Hubo casi cien personas”, recuerda. Sin embargo, nunca imaginó que también acabaría luchando por ella misma. “No, porque cuando eres joven piensas que no vas a morir...”. Conmemoración del Día da Morte Digna en Galicia, el 12 de enero de 2023, aniversario de la muerte de Ramón Sampedro. Laura, de blanco, es la segunda por la izquierda en la pancarta El último viaje La habitación de Laura en paliativos es un hervidero de gente. Desde su ingreso, han pasado por allí más de 120 personas y todas se fueron “llenas de energía”. “Tengo muchas amigas y amigos”, dice sonriente, convencida de que se cumple la máxima de que “cuanto más des, más vas a recibir”. E, incluso, pasaron cosas “tan increíbles” que “si fuese creyente, hablaría de milagritos”. Uno de ellos: el niño que tuvo en acogimiento familiar durante cuatro años, y que hoy es un adulto que cumple condena en la cárcel, consiguió permiso para ir al hospital a despedirse de ella, a pesar de que, técnicamente, no son familia. Ese “técnicamente” se debe a que, para ella, todas sus amistades son parte de su familia. La que formó con Pucho, su compañero de vida, con el que convive desde hace 42 años, aunque no se casaron hasta 2017. “Os lo habéis pensado bien, nos dijo la jueza”, recuerda riendo. Firmaron los papeles después de que la crisis se llevase por delante en 2014 su pequeña empresa de carpintería de aluminio. “Yo seguía trabajando en la Sanidad y él era autónomo, así que nos casamos porque él iba a tener una pensión de mierda y a mí ya me jorobaría que la mía no la cobrase nadie”. Laura y Pucho tienen dos hijos: Sara y Daniel. Ella, biológica, porque en los primeros ochenta no dejaban adoptar a parejas que no estuviesen casadas. Cuando la ley cambió, llegó Daniel. “Yo quería adoptar desde pequeña. Cuando veía las imágenes de la guerra de Vietnam, con aquellos niños descalzos, corriendo queimadiños, se lo decía a mi madre: 'Mamá, ¿por qué no adoptamos?'. Éramos una familia humilde -mi madre, ama de casa y mi padre, carpintero-, que bastante tenían con nosotros dos”. Ahora, ese núcleo familiar la acompaña en su decisión, aunque no se pueden evitar los momentos de flaqueza. “Mi hija es militante de DMD, pero, claro, ¡no quiere que se muera su madre!”. Entre todos han organizado cómo será la deseada eutanasia. Ella tiene claro el lugar: el propio hospital. No quiere que esa imagen quede fijada en el hogar que ellos consideran propio, aunque vivan en Vigo: una casiña en Tui, cerca de la frontera de Portugal -“nos costó dos millones de pesetas, era lo único a lo que podíamos aspirar”-, a la que todavía este verano entre ella y Pucho le cambiaron el tejado y donde sí aguarda que reposen sus cenizas. En su despedida espera a toda la gente que quiera estar. ¿Y qué les dirá? “Bueno, chavales, hasta luego Lucas... -Laura refuerza sus palabras con un gesto-. Así de fácil y luego fiesta”. No habrá misa ni tampoco flores. “El que quiera gastar, que haga una donación al Centro Cultural de Beade”, la parroquia viguesa donde fue dirigente vecinal, “que tiene unos costes enormes y una factura de la luz que puede pasar de los mil euros”. Ese requisito aparecerá también en la esquela que ya han diseñado y en la que, en lugar de una cruz, se leerá la traducción al gallego del lema de su insignia de DMD: A miña derradeira viaxe decídoa eu (“Mi último viaje lo decido yo”). Un deseo que, hoy, ya solo podría impedir la burocracia.

Según medios locales, el valor de las viviendas rusas confiscadas es de 35 millones de euros y se utilizará para compensar a NaftogazEn la frontera de Finlandia con Rusia: “La guerra de Ucrania lo ha cambiado todo, ya no hay vuelta atrás” Las relaciones entre Finlandia y Rusia nunca han estado tan deterioradas desde que empezó la guerra en Ucrania, lo que llevó al país nórdico a ingresar en la alianza militar de la OTAN. El último capítulo de esta tensión entre los dos países se ha producido tras la acción de la Autoridad Nacional de Ejecución de Finlandia (una agencia que depende del Ministerio de Justicia) de confiscar los activos inmobiliarios que el Gobierno de Moscú tiene en el país nórdico. La incautación de inmuebles empezó el pasado 24 de octubre y habría afectado a 40 propiedades que en total suman un valor de 35 millones de euros, según informa el periódico Helsinguin Sanomat. La acción se ha llevado a cabo por orden de un tribunal de Helsinki en relación con una decisión tomada por el Tribunal Internacional de Arbitraje de La Haya en abril del 2023. Esta corte internacional condenó a Rusia a pagar a la compañía estatal ucraniana de energía Naftogaz más de 5.000 millones de euros como compensación por la invasión de la península de Crimea en 2014, en la que se destruyó buena parte de la infraestructura de la empresa. Desde la empresa de energía ucraniana han celebrado en un comunicado la decisión tomada por el tribunal de Helsinki, alegando que “dado que Rusia se niega a pagar voluntariamente a Naftogaz los fondos estipulados por la sentencia de La Haya, seguimos utilizando todos los mecanismos disponibles para recuperarlos. Hoy estamos un paso más cerca de restablecer la justicia. Al mismo tiempo, estamos tomando medidas activas para hacer cumplir la sentencia jurídica en otras atribuciones que involucran activos rusos”, dijo el presidente y director general del grupo Naftogaz, Oleksiy Chernyshov. La empresa Naftogaz también ha solicitado la confiscación de activos rusos en el resto de países europeos, pero de momento Finlandia ha sido el primer Estado en implementar las incautaciones, según informaba la prensa local. La reacción desde el Kremlin por la congelación de millones de euros en inmuebles no se ha hecho esperar. Desde la embajada de Rusia en Finlandia se ha enviado una nota de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores anunciando una acción judicial contra la decisión de Finlandia. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó: “Por supuesto, impugnaremos esto en los tribunales. Naturalmente, la Federación Rusa defenderá sus intereses inmobiliarios, por lo que utilizaremos todos los mecanismos legales para proteger nuestros intereses”. La embajada rusa en Helsinki no se toca Entre la lista de inmuebles incautados por el Gobierno finlandés destaca por su valor inmobiliario el edificio del Centro Ruso de Ciencia y Cultura, ubicado en el céntrico distrito de Töölö en Helsinki, además de otro edificio de oficinas de 10 millones de euros en la capital. En la cadena de televisión pública YLE ha trascendido la lista y la ubicación del resto de los 40 inmuebles rusos embargados por las autoridades, de los cuales la mitad son propiedades diplomáticas, incluidas las residencias de los trabajadores de la embajada en el país. Sin embargo, se ha informado de que el complejo de la embajada rusa no ha quedado incautado, ya que por su uso diplomático está protegido por la Constitución finlandesa y las leyes internacionales. El resto de propiedades incautadas varían mucho y están repartidas por todo el país, como una parcela de 17 hectáreas de terreno situada frente el mar, que los diplomáticos rusos utilizaban como residencia de verano. Según los medios finlandeses, en la zona desmilitarizada de las islas Åland también se habrían expropiado varias casas, entre ellas una residencia de 1,78 hectáreas que habría sido propiedad del presidente ruso Vladímir Putin en el año 2009. Una cuestión de seguridad nacional En paralelo a la congelación de los bienes inmobiliarios rusos, el Gobierno de Helsinki prepara para este otoño una legislación para prohibir completamente que los ciudadanos y empresas rusas puedan comprar propiedades en Finlandia.  Según un borrador de ley que se hizo público, Finlandia aplicaría la prohibición de comprar bienes inmobiliarios a los ciudadanos de Estados “cuyo territorio de origen haya sido considerado que viola la integridad territorial, la soberanía y la independencia de otro Estado y pueda amenazar la seguridad de Finlandia”.  Según el Gobierno, se considera que los bienes inmuebles en manos de propietarios rusos representan un peligro potencial para la seguridad del país y, por lo tanto, el Ejecutivo ve prioritario aprobar esta ley. En el mes de septiembre, desde el Ministerio de Defensa se informó de que se habían denegado seis permisos de transacciones inmobiliarias por parte de empresas y compradores particulares de nacionalidad rusa.  El ministro Antti Häkkänen justificó las decisiones afirmando que “no se puede descartar que las adquisiciones inmobiliarias en cuestión puedan amenazar la seguridad nacional y obstaculizar la organización de la defensa nacional o la vigilancia y salvaguarda de la integridad territorial”. Estas seis propiedades se encontraban en el este del país, cerca de la frontera compartida de 1.400 kilómetros con Rusia y que sigue con los puestos terrestres cerrados desde hace un año. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el Gobierno de Finlandia teme por la escalada de tensiones y por el impacto de una guerra híbrida llevada a cabo desde el Kremlin que amenaza a sectores estratégicos como las telecomunicaciones, las infraestructuras o la ciberseguridad. Por este motivo, desde el Ministerio de Defensa se ha informado recientemente que en los últimos años se han monitorizado 3.500 bienes inmobiliarios por todo el país vinculados a propietarios rusos.  “Vemos como una amenaza potencial a nuestra seguridad el hecho de que tengamos a propietarios rusos y de otros países adquiriendo terrenos cerca de infraestructuras críticas”, dijo el primer ministro, Petteri Orpo. En los últimos años, de forma recurrente los medios de comunicación finlandeses han informado de varios casos de propiedades e inmuebles sospechosos adquiridos por propietarios rusos. Algunos casos llamativos han sido los de cabañas en el bosque inusualmente fortificadas, casas de verano equipadas con helipuertos o la adquisición de almacenes logísticos sin valor aparente, pero que se encontraban cerca de aeropuertos o de puestos de control de fronteras, por lo que se sospechaba que podrían ser utilizados para tareas de espionaje o para acciones de sabotaje. Desde el Ministerio de Defensa también se aclaró que hasta que no se apruebe la prohibición, la mayoría de compras inmobiliarias por parte de ciudadanos rusos han recibido su aprobación, sin embargo, el número de solicitudes ha disminuido claramente. Para el investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA) Arkady Moshes, estas acciones son una prueba más del “estado ruinoso de las relaciones entre los dos países, donde cualquier acción o decisión se puede justificar en favor de la seguridad nacional porque la opinión pública lo ve todo a través del prisma de la seguridad”. “La relación entre los dos países no podría ser peor”, concluye el experto.

El Banco de España calcula que el daño de la austeridad monetaria a la economía real va a alcanzar cerca de 40.000 millones de 2022 a 2025. Mientras, señala que apenas ha rebajado algunas décimas la inflación media de cada añoEl BCE recorta los tipos de interés 0,25 puntos por tercera vez al 3,25% ante el estancamiento de la eurozona Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) han restado 2,5 puntos al crecimiento de España en los últimos tres años, y todavía seguirán golpeando el avance del PIB (Productor Interior Bruto) en 2025. El Banco de España calcula que el daño de la austeridad monetaria a la economía real va a alcanzar cerca de 40.000 millones de euros en total de 2022 a 2025. Mientras, la institución que lidera José Luis Escrivá señala que el “endurecimiento” de las condiciones de financiación apenas ha rebajado algunas décimas la inflación media de cada año, pero celebra que ha sido “fundamental para anclar las expectativas” sobre las subidas de precios. Gráficos del director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, sobre el efecto de las subidas de los tipos de interés del BCE sobre el crecimiento económico y la inflación de España. El director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, incluyó estas conclusiones en una conferencia titulada “Política monetaria: ¿de dónde venimos?, ¿dónde estamos? y ¿a dónde vamos?” que dio este viernes en las 'Jornadas de Alicante sobre economía española'. Según sus cálculos, los incrementos del 'precio' oficial del dinero que el BCE inició en junio de 2022 para luchar contra la inflación restaron medio punto al crecimiento de la actividad económica en 2022, en plena recuperación del shock de la pandemia, algo más de un punto en 2023 y casi otro punto más en 2024, como se puede observar en el gráfico extraído de la presentación del propio Gavilán. Leyenda sobre los canales de transmisión de las subidas de los tipos de interés del BCE a la economía real incluido en el informe anual del Banco de España de 2022. Los bancos centrales asumen el daño a la economía real (a las familias, a las empresas...) como parte de su estrategia para luchar contra la inflación. La austeridad monetaria es efectivamente una forma de asfixiar la demanda de los hogares y la capacidad de invertir de las compañías mediante el encarecimiento de las hipotecas y de los préstamos en general. En el informe anual de 2022, el Banco de España apuntó “los canales de transmisión” de las subidas de los tipos de interés, como se observa en el cuadro. De todo ellos el “efecto sustitución intertemporal”, que se refiere a “la contracción del gasto” por el incremento del 'precio' del dinero ha sido el principal golpe a la economía. El siguiente ha sido “el efecto renta”. O, lo que es lo mismo, “la contracción del gasto” en este caso por “el descenso” de los ingresos de familias o empresas. Según el propio esquema del Banco de España, las subidas de los tipos de interés seguirán dañando “la demanda” en los próximos meses, aunque en julio de este 2024 el BCE decidiera empezar a desandar la austeridad monetaria con un primer recorte, al que siguió otro en septiembre y otro más en octubre, hasta el 3,25% actual. Estas bajadas no impiden que los tipos de interés estén mucho más altos ahora que hace dos años. Desde 2022, el organismo que preside Christine Lagarde inició una agresiva política de aumentos desde el -0,5% en el que estaba la principal referencia hasta llevarlos al 4% hace algo más de un año. !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r

La Cámara decidirá el martes si empieza a tramitar la propuesta del Parlament de Catalunya de reforma del Código Penal mientras sigue sin concretarse cómo y quién pagará las indemnizacionesEl Defensor del Pueblo pide al Parlamento “medidas concretas” para reparar a las víctimas de abusos en la Iglesia Una reivindicación histórica de las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia empieza su camino legislativo este martes. El Congreso de los Diputados debatirá, a petición del Parlament de Catalunya, si tramita la reforma del Código Penal para declarar imprescriptibles los delitos relacionados con la pederastia. De acabar saliendo adelante, el cambio legal se desarrollará a la espera de que se concreten las medidas de reparación a las víctimas de la Iglesia propuestas hace un año por el Defensor del Pueblo. Las víctimas celebran el primer paso del legislativo, pero advierten de que todavía falta trabajo por hacer. “El tiempo de las buenas palabras de los políticos se ha acabado, necesitamos acción y medidas de reparación”, señala el psiquiatra y activista Miquel Àngel Hurtado, quien sufrió abusos por parte del monje del monasterio de Montserrat Andreu Soler. Las diputadas catalanas que defenderán la propuesta en el Congreso son Judith Alcalá (PSC), Raquel Sans (ERC) y Susana Segovia (Comuns). Las tres parlamentarias confían en que el Congreso apoye la propuesta con una amplia mayoría y en que el PP (que se abstuvo en la votación del Parlament que salió adelante la pasada legislatura gracias al apoyo de los tres grupos de izquierdas y de Junts y Ciudadanos) no la rechace. La medida es, por ahora, el único resultado de la pionera comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia que celebró la pasada legislatura el Parlament. El adelanto electoral provocó que no se pudieran redactar las conclusiones, pero el trabajo parlamentario de escucha a víctimas, expertos y algunos representantes eclesiásticos (algunos plantaron a la comisión, como el cardenal Juan José Omella) estaba casi completado. “Es una modificación importante del Código Penal para proteger a los menores frente a agresiones que marcan de por vida”, asevera Alcalá. Segovia defiende la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores, ya que es un tipo penal que va asociado a denuncias tardías. “Las víctimas suelen sentir vergüenza y muchas veces no pueden denunciar, por ejemplo, hasta que han muerto sus padres”, expone la parlamentaria. Sans destaca que en 23 países se ha aprobado una medida similar y enfatiza la “solidaridad” de los afectados, pues la imprescriptibilidad de los delitos beneficiará a las futuras víctimas, pero no a las que sufrieron abusos en el pasado, pues en su caso los delitos sí han prescrito. El cambio legal suscita, en cambio, recelos de expertos en Derecho Penal. El catedrático de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y de la Universitat de Lleida (UdL) Josep Maria Tamarit, que también coordinó el informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia, enfoca sus críticas hacia los políticos: “Están generando unas expectativas que no podrán ser satisfechas y dando la impresión de que se están ocupando del problema, mientras no impulsan las medidas que podrían ser más efectivas”. En este sentido, Tamarit remarca que la reparación a las víctimas “es algo todavía pendiente”. Hace unas semanas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, instó a las Cortes a implementar cuanto antes “medidas concretas” incluidas en su informe entregado hace un año, como el estatuto de víctima de abuso sexual, la celebración de un acto público y la creación de un fondo estatal de compensación con participación de la Iglesia. Este fondo ha generado discrepancias entre Gobierno y Conferencia Episcopal e incluso entre miembros de la institución religiosa. Las tareas pendientes “Falta voluntad política, tanto en Catalunya como en Madrid, y las víctimas siguen desamparadas”, denuncia Hurtado. La reparación no solo opera en el plano simbólico, con un reconocimiento de los abusos y el encubrimiento por parte de la Iglesia, así como de la falta de vigilancia de los abusos en instituciones educativas ligadas a congregaciones por parte de la administración pública. También se debe abordar con indemnizaciones, que todavía no se sabe cómo se calcularán ni de dónde saldrán sus fondos. “¿Quién nos paga los gastos que durante años hemos tenido en terapias privadas? ¿Quién decide quién, cuánto y cómo se paga? ¿Lo deciden los obispos? ¿Serán juez y parte?”, enfatiza Hurtado. “Hay mecanismos legales para conseguir que la Iglesia pague, veremos si el Gobierno más progresista de la historia perderá la fuerza por la boca o actuará”, agrega. Más allá de las indemnizaciones, Hurtado recuerda que “Montserrat podría decidir hacer un acto y poner un monumento de recuerdo a las víctimas de la pederastia que provocaron monjes del monasterio, para garantizar que no se olvidara, pero no lo hace”. En el terreno institucional, tras escuchar a varias de las víctimas durante el año pasado, el Parlament decidió otorgar la medalla de oro de la institución al Monasterio pese a haber encubierto los abusos durante años, aunque finalmente los reconoció en 2019 después de que fueran públicos. Tamarit recuerda que la propuesta del Defensor del Pueblo pasaba por un Centro de Arbitraje, similar al creado en 2011 en Bélgica, el que la Iglesia católica aceptó participar y asumir dos terceras partes de los costes de la institución, además de las indemnizaciones que el órgano acordó en favor de las víctimas. “Aunque, claro está, este modelo requiere una voluntad por parte de la Iglesia y del Estado”, añade el catedrático. Hurtado ve con buenos ojos el modelo australiano, cuyo Programa Nacional de Reparación por Abuso Sexual Infantil permitió a las víctimas recibir asesoramiento durante todo el proceso de reparación, acordó indemnizaciones individualizadas y otorgó una respuesta personal directa (por ejemplo, disculpas por parte de la institución responsable, reconocimiento de responsabilidad y compromisos de no repetición). Algo así todavía no ha ocurrido en España. “La Iglesia es una institución plural y, hasta el momento, ha habido respuestas muy diferentes por parte de las distintas congregaciones. Lamentablemente, la Conferencia Episcopal no ha hecho las cosas como podía esperarse y ha ido tomando decisiones sin una ruta clara, según las presiones que iba recibiendo”, critica Tamarit. Los pasos realizados Sans destaca los pasos realizados por las distintas administraciones autonómicas en el acompañamiento de nuevas víctimas de abusos infantiles: desde la ley navarra a la apuesta de la Generalitat de Catalunya por el Barnahus, un modelo de atención integral donde en una casa, lejos de comisarías y hospitales, se crea un entorno propicio para atender a los menores víctimas de abusos. La parlamentaria destaca también las medidas de prevención de abusos infantiles en espacios de ocio. Por su lado, Segovia avanza que su grupo llevará al Parlament esta legislatura una reforma del Código Civil para las víctimas pudieran solicitar indemnizaciones, ya que la imprescriptibilidad de la acción civil sí puede, al contrario que la penal, aplicarse con efectos retroactivos. Se trata de otra de las medidas reclamadas por las víctimas y que, en palabras de Hurtado, “depende totalmente de Catalunya, no de Madrid”.

El panorama se ha vuelto amenazante a las puertas de la COP29 tanto en la corta distancia –con la DANA en España– como en el plano internacional con el regreso de Donald Trump o la certeza de que 2024 ha sido el primer año con una temperatura media por encima del umbral de seguridad del 1,5ºCEl nivel disparado de CO2 en la atmósfera condena a muchos años de aumento de temperaturas Cada fracción de grado de calor extra que se le ahorre al planeta cuenta. Sirve para evitar los peores efectos del cambio climático. “Con cada incremento, los episodios extremos y los riesgos son mayores”, resume la ONU. Ayuda incluso con un panorama repleto de malas noticias como el que sobrevuela el inicio este lunes de la Cumbre del Clima (COP29) de Azerbaiyán. Donald Trump, un año entero ya por encima del tope de 1,5ºC, la DANA de España... El contexto se ha vuelto amenazante a las puertas de la cumbre de Bakú. Tanto desde una mirada global como si se utilizan unas gafas de visión cercana para ver lo que ocurre a corta distancia. España, por ejemplo, llega a la COP29 en medio de los efectos de la violentísima DANA que derivó en las inundaciones más mortíferas del siglo. La tormenta extrema es efecto del calentamiento global del planeta causado por los humanos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude los primeros días de la cumbre y fuentes de La Moncloa admiten que este año es una ocasión especial tras observarse cómo el cambio climático tiene “devastadoras consecuencias que España ha sufrido recientemente en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía”. Como ocurrió hace ocho años en Marrakech, la COP se inaugura a los pocos días de que Donald Trump haya sido elegido presidente de Estados Unidos. En realidad, la delegación estadounidense todavía estará liderada por la administración Biden, con lo que podría negociar nuevos compromisos. Sin embargo vuelve a circular la sospecha de que el país abandonará, no solo el Acuerdo de París, sino una posición destacada en la lucha contra el cambio climático que Trump llamó “hoax” (un engaño). Mientras tanto, la ciencia ha ofrecido más y más datos sobre cómo está la situación global del planeta. Datos preocupantes. Por un lado, la temperatura media anual de 2024 superará por primera vez en la historia los 1,5 °C por encima del nivel preindustrial y alcanzará, probablemente, un valor de más de 1,55 ºC, según el Servicio Copernicus. Será la primera vez que un año concreto se sale del límite de seguridad que busca conseguir el Acuerdo de París para fin de siglo. De hecho, 2024 va a ser el año más cálido medido. Los últimos diez años copan el top ten de los años con mayor temperatura de los que hay registros. El planeta es ahora el más caluroso de los últimos 120.000, subrayan los científicos. “De una manera o de otra, el primer cartucho que teníamos, que era el de los 1,5 ºC, lo hemos desaprovechado”, analiza el director del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y miembro del IPCC, José Manuel Gutiérrez. “El siguiente cartucho que tenemos es el de los 2ºC, y si nos quedamos sin ese ya no hay más. La ventana que nos va quedando es cada vez más estrecha y dentro de nada no nos va a quedar hueco para poder salir”, remata. En la misma línea, cuando las delegaciones de los países estén negociando en la COP29 de Azerbaiyán ya sabrán que la concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera (la cúpula que retiene la radiación solar y recalienta así la Tierra) está en máximos. Y también sabrán, porque así lo han descrito los científicos de la Organización Meteorológica Mundial, que esa concentración condena al planeta a “muchos años de aumento de temperaturas”. Los registros de 2024 indican que la acumulación de CO2 en la atmósfera no había sido nunca tan rápida en la historia de la humanidad. El nivel está en 420 partes por millón (ppm). En 2016 se rebasó por primera vez el simbólico umbral de 400 ppm. Los científicos consideran que un límite de seguridad para la humanidad serían las 350 ppm, un valor que se superó en 1986. La COP del dinero Este es el escenario en el que unos 40.000-50.000 delegados de casi 200 países van a discutir, en esta ocasión, principalmente sobre dinero. Quizá es un asunto menos sexy que hablar de terminar con los combustibles fósiles, como ocurrió hace un año en Emiratos Árabes Unidos, pero es crucial. ¿Por qué? Porque los países empobrecidos del sur global necesitan fondos para cortar sus emisiones de CO2 al tiempo que salen de esa situación de empobrecimiento. El Fondo Verde del Clima es el dinero que los países ricos se han comprometido a aportar a este proceso. Desde 2020 deberían ser 100.000 millones de dólares al año, pero solo se alcanzó ese nivel en 2023. “Es una cifra bajísima”, analiza el responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción Javier Andaluz. “Visto lo que le estamos haciendo al planeta deberían ser diez veces más”, añade. Por lo que la cifra que ronda es el billón de dólares. “De dinero público”, matiza Andaluz. El lema del sur global para esta ronda de negociaciones es From billions to trillions, que puede traducirse por “de miles de millones a billones”. Ese dinero debe usarse para la mitigación de las emisiones de gases y adaptación a los efectos ya palpables de la crisis climática. Tampoco hay que perder de vista, dice el ecologista, que el año que viene debe presentarse la siguiente ronda de planes climáticos nacionales (NDC), por lo que “deberían salir unas líneas para que sean ambiciosos. Si no, vamos a perder esa ventana de oportunidad y la siguiente no será hasta 2028”. “No es cierto que Bakú es una COP de transición. Decir eso es temerario”, recalca. 

Los resultados en las elecciones de Estados Unidos ponen al partido ante la tesitura de aceptar que se han alejado de la clase trabajadoraLa demografía de las elecciones de EEUU, en gráficos: quién votó a Donald Trump y Kamala Harris, por género, raza y edad El multimillonario que se sacó una foto en el McDonald’s friendo patatas porque nunca se había manchado las manos de grasa es quien se ha llevado buena parte de los votos de las clases trabajadoras estadounidenses. La abultada derrota de Kamala Harris ante Donald Trump ha confrontado a los demócratas con una realidad difícil de digerir: ya no conectan con la common people, como diría Pulp. O, como ha dicho el senador Bernie Sanders, una de las voces más a la izquierda del partido: “No debería sorprendernos demasiado que un Partido Demócrata que ha abandonado la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora le ha abandonado a él”.  Trump vuelve a la Casa Blanca impulsado por el voto de las rentas bajas y los hombres latinos. El porcentaje de votos que obtuvieron los demócratas entre las clases trabajadoras y bajas estas elecciones es el peor en 20 años. Entre los votantes de hogares con rentas de menos de 30.000 dólares obtuvieron un 51% (frente al 65% que llegaron a tener en 2008 con Obama) y entre los de 30.000 y 50.000 dólares solo obtuvieron el 46%, mientras que los republicanos se llevaron el 51%. En cambio, en las rentas superiores a los 100.000 dólares, el porcentaje de voto era del 52%.  “Mientras los líderes demócratas defienden el statu quo, el pueblo estadounidense está enfadado y quiere un cambio”, escribía Sanders en su comunicado en referencia a la incapacidad de los demócratas para dar soluciones a la sociedad norteamericana. La torpeza de la administración de Joe Biden para trasladar los buenos indicadores macroeconómicos a la cesta de la compra de los votantes ha sido un elemento determinante. La sensación de que la economía estaba peor se ha traducido en que un 39% de los electores han decidido su voto según la economía.  La pérdida de los estados del muro azul, en el cinturón industrial, vuelve a evidenciar que la clase trabajadora busca un cambio ante la sensación de que su situación ha empeorado. Los habitantes de esta zona, que vieron cómo la bonanza de la región desaparecía a principios de los 2000 con la globalización y la deslocalización de las empresas, han vuelto a elegir a Trump. El republicano ha repetido la hazaña de 2016 y ha logrado llevarse los tres swing states: Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Los tres los ha ganado por una diferencia de 250.000 votos frente a Harris. El partido se ha dado cuenta de que estaba desconectado de las bases y es lo que tenemos que aprender ahora “Creo que en el caso de la campaña demócrata a nivel nacional, no teníamos una respuesta clara a la pregunta de la situación económica, en particular de las poblaciones más afectadas. La respuesta era sobre el crecimiento económico y el bajo desempleo, pero a fin de cuentas los costos del día a día todavía estaban muy altos, impactados por la inflación”, expone a elDiario.es Luis Ávila, que lidera diversas organizaciones en Arizona con la comunidad latina y trabajó en la campaña de Obama en 2008. Aun así, Ávila también señala que el problema va más allá de Harris -“fue una excelente candidata con el poco tiempo que tenía”- y de la herencia de la administración Biden: “El partido se ha dado cuenta de que estaba desconectado de las bases y es lo que tenemos que aprender ahora”. Otro aspecto que apunta Ávila sobre los demócratas es la “complejidad” a la hora de dirigirse a las comunidades. “Los demócratas tienen que aprender, igual que todos aquellos que trabajamos en organizaciones comunitarias, a comunicarse de maneras más sencillas y directas con la población. Tenemos que hacerles ver que también somos guerreros y que vamos a luchar por ellos, y no solo que vamos a pensar por ellos”, señala.  El congresista demócrata de Massachusetts Seth Moulton hacía una reflexión similar sobre la derrota este viernes en la cadena GBH: “Creo que los demócratas, como partido, pasan demasiado tiempo sermoneando, siendo condescendientes con la gente, hablándoles con superioridad y diciéndoles qué necesitan, qué quieren, en lugar de simplemente salir a la calle y escuchar a los estadounidenses comunes”.  La idea de “pensar por ellos”, a la que se refiere Ávila, es justo una de las razones del desencanto de Bianca Gracia, la fundadora de Latinos por Trump, con los demócratas. “Durante 17 años fui demócrata, pero me cansé. Los demócratas han infantilizado a la comunidad hispana, como si fuéramos más tontos que los demás por el hecho de ser latinos”, explicaba Gracia a elDiario.es dos semanas antes de las elecciones.  Una “fractura” en la comunidad latina Uno de los grupos de electores entre los que Trump ha ganado apoyos, en detrimiento de los demócratas, son los latinos. Igual que desde 2016 Trump ha sido capaz de ganar terreno entre los hombres trabajadores blancos, ahora empieza a penetrar entre los hombres latinos. En 2020 Biden recibió el 59% de los votos de los hombres latinos, mientras que Harris solo ha recibido un 44%. El giro de tendencia es pronunciado y para Ávila tiene que ver con dos hechos: el miedo y las promesas no cumplidas.  “Los latinos son un grupo más joven que el resto de la población estadounidense y muchos no tienen el recuerdo de haber vivido bajo Trump. En el caso de Arizona, algunos no han vivido bajo el Sheriff Joe Arpaio -quien se ganó la fama de cazainmigrantes-. Si Trump está deshumanizando y alimentando el odio contra las comunidades inmigrantes, las personas que no son inmigrantes y son latinas van a quererse separar de ese grupo para no ser también foco del odio y el hostigamiento que van a vivir en los próximos meses”, expone Ávila. En los condados donde más del 20% de los estadounidenses en edad de votar eran hispanos, el margen de Trump sobre Harris mejoró en 13 puntos en comparación con 2020, según Reuters.  Si Trump está deshumanizando y alimentando el odio contra las comunidades migrantes, las personas que no son migrantes y son latinas van a querer separarse de ese grupo para no ser también foco del odio El acercamiento de los latinos al magnate no solo se puede explicar desde la perspectiva del mensaje republicano, sino también de la desafección con los demócratas que desde hace años se ha estado cocinando a fuego lento. “La reforma migratoria es la política más emocional para los latinos. Es algo con lo que los demócratas hicieron campaña, y me incluyo porque estaba, prometiendo a las comunidades que íbamos a elegir a gente, que íbamos a avanzar las políticas migratorias favorables para nuestra comunidad. Elegimos a Obama en 2008, con mayoría en el Congreso, y no priorizó ni avanzó las reformas migratorias que nosotros le habíamos prometido a la comunidad. En 2012 pierde la mayoría y la oportunidad histórica de hacer un cambio radical en el sistema migratorio y de ahí hemos sido utilizados como conejillos de India para los bienes políticos de los partidos”, lamenta.  Si se superpone la evolución del apoyo de los latinos a los demócratas con la cronología que expone Ávila, se puede observar cómo en 2008 un 67% del voto latino fue para los demócratas, alcanzando su máximo en 2012 con un 71%, y desde ahí fue descendiendo hasta el actual 53%. La cifra sigue siendo mayor que el 45% que cosechó Trump. Para Ávila, “si los demócratas van a querer retomar el favor y el apoyo de las comunidades latinas, tienen que entender que el tema migratorio no es un tema tal vez de prioridad, pero es un tema emocional y que impacta a nuestras familias”.  Sobre el aumento creciente del apoyo de los latinos por Trump, Ávila hace el siguiente apunte: “El problema es que se rompieron algunas de las alianzas que hemos tenido en otros años de latinos que no vivieron bajo Trump, que no tienen la memoria histórica de lo que ha pasado en comunidades migrantes y están dispuestos a tomar este riesgo porque no saben cuáles pueden ser las consecuencias. Este es un momento de verdad en el que la comunidad latina o se fractura o se comprende y se vuelve a hablar de qué es lo que queremos en este mundo, en este país”. Los poco más de 90 días que tuvo Harris como candidata no daban mucho margen para afrontar un problema que enraiza con la misma existencia del partido. La vicepresidenta asumió la nominación heredando la baja popularidad de Biden, quien tenía la peor nota desde la Segunda Guerra Mundial como presidente, y aun así consiguió remontar las encuestas. Algunos de los miembros del partido demócrata también señalan la testarudez del presidente en querer aferrarse a la candidatura hasta el último momento. La expresidenta de la Cámara de los Representantes Nancy Pelosi, quien jugó un papel clave en la renuncia de Biden, se lamentaba de los tempos en una entrevista en el New York Times: “Si el presidente hubiera salido antes, podría haber habido otros candidatos en la contienda”.

La prelatura difunde su mensaje a través de escuelas e institutos agrupados en cuatro grandes grupos y tres universidades; el alumnado en estos centros recibe la formación religiosa 'estándar', pero también las 'preceptuaciones', una especie de tutorías entre el 'coaching' y el proselitismoLa Justicia argentina acusa al Opus Dei de trata de mujeres y explotación laboral Escuelas infantiles. Colegios privados puros, privados concertados. Mixtos, solo de chicos o solo de chicas. Universidades propias y de grupos cercanos. Decenas de miles de alumnos y cientos de millones de euros de ingresos cada año. El Opus Dei tiene un pequeño imperio educativo en España. Un pequeño imperio que factura cerca de mil millones al año en conjunto –la mayor parte a través de la Universidad de Navarra– y que abarca todo el periplo educativo, desde el que la Obra trata de expandir su influencia social y su manera de entender el mundo, explican sociólogos que han estudiado a la institución que fundó Josémaría Escrivá de Balaguer. Ni siquiera hace falta ser un experto en estos centros, toda la información está recogida en las webs de las cuatro principales empresas que alimentan la red educativa del Opus: Fomento de Centros de Enseñanza, Attendis, COAS y la Institució Familiar d'Educación. “Estas familias [fundadoras] han querido que el mensaje del Opus Dei fuera un rasgo nuclear de la identidad de Institució Familiar d'Educació”. La fórmula, con pequeñas varianzas, se lee en las páginas de cada una de estas empresas. Lo mismo sucede con la Universidad Internacional de Catalunya (UIC), que pertenece a la Fundación Familiar Catalana y que especifica en su web que “la atención de la Capellanía ha sido encomendada por la Universidad a la Prelatura del Opus Dei”. La Obra expande su palabra a través de unos 80 centros en los cuatro grandes grupos mencionados más otros colegios individuales, como el Colegio Guadalviar, concertado en València, o el Tajamar, también privado subvencionado. Con dinero público, cientos de millones de euros cada año, se financian decenas de centros del Opus a través de los conciertos educativos. Con dinero público se imparte formación religiosa estándar –esto es conocido–, pero también las preceptuaciones –esto ya no tanto–, una suerte de coaching familiar vinculado a las escuelas con el que un tutor personal intenta “sacar lo mejor de cada alumno” y de su familia, según cuentan miembros y exmiembros de la Obra. Una “buena idea”, dicen estas fuentes, que también puede utilizarse de manera perversa para hacer proselitismo y reclutar nuevos miembros, admiten. Cuatro grupos, 74 colegios El Opus articula su oferta educativa en torno a varios grupos empresariales, más directa o indirectamente vinculados con la Obra: con 74 colegios entre los cuatro grupos, según sus propias webs, acaparan la mayoría de los centros que todavía separan por sexo a su alumnado y que estos meses se debaten entre seguir haciéndolo a costa de perder sus conciertos educativos –la ley prohíbe financiar con dinero público centros segregadores– o mantener su identidad y pasar a ser privados puros sostenidos por las familias. Sumando centros ajenos a estos grupos, hay 89 colegios por todo el Estado que se mueven en torno a la Obra, según la web Opus-info. De las cuatro empresas principales, la más cercana al Opus es Fomento de Centros de Enseñanza, una organización con 52 años de historia a sus espaldas impulsada por familias “que arrancó de una sugerencia de san Josemaría Escrivá, el fundador del Opus Dei, (quien) hablaba a padres y madres de su responsabilidad como primeros educadores de los hijos”, según explica la Obra en su web. Fomento, como se conoce a la empresa, es dueña de 35 colegios por toda España, desde A Coruña hasta Murcia, y ha bajado su facturación en los últimos tres años: ha pasado de 63 millones de euros en 2021 a los 44 millones de 2023, según reflejan las cuentas de la compañía que recoge Insightview, buena parte de ellos públicos a través de conciertos educativos. El grupo cubre todo el periplo educativo, desde la educación infantil hasta la superior gracias a la Universidad Villanueva, un antiguo centro adscrito a la Complutense al que el PP ha permitido convertirse en universidad en los últimos años dentro de la ola privatizadora que vive Madrid. Fomento era el titular de buena parte de los centros segregadores por sexo en España, con o sin conciertos. Algunos de estos últimos, por ejemplo el Miravalles-El Redin, en Pamplona, han decidido en los últimos meses, tras consultarlo con las familias, empezar a mezclar alumnado para no perder el concierto educativo –y con él la subvención pública–. Entre Fomento de Centros de Enseñanzas, COAS, Attendis y la Institució Familiar d'Educació, los cuatro grandes educativos en torno a la Obra, facturan más de 100 millones de euros al año, buena parte de ellos públicos a través de los conciertos El Grupo Attendis –formalmente Centros Familiares de Enseñanza, S.A.– se autodefine como “la mayor institución educativa privada del sur de España”. Cuenta con 20 colegios y 13 centros de infantil (los llaman Preschool en su web) en siete provincias andaluzas (solo falta Córdoba) y Badajoz. “Todos los colegios de Attendis surgieron por la iniciativa de grupos de padres y madres, inspirados por las enseñanzas de san Josemaría [Escrivá de Balaguer] sobre la educación y la familia”, relatan su relación con el Opus Dei. Facturan hoy 45 millones de euros anuales con algo menos de uno de beneficio cada 12 meses. El grupo no oculta que su estructura organizativa gira en torno a la “educación diferenciada” –otros grupos, como Fomento, no lo especifican en su web, parecen jugar al equívoco–. Su relación con el Opus también aparece directamente mencionada en la página: “Los colegios Attendis recogen muchas de las enseñanzas de san Josemaría, fundador del Opus Dei, sobre la familia, el amor al trabajo bien hecho y la preocupación por los demás. La Prelatura del Opus Dei asesora a nuestros colegios en su labor de formación cristiana”, explican. Institució Familiar d'Educació se mueve en el entorno de Catalunya y Baleares, donde cuenta con 13 escuelas que atienden a unos 8.000 estudiantes. Como en casos anteriores, este grupo resalta que las familias fundadoras “han querido que el mensaje del Opus Dei fuera un rasgo nuclear de la identidad de Institució Familiar d'Educació”. La empresa fue noticia hace unos años cuando la Generalitat amenazó con retirarle los conciertos educativos si seguían practicando la educación diferenciada y ocho de sus centros anunciaron que dejarían de segregar. A diferencia de Fomento o Attendis, este grupo está en crecimiento, al menos entre 2020 y 2022, periodo en el que pasaron de facturar 19,5 millones a 24,5 millones de euros anuales. Sin embargo, como en casos anteriores, el beneficio principal en este grupo no parece el ecónomico: no llega al millón de euros en tres ejercicios. La joya de la corona del Opus es la Universidad de Navarra, fundada por el propio Escrivá de Balager. El centro factura más de 600 millones de euros anuales y posee el IESE, una de las escuelas de negocios más elitistas del país. Su MBA cuesta hoy 110.000 euros. Por último está COAS, la más pequeña (al menos en número de colegios) de las cuatro principales empresas educativas que orbitan en torno a la Obra. El grupo educativo tiene 11 centros en Euskadi y La Rioja, algunos de ellos concertados. Cinco de los seis colegios que el Opus maneja en el País Vasco pertenecen a Coas y se han tenido que pasar al modelo mixto para mantener la financiación pública. Es sexto es el ínclito Gaztelueta, en Bizkaia, protagonista en prensa en los últimos años por un caso de agresión sexual a un estudiante y la gestión que hizo el centro de la misma. La oferta educativa del Opus llega hasta la universidad. Además de la Villanueva (Fomento), la Fundació Familiar Catalana posee la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), un centro que facturó 58 millones de euros en 2022, con una amplia oferta de grados. Pero la joya de la corona del Opus es la Universidad de Navarra (Unav). El centro universitario fue fundado directamente por Escrivá de Balaguer en 1952 y su máximo responsable es el Gran Canciller, Fernando Ocáriz, quien “desde 1994 es vicario general del Opus Dei y en 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura”. La Unav cuenta con casi 14.000 estudiantes y un colectivo de alumni (antiguos alumnos) de más de 200.000 personas, según destaca en sus memorias académicas. La Universidad ingresó hace dos cursos 663 millones de euros y tuvo unos gastos de explotación de 638 millones, lo que deja unos beneficios antes de impuestos de 25 millones de euros. A su vez, la joya de la corona de la joya de la corona es IESE Business School, una de las principales escuelas de negocio del país que pertenece a la Unav. Una investigación de La Marea reveló que por este centro han pasado uno de cada seis directivos del Ibex-35 en España. El prestigioso Master in Business Administration (MBA) cuesta hoy 110.000 euros en dos años. La preceptuación, ¿acompañamiento familiar o proselitismo? Una de las peculiaridades probablemente más desconocidas en la práctica totalidad de colegios y centros educativos dependientes del Opus Dei (o propiedad de asociaciones vinculadas a la Obra) está en la preceptuación, un concepto muy extendido en la comunidad educativa del movimiento fundado por Escrivá de Balaguer. La preceptuación hunde sus raíces en un libro, Educación Personalizada, escrito por uno de los tres primeros miembros supernumerarios del Opus Dei, Víctor García Oz. En el mismo, García defiende una filosofía educativa, basada en la “educación personalizada” o “preceptuación”, una herramienta que, según confirman a elDiario.es miembros de la Obra, “es algo similar a un coaching familiar dentro de las escuelas”. “La idea es muy interesante, incluso positiva” añaden estas fuentes, que apuntan a que responde a un planteamiento “sencillo”. García Oz planteaba que la escuela no podía entender la educación de los chicos como algo meramente académico, sino de una manera integral, vinculando también a la familia y las relaciones de amistad. De este modo surge la figura del preceptor, un profesor (aunque en algunos centros la figura está institucionalizada y no siempre es un docente) que busca “sacar lo mejor de cada alumno, en todos los aspectos”. ¿Cuáles? “Que sea buena persona, un buen cristiano, un buen hijo, buen hermano, buen amigo”, cuentan. Una especie de “director espiritual” pero en el ámbito académico, pues la Obra ya cuenta con responsables de la formación estrictamente religiosa. Oficialmente, la preceptuación se ofrece en buena parte de los centros vinculados a la Obra. En el de Fuenllana (Madrid) se define la preceptuación como un “acompañamiento que recibe cada alumno y cada familia desde que comienzan su vida a Fuenllana hasta que culminan su paso por el centro”. Desde la Escuela Infantil, cada alumno cuenta con un preceptor personal, que se encarga “de manera directa de ayudar, aconsejar y acompañar tanto al alumno como a su familia en el proceso de su desarrollo personal a lo largo de su etapa escolar”. El preceptuador ofrece acompañamiento personalizado, apoyo emocional, seguimiento del rendimiento académico, orientación académica y profesional y comunicación con padres y docentes. Entre sus funciones está “acompañar a su preceptuado y a sus padres en el modo en que este va creciendo en el ámbito académico-intelectual; el fortalecimiento de su voluntad; desarrollo afectivo-relacional; habilidades sociales; y crecimiento espiritual”. “No se dan recetas ni consejos estandarizados. Tampoco es una relación impositiva, sino que se pretende ayudar al alumno a tomar sus propias decisiones en el ejercicio de su libertad”, señalan las fuentes. En el centro, cada alumno debe tener “al menos una conversación mensual con su preceptor”, y al menos una vez por trimestre con los padres. “Es una idea muy buena, pero que a lo largo de los años, llevada al extremo, puede utilizarse de manera perversa, terminando en abusos de poder y psicológicos”, recalcan algunos ex miembros del Opus Dei, que añaden que la preceptuación es, también un modo de “enganchar” a los alumnos, y a sus familias (especialmente en el caso de las que no formaran parte del Opus, pero sí quisieran que sus hijos estudiasen en estos centros) a través de clubs de bachilleres y otras fórmulas que, explican, “puede convertirse en proselitismo” o, al menos en “posiciones de superioridad moral” que llevan a que los alumnos se sientan obligados a tomar una opción más allá de lo educativo.

La nueva portavoz, la tercera en poco más de un año de legislatura, tuvo un papel muy relevante en las negociaciones de los ERTE y la reforma laboral con los agentes sociales en su etapa en el Ministerio de Trabajo Sumar elige a la exdirectora de Trabajo Verónica Martínez como portavoz en el Congreso en sustitución de Errejón Verónica Martínez Barbero (Gijón, 1980) apenas tenía hasta hace poco relación con la política de partido. Pasó más de 15 años mediando como inspectora de trabajo entre sindicatos y patronal en Galicia hasta que Yolanda Díaz la reclutó para su ministerio. Su cercanía con la vicepresidenta segunda propició que acabara en las listas de Sumar al Congreso el 23 de julio. Un año y medio después asume una tarea muy delicada como portavoz del grupo parlamentario tras la salida de Íñigo Errejón, envuelto en un escándalo tras varias denuncias de acoso sexual. El nombramiento de Martínez como portavoz reunía el consenso de todos los partidos de la coalición y, según relatan varias fuentes de Sumar, también de los técnicos y asesores que trabajan en el grupo parlamentario, que aprobó la decisión el pasado miércoles.  “No voy a negar que lo he meditado mucho, porque sé muy bien que el cargo que asumo es una gran responsabilidad. Pero doy el paso porque este nombramiento es fruto de una decisión colectiva que cuenta con el consenso de todas las fuerzas políticas que integran Sumar y, sobre todo, porque tengo el firme compromiso de seguir contribuyendo a hacer de esta una legislatura progresista, feminista y ambiciosa”, dijo en una carta a la militancia para explicar su paso adelante. La elección de Martínez Barbero supone un cambio radical en el perfil de la portavocía. De Errejón, con años de experiencia en la primera línea política, a una persona que cuenta con una amplia solvencia técnica en cuestiones de derecho laboral y que hasta hace unos días era desconocida para el gran público.  Pero las personas que la conocen aseguran que su espíritu conciliador y su capacidad de trabajo serán herramientas fundamentales de las que se servirá para su nuevo cargo, que tiene una evidente dimensión exterior, ser la voz de Sumar en el Congreso, pero también hacia dentro: coser un grupo parlamentario diverso y complejo, más aún después de la salida de Errejón y las últimas decepciones electorales del espacio.  La nueva portavoz tiene mucha experiencia en mesas de negociación. Nació en Gijón pero ha pasado buena parte de su vida en Galicia, donde vive. Aprobó las oposiciones del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en 2005 y desde ese puesto comenzó a granjearse fama de buena mediadora. “Es incapaz de frustrarse hasta no conseguir una solución a un conflicto”, explica Ramón Sarmiento, ex secretario general de Comisiones Obreras de Galicia y candidato por Sumar en las últimas elecciones gallegas. Sarmiento la conoció cuando ella empezaba a trabajar como inspectora en la delegación de Vigo y él era responsable del área de metal en el sindicato. Un momento convulso, como lo describe, en el que Martínez Barbero destacaba.  “Tenía el método de resolución de conflictos tipo Pontevedra, tipo Vigo. Hacíamos reuniones de 34 horas. No nos levantábamos de la mesa hasta que una de las partes se quedase sin argumentos. Ella tiene un poco esa escuela. Y tiene esa habilidad de ser capaz de hacer una propuesta o plantear alternativas que cubren las expectativas de las dos partes”, explica Sarmiento.  Esas condiciones fueron las que propiciaron en 2017 un acuerdo entre la patronal y los sindicatos para proponerla como presidenta del Consello de Relacións Laborais de la Xunta de Galicia, un ente de diálogo institucional entre sindicatos y asociaciones empresariales y que funciona además como órgano consultivo y asesor del Gobierno en materia de derecho laboral. “En esta Galicia pepera tenemos muchos organismos públicos pero solo tenemos uno en el que el nombramiento de su presidencia depende de las organizaciones que componen el consello y somos los sindicatos y patronal”, asegura Sarmiento, que reconoce que les costó situar a Martínez Barbero, que salió elegida porque tenía un “reconocimiento” en el sector de que su participación era garantía de que se encontraban caminos para la solución de los conflictos. “Cuando Verónica dejó el consello el puesto estuvo vacante un año y medio por algo, porque hubo que volver a rearmar la exigencia de autonomía”, explica el exdirigente sindical que es, además, su vecino. Viven a 400 metros en la localidad de Sabarís, en el municipio de Baiona. Y aunque la agenda de la diputada es complicada suelen encontrar momentos, dice, para tener unos “faladoiros”, cuenta, charlas sobre todo y nada pero en las que la política y las cuestiones laborales acaban impregnando todo. Martínez Barbero dejó el Consello en 2020 tras recibir la llamada de Yolanda Díaz para incorporarse a su ministerio como directora general de Trabajo. En ese puesto, volvió a demostrar, según cuentan quienes trabajaron con ella, su habilidad para la negociación. Primero con la puesta en marcha de los ERTE durante la pandemia y después en el diálogo social para la reforma laboral. “Esa reforma se escribió en el portátil de Verónica”, relata Manuel Lago, asesor del ministerio en aquella etapa y ahora diputado de Sumar en el Congreso. Lago, que conoce a Martínez Barbero desde los tiempos en los que era economista de CCOO en Galicia, asegura que tuvo un papel “fundamental” en la “construcción jurídica y en la negociación” de los grandes acuerdos del ministerio.  “Verónica ha sido capaz de estar sentada en la sala oval de la cuarta planta del ministerio nueve meses empresarios y sindicatos, junto al secretario de estado, para sacar la reforma laboral. Tiene una capacidad de diálogo, negociación y acuerdo extraordinarias”, describe Lago, que cree que su incorporación a la política partidaria fue la culminación de su compromiso con la justicia social y los derechos de la clase trabajadora.  Martínez Barbero fue como cabeza de lista por Pontevedra en las listas de Sumar el 23J. Consiguió el escaño y desde entonces ha ejercido como diputada. A su lado en el escaño se sienta desde entonces Rafael Cofiño, ex director de Salud Pública de Asturias y gijonés como ella. “Yo no la conocía directamente hasta que empezamos como diputados. Tuvimos cercanía porque es asturiana y porque estamos sentados juntos en el escaño”, cuenta. Ambos son dos perfiles técnicos, con experiencia de gestión en la administración pero sin experiencia política hasta que llegaron a Sumar.  Aunque no se conocían de antes, forjaron una relación especial con el paso de los meses, que cristalizó en su trabajo para la redacción de la ley ELA. Cofiño aportó el conocimiento técnico sanitario y ella le dio forma jurídica al conjunto de textos que habían presentado los grupos y que necesitaban un consenso al que llegaron de la mano de las asociaciones. “Cuando tuvimos el primer borrador nos encerramos un fin de semana a trabajar el texto y lo sacamos. Tiene experiencia en trabajar fuerte y bien”, relata Cofiño, que cuando defendió la ley en la tribuna del Congreso utilizó tres palabras en asturiano para definirla. “Prestosa, gayaspera y afayadiza”, valiente, que trabaja bien y que sabe hacer cosas útiles, explica.  “En el momento en el que se metió en el grupo de trabajo de la ley ELA le dio la vuelta, le puso el expertise”, corrobora Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de Esclerosis Lateral Amiotrófica (conELA), que habla de una persona “extraordinaria”, que destaca su “inteligencia”, su “sinceridad”, y su “empatía”. “Hace su trabajo perfectamente, con conocimiento y con criterio pero también con corazón”, cuenta.  Cofiño reconoce que su compañera asume el puesto en una situación complicada pero que da el paso adelante porque su nombre genera un consenso muy amplio tanto entre los partidos como en el personal técnico. “La portavocía también tiene que tener otras cosas, trabajar hacia dentro, tejer. Va a ser una muy buena portavoz porque es tejedora”, resume.  “Es muy buena en el trato y tiene una gran capacidad de diálogo por el mundo del que viene. Eso va a ser muy importante en un grupo parlamentario complejo”, explica una persona que ha trabajado en su equipo. “A mí me gusta que sea galegoasturiana, el no ser madrileño. Alguna de nuestras características como población son positivas. No somos presuntuosos. Somos de comunidades más pobres y nos lleva a ser más humildes”, apunta Lago. Sarmiento cree que aportará a la portavocía una manera poco convencional. “Es una mujer que dice lo que piensa, no se limita a expresar delante de un micrófono algo enlatado, va a aportar frescura”, dice.  Algunas de las personas que la conocen señalan también su gusto por los deportes de riesgo, como el alpinismo y la escalada. A los que sumará a partir del 14 de noviembre otra experiencia de vértigo, los mandos de la portavocía del grupo parlamentario. Un puesto complicado Martínez toma las riendas de la portavocía después de unos días muy convulsos para la coalición. La salida de Errejón y las repercusiones que está teniendo el escándalo envolvieron a la izquierda en general y a Sumar en particular en un estado de shock del que tratan de salir. La elección de la nueva portavoz ha sido una forma de empezar a encarar la nueva etapa. Se trata de la tercera vez que la coalición en el Congreso tiene que reorientar el rumbo a través de la portavocía, un puesto que parece gafado para los de Yolanda Díaz desde que Marta Lois asumiese el cargo poco después de las elecciones generales. Entonces hubo poco debate: Movimiento Sumar se había garantizado en el acuerdo de coalición elegir al portavoz del grupo y la vicepresidenta segunda tenía claro quién debía desempeñar el puesto.  Lois era una persona de total confianza para ella, en lo político y en lo personal. Aunque la portavoz no estuvo mucho en el cargo, en aquellos meses tuvo que vivir momentos muy complicados. El peor de todos, seguramente, la salida de Podemos del grupo parlamentario, que les dejó con cinco diputados menos y que empezó a descoser el sentido inicial por el que fue creada la coalición, Sumar.  La ruptura ocurrió a principios de diciembre y a finales de ese mes Lois ya tenía otro destino: sería la cabeza de lista de Sumar para las elecciones gallegas, en las que la izquierda no nacionalista partía en una situación complicada. Los pronósticos se cumplieron, la coalición no entró en el Parlamento y su candidata dejó la política institucional para volver a dar clases en la universidad. De todo a nada en solo unos meses.  Sumar resolvió rápido el agujero que dejaba Lois en la portavocía. Errejón había ido ganando posiciones en el partido y muchos partidos veían en el fundador de Más País una buena opción para ese puesto sobre todo por su capacidad dialéctica. Aunque aquella decisión parecía definitiva, su paso ha sido también efímero y su final ha generado una crisis en el espacio político de consecuencias todavía por dimensionar. Una denuncia anónima por acoso sexual provocó un ruido interno dentro de la coalición que llevó a sus dirigentes a pedir explicaciones a Errejón, que admitió los hechos y aceptó dimitir. Pero después de que trascendieran los motivos de la renuncia, varias mujeres más acusaron también al político de violencia machista y la actriz Elisa Mouliaá presentó ante la policía otra denuncia por agresión sexual. La defensa de la presentadora coordina además la denuncia de varias mujeres contra él. La coalición trató primero de dar todas las explicaciones posibles sobre la salida de Errejón antes de adentrarse en el debate de la portavocía. Esta semana ha elegido finalmente a Martínez Barbero como persona de consenso para después de un debate en el grupo que se ha ido complicando con el paso de los días no por el nombre de la portavoz, que reunía el beneplácito de todos los partidos, sino por las demandas de varias de esas fuerzas para una reestructuración completa del grupo parlamentario que todavía está en marcha.

El empresario Alberto González Amador, que confesó haber cometido dos delitos fiscales, emprende una ofensiva judicial contra dirigentes de izquierda que han aludido en sus declaraciones públicas a sus problemas con la Justicia La jueza del caso de la pareja de Ayuso abre una pieza separada para investigar su relación con Quirón 415.000 euros. Es la cantidad que el comisionista Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, amenaza con reclamar en los juzgados a una decena de miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE y Más Madrid a los que acusa de difamarle tras pronunciarse públicamente sobre el doble fraude fiscal que él mismo ha reconocido. Una ofensiva judicial que transcurre en paralelo a causa abierta contra él y a la que recientemente se ha sumado una pieza separada para investigar posibles delitos en su relación con el Grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada que recibe cientos de millones de euros de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.  En la nómina de demandados por González Amador figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cinco ministros —María Jesús Montero, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez, Diana Morant y Óscar López—; el diputado socialista Javier Zaragoza; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot; su homóloga en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; y el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. También ha denunciado a dos formaciones políticas: el PSOE y Más Madrid.  La mayor cuantía, un total de 100.000 euros, es la que González Amador amenaza con exigir al jefe del Ejecutivo, a quien le ha reclamado que se retracte tras haberle llamado “delincuente”. Si no lo hace, interpondrá contra él una querella por injurias y calumnias en la que le reclamará la citada cantidad, según la solicitud de conciliación presentada por el comisionista en los juzgados de Madrid, revelada por El Mundo. La solicitud de acto de conciliación es un acto previo a la presentación de una querella.  Las declaraciones que motivan la iniciativa del empresario se produjeron el pasado 17 de octubre, cuando Sánchez defendió al fiscal general del Estado tras la decisión del Tribunal Supremo de iniciar una investigación por la filtración de un correo relacionado con el caso de fraude fiscal del empresario. Sánchez afirmó que Álvaro García Ortiz había hecho su trabajo: “Perseguir al delincuente y combatir la desinformación y un bulo”. González Amador considera que esas declaraciones son una “infracción de los más elementales deberes” de “respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español”.  La realidad es que el empresario confesó haber cometido un doble delito fiscal. Lo hizo en un correo enviado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, más de un mes antes de que elDiario.es desvelara el caso, y que tenía como objetivo alcanzar un pacto que le permitiera cerrar pronto la investigación. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, figura en el escrito, que expone también su voluntad de “resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria. Se ofreció a pagar más de 500.000 euros. Los casi 351.000 euros del fraude fiscal, los casi 25.000 euros de intereses y los 140.000 euros de multa.  Al publicarse estas demandas, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez ha llegado a mandar mensajes a periodistas en los que afirmaba que la multa de Hacienda la iba a pagar la oposición. “Si todo va normal, entre Gobierno y PSOE le pagarán tres veces más que lo que le pide Hacienda”, puede leerse en uno de esos mensajes. González Amador había sido denunciado por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. Facturó 3,7 millones de euros, de los que casi dos provenían de una única operación por mediar en un contrato de compraventa de mascarillas. Pero cuando llegó el momento de justificar esas ganancias ante Hacienda, trató de engañar al fisco. Lo hizo imputando gastos de cientos de miles de euros por trabajos que nunca existieron, pero que le beneficiaron fiscalmente. Montero y Rodríguez, las primeras demandadas   La ofensiva judicial del empresario contra los políticos de izquierda que se pronuncian públicamente sobre sus problemas con la Justicia se inició con la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que el empresario reclama 40.000 euros; y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que exige 20.000 euros. Los hechos se remontan al pasado marzo, días después de que elDiario.es revelara la existencia de la denuncia de la Fiscalía y que Ayuso y su pareja viven en un piso de un millón de euros que él compró tras el fraude fiscal.  El 12 de marzo, la vicepresidenta Montero fue preguntada por este asunto en el Senado y afirmó que esa revelación periodística requería que Ayuso diera “explicaciones” y actuara con transparencia “respecto a si está viviendo en un piso que se pagó con fraude de la Hacienda Pública y con las comisiones respecto a las mascarillas”. Por su parte, la ministra Rodríguez afirmó el 19 de marzo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que “la mayoría de españoles y españolas no cometen delitos para acceder a la vivienda”.  Esas declaraciones dieron lugar a sendas demandas por supuesta vulneración del derecho al honor por parte de la pareja de la presidenta madrileña. Tanto Montero como Rodríguez han rechazado llegar a un acuerdo de conciliación, por lo que se espera que en próximas fechas el empresario presente sendas demandas contras ambas ante el Tribunal Supremo, el órgano judicial ante el que están aforadas por su condición de miembros del Ejecutivo.  “Delincuente confeso” Otros ministros contra los que González Amador ha presentado demandas por intromisión en el derecho al honor por llamarle “delincuente confeso” son Félix Bolaños, al que amenaza con reclamarle 50.000 euros; y Óscar López, al que planea exigirle otros 50.000 si no se retractan de sus declaraciones.  En el caso de la ministra Diana Morant, a la que pide 15.000 euros, cuestiona que haya tratado de involucrar a su pareja en “una trama de corrupción inexistente”, según desveló El Confidencial. En realidad, lo que hizo la ministra fue cuestionar el “silencio atronador” de Díaz Ayuso y la falta de “explicaciones sobre la relación de su pareja con una de las empresas que más se está beneficiando de esa privatización salvaje de la sanidad en la Comunidad de Madrid”, en alusión a Grupo Quirón. Esta compañía multiplicó por cuatro los pagos a González Amador tras iniciarse la relación con la presidenta madrileña.  Las acciones legales de González Amador también se han dirigido contra Más Madrid, el primer partido de la oposición tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de la capital. En este caso, las demandas se dirigen contra sus portavoces en ambas instituciones, Manuela Bergerot y Rita Maestre. La diputada regional difundió la iniciativa del empresario en sus redes sociales. “Acabo de recibir una querella del novio de Ayuso y pretende pedirme 20.000 euros. Una querella para intentar silenciarnos, para que no digamos lo que sabe ya toda España. Señor Amador: ya tiene mucha tarea en los juzgados como para andarse querellando. Ojo con Quirón”, publicó en X. El comisionista le pide que se retracte de un mensaje publicado en esa misma red social el pasado 24 de octubre en el que lo llamó delincuente y que se comprometa a no volver a difundir “informaciones falsas y/o manifestaciones difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas” vinculadas a su persona. Si no lo hace, la demandará en los juzgados y le exigirá 20.000 euros.  Casi dos meses antes, González Amador también había amenazado con demandar a Maestre después de que la concejala publicara un mensaje en X en el que hacía una serie de preguntas en relación al uso y disfrute por parte de Ayuso y su pareja de un ático situado justo encima del piso que ambos comparten y que está a nombre de una sociedad del abogado del empresario. “¿Quién ha pagado el ático de Ayuso y su novio y a cambio de qué? ¿Por qué oculta Ayuso el nombre de su generoso mecenas?”, se preguntaba la portavoz. “Ni me voy a callar ni voy a dejar de hacer mi trabajo”, afirmó Maestre en una intervención en Al Rojo Vivo (laSexta) tras recibir la demanda de conciliación. Si no se retracta, el comisionista presentará una demanda contra ella y le exigirá 15.000 euros, la misma cantidad que a su formación, Más Madrid.  Más Madrid no es la única formación a la que ha demandado González Amador. El empresario también exige 30.000 euros al PSOE y otros 30.000 al director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, al que responsabiliza de las notas de prensa que ha publicado la formación sobre su caso de fraude fiscal. En las filas socialistas, la ofensiva judicial de la pareja de Ayuso también se ha dirigido contra el diputado José Zaragoza, por un comentario en X en el que aparecía una fotografía de González Amador y otras personas con el siguiente mensaje: “la trama PPopular de Corrupción”. Si no se retracta, a él le reclama 10.000 euros. 

Pese a que la meteorología ha llegado a altísimas cotas de precisión, algunas personas siguen poniendo en duda sus pronósticos por la dificultad de entender la predicción probabilística y la incertidumbre: estas son las claves para comprenderloUn experto de AEMET avisó del peligro que suponía esta DANA y fue ridiculizado en redes sociales La actividad humana diaria depende en buena medida de predicciones meteorológicas cada vez más precisas. Millones de datos captados desde satélites, globos, barcos, boyas, aviones y estaciones en tierra alimentan en tiempo real complejos modelos numéricos que son procesados en superordenadores y producen las mejores predicciones que jamás hayamos tenido. Si no fuera por la ciencia meteorológica que ha superado 200 años de obstáculos y recelos, miles de actividades se verían afectadas o paralizadas.  El gráfico con la evolución de porcentaje de acierto de las predicciones desde los 80 hasta el presente no deja lugar a dudas: un pronóstico actual a cinco días es tan preciso como lo era el pronóstico de 24 horas en 1980 y los pronósticos útiles (superiores al 80% de acierto) se proyectan ahora hasta diez días en el futuro. El acierto en las predicciones en los intervalos de tres, cinco, siete y diez días ha escalado hasta rozar el 90% en ambos hemisferios y el margen de incertidumbre se ha estrechado en todos ellos.   Evolución de porcentaje de acierto de las predicciones en ambos hemisferios (en la parte superior las predicciones a más corto plazo). Lejos quedan los días en que el meteorólogo de TVE se apostaba el bigote a que al día siguiente llovía y perdía (como le pasó a Eugenio Martín Rubio en 1967). Pero la mofa y los reproches por las predicciones del tiempo siguen instalados en el inconsciente colectivo medio siglo después, como si nada hubiera cambiado. Estos malentendidos resurgen con fuerza en situaciones extremas como la trágica DANA de Valencia o la nevada de Filomena de 2020, a pesar de que los pronósticos fueron los mejores con la tecnología disponible. Una de las causas, coinciden los expertos, es que la complejidad de los modelos ha llevado a incorporar lo que se conoce como predicción probabilística, que es muy útil, pero no resulta intuitiva para el público general. ¿Cómo funciona este sistema? Tal y como lo explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF) pone en marcha 51 predicciones diferentes en sus ordenadores, basadas en 51 estados iniciales, uno de ellos sin perturbar y 50 ligeramente perturbados. Es decir, se intenta acotar la incertidumbre de un sistema caótico viendo cómo evolucionan 50 simulaciones en las que los valores son ligeramente diferentes, presumiendo que las condiciones iniciales nunca son exactas. “A partir de esas 51 predicciones se calculan las probabilidades de que la precipitación supere los umbrales indicados, así como la precipitación media y la máxima esperadas en cada punto”, todo con el objeto de “captar las posibles evoluciones que pueda llegar a tener la atmósfera”, describe la AEMET. Simplificando mucho, si en el 80% de esos escenarios simulados llueve torrencialmente en una región, los meteorólogos ya tienen la confirmación de que será muy probable. Este es el sistema por el que los modelos del ECMWF han advertido este domingo de la posibilidad de que una nueva DANA azote el levante español a mediados de semana, aunque la incertidumbre es aún muy alta. El origen de esta dificultad está en que las ecuaciones que describen el comportamiento del fluido de la atmósfera, y que resuelven los superordenadores, son tan complejas, que la búsqueda de soluciones exactas de la ecuación de Navier-Stokes es uno de los problemas matemáticos del milenio por los que se ofrece un millón de euros. Para entender su dificultad, se cuenta que el físico alemán Werner Heisenberg decía que si alguna vez se encontraba a Dios le haría dos preguntas: ¿por qué la relatividad? y ¿por qué la turbulencia? “Y estoy seguro de que me sabrá contestar a la primera”, añadía. Los escurridizos porcentajes La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a la población sobre su confianza en AEMET, en 2011, un 82,4% de los encuestados consideraba que las predicciones meteorológicas eran bastante o muy acertadas. En aquella encuesta del CIS había preguntas concretas como la siguiente que permiten poner a prueba nuestra comprensión de los pronósticos: Suponga que en la predicción meteorológica de mañana se dice que 'hay un 60% de probabilidad de lluvia'. ¿Cuál de las frases siguientes cree usted que describe mejor lo que esto significa? Lloverá mañana en el 60% del lugar de la predicción. Lloverá mañana el 60% del tiempo.   De cada 100 días con las características similares a mañana, lloverá en 60. El 60% de los/as meteorólogos/as cree que lloverá mañana.  La mayoría de los encuestados (21,2 %) votó la opción 1 como correcta y apostó por que el porcentaje aludía a la parte del territorio en que llovería. No pocos creían que se trataba de la proporción de meteorólogos que estaban de acuerdo con la predicción (13,3%) y un porcentaje similar (12,4%) creyó que la clave era la cantidad de horas al día en que habría precipitaciones.  La respuesta correcta era la tercera (“De cada 100 días con las características similares a mañana, lloverá en 60”) y fue la segunda más votada, con un 19,1%. Eso sí, en una versión actualizada en 2024 sería más correcto redactarla en estos términos: “De cada 100 predicciones que se pusieron en marcha en los modelos, 60 predecían precipitaciones”. Niveles de incertidumbre “Mucha gente piensa erróneamente que cuando hablamos de un 50% de probabilidad de lluvia estamos esquivando la cuestión y es como no decir nada”, explica Arnaitz Fernández, meteorólogo de ETB. “Y otros confunden la probabilidad de lluvia con la intensidad con la que va a llover”. El debate está abierto en la propia comunidad científica, y muchos meteorólogos evitan hablar de porcentajes por miedo a que no les entiendan (además de recurrir a modelos deterministas, que siguen teniendo un alto grado de fiabilidad, aunque no tanta en situaciones como grandes tormentas o situaciones como la DANA).  Muchos confunden la probabilidad de lluvia con la intensidad con la que va a llover Arnaitz Fernández — Meteorólogo de ETB Para Fernández, lo primero que hay que tener en cuenta es que la meteorología no puede darnos el 100% de certeza en ningún evento, pese a la mejora de los satélites, los sistemas de observación y las predicciones mediante superordenadores. “Porque cuando ocurre algo que las previsiones no decían, algunas personas que no creen en la ciencia ya tienen un argumento para atacar, sin saber que detrás de eso está la atmósfera, que es un sistema caótico”. “Una pequeña variación te cambia mucho la zona donde va a llover, y un pequeño error en la observación de las condiciones iniciales puede alterar el pronóstico”, recalca Rubén del Campo, portavoz de AEMET.   Lo que decimos es lo que es más probable que ocurra, no lo que va a ocurrir con certeza José Miguel Viñas — Meteorólogo de Meteored “Hay que transmitir la idea de que los modelos de predicción son ya muy buenos y muy fiables, pero que hay una limitación y una incertidumbre en cualquier predicción”, añade José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteored. “Pero hay que desterrar o ir desterrando la idea del acierto y el error”. Entre otras cosas porque, a más largo plazo, hay una imposibilidad física de poder predecir con exactitud la situación meteorológica en un sitio concreto, porque la incertidumbre es mayor cuanto más pequeña sea la zona de pronóstico, recuerda. “Lo que decimos es lo que es más probable que ocurra, no lo que va a ocurrir con certeza”.   Ni profecías ni adivinaciones En un trabajo publicado en 2018 sobre la “probabilidad e incertidumbre en la sociedad y en los medios”, los meteorólogos achacaban la resistencia del público a las presentaciones de probabilidades a “la tendencia humana al ahorro cognitivo” y a presentar las verdades de la forma más simple posible. “Una predicción determinista (hoy lloverá) será mucho más digerible que una predicción probabilista (hay un 5% de posibilidades de que hoy llueva) y por ello, parece conferirle un carácter adivinatorio, casi fuera del rango científico”, escribieron. “¿Quién no ha dicho o escuchado alguna vez: ‘los del tiempo no han acertado hoy’?” Ángel Rivera, meteorólogo del Estado que trabajó durante 38 años en AEMET, recuerda los tiempos en que los medios para hacer la predicción eran infinitamente más precarios. “En el año 82, para una situación como la DANA de Valencia, lo que sabíamos era que podía llover mucho en una amplia zona del Mediterráneo, desde la desembocadura del Ebro hasta el cabo de Gata, pero no podías precisar más”, explica. “Yo vi el arranque de los modelos numéricos, que empezaron con resoluciones de 50 km, y ahora podemos bajar a una resolución de hasta uno y dos km”. Por eso cree que los debates sobre la fiabilidad del pronóstico deberían estar superados. Yo viví el arranque de los modelos numéricos, que empezaron con resoluciones de 50 km, y ahora podemos bajar a una resolución de hasta 1 y 2 km Ángel Rivera — Meteorólogo del Estado que trabajó durante 38 años en AEMET “La desconfianza y el cachondeo sobre los meteorólogos se remontan a los tiempos en que se empiezan a publicar los pronósticos en los grandes medios, desde los inicios de la radio y la televisión”, explica Manuel Palomares, experto en historia de la meteorología. Pero las dudas sobre la fiabilidad del pronóstico están en los inicios de la disciplina, recuerda, cuando los propios científicos creían que era una tarea inabarcable, debido a la complejidad de la atmósfera.  “Sea cual sea el progreso de las ciencias, ningún observador sincero al que le preocupe su reputación se atreverá a predecir el estado del tiempo”, sentenció el destacado físico y matemático francés François Arago en 1846, con escaso acierto. El británico Robert FitzRoy, el primero en atreverse a publicar predicciones en los periódicos, puso el dedo en la llaga al acuñar la palabra forecast (en inglés) en 1861. “No son ni profecías ni predicciones: el término pronóstico [forecast] es estrictamente aplicable a una opinión que es resultado de una combinación científica y el cálculo”, afirmó. En otras palabras, el tiempo no se adivinaba, sino que se pronosticaba a partir de los datos.  FitzRoy fue denostado por sus contemporáneos porque sus predicciones no estaban hechas “con reglas precisas” ni suficientemente apoyadas en “hechos observados”. Y aquel acoso le condujo al suicidio. Costó casi dos siglos desarrollar las herramientas de observación y las máquinas que permiten predecir lo que va a hacer la atmósfera hora a hora en todo el mundo y con un nivel de detalle que a los pioneros les parecía imposible. Y, sin embargo, muchos siguen queriendo linchar a los meteorólogos como si aquella revolución científica y tecnológica no hubiese sucedido.

La tragedia de València aviva el rechazo de colectivos vecinales y ecologistas a los proyectos urbanísticos en toda España que incluyen nuevas edificaciones en áreas de riesgoEjemplos de otras riadas: reubicación de pueblos enteros y construcción de jardines inundables En España se ha construido demasiado en zonas inundables. Pocos ponen en duda hoy los excesos del ladrillo, en especial en el litoral mediterráneo, cuando la última gota fría de València se ha cobrado ya más de 200 víctimas mortales. Sin embargo, todavía existen proyectos urbanísticos en fase de diseño o ya validados, con miles de viviendas e incluso barrios enteros, que se despliegan cerca de ríos y playas.  Las riadas sin apenas precedentes de València han aumentado la presión sobre algunos de estos planes. Colectivos vecinales y ecologistas exigen que no se construyan más zonas anegables. Mientras tanto, algunos urbanistas e ingenieros se abren a endurecer los requisitos, al tiempo que matizan que la legislación actual es mucho más restrictiva que la de los años de la barra libre y que existen medidas de protección a estudiar en algunos casos.  Desde el litoral barcelonés, donde están aprobadas casi 2.000 viviendas entre el río Besòs y la playa, hasta la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en la que se pretende levantar una nueva sede del Guggenheim, o un hotel a orillas del Tajo a su paso por Toledo, la lista de proyectos afectados es larga. No solo el ecologismo pide que se revisen. En Sevilla, donde el gran caramelo urbanístico de La Tablada discurre al lado del Guadalquivir, ha sido el alcalde el que ha echado el freno. “Si hay zonas inundables, más vale olvidarse”, señaló Juan Luis Sanz tras la catástrofe valenciana.  Vista de los terrenos donde está en estudio el proyecto de un nuevo Guggenheim. La entidad más contundente a la hora de exigir “ni un ladrillo más” en perímetros anegables ha sido Ecologistas en Acción. “Hay que ser tajante: con lo que ya se ha edificado y viendo cómo se agravan los fenómenos con el cambio climático, hay que prohibirlo directamente en esas zonas”, señala su portavoz, Érika González.  En Catalunya, la asociación ha reclamado una moratoria para nuevos planes urbanísticos en áreas de riesgo aunque sea bajo. El president de la Generalitat, Salvador Illa, anunció que revisarán todas las actividades que se desarrollan en zonas inundables, pero no concretó más. Está por ver si esas palabras se traducirán en la paralización de algún plan en marcha. El más polémico es sin duda la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, defendida por el PSC pese a estar en el Delta del Llobregat y afectar a una laguna. Con todo, en las dos últimas décadas distintas regulaciones, comenzando por la Ley del Suelo y hasta la definición de las Zonas de Flujo Preferente –donde la avenida puede ser más peligrosa–, han estrechado el margen para construir. “Ahora mismo los trámites son largos y las administraciones, más restrictivas, porque saben que se la juegan”, señala Julián Galindo, arquitecto y profesor de Urbanismo, Territorio y Paisaje de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  Este y otros urbanistas consultados no son tan contundentes a la hora de impugnar toda edificación en cualquier zona inundable, y recuerdan que los proyectos, tanto si son en suelo ya urbano como si se trata de grandes transformaciones de terreno, requieren de informes de Protección Civil y de la autoridad competente en gestión de aguas. “Tenemos mucha mejor capacidad de gestión que hace 60 años, pero al mismo tiempo los fenómenos meteorológicos con el cambio climático tienen un impacto que requiere de mayor complejidad en las medidas a adoptar”, apunta la geógrafa y urbanista Helena Cruz.  Ahora mismo, señalan estos expertos, hay comunidades autónomas en las que es muy difícil que se acepten proyectos en zonas de riesgo elevado. Y piden que no se tenga solo en cuenta el llamado período de retorno (la probabilidad con que puede ocurrir una riada, que suele ir de 10 o 500 años). Por ejemplo, de forma muy resumida, advierte Galindo, es peor edificar en una zona de frecuencia baja pero donde el agua baja con violencia –como los torrentes mediterráneos– que en un área más proclive a las avenidas pero de ríos mejor monitorizados y rodeados de terrenos con mayor capacidad para absorber el agua.  Cuatro ejemplos solo en el área de Barcelona Solo en el área metropolitana de Barcelona están sobre la mesa al menos cuatro planificaciones en zona inundable, cada una en distinta fase de tramitación pero todas con un elemento en común: la oposición de plataformas vecinales y ambientalistas. El más emblemático y también avanzado es el que prevé levantar 1.800 viviendas, además de otros equipamientos y un polo audiovisual, en los alrededores de las Tres Chimeneas, en Sant Adrià del Besòs.  Imagen aérea de las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besòs El Plan Director Urbanístico (PDU) está aprobado, pero la plataforma Entesa para un Gran Parque Litoral lo ha recurrido ante la Justicia por estar en zona inundable marítima y fluvial, puesto que está al lado del río Besòs y a primera línea de mar. A la espera de sentencia, la validación del plan ha ido acompañada de una serie de requisitos, como la elevación de cotas de hasta cinco metros, la instalación de una marisma para laminar el agua o la incorporación de un sistema de alertas.  Los otros ejemplos de Barcelona, una ciudad condicionada por su alta densidad y los problemas de acceso a la vivienda, están en Mollet del Vallès (un plan con 2.800 nuevos pisos), Cornellà de Llobregat (el Ribera-Salines, con 2.400 viviendas al lado del río Llobregat) y Rubí. Este último plan es más modesto, de tan solo tres bloques de viviendas, pero a orillas de una de las rieras que se desbordó con violencia en 1962 y dejó entre 600 y 1.000 muertos, lo que ha provocado el rechazo de vecinos y oposición política.  Murcia y Balears: choque por la regulación Además de los planes urbanísticos, en algunas comunidades autónomas el conflicto se eleva directamente a las regulaciones que afectan a zonas inundables. Ocurre en Balears y sobre todo de Murcia, la región con más zonas anegables de España. En el primer caso, la Ley de Simplificación Administrativa impulsada por el PP, ahora en trámite parlamentario, dará vía libre a la edificación en suelo rústico, lo que la entidad Terraferida estima que podría afectar a más de 570 parcelas en zonas inundables.  En Murcia, la disputa viene de lejos. En 2022, El Gobierno regional acusó a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de elaborar un mapa de inundabilidad “muy extensivo” y que obligaba a paralizar “toda la construcción en la ciudad”. Tras un período de alegaciones, y con las quejas también del sector de la construcción, la CHS acabó revisando a la baja un total de 1.600 hectáreas anegables.  Aun así, la capital murciana sigue teniendo facilidades para edificar. La consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio aprobó una normativa para permitir la construcción en Zonas de Flujo Preferente para aquellos municipios que tengan más un tercio de su superficie en esos perímetros, lo que les impide orientar futuros desarrollos hacia zonas no inundables. De hecho, esto es una posibilidad que contempla la legislación estatal. Casos en Alicante, Valladolid, Toledo y el Urdaibai Uno de los planes que más polvareda ha levantado en los últimos tiempos está justamente en la Comunitat Valenciana. Se trata del crecimiento de Guardamar del Segura, donde desemboca el río del mismo nombre. Prevén urbanizar una zona que linda con humedales, que aspira a albergar 1.000 nuevas viviendas y que, para más inri, cuenta con una parte del perímetro afectada por el nivel 2 (el segundo con mayor peligrosidad de los 6 que hay) del plan contra inundaciones valenciano (Patricova). La entidad Amigos de los Humedales (AHSA) del Sur de Alicante ya ha presentado alegaciones al proyecto. Lejos del litoral, en el interior de la península, también existen desarrollos en zona anegable en los que estos días la oposición ha subido varios grados. A 25 kilómetros de Valladolid, en el pueblo de La Pedraja del Portillo, de apenas 1.000 habitantes, se proyectan más de 1.200 viviendas en una macrourbanización que rechazan no solo los ecologistas, sino también de los técnicos locales. La inundabilidad es en este caso uno de los diversos argumentos medioambientales que esgrimen sus detractores. Proyección de la zona donde se construiría un hotel de lujo en Toledo, junto al cauce del río Tajo En Toledo se apuesta también por nuevos desarrollos y uno de ellos, el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) del puente de la Cava, contempla levantar un hotel de lujo al lado del Tajo. Frente a los promotores que defienden la iniciativa, existe el rechazo de asociaciones de vecinos, colectivos ecologistas, urbanistas e incluso expertos de la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha.  Estos últimos elaboraron un informe en el que advierten de que el hotel y otras instalaciones se ubicarían en zonas donde se concentra “preferentemente” el agua durante las riadas (la llamada Zona de Flujo Preferente). Por último, está el caso del Museo Guggenheim y sus dos nuevas sedes en el País Vasco, ambas en zona anegable. Aunque por ahora es solo un proyecto, si se materializa estarán literalmente a pie de agua, unidas por un corredor verde entre las localidades de Gernika y Murueta.  La sede de Gernika sería la antigua fábrica de cubiertos Dalia, justo en una de las riberas del río Oka. La Agencia Vasca del Agua (URA) ya ha advertido en un informe remitido al Parlamento Vasco de la “importante situación de riesgo” de inundabilidad del emplazamiento, aunque con las medidas recomendadas el Gobierno considera que puede tirar adelante con el plan.  En cuanto a la segunda sede, la de Murueta, en plena Reserva de la Biosfera del Urdaibai, la Dirección de Costas accedió a la petición de la Diputación Foral de Bizkaia de reducir la protección de la costa a solo 20 metros frente a los 100 que estaban establecidos anteriormente. Entidades como Greenpeace y plataformas locales ya lo han llevado a los tribunales.  Para este reportaje han colaborado los periodistas Carmen Bachiller, Javier Ayuso, Belén Ferreras, Elisa Almagro y Esther Ballesteros.

El presidente admite que las nuevas cuentas resultan ya impostergables por el impacto en el déficit y en la deuda pública de las medidas millonarias que harán falta para reconstruir ValènciaEl argumentario de Mazón y el PP para sus cargos por la DANA: de banalizar la alerta masiva a ocultar las llamadas del Gobierno ofreciendo la UME En solo un mes la política española no ha experimentado un vuelco, sino dos o tres. Hitos como el caso de José Luis Ábalos, el escándalo de Íñigo Errejón o la relación de los partidos independentistas con el Gobierno han sido sepultados por la catástrofe de la DANA en València. La reconstrucción de los municipios arrasados llevará meses y la ayuda a los cientos de miles de afectados requerirá de una ingente movilización de recursos económicos. Y su impacto va a marcar la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado que Pedro Sánchez señala ya abiertamente como imprescindibles para poder dar la respuesta que requiere una crisis climática de tanta envergadura.  “Por supuesto que necesitaremos unos nuevos Presupuestos Generales del Estado”, admitió el presidente durante la comparecencia de esta semana en la Moncloa en la que detalló el primer despliegue de ayudas urgentes. A preguntas de la prensa, el líder del Ejecutivo planteó sin reparos que si las nuevas cuentas ya resultaban determinantes desde un punto de vista meramente político por la estabilidad de la legislatura, los efectos económicos de la DANA las convierten ya en algo perentorio.  “En este primer Real Decreto-ley estamos hablando de 10.600 millones de euros en ayudas. Son muchos recursos económicos, otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias y otros más que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas. Eso nos hará revisar el impacto sobre el déficit y la deuda pública. Y encontrar los vehículos más ágiles y más eficaces posibles en el marco de los Presupuestos para poder llegar cuanto antes a dar la respuesta más eficaz y equitativa posible”, explicó Sánchez.  El PP se apresuró entonces a inferir de las palabras del presidente un chantaje y una utilización de las víctimas de la catástrofe en busca de un rédito político en forma de Presupuestos como sostén de la legislatura. De hecho, los de Feijóo llegaron a alertar durante unas horas de que las millonarias ayudas anunciadas por el Gobierno estaban supeditadas a que Pedro Sánchez consiguiera apoyo a sus cuentas. Aunque, en ese último caso, nada más lejos de la realidad.  Al día siguiente de ser aprobado el paquete de medidas cifrado en 10.600 millones el decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, entró en vigor. Porque esas ayudas no tienen ninguna vinculación con el proyecto de Presupuestos del año que viene y su dotación económica procederá de un ajuste del presupuesto en vigor mediante un crédito extraordinario. En el plazo de un mes, la mayoría del Congreso debe ahora convalidar ese decreto y autorizar de tal forma el aumento del gasto público.  Otra cosa es el desembolso que esté por venir a medio plazo. Y, en ese punto, el planteamiento en la Moncloa es que la tragedia de València cambia por completo buena parte de los parámetros políticos y económicos en los que se situaba hasta ahora la legislatura. Como ya hizo en su día con la COVID-19 y con los efectos de la guerra de Ucrania, el Gobierno sitúa ahora la necesidad de dar respuesta a las zonas arrasadas de València y a los ciudadanos que lo han perdido todo como el aspecto nuclear en torno al cual deben orientarse las cuentas públicas. Y también lo exponen como un argumento con el que convencer a sus socios de que deben respaldar esas cuentas.  “Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta DANA, pues es evidente que ahora más. Dije que no eludiría mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas y en este contexto esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Y espero que tengamos el apoyo mayoritario de la Cámara para aprobar unos Presupuestos que son hoy aún más necesarios que ayer”, incidió Sánchez durante su comparecencia.  Si alguien en el equipo del presidente esperaba que ese guante fuera recogido en algún despacho de la calle Génova, la expectativa quedó frustrada. El PP sí ha trasladado su apoyo en el Congreso al decreto de medidas urgentes, pero nadie en las filas populares ha esbozado siquiera la hipótesis de poder llegar a respaldar unos Presupuestos del Gobierno que, además, saben que apuntalarían el mandato de Pedro Sánchez hasta 2027.  Por si acaso tuviera algún tipo de efecto contagio o por mera estrategia comunicativa a la hora de trasladar un mensaje de unidad en mitad de la catástrofe, los socialistas valencianos ya se han encargado de anunciar que apoyarán las cuentas que presente Carlos Mazón. En una entrevista esta semana en la Cadena Ser, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, adelantó que los socialistas valencianos darán su voto afirmativo a los presupuestos de la Generalitat para 2025 y que “estarán a la altura de ayudar” a la ciudadanía tras la catástrofe de la DANA.  A la pregunta de si apoyarán los presupuestos autonómicos para 2025, Morant, que aseguró que desde el primer día de la tragedia le dijo a Mazón que podía contar con ella como ministra y como secretaria general del PSPV-PSOE,  respondió: “No le quepa ninguna duda; además, ayudaremos al señor Mazón para que esos presupuestos recojan de manera adecuada las necesidades de nuestros vecinos y nuestras vecinas”.  Mientras, las conversaciones del Gobierno con los distintos grupos políticos del Congreso para sacar adelante la senda de estabilidad y las nuevas cuentas se han visto alteradas también por la gestión del desastre en València. La mayor parte de los ministros está volcada desde hace diez días en el impulso a las respuestas de cada uno de sus departamentos, algunas de las cuales aún están por perfilar y por anunciar, como en el caso del ministerio de Trabajo. Pero la idea es que, cuando la normalidad política se vaya abriendo paso poco a poco, las negociaciones se retomen con un impulso y una vuelta de tuerca al planteamiento inicial.  El plan con el que trabajaba el ministerio de Hacienda era que el grueso del nuevo proyecto de Presupuestos lo conformase el trabajo avanzado hace ya un año con los grupos parlamentarios y que finalmente no cristalizó por la convocatoria adelantada de las elecciones catalanas. Pero es el propio Pedro Sánchez quien insiste en que la nueva situación de emergencia debe impregnarlo ahora todo.  “Vamos a ofrecer a los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los territorios, singularmente de aquellas comunidades, como la valenciana, que se ven afectadas por esta tragedia climática”, declaró. Está por ver si esa interpelación a la unidad que hace al Gobierno de cara a la negociación que está por venir allana o no el camino a las cuentas y ablanda las posturas de fuerza adoptadas por algunos aliados parlamentarios, especialmente los independentistas catalanes. De conseguirlo, el Gobierno tendría el respaldo que demanda para hacer frente a la emergencia en València. Y de paso, Pedro Sánchez conseguiría el salvavidas político que tanto anhela para poder sobrevivir el resto de la legislatura. 

Según el diario, Trump le recordó al mandatario ruso la considerable presencia militar que Estados Unidos tiene en Europa y expresó su interés de mantener conversaciones de seguimiento para abordar "la resolución de la guerra de Ucrania pronto". Leer

Con cerca de 400 centros entre España y Portugal, la mayoría franquiciados, la compañía prevé desembarcar en 2025 en Irlanda y Francia y aspira a alcanzar en seis años el millar de locales. Leer

Pasaban unos minutos de las diez de la mañana de este domingo, cuando, de pronto, una mole de toneladas de rocas y tierra se desplomaba desde la ladera hasta caer y dejar inutilizada por completo la autopista AP-66 que conecta León y Asturias . Por ahora, sin fecha prevista para su completa reapertura. Tras el tremendo susto inicial, según comprobaban las cámaras de la concesionaria de la vía de peaje y la labor de los guías caninos de la Guardia Civil sobre el terreno, el desplome no pillaba debajo a ningún conductor . Pero eran muchos los que a esa hora utilizaban la que es la principal vía que comunica el Principado con la Meseta . Hasta 145 turismos, 14 camiones y dos autocares tenían que ser desviados por la Benemérita antes de verse taponados en la autopista por el desprendimiento, ocurrido a la altura del kilómetro 78, cerca del túnel de Entrerregueras. En la provincia de León, en La Magdalena, y en Asturias, en Lena, todos los vehículos se ven obligados desde la mañana de este domingo, 10 de noviembre, a utilizar la N-630, la carretera nacional que sube hasta el puerto de Pajares . Una vía de un sólo carril en cada sentido, numerosas curvas y pronunciadas pendientes que dificulta y ralentiza el tráfico y que en época de nieve es de las primeras en sufrir restricciones. Unos 8.000 vehículos –1.200 de ellos pesados– utilizan de media a diario la autopista para salvar el puerto ese pico. Antes de comenzar a retirar el material que desprendido, primero se acometerán los trabajos de contención de la ladera , además de evaluar por geólogos su estado. Según señalab en declaraciones recogidas por Ical el director general de la concesionaria de la autopista (Aucalsa) Eduardo Arrojo, será más sencillo despejar la calzada en sentido León, puesto que recibía un volumen menor de rocas y tierras y será «cuestión de días» si no encuentran complicaciones. Para la otra, no hay fecha estimada de su completa recuperación. Desde la Junta de Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco , ofrecíar «todos los recursos ante cualquier necesidad» y garantizaba «todo el esfuerzo para la vuelta a la normalidad» en la autopista del Huerna. Entre los afectados, los numerosos autobuses que la empresa Alsa fleta a diario para conectar León y el Principado. Según ha anunciado, los tiempos de viaje se verán incrementados en entre 30 y 45 minutos por tener que usar la carretera nacional y reestructurará los horarios para adecuarlos a las circunstancias. El corte por el desplome de toneladas de roca y tierra sobre la AP-66 corta la principal vía de comunicación entre Castilla y León y Asturias, siendo la segunda vía de gran capacidad de conexión con el noroeste que está tocada. El 7 de junio de 2022, durante unas obras de mantenimiento, el viaducto de O Castro de la A-6 se desplomaba y desde entonces la principal vía de conexión de Galicia con la Meseta está cortada, obligando a desviar el tráfico dirección Lugo por la localidad de Piedrafita.

Al menos una persona ha muerto y otras 16 han resultado heridas , 12 de ellas por arma de fuego, en un tiroteo que ha tenido lugar este domingo en la Universidad Tuskegee de Alabama, informa AP, que cita a las autoridades. El fallecido es un joven de 18 años , ha indicado la institución en un comunicado, en el que añade que no era un estudiante de esa universidad. Por el momento no se ha llevado a cabo ningún arresto . Hasta el lugar se han desplazado efectivos de emergencia y de las autoridades locales. Varios de los heridos están recibiendo tratamiento en el hospital. La investigación la está llevando a cabo el FBI , que busca opiniones de testigos al igual que cualquier vídeo que puedan tener, para lo que se ha habilitado una plataforma, para que quien quiera suba cualquier vídeo que pueda ayudar, añade AP. Como consecuencia de los hechos ocurridos este domingo, la Universidad ha anunciado que las clases del lunes serán canceladas.

Pues el CD Toledo sigue en un cierto bache. Son ya tres las jornadas consecutivas en las que los verdes no consiguen la victoria: dos empates y una derrota. El conjunto capitalino continúa segundo en la clasificación y, de haber ganado a un Villarrubia de buen nivel, le habría quitado el liderato al Quintanar del Rey. El Toledo ofreció una primera media hora espléndida de fútbol que tuvo como premio el 1-0 en el minuto 29, cuando Tamayo transformó un penalti por derribo de Álex Jiménez a Luna. Protestaron mucho los visitantes al colegiado esta pena máxima. Antes, el Toledo había rozado el gol en dos ocasiones. Luna vio cómo su gran disparo desde 20 metros lo enviaba a saque de esquina Huélamo en la primera de ellas, mientras que en la segunda apareció Huélamo de nuevo para desviar a un poste un remate de cabeza de Chinchu. Por su parte, el Villarrubia tuvo el empate en un tiro muy duro de Julen desde la frontal que salió lamiendo un poste. Tras el descanso, en la primera jugada casi marca Tamayo el 2-0 en una jugada de pillo que atajó el portero foráneo con muchos apuros. A partir de aquí, más dominio del juego del Villarrubia con el Toledo listo para la contra. Otra vez los verdes pudieron marcar en un remate de Mazzocchi que se marchó alto. Y su rival, empatar por medio de Christian. Ya en el tramo final, minuto 73, llegaría el gol de la igualada en un rechace débil de la defensa y el portero local que aprovechó Julen para disparar con acierto . Pudo anotar Mazzocchi el 2-1 en la acción siguiente, pero el meta forastero lo desvió acertadamente. Y aunque el Toledo buscó a la heroica el tanto de la victoria, se topó con un sistema defensivo infranqueable. - CD Toledo : Dani Simón; Stevens (Chupi, m. 81), Iván González, Chinchu, Luna; Kofi, Reguera (Manu Gavilán, m. 81), Rodri (Sergio, m. 70), Piochi (Álvaro, m. 60); Mazzocchi y Tamayo (Angelito, m. 70). - Villarrubia CF : Huélamo; Christian (Caballero, m. 81), Álex Jiménez, Álex Díaz, Dani Jódar, Álex Pérez (Dani Bermejo, m. 72); Richard, Gastón (Murillo, m. 88), Julen, David Franco (Ligero, m. 72); y Pliego. Árbitro: Pardos Matamoros. Delegación de Guadalajara. Amarillas a los locales Dani Simón y Stevens. Por parte visitante, a Richard y Álex Jiménez. Goles: 1-0, m. 29: Tamayo (de penalti); 1-1 Julen, m. 73. Incidencias: partido de la décima jornada del grupo XVIII de Tercera RFEF, disputado este domingo por la tarde en el 'Salto del Caballo' ante 2.745 espectadores (cifra oficial). Antes del iniciarse el encuentro se guardó un minuto de silencio acompañado por el himno oficial valenciano. El CD Toledo, la Peña Football 1928, los Komandos Verdes y la asociación Amidan recogieron productos de limpieza con destino a la Comunidad Valenciana tras las recientes inundaciones.

Catalunya té ara set expresidents vius que tenen un cost desigual per als pressupostos públics

Fuentes de 'The Washington Post' presentes en la llamada aseguran que el líder republicano mostró su interés en mantener nuevas conversaciones para tratar "el final de la guerra en Ucrania"Elon Musk participa en la llamada entre Trump y Zelenski Apenas dos días después de hacerse con la victoria electoral en las presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump conversó por teléfono con el presidente ruso Vladímir Putin. Así lo ha adelantado este domingo el diario 'The Washington Post', que cita a fuentes del entorno del republicano. Trump pidió a Putin el pasado jueves que no intensifique la ofensiva militar sobre Ucrania, uno de los asuntos que pueden marcar su agenda internacional a partir de enero. Se trata de la primera conversación entre ambos desde las elecciones y Trump telefoneó al líder ruso desde su resort en Florida. Las fuentes del 'Post' que estaban presentes en la llamada aseguran que el líder republicano mostró su interés en mantener nuevas conversaciones para tratar “el final de la guerra en Ucrania”. Trump recordó además a Putin, siempre según el relato del diario estadounidense, la presencia militar de Estados Unidos en Europa y le pidió que no intensifique sus esfuerzos bélicos sobre Ucrania. El final de este conflicto es una de las promesas electorales de Trump, que sin embargo nunca desveló cómo conseguiría hacerlo. El temor en Europa y entre los aliados de la OTAN es que Trump esté dispuesto a defender un acuerdo de paz que requiera a Ucrania la cesión de parte de su territorio a Rusia, una postura que han rechazado también la UE y EEUU hasta ahora. Esta semana, el Kremlin declaró que la disposición de Putin al diálogo con Trump, no suponía un cambio en los objetivos de la “operación militar especial” de Rusia en territorio ucraniano. “El presidente (Putin) nunca ha dicho que los objetivos de la operación militar especial cambien”, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov en rueda de prensa. “Por el contrario, ha repetido repetidamente que siguen siendo los mismos”, añadió. Putin también felicitó al republicano por su victoria electoral y declaró su disposición a mantener pronto contactos con el futuro presidente estadounidense, con el que celebró una cumbre en Helsinki a mediados de 2018. Trump asegura que ha hablado con cerca de 70 líderes internacionales desde el pasado martes, cuando logró la victoria en las elecciones que le convertirán en el 47 presidente de EEUU. Entre esos líderes está precisamente el líder ucraniano Volodímir Zelenski y en aquella llamada también estuvo presente el empresario Elon Musk, uno de sus máximos apoyos durante la campaña electoral. Según avanza el 'Post', este tipo de conversaciones suelen ocurrir una vez que el vencedor de las elecciones ha comenzado oficialmente el período de transición con su predecesor. Sin embargo, Trump todavía no se ha reunido con Biden ni ha sellado los acuerdos que rigen este proceso, por lo que las llamadas no cuentan con el seguimiento del Departamento de Estado ni con el trabajo de traductores e intérpretes del gobierno estadounidense.

Visita muy especial la que recibieron los futbolistas en el estadio de Butarque el pasado sábado. Poco más de un año después de marcharse al Al-Hilal saudí, el recordado portero Yassine Bono , uno de los mejores de la historia del Sevilla FC, se pasó por el estadio del Leganés para ver el partido y reencontrarse y departir también con los que fueron sus compañeros. Un Bono, por cierto, que no sólo coincidió el sábado con amigos del Sevilla FC. También los encontró en el bando local, como Munir El Haddadi, Óscar Rodríguez o el también portero Marki Dmitrovic, con el que se fundió en un emotivo abrazo cuando se cruzaron en las instalaciones del cuadro pepinero. Tras el choque, Bono pudo revivir bonitos momentos y de paso intentar animar a sus excompañeros después de una derrota dolorosa en Butarque (1-0) en un partido que se decantó en su tramo final por el error de Agoumé al derribar de forma incomprensible al local Cissé dentro del área. Se vieron imágenes del marroquí con Carmona, Isaac Romero y miembros de la expedición nervionense. Las cámaras del club captaron la imagen de Yassine Bono saliendo de los vestuarios de Butarque casi como un miembro más de la expedición nervionense. Bono es el único portero de la historia del Sevilla FC que ha sido capaz de ganar el Trofeo Zamora al menos goleado de LaLiga.

Desde septiembre, Jorge Bustos compagina el micrófono con la página en blanco. Al frente de Mediodía en Cope, el subdirector de EL MUNDO, se enfrenta a un nuevo y exigente desafío: la radio. "Ejecuto mis días más o menos con el rigor de un abad cisterciense", asegura Leer

"No hay recomendaciones oficiales de calentar el agua en estos momentos", ha dicho Carlos Mazón.

Emma García se ha cansado del comportamiento del colaborador y le ha puesto los puntos sobre las íes

El equipo de Míchel logra los tres puntos en el Coliseum en un partido gris donde únicamente firmó una ocasión, la del gol del triunfo de Yangel Herrera

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que han tratado sobre la guerra de Ucrania, informa Reuters, que cita a 'The Washington Post'. Ambos líderes hablaron el pasado jueves. Según este medio, que remite a fuentes familiarizadas con el asunto Trump le aconsejó a Putin no escalar en la guerra y le recordó «la importante presencia militar de Washington en toda Europa», indica 'The Washington Post'. A lo largo de su campaña electoral, el republicano Donald Trump había expresado que encontraría una solución para este final de conflicto «en un día», aunque nunca llegó a explicar cómo lograría eso. Según apuntan los medios internacionales, Trump ha conversado también con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Este pasado viernes, el Kremlin indicó que Putin estaba listo para hablar con Trump sobre Ucrania, aunque eso no significaba que estuviese tratando de alterar las demandas de Moscú. El 14 de junio, Putin dio a conocer sus puntos para el final de la guerra: Ucrania tendría que dejar sus ambiciones respecto a la OTAN y retirar sus tropas de todo el territorio de las cuatro regiones reclamadas por Rusia. Ucrania lo rechazó, alegando que eso sería un equivalente a rendirse. Posteriormente, Zelenski presentó su plan de victoria, en el que destaca solicitudes de más apoyo militar procedente del Este.

Tres de los monjes siguen hospitalizados, uno de ellos en estado crítico y dan el alta a un cuarto.