El Ayuntamiento de Madrid amputa el expediente abierto por las obras ilegales en el piso donde vive Ayuso

Un gran número de hojas en negro y multitud de datos deliberadamente tachados, dentro de una documentación incompleta y sin numerar. Esto fue lo que entregó el Ayuntamiento al concejal del PSOE que acudió el pasado abril a la Junta de Chamberí para revisar los expedientes asociados al piso en el que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los informes prueban, en todo caso, que su pareja, Alberto González Amador, ejecutó obras ilegales durante meses.

El edil de la oposición había acudido con un técnico a principios de abril para revisar la documentación disponible, a la vista de las informaciones publicadas en este periódico sobre las irregularidades a la hora de tramitar una licencia de obras, que fue declarada “ineficaz” por funcionarios municipales y acabó siendo denegada. Pero el consistorio negó la consulta en primera instancia y, solo después de una petición por escrito, accedió 14 días después a entregar una documentación que se le exibhió “mutilada”, aseguran fuentes socialistas.

Fuentes del PSOE advierten que su concejal Antonio Giraldo intentó ejercer su derecho a la información en la consulta de los expedientes y que hubo una “deliberada intencionalidad de impedir el ejercicio de tal derecho”. Las fallas en la información facilitada son tan flagrantes que el PSOE va a denunciar este jueves la maniobra del equipo de Almeida ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, según un escrito al que ha tenido acceso Somos Madrid, en el que relata unos hechos que considera no solo irregulares, también delictivos.

Según el relato de la denuncia, los expedientes consultados “se encuentran sin foliar, con nombres, direcciones y otros datos ocultos, con folios parcialmente en negro y ausencia de parte del contenido formal de este tipo de expedientes, incompatible con lo que se entiende por expediente administrativo en nuestra legislación vigente”. Las mismas fuentes añaden que “aparecen numerosos datos tachados para ser ocultados, así como hojas parcialmente en negro”.

"Aparecen numerosos datos tachados para ser ocultados, así como hojas parcialmente en negro"

Por todo ello, el Grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid asegura que “de manera premeditada se han mutilado unos expedientes con el fin de ocultar información al concejal solicitante, situación absolutamente irregular, y que podría ser calificada de manifiestamente fraudulenta”. Y concluye que el consistorio ha vulnerado con esta actuación varias normativas, entre ellos el artículo 23 de la Constitución Española, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

Junto a la denuncia, el grupo municipal que lidera Reyes Maroto entregará el recibí firmado cuando fue entregada la documentación, el pasado 23 de abril. Giraldo hizo constar que los archivos que le habían sido facilitados no eran los originales, a los que como edil tiene derecho, y que además la información se encontraba “parcialmente oculta”.

El PSOE pedirá este jueves que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción estudie los hechos denunciados y que si detecta “un comportamiento fraudulento por parte de los responsables municipales encargados de garantizar el derecho a la información de los concejales de esta Corporación” lo ponga en conocimiento del órgano municipal competente y lleve ante la fiscalía “las posibles infracciones que pudieran ser constitutivas de delito”.

La consulta del PSOE versaba sobre un expediente polémico, que relata cómo la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, pidió iniciar una reforma integral de su vivienda en Chamberí el 4 de agosto del año 2022, un mes después de adquirir el inmueble y cuando ya había cometido un fraude a Hacienda. Al día siguiente, un funcionario de la Junta de Distrito emitió un informe que declaraba “ineficaz” la declaración responsable presentada por no tener en cuenta la gestión de los escombros y considerar los trabajos de una envergadura superior a la que permitía este trámite. En octubre, la pareja de Díaz Ayuso añadió más información sobre la reforma y multiplicó por diez su coste declarado, hasta los 94.289,48 euros. También admitió que había demolido tabiques y levantando instalaciones sin licencia firme.

Pese a las irregularidades, González Amador no recibió una notificación oficial de la Junta de Chamberí hasta el 22 de diciembre, cuatro meses y medio después del primer informe municipal, según la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid. El Ayuntamiento tampoco ha iniciado todavía un expediente sancionador y ni siquiera hay constancia de que ningún funcionario municipal haya comprobado el resultado de la reforma, ejecutada sin los permisos municipales.

El oscurantismo que rodea este expediente se extiende hasta trabajadores municipales y concejales que lo iniciaron.Las dos resoluciones negando las obras fueron firmadas por la funcionaria María Cristina Goncer, entonces coordinadora general de Chamberí. Como contó este medio, fue cesada en su puesto después de la reelección de Almeida como alcalde, en verano del año pasado. Como el concejal de Chamberí del momento en el que se tramitó la denegación de la obra, Javier Ramírez, ha acabado lejos de este distrito. Actualmente es subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el cese fue voluntario porque la coordinadora “quiso volver a su plaza”. Fuentes internas del PP consultadas por este periódico aseguran que la salida de Ramírez de las listas –fue hundido al puesto 33– se debió a una “represalia” por haber puesto reparos a las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid.

El pasado martes, después de la publicación de las últimas informaciones sobre el expediente, los partidos de la izquierda cargaron contra el equipo de Almeida por permitir unas obras ilegales “favoreciendo a un particular”, explicaba la socialista Reyes Maroto. Rita Maestre, de Más Madrid, se pronunciaba en términos explícitos: “Hay un trato de favor evidente, una dejación de funciones también evidente por parte de los distintos servicios del Ayuntamiento de Madrid”, decía antes de poner el foco sobre la Junta de Chamberí, hablando de una “purga” por la actuación. “Hay personas incluso con altos cargos del Partido Popular que han caído esta purga. Porque si no, no se explica de ninguna otra manera tanto la retirada del concejal Ramírez como de la coordinadora general de la Junta de Distrito de Chamberí”, decía.

El alcalde de Madrid evitó el martes dar una fecha para la inspección, aclarando que “tienen prioridad las inspecciones que afectan a la seguridad de los inmuebles”. La visita está pendiente desde que Más Madrid denunciara las obras por infracción urbanística, el pasado 20 de marzo. “Todo el mundo puede comprobar fácilmente el tiempo que transcurre habitualmente desde que se produce una denuncia hasta que los inspectores giran visita en la Junta”, decía Almeida para justificar que, año y medio después de ordenar el cese de la obra, el Ayuntamiento que dirige siga sin haber revisado si la actuación fue legal.

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