El ejemplo desalentador del volcán de La Palma: sin rastro de los 100 millones de 2024
En diciembre de 2023, hace ahora casi un año, el Consejo de Ministros aprobó una subvención de 100 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar ayudas y compensar los daños económicos producidos a las personas y las empresas que sufrieron los efectos de la erupción del volcán de La Palma en 2021. Se trataba de una segunda partida, tras la primera por el mismo importe liberada el año anterior. Sin embargo, los afectados siguen aún a la espera de ese dinero. "No se ha transferido de momento", destacan.
Ha sido inevitable que lo sucedido en estos días, a consecuencia de la DANA que ha asolado Valencia, levante recuerdos. "El relato de la Administración es igual", indica uno de los afectados a este diario. Su experiencia resulta desalentadora. Las ayudas llegan con cuentagotas cuando llegan. Respecto a los 100 millones que muchos esperan, la única explicación que reciben es que no es posible destinarlos debido a que aún no se han aprobado los Presupuestos. La concesión realizada a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, debe financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Este mismo martes, el presidente del Gobierno ha situado las ayudas por el temporal en un contexto similar. Según ha dicho, la situación ha aumentado "hasta límites colosales" la necesidad de aprobar los Presupuestos de 2025 para poder afrontar los efectos. El Ejecutivo ha anunciado este martes una primera fase de 10.600 millones en ayudas, aprobadas en un decreto que declara la zona catastrófica en los 75 municipios afectados.
Según aseguran fuentes cercanas a las plataformas de apoyo a los afectados por la erupción, en su caso, la transferencia no se ha completado, a pesar de que las autoridades canarias han tomado medidas legales y aprobado leyes para agilizar las compensaciones. La Plataforma de Afectados del Volcán Cumbre Vieja sigue exigiendo esta transferencia, especialmente dado que algunos pagos de compensación están programados precisamente para finales de este año.
El tercer aniversario, celebrado hace poco más de un mes, dejó ya en evidencia el descontento ante la tardanza. El colectivo destaca que se han producido otros retrasos que están dificultando la recuperación. Solicitan que se garantice que las compensaciones reflejen el valor real de las propiedades afectadas y que se establezca una ley de protección para futuras catástrofes volcánicas en las islas. No dudan de que, tarde o temprano, se repetirá.
Según las fuentes consultadas, en la actualidad se están realizando algunos pagos de compensación para los afectados por la erupción, aunque el proceso es lento y no se ha completado. El nuevo marco legal, aprobado en 2023, permite al Gobierno canario comenzar a notificar y a pagar compensaciones a quienes perdieron sus viviendas principales, utilizando tanto fondos autonómicos como parte del financiamiento del Estado.
"Nos dijeron que no nos iban a abandonar y solo han hecho carreteras"
Marta Nevot
La falta de concreción respecto a la transferencia completa de los 100 millones de euros del Estado retrasa la compensación total para otros tipos de propiedades y afectaciones, que se prevé extender hasta 2025 y 2026. Para los afectados se trata de "una urgencia", ya que solo a través de la atribución de esas cantidades se podrá "asegurar una recuperación justa para todos los damnificados".
Los damnificados también se quejan de que, al igual que ha sucedido en Valencia, ninguna de las diferentes administraciones públicas los avisó de que existía riesgo volcánico en la zona. Muchos de ellos carecían de seguros adecuados para cubrir sus propiedades. Destacan que existían estudios científicos en los que se avisaba del riesgo ya desde 2017.
Destacan que la compensación por la pérdida de sus casas, fue "irrisoria". En un primer decreto se fijó un importe de 30.000 euros por pérdida completa de la vivienda habitual. Aumentó a 60.000, pero no se valoró que, al tratarse de la erupción de un volcán, los solares sobre los que se asentaban las casas también quedaron destruidos. Tres años después, unas cien familias continúan viviendo en contenedores habilitados, caravanas o incluso tiendas de campaña.