El Gobierno no aclara el futuro de Muface y los sindicatos amenazan con movilizaciones
El Gobierno no ha aclarado qué ocurrirá con Muface en su primera reunión con los principales sindicatos de la función pública (UGT, CCOO. CSIF y el gallego CIG) para abordar el futuro de la mutua, en riesgo ante la falta de acuerdo con las aseguradoras que prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV). El convenio actual, que permite acudir a la sanidad privada a quienes así lo elijan, concluye el 31 de diciembre. A partir del día siguiente, 1,5 millones de mutualistas se verán abocados a la sanidad pública. Sin embargo, existe una cláusula legal que habilita al Ejecutivo a prorrogar el convenio para obligar a las empresas a seguir prestando el servicio durante nueve meses más, lo que daría un tiempo extra para la negociación. Según ha sabido El Confidencial, el Gobierno ya prepara un nuevo pliego.
Mientras se esperan los siguientes pasos, el Ejecutivo se ha limitado hasta ahora a reiterar que Muface "seguirá garantizando la atención sanitaria a todos los mutualistas, tanto titulares como beneficiarios". Esta es la idea que ha transmitido este jueves la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, en su reunión con los sindicatos. El Gobierno trabaja en un convenio "más atractivo", les ha dicho, pero sin concretar en qué consistirá. La centrales, muy suspicaces ante la posible desaparición de este beneficio social para los funcionarios, ya amenazan con movilizaciones.
El primero que abrirá la veda será CSIF, el más crítico con el Ejecutivo, que ya antes de la reunión había convocado para el 11 de noviembre manifestaciones frente a las subdelegaciones del Gobierno de toda España y también frente al Ministerio de Hacienda. Comisiones Obreras ha esperado al encuentro de esta mañana con la secretaria de Estado de Función pública para expresar su descontento, y ya contempla una vía similar si no hay avances.
De momento, la Unión General de Trabajadores es la más comprensiva. En declaraciones a los medios al término de la reunión, la responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Maribel Loranca, ha reclamado "la mejor prestación sanitaria posible" para los mutualistas de Muface, al igual que para el resto de los ciudadanos, y ha apelado a un "esfuerzo del Gobierno", pero también a "la responsabilidad social de las compañías aseguradoras sanitarias".
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Mónica Millán Valera
Desde CSIF han señalado que en la reunión se les ha trasladado que se está realizando un nuevo informe de viabilidad económico financiero para una nueva licitación y que hay "mecanismos" que garantizan el mantenimiento de la prestación de servicios mientras se produce esta licitación, si bien no los concretaron. "Estas explicaciones son insuficientes y la actitud del Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta mutualidad", considera el sindicato.
CCOO, que también ha anunciado movilizaciones, ha criticado que se haya convocado a las organizaciones sindicales a una reunión ordinaria, "casi como meras espectadoras, en vez de abordar de manera exclusiva el futuro de la entidad y la garantía de servicio para todas las personas mutualistas". El sindicato ha exigido conocer "la situación real sobre la nueva licitación" y la necesidad de un estudio exhaustivo de los costes sanitarios que supone la atención a las personas mutualistas.Las aseguradoras que han rechazado la oferta económica del Gobierno ya venían advirtiendo de la infradotación del concierto y de que el aumento de 303 millones de euros para el nuevo era insuficiente y les haría incurrir en pérdidas. Según UGT, el grueso de los funcionarios amparados por Muface pertenece al sector de la enseñanza (unos 500.000), en tanto que unos 100.000 forman parte de la Administración General del Estado, donde se encuentran organismos como la Agencia Tributaria o prisiones. También lo estarían los funcionarios de Correos o la Policía Nacional.