"He comprado el piso de un traficante para poder echarlo de casa"

Ha sido en Premiá de Mar donde se ha tomado nota por primera vez en papel oficial de una denuncia por el truco más nuevo de las mafias de okupas: pagar un alquiler al propietario aunque no quiera.Seguir leyendo....

Penelles, primavera del 2015. Como tantos otros pequeños pueblos de la plana de Lleida, Penelles era un lugar de paso, entre Balaguer y Tàrrega, un pueblo de la comarca de la Noguera, de calles vacías, sin arquitectura ni piedras singulares, y ningún peculiar encanto turístico. Podías salir casi sin ropa a tirar la basura, no te cruzabas a nadie.Seguir leyendo....

La señora Dolores Alcántara lleva más de dos años muerta. Sin embargo, la fallecida sigue pagando las facturas del gas, la luz, el agua y el teléfono de su casa de Sant Boi de Llobregat. Unas personas aprovecharon el ingreso de la anciana en un centro sociosanitario para okupar’ la vivienda y, desde entonces, viven gratis, denuncian la sobrina de la difunta, María Nieves Lamas, y la vecina D.P., que prefiere mantener el anonimato.Seguir leyendo....

Fin del recorrido. Este jueves el Tribunal Supremo ha terminado con años de litigios y disputas entre Catalunya y Aragón por la propiedad de las obras del monasterio de Sijena. El pleno de lo Civil del alto tribunal ha ratificado las sentencias del juzgado de primera instancia de Huesca y de la Audiencia Provincial de Huesca por las que se declaraba "nula de pleno derecho" la compra-venta (realizada en 1983, 1992 y 1994) de los bienes del cenobio entre la Generalitat y el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), y las monjas del monasterio. Fallos contra los que las dos instituciones y el Museu de Lleida habían interpuesto recursos de casación ante el Supremo. Seguir leyendo....

La compañía aseguradora de los Maristas ha consignado en la Audiencia de Barcelona los 120.000 euros fijados como indemnización para las cuatro víctimas que llevaron a juicio a Joaquín Benítez, el exprofesor de educación física del colegio de Sants-Les Corts de Barcelona condenado a 21 años y nueve meses de prisión por abusos sexuales. Sus casos son los únicos que pudieron ser juzgados porque los delitos no estaban prescritos. El depósito de esta cantidad en una cuenta ha sido efectuado sin esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados por la aseguradora y el imputado, que continúa en libertad.Seguir leyendo....

El Institut Germans Maristas reconoce los abusos sexuales que sufrieron 25 de sus exalumnos durante su escolarización en colegios catalanes de la hermandad. Un gesto que llega 30 o 40 años después de que ocurrieran los hechos para muchos de los afectados y casi cinco después de que EL PERIÓDICO destapara el Caso Maristas. La comisión de reparación que arrancó en febrero del presente año ha escuchado a estas 25 víctimas aportadas por la Fundació Mans Petites y ha dado credibilidad a su relato. Los exalumnos serán indemnizados económicamente por la organización religiosa, que también les ha hecho llegar una carta en la que la institución se muestra "profundamente avergonzada" y pide "perdón" de "todo corazón". A esta cifra de 25 agraviados por la pederastia de docentes maristas debe sumarse las cuatro víctimas por las que fue condenado el profesor Joaquim Benítez que sigue en libertad. Un cómputo que todavía se mantiene lejos de la cantidad real de menores de edad que sufrieron abusos sexuales, durante décadas, en escuelas de la institución.Seguir leyendo....

Los bomberos han rescatado del incendio en un edificio en Valencia a dos personas que estaban atrapadas en un balcón del sexto piso. El edificio de 14 plantas está situado en la zona de Campanar, Valencia, y lleva siendo arrasado por el fuego desde las cinco de la tarde. Aunque se han desplazado al lugar 22 dotaciones de bomberos a la zona, la intensidad del fuego continúa fuera de control y sigue amenazando el rescate. Se han convocado unidades de emergencia desde diferentes municipios valencianos, pero su trabajo se está viendo dificultado por las fuertes rachas de viento. Han pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias.

El mundo necesita mujeres que sean referentes en todos los ámbitos: el político, el social, el económico, el cultural... Desde esa premisa, El Confidencial acaba de lanzar Mujeres que inspiran el cambio, unos reconocimientos que ponen en valor a las mujeres que han innovado o destacado en diversas categorías.Estas son las 'Mujeres que inspiran el cambio'ECEl mundo necesita mujeres que sean referentes en todos los ámbitos: el político, el social, el económico, el cultural... Desde esa premisa, El Confidencial acaba deEn esta primera edición, las seleccionadas serán la secretaria general de Inclusión, Mónica Martínez Bravo (categoría Economía y Empresas); la artista Blanca Muñoz (Arte y Cultura); la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco (Ciencia); la chef Celia Jiménez (Transformadoras); la presidenta de la Fundación Querer, Pilar García de la Granja (Acción Social); y la diseñadora Teresa Helbig (Moda). El encuentro tendrá lugar el próximo martes 21 de mayo y será conducido por la periodista Marta García Aller.Durante las próximas semanas, además, El Confidencial publicará seis entrevistas en las que repasaremos, junto a las portavoces, su trayectoria personal y profesional, así como los retos que han tenido que afrontar, sus referentes, etc. Este proyecto cuenta con el apoyo de instituciones como Cosentino, Fundación la Caixa o IQOS.Mónica Martínez Bravo (Economía y Empresas) Mónica Martínez Bravo, secretaria general de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Foto: cedida. Saber de economía sirve para que el mundo sea un lugar distinto. Así al menos lo cree Mónica Martínez Bravo, secretaria general de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La también profesora del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) se muestra convencida de que la ciencia económica, bien aplicada, puede cambiar la realidad de nuestro entorno.Blanca Muñoz (Arte y Cultura) La artista Blanca Muñoz. Foto: EFE. Una de las artistas españolas con la trayectoria más blindada. La escultora y grabadora Blanca Muñoz ha sembrado una completísima obra cuyo principales protagonistas son el acero y la chapa perforada, tanto en sus obras monumentales como en piezas pequeñas, incorporando también hilos de acero a sus grabados para convertirlos en esculturas. Fruto de dicha trayectoria, ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de Grabado. Además. Desde 2019 es académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.María Blasco (Ciencia) La directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco. Foto: EFE. La actual trayectoria de la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no deja lugar a dudas de sus méritos. Durante más de 20 años, su trabajo se ha centrado en demostrar la importancia de los telómeros y de la telomerasa en el cáncer, así como en enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Blasco ha publicado más de 260 artículos científicos en revistas internacionales y nacionales, con un h-index de 81, y ha recibido innumerables premios, tanto nacionales como internacionales.Celia Jiménez (Transformadoras) La chef Celia Jiménez. Foto: EFE. Celia Jiménez es una chef que decidió adoptar el recetario tradicional de su ciudad, Córdoba… y actualizarlo acorde a las nuevas tendencias y los nuevos sabores. Fruto de esta mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, la cocinera se convirtió en 2006 en la primera andaluza en conseguir una Estrella Michelin. A los mandos de su propio restaurante, Jiménez se sabe consciente de haberse convertido en un referente para aquellas mujeres que quieren trabajar en el sector gastronómico.Pilar García de la Granja (Acción Social) La presidenta de la Fundación Querer, Pilar García de la Granja. Foto: EFE. La periodista Pilar García de la Granja ostenta una trayectoria que aborda diversos medios de comunicación: Wall Street Journal, Televisa, CNBC, Onda Cero, Intereconomía, Punto Radio, El Economista, Mediaset... Desde 2016 es presidenta de la Fundación Querer, una entidad sin ánimo de lucro que fomenta el trabajo para investigar trastornos neurológicos relacionados con el lenguaje.Teresa Helbig (Moda) La diseñadora Teresa Helbig. Foto: Pep Bestard. No es casualidad que en los últimos tiempos hayamos visto a actrices internacionales de la talla de Zendaya, Emily Blunt o Úrsula Corberó lucir los diseños de Teresa Helbig con garbo. La diseñadora catalana está de moda. Si el año pasado era galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2023, a comienzos de este desfilaba por primera vez en París. Sus diseños, que bailan entre lo clásico y lo moderno, y su mirada, con la mujer siempre en el centro, son ya toda una seña de identidad que no para de abrirle puertas.

La emisión de la ficción diaria de época de La 1 de TVE ya fue cancelada durante el pasado lunes, por la disputa entre Rafa Nadal y Pedro Cachín en el Mutua Madrid Open

El Ejecutivo ha remitido a Europa una actualización de previsiones, documento en el que también reafirma su promesa de rebajar el déficit al 3% ya este año Leer

El primer ministre israelià descarta aturar la guerra sense haver aconseguit tots els objectius, inclosa la repatriació dels ostatges retinguts per Hamas

El nou intent de fusió arriba en un context molt diferent de l'últim, fa gairebé quatre anys

La organización lamenta la falta de apoyo legislativo para crear herramientas que permitan a la ciudadanía distinguir la información veraz de la opinión.

“He decidido seguir, y seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte”, dijo este lunes Pedro Sánchez, tras sus cinco días de reflexión. El punto y seguido y el punto y aparte. El punto y seguido versus el punto y aparte. Con el punto y seguido continuamos la narración o la reflexión en el mismo renglón y en el mismo asunto en que estábamos. Con el punto y aparte nos vamos a otra línea y a otro tema probablemente relacionado con el anterior, pero que al mismo tiempo abre nuevas perspectivas, nuevos horizontes.  Ni en su declaración institucional ni en las primeras entrevistas que ha concedido en estas últimas horas ha concretado Sánchez qué hará y qué impulsará su Gobierno tras el punto y aparte, en su búsqueda de una “regeneración democrática”. Quizás sea esa inconcreción el motivo por el que muchos, tanto partidarios como adversarios, vean en su anuncio tras sus cinco días de reflexión más un paréntesis -otro signo de puntuación tomado en sentido metafórico- que un punto y aparte. Un paréntesis para tomar aire, para recuperar el aliento, el relato y la iniciativa política… sin realmente emprender ningún cambio relevante. Punto y seguido, punto y aparte, paréntesis. Usados no en su literalidad sino como expresiones metafóricas, mucho más allá de la ortografía, los signos de puntuación nos ayudan a explicarnos.  La reacción de Alberto Nuñez Feijóo fue este lunes no en puntos y aparte sino en puntos y seguidos. Varios, intensos, en gradación y con remate final ingenioso: “No quiere oposición. No quiere Justicia. No quiere medios de comunicación. Y sólo se quiere a sí mismo”, dijo de Sánchez. Parece que el líder del PP ya ha encontrado un buen redactor de discursos. A propósito de puntos, y ya acabamos. Recomiendo, especialmente a los políticos, un libro de 2005 del lingüista y escritor José Antonio Millán que versa sobre la puntuación y sus signos: la coma, el punto y coma, los dos puntos, los paréntesis o rayas, los puntos suspensivos, el punto y aparte… Se titula Perdón imposible, se subtitula Guia para una puntuación más rica y consciente y bucea en muy diferentes textos, desde novelas hasta webs o libros de cocina, para entender “el funcionamiento del sistema más anárquico de la lengua”.  El título se lo inspira esto a Millán: “De mis años escolares recuerdo una anécdota atribuida a Carlos V (luego la he encontrado referida a otros reyes, pero nos dará lo mismo...). Al emperador se le pasó a la firma una sentencia que decía así: ‘Perdón imposible, que cumpla su condena’. Al monarca le ganó su magnanimidad y antes de firmarla movió la coma de sitio: ‘Perdón, imposible que cumpla su condena’. Y de ese modo, una coma cambió la suerte de algún desgraciado…”. Ojo a las comas fuera de sitio y a los signos de puntuación mal utilizados. Pueden acabar pasando factura.

El dolor conserva, le ha dicho Manuela de Madre a unas asistentes al mitin de los socialistas en Santa Coloma. Manuela de Madre fue alcaldesa socialista de esta ciudad mítica de la periferia barcelonesa durante la última década del siglo pasado. En concreto, desde 1991 hasta 2002. Pero le diagnosticaron fibromialgia y abandonó la política activa. Se trata de una enfermedad dolorosa (la fibromialgia), su esencia es el dolor. Hoy, el PSC es un partido de alcaldesas (antes, todo esto eran alcaldes), y Núria Parlón, la actual alcaldesa de Santa Coloma, y una de las alcaldesas más emblemáticas del socialismo catalán, intervendrá esta mañana de domingo, 28 de abril, en este acto político. Es lo que dice la propaganda: acto político. Antiguamente, se le llamaba mitin. Todo ha cambiado. Cuando acaba una época, se agotan sus palabras. Un par horas antes de empezar el acto electoral, que está anunciado a las 11h 30', se ha formado una cola de viejos y viejas militantes, históricos en su historia personal, una historia que está hecha, pero que no se ha escrito. Hicieron, consiguieron lo que todos sabemos, y estamos perdiendo material e ideológicamente: servicios públicos, ambulatorios, guarderías, parques, pabellones polideportivos... Democratizar la vida, no con palabras, sino con paladas de alquitrán, cables de la luz, tuberías, papeleras, bancos y árboles. A estas alturas, a su edad, tienen ya cosas de viejo, de modo que llegan a los sitios con mucha antelación. Siguen con la gorra de visera, el jersey de pico, el pluma gordo regalado en un cumpleaños y el pañuelo estampado por dentro del pluma, para abrigarse más y también para que se vea lo bonito que es. Han llegado temprano lo mismo que van pronto al banco el día que les ingresan la pensión, el 25 de cada mes, o igual que llegan al médico, a la revisión, mucho antes de su hora. Llegan pronto a todo porque siempre les tocó llegar tarde a todo lo bueno. Parece impaciencia, pero es necesidad. La cola va creciendo, cada vez más, a la puerta del teatro Segarra, que es donde se celebrará el mitin (o lo que sea). El local tiene un aforo de más de quinientas personas, y en la planta superior han habilitado un espacio con una pantalla, por si falta sitio en la sala de butacas. Inicialmente, la convocatoria estaba programada en otro lugar, un pabellón deportivo, con mucha más capacidad, pero es que iba a participar el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Se les cayó del cartel. Canceló de pronto su agenda para entregarse a la meditación trascendental, y la posibilidad de su dimisión planeaba por el todo el país. Menuda incertidumbre. Desde Rocambole, no se escribían capítulos así. Como aquel en que Rocambole está atado dentro de un baúl y nadie sabe explicar cómo podrá liberarse, hasta que llega la siguiente entrega, que empieza sencillamente así: “Una vez libre de sus ataduras, Rocambole...”. Pero en esta mañana de domingo, las ataduras todavía aprietan con fuerza y nadie es capaz de decir cómo va a salir de esta Pedro Sánchez. Ni siquiera Salvador Illa, el candidato de los socialistas a la presidencia de la Generalitat. Es amigo de Sánchez. Fue su ministro de Sanidad durante la pandemia. Pero el futuro inmediato de Sánchez no lo sabe. Tampoco lo sabe Jordi Hereu, el exalcalde de Barcelona, que perdió su reino por un tranvía, y ahora es ministro de Industria y Turismo. Barcelona, tiene cada vez más de lo segundo y menos de lo primero. En el acto de hoy, Jordi Hereu reemplazará a Pedro Sánchez. Ha nacido para esto. No para reemplazar a Sánchez, sino para ser orador. Modula la voz, alza el tono con pasión, lo baja con condescendencia, sabe contar cosas graciosas, y cuando lleva mucho rato se le pone la cara redonda y colorada lo mismo que a los tribunos de Astérix. Dan ganas de recordarle que Puigdemont se escribe al final con T, como: Timeo Danaos et dona ferentes. Pero ya lo sabe. Por este orden, hablan en el acto político Núria Parlón (sobre todo de Santa Coloma), Jordi Hereu (sobre todo del Besòs y de esa parte del área metropolitana) y Salvador Illa (sobre todo de la colaboración de la Generalitat con los ayuntamientos, si ganan las elecciones). Pedro Sánchez, su posible dimisión, está todo el rato latente, y sin embargo no se convierte en el tema del mitin. El procés también aparece de pasada. Los políticos prefieren hablar de lo que en este sitio, Santa Coloma de Gramenet, se puede tocar con las manos. En medio de unos días, de una época, de especulaciones, hablan de la realidad. Pero aún queda un rato para que se abran las puertas del teatro, y de repente los militantes que organizan el acto reconocen en la cola a su compañera Manuela de Madre. Hay revuelo entre ellos. ¿Qué hace ahí, guardando turno, Manuela de Madre? Hay que rescatarla. Y de este modo, la invitan a pasar sin más preámbulos. La gente saluda a la exalcaldesa en la calle, en el pasillo, entre las butacas, y le preguntan por su salud, y unas mujeres le dicen que la ven muy bien. Es entonces cuando Manuela de Madre responde: el dolor conserva. Ocupa un asiento en las filas de delante, entre el mogollón, cerca de las butacas reservadas a las autoridades, pero sin mezclarse. El dolor tiene su propia autoridad. Durante cada intervención, será Manuela de Madre quien arranque con los aplausos en los momentos álgidos, que es una palabra obligada a significar lo que nosotros queremos, y no lo que ella quería. Originalmente, indicaba algo muy frío. Con las personas sucede igual. Acabamos significando otras cosas. Por ejemplo, Manuela de Madre nació en Huelva y resulta que fue alcaldesa en Catalunya. Durante el mitin, conserva el espíritu de claca. Y eso que, en vez de tiempos de mítines, es la época de los actos políticos. Núria Parlón sube a la tribuna con su simbólica cazadora negra, cruzada. El socialismo es una religión sin cruzada. Fue así como nació, en clandestinidad, en las catacumbas. En la obra teatral Luces de bohemia, Valle Inclán llama religión nueva al anarquismo. Son dos herejías hermanas, socialismo y anarquismo. Pero la cruzada de Núria Parlón viene del rock. Representados hoy en cuadros, los antiguos heavys de los barrios serían como monjes de Zurbarán, en su soledad de chupa cruzada. Unas y otras, la capucha de sarga y la cazadora de cuero, hablan de místicas diferentes, y sin embargo ambas se sustentan sobre un cargamento de fe, por citar una canción de Lou Reed. Por su parte, Jordi Hereu llega trajeado, pero no como un exalcalde con bono de transporte público, ni como un ministro obligado a decir muchas veces resilencia, ni como un señor de Barcelona que ya no va a leer a Josep Pla. Lo suyo es algo más abierto, más desabotonado. Quizá como un militante del partido que ha pasado a la acción. No me refiero a un Santos Cerdán. Es un género diferente. En la acción de Jordi Hereu, la ración de bravas ha sido relegada por la vinoteca de la calle de al lado. Otro gusto. Otra clase de desenfado. Lo que sí está claro es que Jordi Hereu se divierte con la acción. Y cuando llega el momento de Illa, salta a la vista que todo lo que hay que decir esta mañana se encuentra en Salvador Illa. Se muestra sin chaqueta, a cuerpo, en mangas de camisa, para que se vea que lleva la camisa vaquera, azul, arremangada, de Pedro Sánchez. Es un mensaje, por supuesto. Hay que acudir a los carteles de la campaña para encontrar a un Illa en estado puro. El que todos sospechamos que es. En esa foto vemos su secreto al descubierto. Nunca un candidato se ha parecido tanto a Clark Kent. Tiene aún más significado esa imagen cuando venimos de una política protagonizada por gente que se hacía pasar por Superman. Por cierto, el más explícito de todos los carteles de estas elecciones catalanas es el de Ciutadans. Revela a gritos el precipicio de la formación. Careciendo de líder propio que mostrar, han tenido que poner líderes de otros partidos. La diferencia entre un mitin y un acto político no está en la gente que asiste. El pasado domingo, en Santa Coloma, llenaron hasta la bandera el teatro Segarra los seguidores históricos, los que una y otra vez han atestado los mítines. Es decir, los mismos de toda la vida. La gente joven ya no va a estas cosas, prefiere votar y dedicar los domingos a salir en bicicleta, o ver museos, o andar por ahí. He dicho que el teatro se llenó hasta la bandera; pero lo cierto es que, en el acto político del domingo, había un teatro lleno, pero nadie llevaba banderas, ni había pegatinas, ni pancartas, ni folletos de propaganda, como en los mítines de antes. Solo una pantalla grande tras los oradores. Y sí que al principio la gente coreó un poco el histórico grito de “Visca, visca, visca, Catalunya socialista!”. Pero, nada, enseguida lo dejaron. No es que fuera un acto aburrido. Pero tampoco hubo coros, ni gritos, ni vivas. Ahora las cosas son de otra manera. Se veía que los asistentes estaban muy contentos, eso sí, y que se lo pasaron bien, tanto por lo que escucharon, como por tener a sus dirigentes tan cerca y, sobre todo, por el mero hecho de compartir con tantos vecinos un rato así, por la sensación de comprobar que les vale la pena seguir creyendo en sus ideas, confiando en sus sentimientos, expresando sus opiniones, manteniendo sus pensamientos. Es gente que tiene claro lo que merece la pena. Y cuando todo el mundo salía del teatro, no se iba como cuando se acaba un mitin, pues tampoco, al terminar se cantó, ni se gritó ninguna consigna, ni sonó ningún himno. La gente salía lo mismo que cuando se sale del teatro o se sale de un cine. Contenta, reconociéndose (en diferentes sentidos), saludándose de cerca o desde lejos, formado esos corrillos en la calle de los que se resisten a marcharse de una vez. Preguntándose unos a otros: “¿Qué te ha parecido?”. Claro, a todos les había parecido bien. No en vano, era su película. Corren malos tiempos para simpatizar con la política, para creer que algo saldrá bien. Basta con ver lo que pasa en el mundo, y en España. Pero esa gente no da su brazo a torcer, pues también han comprendido que el dolor conserva.

Un festivo en mitad de semana, incluso un largo puente si vives en Madrid, y te ha pillado sin planes. Si te preguntas qué hacer este miércoles, vengo con recomendaciones irresistibles. ¿Ofertas de última hora para viajar? ¿Destinos sorprendentes, escapadas rurales? ¿Museos, exposiciones, musicales? ¿Una ruta de tapas? Nada de eso, te traigo un plan mucho mejor para este Primero de Mayo: pelear por la reducción de la jornada laboral. Trabajar menos horas sin perder salario. Recuperar tiempo de vida. Te cuento detalles, que es un planazo. En primer lugar, únete a alguna de las manifestaciones convocadas por toda España. La oferta es amplia, si no te gusta un sindicato puedes irte a otra mani, que las hay para todos los gustos sindicales: representativos, minoritarios, negociadores, alternativos, asamblearios, de ámbito estatal o autonómico, tienes para elegir siempre que sea un sindicato de clase. Y da igual a la manifestación que vayas, pues todos coinciden este año en la misma reivindicación en sus pancartas: menos jornada, mejores salarios. Pero yo he dicho planazo, y me imagino que ir a una manifestación te sabrá a poco, tú buscas propuestas más originales para tu tiempo libre. Ahí va otra: afíliate a un sindicato. Si no lo estás ya, es el momento, qué mejor que el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, para estrenar tu carné de afiliado. Si el plan es reducir la jornada laboral, vamos por buen camino: cuanto más fuertes los sindicatos, más cerca estaremos de conseguirlo. Y si además de afiliarte, te implicas activamente en tu centro de trabajo, más todavía. No solo para reducir la jornada: también mejorar tu sueldo y tus condiciones laborales. No por casualidad las empresas que ya tienen acuerdos de reducción de jornada son aquellas con sindicatos más fuertes. También las empresas con mejores salarios y más derechos sociales. Ah, ya imagino lo que me vas a decir: no tienes cuerpo para planes, pensabas quedarte en el sofá, estás cansado para ir a una mani y no te da la vida para afiliarte ni mucho menos implicarte. Pues razón de más: si estás cansado (de currar, de qué si no) y vas por ahí repitiendo el mantra de nuestro tiempo, “No me da la vida”, este es el plan que necesitas. Ya verás cómo trabajando menos horas te sientes mejor, con más energía, menos cansado y menos enfadado, con más tiempo para tu gente querida, con ganas de hacer otras cosas en tu tiempo libre o no hacer nada. Llevamos meses oyendo hablar de la reducción de la jornada laboral. No solo desde los sindicatos, también, o sobre todo, desde el gobierno. PSOE y Sumar la incluyeron en su acuerdo de legislatura, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva tiempo haciendo bandera de la propuesta. No es habitual que una ministra llame a los trabajadores a que nos unamos a las manifestaciones del Primero de Mayo, haga campaña por la reducción de jornada, e insista en que el gobierno está del lado de los trabajadores. Es muy importante, hay que celebrarlo, pero no nos confiemos demasiado: a lo largo de la historia los derechos sociales no se han conseguido con el BOE, sino con la lucha de los trabajadores. Que el Gobierno esté de nuestro lado en esta lucha es muy valioso, qué duda cabe. Pero la reducción de jornada sin reducción de sueldo va a encontrar fuertes resistencias en los empresarios, además de que su aprobación dependerá de los socios del gobierno, entre los que están PNV o Junts. E incluso si si se aprobase por ley, habría que pelearla en cada empresa para que se cumpla. Nos toca disputarla, no esperemos que venga sola. ¿Se te ocurre algún plan mejor para el Primero de Mayo?

Había una vez un niño al que le llegaban al WhatsApp enlaces sobre escándalos de pederastia en un bar llamado España, la infalible cura del cáncer con baños de brócoli o se le desvelaban planes ocultos para acabar con la democracia. Ese niño es ya cualquiera de nosotros y de cualquier edad y clase social. El cuento no tiene moraleja, es una peligrosa realidad a la que tenemos acceso todos los días sin aliño con perdices. Hace años que la Unión Europea advirtió de que los bulos hacen enfermar a las sociedades y a veces incluso matan, como recuerda la periodista Raquel Godos, de EFE Verifica: los bulos hacen que la gente acuda a curanderos en lugar de a médicos o hacen que la gente no se vacune, como se pudo comprobar en la pandemia. “Esas teorías siguen vigentes y siguen costando vidas”. De hecho, tuvieron que salir políticos y eminencias a insistir en los meros hechos para que no se impusiera la leyenda de que era todo un experimento social a gran escala. También son una herramienta fácil para alcanzar las instituciones o dar vuelcos electorales: véase Trump o Brexit. Que estamos dispuestos a creer cualquier cosa, si se disfraza con verosimilitud, es algo que hace décadas que sabemos, no es nuevo: desde el rudimentario caso del perro de Ricky Martin cuando no había redes sociales, hasta la campaña estadounidense de los pájaros no existen y son en realidad robots espías, pasando por el reciente Pedro Sánchez dimite porque los servicios secretos de Israel tienen fotos íntimas e información de su móvil. Lo nuevo es la dimensión y la capacidad de contagio que ha alcanzado el problema. Al final, lo más peligroso no son las mentiras, que son desmontables aunque en un proceso 100 veces más costoso que lo que supuso lanzarlas. Lo escalofriante es que los ciudadanos acaben por no tener la certeza de qué puede ser mentira y qué puede ser verdad. La solución más simple al dilema acaba, desgraciadamente, en dudo de todo y me aparto de la información. El cadáver que ha puesto sobre la mesa el presidente de Gobierno –con el insólito y dudoso método de hacer contener la respiración a un país entero durante cinco días– es seguramente el que más puede oler y contaminar mejor nuestras decisiones y el debate público, hurtando de expertos y seriedad a los ciudadanos que luego tienen que votar, pensar o dirigir sus vidas. La información lo gobierna de todo, desde qué autobús cojo para llegar más rápido de un punto a otro a cómo optar a una beca o qué comprar. No se puede vivir sin ella, como no se puede vivir sin pensar. Para acabar con las mentiras disfrazadas de periodismo y sus caballos de Troya, seguramente el eslabón más peligroso de la cadena de desinformación, no basta con querer o hacer leyes –de hecho es una pelea titánica de la que no hay país que salga todavía vencedor–. Hay una zona de grises difícil de legislar. Se podría empezar por la transparencia de dueños y capital de los medios y de las subvenciones que reciben. También hay que inculcar un espíritu crítico con las noticias y formación en consumo de información. Si se han introducido hábitos de buena alimentación en las escuelas, ¿no sería lógico hacerlo con los hábitos de información? Pero además de revisar la salud informativa de nuestra opinión pública, hay otra regeneración que no pasa hacer algo, sino por dejar de hacer algo, y que apela a quienes tienen responsabilidad en el debate público. Se tendrían que elaborar argumentos políticos que además de sonar bien o parecer rotundos también lo fueran. Desterrar el insulto, la hipérbole y quedar prohibidas las metáforas bélicas o el uso de las mentiras.

A menos de un mes de que una saga de terror tan longeva como La profecía estrenara precuela (La primera profecía) llega a los cines Immaculate. Y la coincidencia es de lo más curiosa porque sus argumentos son enormemente similares, gemelos. Ambas películas nos sitúan en sombríos conventos italianos a los que llega una joven novicia con el deseo de convertirse en monja (Nell Tiger Free y Sydney Sweeney), y ambas películas evolucionan de forma que la protagonista quede misteriosamente embarazada, según poderes siniestros que se inspiran en la Biblia y ansían la llegada de algún tipo de salvador. Es un embarazo impuesto y dirigido, que explota sin piedad el cuerpo de la mujer. En EEUU esta coincidencia ya ha generado reflexión. Bilge Ebiri, en Vulture, se ampara en que la ficción de terror siempre suele nacer de las inquietudes del presente inmediato para vincular ambas películas con la derogación de la ley Roe vs. Wade en junio de 2022, según la cual el derecho al aborto dejaba de tener garantías constitucionales a lo largo del país. Tanto La primera profecía como Immaculate remitirían a un estado de ansiedad colectiva en el que las mujeres pierden el control de sus cuerpos a manos de jerarquías anquilosadas y patriarcales, aunque lo harían en términos distintos. A nivel de tono, de forma de organizar los estímulos terroríficos, Immaculate es una película bien distinta de La primera profecía. “Immaculate es absolutamente gamberra”, asegura Álvaro Morte. El actor de La casa de papel interpreta en Immaculate al padre Tedeschi, villano que ha orquestado esta “inmaculada concepción”. Morte descarta, por su parte, que Immaculate “quiera lanzar algún mensaje”. “No queremos hacer arte, queremos hacer una película para que la gente vaya al cine y se lo pase teta”, asegura. “Que diga ‘qué miedo he pasado, lo que me he reído’. Es la única pretensión, aunque si luego hay alguien que dice ‘qué interesante que hayan puesto esto sobre la mesa’, pues fantástico”. Aun asumiendo este desdén por comunicarse con el presente, Immaculate no nace de la nada, pues a sus espaldas se perfila toda una ola de terror religioso que va más allá de ella y La primera profecía. En torno a los años 70 del siglo pasado el cine de terror vivió su primera nunsploitation: la afloración de películas de monjas, que sacaban partido desprejuiciado de sus circunstancias vitales para generar malestar y ponerse creativa con la iconografía religiosa. Puede que Los demonios de Ken Russell sea su buque insignia, pero el movimiento pegó con fuerza sobre todo en países de arraigada tradición católica, como Italia o España. Nuestro país, sin ir más lejos, ya ha suscrito esta segunda nunsploitation que parecen abanderar Immaculate y La primera profecía: el año pasado Paco Plaza estrenó Hermana Muerte. Estos tres títulos, en conjunto a las taquilleras películas de La monja dentro de la saga Expediente Warren o La posesión de Agnes en 2021, demuestran que hay un interés por retomar los hábitos. Para Morte tiene sentido pues considera que existe algo muy inquietante en las monjas, algo que intensifica el terror “al ocurrir todo desde el encierro”. “Un convento ya está cerrado, al igual que las celdas, pero los hábitos también encierran a las monjas. Todo nos lleva hacia dentro y te preguntas qué puedes encontrar al final pero, ¿cómo verlo, si está todo tapado? Ese misterio claustrofóbico da un juego flipante”. Ver a mujeres sometidas a un encierro tanto físico como espiritual puede simbolizar una extrapolación del patriarcado contra la que rebelarse —no parece casual que, paralelamente a la nunsploitation, también se consolidara el subgénero de explotación de las women in prison, ambientado en cárceles de mujeres—, pero sobre todo emana de un imaginario muy provechoso para el terror desde cualquier punto de vista. Immaculate, al igual que La primera profecía, consigue no pocos momentos de escalofrío con la sola visualización de ciertos ritos eclesiásticos, sin que necesariamente intervengan fuerzas esotéricas. Es lo que nos lleva a una conclusión que Morte comparte alegremente, y es que hay algo profundamente perturbador en el catolicismo. “La imaginería eclesiástica suele estar basada en el sufrimiento”, afirma. “Los nazarenos, como hoy día llamamos a la gente con el capirote en la Semana Santa, eran conocidos en su día como disciplinantes. Se autoinferían disciplina desde el castigo, con latigazos, y eso ya de entrada da mucho miedo. Nosotros no estamos haciendo que la Iglesia sea terrorífica, no hemos hecho nada porque la Iglesia en sí lo es. Esas obras de arte maravillosas y barrocas, los pasos de Semana Santa… todo está basado en ese sufrimiento de la pasión de Cristo, que es una imagen muy potente y solemne”.  Toda esta simbología busca además la comunicación con una fuerza capaz de trascendernos como seres humanos. En la posibilidad de que las imágenes de esta simbología se permeen con lo que hay más allá de la experiencia humana, el cine de terror habría visto un filón inagotable. “Hay otra cosa que conecta la religión con el terror, y es lo desconocido”, prosigue Morte. “La fe supone creer a pies juntillas en algo que no está demostrado científicamente que existe. La fe se asienta sobre un terreno desconocido donde es fácil dejar volar la imaginación, imaginar mil millones de cosas que hay tras la puerta”. “Dentro del cine de terror, esa puerta hacia lo desconocido genera un mecanismo maravilloso que puedes usar para dar miedo. Es una conexión perfecta”. Siendo Immaculate alérgica a la solemnidad —el film que dirige Michael Mohan se parece más al cine de explotación de los 70 que al terror sofisticado, “elevado”, de La primera profecía—, no cabe duda de que hay un esfuerzo por exprimir el imaginario religioso, para a continuación llevarlo por los caminos más descabellados e histriónicos. El llamativo uniforme de las monjas que secundan el plan del padre Tedeschi supone un ejemplo, como también lo es la propia escritura del villano. La fe supone creer a pies juntillas en algo que no está demostrado científicamente que existe. La fe se asienta sobre un terreno desconocido donde es fácil dejar volar la imaginación Álvaro Morte — Actor Y es que Tedeschi resulta aunar el fervor religioso con el ímpetu científico, de cara a hacer posible el embarazo de la Cecilia Jones que interpreta Sydney Sweeney mediante experimentos con la genética. El guion de Immaculate no duda pues en trastocar la jugosa iconografía que ha elegido, aunque la ocurrencia de sus planteamientos no le salvara de quedarse en el limbo, sin nadie que lo dirigiera, durante diez años. Santa Sydney Sweeney Más que surgir de un renovado interés por las monjas, o de la necesidad de exorcizar la situación con el aborto en EEUU, Immaculate nace sobre todo del empeño personal de Sydney Sweeney. La promoción de la película ha descansado sobre sus hombros, y no únicamente porque sea la actriz de moda ahora mismo. Años antes de hacerse famosa con Euphoria, Sweeney se presentó en 2014 para el casting de Immaculate. Consiguió el papel, pero la película no salió adelante y Sweeney se quedó con esa deuda pendiente hasta que llegado 2020 fundó su propia productora, Fifty Fifty Films, y empezó a hablar con Michael Mohan —con quien entonces rodaba Los voyeurs— sobre la opción de recuperar Immaculate. Sweeney se hizo pues con los derechos, y Mohan se animó a dirigir el guion de Andrew Lobel. Immaculate llega cuando Sweeney mantiene una cálida relación con el público, y la actriz muestra a cada entrevista que se halla en perfecto control de su carrera. Fue especialmente memorable cuando le preguntaron en GQ UK por el bochornoso fracaso de Madame Web —primera película de superhéroes que protagonizaba— y ella ni se inmutó. “De no haber hecho Madame Web no tendría relación con quienes toman las decisiones en Sony. No me guío solo por los proyectos, sino por decisiones empresariales estratégicas. Gracias a Madame Web pude hacer Barbarella. Pude hacer Cualquiera menos tú”. Sydney Sweeney trata de huir de su destino en 'Inmaculate' Barbarella es un futuro remake de aquel film sesentero de ciencia ficción con Jane Fonda, que Edgar Wright habría tanteado dirigir. Cualquiera menos tú, por su parte, no necesita presentación: ha sido la primera sorpresa en taquilla de 2024, y la responsable de que ahora mismo Hollywood ansíe resucitar por todo lo alto la comedia romántica. Immaculate supone por tanto un nuevo peldaño en la inteligente trayectoria de Sydney Sweeney, habiendo ejercido —en palabras del propio Álvaro Morte— un rol mucho más amplio que el de actriz protagonista. “Es la gran promotora, el motor de propulsión de Immaculate. Ella sola ha conseguido levantar el proyecto desde la posición que tiene ahora”. Produciendo a través de Fifty Fifty Films, Sweeney “ha sido la capitana del barco, sin dejar de tomar decisiones”. Todo compatibilizado con el hecho de ser la protagonista absoluta de Immaculate, “el 98% de los planos le pertenecen a ella”. “Debo decir, además, que pese a toda esta responsabilidad se ha permitido disfrutar del proyecto, y eso demuestra mucha inteligencia”, añade Morte. Más allá de su energía lúdica y condición verbenera, Immaculate es una película que brilla especialmente por la entrega de Sweeney. La actriz se corona en unos minutos finales especialmente inspirados. Minutos que consolidan Immaculate como un entretenimiento de lo más recomendable: ligero, desprejuiciado, comprometido al disfrute delante y detrás de las cámaras. “Lo hemos pasado en grande, nos hemos reído mucho”, sintetiza Morte. Es algo que Immaculate transmite de arriba abajo, violentando a lo grande una sobriedad religiosa que no tiene nada que hacer contra el carisma glorioso, y blasfemo, de Sydney Sweeney.

Una casa es un contenedor inmenso de recuerdos. Volver al lugar donde uno creció siempre abre la caja de Pandora. Para muchos les lleva a los momentos más felices de toda su vida. Para otros al trauma de una infancia rota. Es una máquina del tiempo más eficaz que las de las películas de ciencia ficción. Cada rincón, cada cajón, esconde una nueva historia que vuelve a la mente de forma tan clara como, posiblemente, distorsionada por los años. Paco Roca capturó esa sensación de forma precisa en su novela gráfica La casa, donde un hijo volvía al lugar donde vivió su padre con la intención de venderlo. Pero los recuerdos acechaban, y hacían cada vez más complicada la decisión. Al final, Roca volvía a un tema que aparece de forma transversal en casi todas sus obras, la memoria. Una memoria que puede ser histórica, como en Los surcos del azar; literal, como en los enfermos de Alzheimer de Arrugas; o la que aborda en La casa.  Una propuesta tan delicada necesitaba a alguien que la entendiera a la perfección para llevarla al cine. Fue Álex Montoya, valenciano como Roca, quien se sintió conmovido por la obra y compró los derechos desde su productora. Su mujer, que está en el equipo de producción, lo leyó y le dijo que echara un vistazo. Aunque es muy fan del autor, esta se le había atascado por los componentes autobiográficos. “Me la leí y efectivamente tenía lo que tienen todas las obras de Paco, que es que te emocionan y no sabes muy bien por qué, que te van calando poco a poco”, cuenta Montoya, que con este filme ganó cuatro premios en el Festival de Málaga, el del público, el de Mejor guion, a la banda sonora, y el que otorgan los informadores cinematográficos de la AICE. Le llegó mucho “el tema del legado y el paso de las generaciones”. Sobre todo por la “forma tan limpia y tan potente a la vez de contarlo”. También vio que a nivel de producción no sería una película muy cara de producir (a priori una casa y varios personajes) y se lanzaron a por los derechos de la adaptación. Había algo en esa unión valenciana que le hacía el indicado, “ese tema de segundas residencias baratas en terrenos no urbanizables”, aunque en su caso se sintió muy interpelado por un recuerdo personal, el de su abuelo catalán, que le recordaba al patriarca ausente de La casa. “Era este tipo de persona con mucha iniciativa, muy emprendedor y a la vez muy manitas. También un taller donde el tío hacía cosas increíbles”, añade. Sin todavía los derechos se plantó en una feria del libro para que Paco Roca se lo firmara. Se presentó y le dijo que era una de las personas que tanteaban la posible versión cinematográfica. “Nos fuimos conociendo poco a poco y creo que eso también ayudó, el hecho de que fuera en persona el director a vencer un poco el proyecto de adaptación”, recuerda. Su relación con Roca fue sobre ruedas y nunca quiso “participar mucho en el proceso de desarrollo ni de rodaje”. “Yo creo que venía un poco escaldado de la anterior, de Memorias de un hombre en pijama, donde iba a dirigir en principio y al final pues no salió. Entonces él me dio libertad absoluta. Desde el primer momento me dijo ahora es tu peli, haz lo que quieras”, cuenta el cineasta. Esa libertad le permitió a Álex Montoya experimentar. A pesar de ella le consultó los principales cambios respecto a la novela que incluyó en el guion. Le consideraba su “espectador cero”, y quería que le parecieran bien los cambios porque él representaba al lector que se había enamorado de la obra original. Su trabajo ha sido más quitar que rellenar, y “sobre todo reorganizar para meter un poco de tensión”. Ahí tuvo la idea de una comida central donde los personajes ―con David Verdaguer y Óscar de la Fuente a la cabeza― pudieran discutir de forma abierta. Un proceso largo que pasaba por “despegarse de la novela gráfica para poder meter los cambios, pero para terminar volviendo a ella para no dejarse nada importante”. Toda la familia reunida en el hogar familiar en 'La casa' Siempre quisieron huir de un mal de las adaptaciones de novelas gráficas, el querer trasladar de forma mimética las viñetas a la pantalla para que el lector se sienta complacido. A pesar de ello han “recreado algunas, cuando la geografía de la casa se prestaba”. “Queríamos que esas escenas fueran reconocibles rápidamente de un solo vistazo y que los personajes se parecieran físicamente, que el tono del color fuera parecido para evitar esa fricción que puedes tener si eres fan de la novela gráfica. Si hubiera sido muy diferente estéticamente, yo creo que que nos habría costado más convencer a esos lectores del cómic, que son legión, para acudir a la película”, añade. La reacción de la película en el Festival de Málaga le ha dejado tranquilo, y cree que está gustando porque “no juzga severamente a ninguno de sus personajes, el tono es ligero y es luminoso también”. “Hay momentos de emoción, pero no es devastadora. Esta peli es más, como dice David Verdaguer, de llorar bonito y también de reír bonito”, opina. La casa era para él una responsabilidad, ya que es su película más grande, una que, a pesar de no tener un presupuesto especialmente abultado, sí que quintuplicaba el que tuvo en sus dos anteriores obras juntas. “Si hubiera hecho una peli de 20 millones, igual estaría más relajado, pero para mí gastarme esa cantidad de dinero en una peli me supone una presión añadida bastante fuerte”, confiesa. La casa, con sus diapositivas que muestran ese pasado con el padre ausente, acaba funcionando como una película de fantasmas, y para Álex Montoya tiene sentido porque le interesa mucho esa capacidad del cine de capturar, de “enlatar un trozo de tiempo”. “Creo que todas las películas acaban siendo no solo historias de fantasmas, sino prácticamente visiones de gente que ya no está entre nosotros y que vuelves a ver en la pantalla”.

En Argentina, este Día Internacional de los Trabajadores estará marcado por una embestida contra los derechos laborales. Una nueva reforma laboral que lleva el título de “modernización” busca flexibilizar aspectos clave como la posibilidad de reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral que se deducirá del salario mensual, la extensión del período de prueba a seis o 12 meses y la exención de multas para empresarios que no hayan registrado a sus empleados. El capítulo laboral forma parte del proyecto de Ley Bases del ultraderechista Javier Milei, compuesto por más de 280 artículos que habilitan privatizaciones masivas, reducción del impuesto a la riqueza, delegación de facultades al presidente y eliminación de decenas de instituciones públicas. Este martes, la ley ha obtenido su aprobación en la Cámara de Diputados y ha pasado al Senado. La reforma laboral impulsada desde el Gobierno precariza las condiciones de trabajo y la volatilidad del empleo. Se habilita que mediante la negociación colectiva se cree un denominado fondo de cese laboral en reemplazo del sistema indemnizatorio contemplado en la ley del Contrato de Trabajo de 1974. El modelo que propone es el que rige en el sector de la construcción, que, por su dinámica, implica contrataciones temporales por duración de una obra. Así, se reducirían las indemnizaciones y se facilitaría el despido.  Luis Ramírez, abogado laboralista, señala a elDiario.es que este proyecto es una foto de una película que aparece cíclicamente con un ropaje diferente. “Nuestra ley de Contrato de Trabajo tuvo su primera mutilación con la dictadura militar de 1976, luego en la década de los 90, con la flexibilidad laboral (del peronista de derecha) Carlos Saúl Menem y en los 2000 la ley 25.250, obra del Gobierno de Fernando de la Rúa (radical conservador) ya no habló de flexibilidad laboral, sino de reforma laboral y resultó en un tercer manotazo a los derechos de los trabajadores. En 2017, el Gobierno de Mauricio Macri, quiso avanzar con una reforma con enfoque neoliberal y regresivo, pero no logró que se aprobara en el Congreso. Hoy se plantea como modernización, pero el hilo conductor apunta a flexibilizar la entrada laboral, la relación de trabajo y la salida, y también debilitar el movimiento sindical”. Qué incluye la reforma La reforma extiende el período de prueba tres a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores; de ocho meses para pymes (pequeña y mediana empresa) de seis a 99 trabajadores; y de un año para minipymes de hasta cinco trabajadores. De este modo, se posterga el acceso pleno a los derechos laborales y en particular a la estabilidad laboral y la cobertura indemnizatoria. En paralelo, se plantea una derogación de las multas para aquellas empresas que tengan trabajadores no registrados. Para el Gobierno de Milei, esto es con el objetivo de avanzar en la destrucción de lo que llama la “industria” de los juicios laborales, ya que las multas representan en la actualidad un ítem clave ante acciones judiciales impulsadas por trabajadores despedidos sin causa. Ramírez, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, afirma que este cambio laboral favorece al empleador, que tendrá una hiperflexibilidad. “El empleador hace un aporte fijo por mes al fondo de cese laboral, y puede despedir cuando quiera al trabajador, tiene libertad de hacerlo, no necesita una causa justa. La estabilidad es la madre de todos los derechos laborales. Si ese empleador dice que no te afilies a un sindicato porque si lo haces peligra tu empleo, no te afilias. Se lo despoja al trabajador de la protección de sus derechos. El despido fácil es inconstitucional, ya que el artículo 14 bis de la Constitución señala que 'el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”.  Un grupo de manifestantes frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires durante el debate de la Ley Bases, proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei. Milei ya había dado señales de su radicalidad cuando dijo en campaña que derogaría el artículo 14 bis porque, esgrimió, “es el cáncer de la Argentina”. En un claro retroceso, su reforma laboral habilita a que si un empleador despide por causa de origen sindical, étnico, racial, religioso solo deba pagar un poco más de indemnización. Hoy ese tipo de despidos son nulos y quienes son víctimas de ellos deben ser reincorporados. La reforma establece una nueva forma de contratación que vulnera el sistema de convenios al admitir la contratación de hasta cinco trabajadores bajo la modalidad de monotributo como “trabajadores independientes”, extinguiendo de esta forma la relación laboral. Durante el embarazo, una mujer podría trabajar hasta diez días antes del parto, mientras que la ley hasta ahora estipula que sea un mes antes. Con todo, se trata de cambios en asuntos clave que tienden a reducir los costos laborales y habilitar los despidos. Es decir, busca recuperar el poder del sector empresarial y no “mejorar la calidad de vida de los trabajadores” y el “desarrollo económico del país” como promete, según han indicado voces expertas, que señalan que las reformas regresivas nunca han dado esos resultados en ningún lugar del mundo.  Delegación de facultades y privatizaciones En un debate maratoniano en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista, La Libertad Avanza, que es minoritario (40 diputados de 257), ha logrado los votos de sus socios del PRO, partido derechista fundado por Macri y de sectores opositores dialoguistas, entre ellos la Unión Cívica Radical, peronistas y centroizquierdistas disidentes –en total fueron 142 votos a favor–. En contra del proyecto de Ley Bases han votado 106 diputados opositores: la totalidad de Unión por la Patria (UxP, peronismo de centroizquierda) y del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). Ha habido cinco abstenciones de disidentes radicales. La Ley Bases, así rebautizada luego de que en febrero fracasara la conocida como ley ómnibus, ha obtenido media sanción. La votación promete ser más disputada en el Senado. Entre los capítulos más polémicos se destaca la delegación de facultades legislativas al presidente en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, la autorización para privatizar empresas públicas y cerrar organismos estatales y el fin de las jubilaciones para quienes aportaron menos de 30 años a la seguridad social. Esta última medida perjudica particularmente a las trabajadoras. Quienes a los 60 años no lleguen a reunir 30 de aportes –en Argentina están esta situación el 90% de las mujeres–, deberán esperar a cumplir 65 años para tramitar una pensión (PUAM), que tiene un monto un 20% menor que la jubilación mínima. En un giro impositivo en beneficio de los más ricos, la Ley Bases incluye una reducción gradual hasta su casi extinción del impuesto a los bienes personales (riqueza). Mientras el Gobierno ultraderechista recorta presupuestos científicos, educativos, sociales y sanitarios, el Estado dejará de recaudar 0,36% del Producto Interno Bruto en 2024, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La Ley Bases autoriza la privatización de casi una decena de empresas estatales, entre las que destacan Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos y la Radio y Televisión pública. Este desguace del Estado llegará cuando el capítulo de la venta de empresas públicas en la década de 1990 sigue abierto. En aquellos años de menemismo, se privatizaron gran parte de las compañías estatales. Algunas de ellas, como la petrolera YPF, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, Correos y algunas líneas de ferrocarriles volvieron a manos del Estado, tras una conducción privada atravesada por sospechas de fraude y/o ante el abandono de sus concesionarios. Repsol, Aguas de Barcelona, Iberia y Marsans son algunas de las firmas españolas que participaron de la gestión privada de empresas que volvieron a ser públicas. Desde hace 20 años, la familia del expresidente conservador Mauricio Macri litiga en tribunales para no pagar la deuda por la concesión del Correo por unos 300 millones de dólares. Los trabajadores del sector público serán los más afectados por el achicamiento del Estado. Por este motivo, y por el restablecimiento del impuesto a las ganancias (rentas) a los trabajadores con salarios superiores a 1,8 millones de pesos para solteros (1.918 euros) y 2,2 millones para casados con dos hijos (2.345 euros), el Gobierno de Milei se enfrentará a un complicado inicio de mayo con movilizaciones. A la marcha por el Día del Trabajador le seguirá el 6 de mayo un paro de transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo, y tres días después se manifestará la Confederación General del Trabajo ( CGT) en contra de los más de 10.000 despidos de empleados estatales.

El sector bancario español lleva casi tres años sin grandes fusiones, tras las integraciones de Unicaja y Liberbank y de Caixabank y Bankia. Años de una tranquilidad relativa, marcada por el alza de los tipos de interés, que ha permitido a los bancos registrar beneficios récord trimestre tras trimestre. Ahora, casi a la mitad de 2024, BBVA y Sabadell vuelven a sentarse a negociar una fusión que ya se plantearon en plena pandemia y que, al final, no acabó de materializarse. A un lado de la mesa, el banco presidido por Carlos Torres, con Onur Genç como consejero delegado. Al otro, el encabezado por Josep Oliu, con César González-Bueno como CEO. Analizamos las claves de este movimiento corporativo que, si se concreta, volverá a cambiar el panorama bancario en España. ¿Qué sabemos hasta el momento? De momento, no mucho, salvo que van a sentarse a hablar. Los dos bancos comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a mediodía del martes, que se abre un plazo de diálogo, que no se sabe cuánto va a durar. La propuesta de fusión ha partido de BBVA, que ha trasladado a su rival su “interés” por “explorar una posible fusión”. Una invitación a la que Banco Sabadell respondió abriendo la puerta. Su consejo de administración “analizará adecuadamente todos los aspectos de la propuesta”, asumió. De entrada no es una negociación entre iguales. El valor en bolsa de BBVA ronda los 60.000 millones de euros, a pesar de que los inversores han castigado la acción tras conocerse la negociación de la fusión. En cambio, el Sabadell está ligeramente por encima de los 10.000 millones. El BBVA genera la mayor parte de su negocio fuera de España. En el caso de Sabadell es lo contrario. Como ejemplo, en el primer trimestre del año, el banco encabezado por Carlos Torres ganó 2.200 millones de euros. De ellos, 725 millones corresponden a su país de origen. En cambio, en el caso de Sabadell, de los 308 millones de euros que ganó en los tres primeros meses del año, 263 millones los aportó España. Tras el anuncio, las reacciones políticas. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, tira de prudencia porque cree que hay que esperar a ver si las negociaciones “fructifican o no” y en qué términos. “No solo hay que fundamentar y fomentar que el sector siga teniendo esos buenos niveles de rentabilidad y de solvencia”, sino que también es “importante” que el sector financiero tenga “una situación competitiva” y que será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que “velará para que esto así sea”. En cambio, el portavoz de Economía y Hacienda del grupo parlamentario de Sumar, Carlos Martín Urriza, considera que la “CNMC y el Ministerio de Economía deben impedir esta fusión” porque “se acumulan muchas pruebas del empeoramiento del servicio bancario y el aumento de su precio como resultado de la elevada concentración”, apuntó en la red social X. También citó como punto en contra de una posible operación la menor remuneración de los depósitos en España respecto a otros mercados europeos. “Esta fusión eleva también el riesgo sistémico para el contribuyente que padece los bancos menos capitalizados de toda la eurozona”, ahondó. También ha opinado el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien se ha mostrado “cauteloso” ante una posible fusión, aunque ya ha ofrecido que la sede una futura entidad esté en Alicante, donde está ubicada Sabadell, tras su marcha de Catalunya en 2017. ¿Por qué fracasaron las anteriores negociaciones? Tampoco es que el diálogo entre los dos bancos empiece de cero, porque BBVA y Sabadell ya se plantearon la fusión en plena pandemia, en 2020. Cuando rompieron, justificaron que no fructificó porque no se pusieron de acuerdo sobre el canje de acciones. En concreto, se justificó que Sabadell pedía un precio de 0,50 euros por acción –casi un 20% más de lo que valía entonces en bolsa– lo que conllevaba un precio de casi 2.500 millones de euros. Ahora, su acción ronda los 1,80 euros. “En los últimos cuatro años, las acciones del Banco Sabadell se han multiplicado aproximadamente por cinco y han subido alrededor de un 60% en lo que va de año”, apunta en su análisis Filippo Maria Alloatti, responsable de Crédito Financiero de Federated Hermes Limited. “Esto hace que el nuevo intento de adquisición sea mucho más caro”.  También hay diferencias internas, en las mesas de negociación. Desde 2021, el primer ejecutivo del Sabadell es César González-Bueno, que sustituyó a Jaime Guardiola. “Por aquel entonces, BBVA quiso aprovecharse de la mala situación que atravesaba la entidad catalana, que se le acusaba de tener una red comercial envejecida, falta de digitalización, mucha exposición al crédito de pymes y una filial británica en pérdidas”, explica Joaquín Robles, analista de de la firma XTB. “Pero desde entonces la situación ha cambiado mucho, la exposición a crédito empresarial se ha convertido en una fortaleza con la subida de los márgenes de interés, ha realizado varios programas de reducción de costes y su filial británica ya es rentable”, añade en referencia a TSB. ¿Tienen algo que ver los tipos de interés? Sí, tiene que ver. La subida de los tipos de los últimos años ha sido el gran motor de los bancos para engordar sus márgenes y sus cifras de beneficio, más aún cuando las entidades españolas están entre las que menos pagan por los depósitos de toda la eurozona. Las bajadas ya están en el horizonte, aunque no estén tan cerca como se pensaba ni vayan a ser tantas este año como se creía. Y, si bajan los tipos, las herramientas de los bancos para mantener esa rentabilidad se hacen más pequeñas.  “A medida que nos acercamos lentamente a las primeras posibles bajadas de tipos del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, la consolidación en todo el sector ganará protagonismo. Ya se han anunciado dos fusiones y adquisiciones en el Reino Unido: Virgin Money y Nationwide, y Coventry Building Society y The Co-operative Bank”, enumera Filippo Maria Alloatti. “La banca ha visto como la subida de los tipos de interés le ha permitido incrementar notablemente sus beneficios”, apunta en su análisis Joaquín Robles. “Ante la dificultad para crecer tanto orgánica como orgánicamente, la mayor parte de las entidades ha optado por dar valor a los accionistas a través del pago de dividendo o de programas de recompra de acciones”. Ahora, otra forma de darle valor sería, a través de una integración, con la reorganización y reestructuración interna que eso conlleva. ¿Cómo quedaría el panorama bancario con otra fusión? Sería un suma y sigue. Tras la fusión de Caixabank y Bankia, el 70% del negocio bancario pasó a manos de cinco grandes entidades. Una concentración que ha derivado en una reestructuración de la red comercial y en menos sucursales. Es obvio que el negocio está en menos manos. Ya antes de esta posible operación, la concentración de los últimos años ha hecho que solo cuatro entidades gestionen dos tercios de los depósitos en España.  Al igual que ha sucedido en otros sectores, como en las 'telecos' o las empresas energéticas, cada vez hay menos operadores. En la banca, España tiene el segundo sector financiero que más se ha concentrado tras la crisis de 2008. El porcentaje de activos en manos de los cinco grandes bancos –Caixabank, Santander, Bankinter y los dos que negocian, BBVA y Sabadell– creció en más de 30 puntos en los 14 años siguientes a la crisis financiera. Algo que solo ha superado Grecia. “En este caso, más que fusión entre iguales, parece que estamos más bien ante una toma de control en la que el pez grande se come al pequeño”, asegura Ricardo Zion, profesor de EAE Business School. ¿Qué pasará con las plantillas? En todas las fusiones sufre el empleo, aunque todas las entidades siempre digan cuando se unen que se va a minimizar el impacto. En este caso, Sabadell tiene cerca de 14.000 personas en plantilla en España; y BBVA, alrededor de 28.000. “Lo que se busca en este tipo de operaciones es alcanzar sinergias, que siempre acaban redundando en la salida de empleados”, afirma Ricardo Zion. “En la fusión de Caixabank con Bankia pudimos ver que sobraban unos 6.000 empleados que fueron al ERE. En este este caso, viendo las cifras, podríamos estimar que hablamos de unos 4.000 empleados afectados”, calcula. “Obviamente se van a llevar a cabo cierre de oficinas y en servicios centrales también habrá duplicidades, por ejemplo, en Recursos Humanos, Finanzas, Tesorería”, enumera, “por lo que va a llevar a la pérdida de empleo”. Los sindicatos ya comienzan a posicionarse. CCOO reclama que “en un contexto en el que ambas entidades han obtenido unos resultados de récord y remunerado de forma excelente a los accionistas”, resulta “imprescindible” que si hay fusión “se articule un acuerdo laboral que proteja las condiciones laborales y el empleo de las dos plantillas, con unos objetivos claros”. Ahí cita que se den “garantías de empleo, salidas voluntarias si se plantean excedentes, preservación y mejora de las condiciones salariales y laborales y un proyecto de empresa con viabilidad futura”. Además, recuerdan que los bancos están en pleno proceso de negociación salarial con la plantilla, después de la huelga de mediados de marzo que secundó el 75% de las plantillas.

En abril del 1968 un grupo de estudiantes afroamericanos ocuparon el Hamilton Hall en el campus de la Universidad de Columbia y se atrincheraron para protestar contra la guerra del Vietnam. Este martes por la madrugada, en el último día de abril, un grupo de universitarios ha vuelto a ocupar el edificio para seguir con las protestas contra la guerra de Gaza. Los alumnos que ocuparon el Hamilton Hall hace más de cincuenta años aguantaron una semana atrincherados hasta que la policía intervino y arrestó a 700 personas. Esta nueva ocupación del Hamilton Hall supone una escalada de las manifestaciones en la Universidad de Columbia, donde la acampada propalestina ya está a punto de cumplir dos semanas a pesar de los reiterados avisos de desalojo. La toma del edificio se ha producido justo después de que la administración de la universidad enviara un correo a los alumnos avisándolos de que tenían hasta las dos del mediodía del lunes (hora local) para desmontar las tiendas y abandonar el campus si no querían ser suspendidos o expulsados. Los que sí aceptaran irse, debían firmar un formulario con su nombre y apellidos, prometiendo no volver a incumplir ninguna regla del campus durante al menos un año. Además, también seguirían bajo una “libertad condicional disciplinaria” hasta el 30 junio del 2025 o hasta la graduación. El correo llegó después de que las negociaciones con los manifestantes llegaran a un punto muerto. La suspensión, con la que la dirección ha amenazado a los manifestantes, implica que los estudiantes no pueden volver a pisar el campus, ni seguir con las clases. En el caso de alojarse en las residencias del campus, tampoco pueden volver a su dormitorio. Aun así, desde Columbia Students for Justice in Palestine, una de las organizaciones estudiantiles implicadas en la acampada, reiteraron que no se moverán hasta que la universidad cumpla sus demandas: cortar todo vínculo económico y académico con Israel y las empresas que están implicadas en las armas que se usan contra los palestinos, y conceder la amnistía a todos los alumnos que han sido suspendidos. “Están tratando a los alumnos como terroristas”  La noche del 18 de abril, la rectora de la Universidad, Nemat Minouche Shafik, decidió llamar a la policía de Nueva York para que entrara en el campus y dispersara a los manifestantes. La intervención de los agentes se saldó con un centenar de detenidos. Una imagen que hacía años que no se veía. Este lunes, ante el nuevo aviso de desalojar el campamento, muchos alumnos crearon un cordón alrededor del césped donde están las tiendas temiendo una posible nueva intervención policial. Poco después, también apareció un grupo de profesores, vestidos con chalecos naranjas reflectantes, que formaron una cadena humana en la entrada del campamento. “Nos movilizamos para mostrar nuestro apoyo a los alumnos y ser testigos de lo que pudiera pasar después de que la universidad amenazara con acciones disciplinarias”, explica a elDiario.es Marianne Hirsch, profesora de Literatura Inglesa de Columbia, que el lunes estaba codo con codo con el resto de profesores delante del campamento.  Para Hirsch “la universidad ha comedido errores desde el primer día”. La profesora explica cómo el centro ha estado cambiando “las reglas sobre qué estaba permitido y dónde se puede protestar”. Esto, sumado a la intervención policial de mediados de abril, no ha hecho más que aumentar la tensión. “Muy inteligentemente, esta vez no han enviado la policía, pero han empezado a suspender estudiantes. Ahora bien, ¿cómo están sabiendo quiénes son los estudiantes?”, denuncia la profesora ante la posibilidad que se estén aplicando las suspensiones de manera arbitraria. De facto, a partir de las dos del mediodía del lunes, Columbia puso en marcha las suspensiones de todos los alumnos que no habían abandonado el campamento. “Están tratando a los alumnos como terroristas. Esto era un campamento muy pacífico y serio. Se trata de estudiantes comprometidos con unas causas políticas y que tienen el derecho de expresar sus convicciones políticas con protestas pacíficas”, crítica Hirsch. Para la profesora, la ocupación del Hamilton Hall es una cuestión aparte que implica una escalada mayor en las protestas que había habido hasta ahora, pero “es la universidad quien tiene la culpa de haber escalado y creado esta crisis”. El grupo que está detrás de la ocupación del edificio es el Columbia University Apartheid Divest (CUAD). En un comunicado, expresan cómo la acción “representa la siguiente generación de los movimientos estudiantiles del 1968, 1985 y 1992” que también se movilizaron contra la guerra del Vietnam, el Apartheid en Sudáfrica y el intento de la universidad por convertir en un complejo de investigación biomédica el teatro donde Malcolm X había sido asesinado en el 1965. Ante la ocupación del edificio, la universidad ha incrementado el cierre de Columbia y ha restringido la entrada al campus solo a aquellos estudiantes que duerman allí y al personal necesario. La Casa Blanca ya ha condenado la ocupación del edificio. “El presidente cree que tomar por la fuerza un edificio en el campus es un enfoque absolutamente equivocado. Ese no es un ejemplo de protestas pacíficas”, ha dicho el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.  Así mismo, Kirby ha asegurado que el gobierno está siguiendo atentamente la escalada de las protestas en el resto de campus universitarios del país y también de Europa, donde centros como la Sorbona de París y la Universidad de Valencia se han sumado a las movilizaciones. 

Nunca conviene dejar que sean los políticos los que definan el trabajo de los periodistas. No pueden ser imparciales y tienden a tener el puño de hierro y la mandíbula de cristal. “Confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias”, dijo Pedro Sánchez el lunes en una entrevista en TVE. Afirmó que hay medios “digitales” que están dañando su reputación y la de su familia. Olvidó que el Código Penal cuenta con artículos sobre la calumnia y la difamación que podría utilizar al igual que cualquier ciudadano. Al día siguiente, Isabel Díaz Ayuso dijo en la Asamblea de Madrid que ni ella ni su partido han atacado la independencia de los medios. “No perseguimos a los medios de comunicación que nos son incómodos, como hace la izquierda”. Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, amenazó por escrito a este medio hace unas semanas –“os vamos a triturar”– por atreverse a informar sobre el fraude fiscal cometido por el novio de Ayuso. También mintió sobre el trabajo de los periodistas en ese caso y difundió la foto de dos reporteros de El País en la calle junto al domicilio de la presidenta para señalarlos como presuntos acosadores. Unas horas más tarde, Alberto Núñez Feijóo ofreció otro ejemplo de incoherencia, por decirlo de forma amable, al destacar que apoya la libertad de expresión: “No a que este Gobierno o cualquiera pida callar y deslegitimar a los periodistas. Y sí a la prensa libre en España”. El líder del PP no se había atrevido a desautorizar en público a Rodríguez, con el que se ve a menudo, y desdeñó el ataque como un ejemplo de “conversaciones privadas”. Dirigentes del PP admitieron después en privado que esos ataques eran “un error”, pero sólo porque daban aliento al PSOE. Rodríguez no es el único que ha deslegitimado a periodistas. La cuenta de Twitter del partido cargó contra Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de la 1' de TVE, por algo tan convencional en la profesión como pedir al PP una reacción, en ese caso una respuesta a la noticia de la querella contra la pareja de Ayuso. La prensa difícilmente puede ser libre si una llamada telefónica te coloca en la diana. Las relaciones entre políticos y periodistas sólo se pueden medir en términos de incomodidad. Ocupan trincheras muy diferentes. No se sabe lo que es peor, que estén enfrentados a muerte o que compartan la cama. Cada medio tiene sus ideas, sus sesgos e intereses. Todos los gobiernos piensan que los medios les atacan de forma injusta. Algunos se ocupan de reducir esos riesgos al mínimo, como hizo Feijóo con la televisión autonómica durante sus doce años de presidencia convirtiéndola en una oficina de propaganda. Cuando nombras a una interventora electoral del PP como directora de informativos de la TVG, ya se sabe cuáles son tus prioridades sobre la prensa libre. Que sea lo menos libre posible. Es una tradición de la democracia española. Es lo que hicieron José María Aznar y Felipe González en RTVE en sus años de gobierno. Sánchez habló de la “máquina del fango” después de sus cinco días de desaparición como una grave amenaza para la convivencia democrática. No adelantó ninguna medida concreta y se limitó a pedir “una reflexión” a los medios de comunicación. Los periodistas se pasan el día reflexionando sin que eso sea una garantía de que lleguen a una conclusión compartida, y mucho menos que sea útil. La expresión empleada por Sánchez no es nueva. La utilizó Unidas Podemos en la anterior legislatura para denunciar las sucesivas noticias falsas publicadas por medios como ABC, El Mundo, El Confidencial o Antena 3 sobre la financiación del partido de Pablo Iglesias desde Venezuela o Irán. Noticias que se basaban en investigaciones policiales ilegales promovidas por el Ministerio del Interior en el Gobierno de Rajoy. Lo mismo denunciaron los independentistas catalanes. Ninguno de los periodistas que escribieron esos artículos reconocieron después que habían sido manipulados, que sabían que sus fuentes eran corruptos o que los resultados de su trabajo no eran ciertos. Sánchez en la entrevista del lunes en TVE. Las informaciones que relacionan a su esposa, Begoña Gómez, con Air Europa, que fue rescatada con dinero público en la pandemia, es la novedad de los últimos meses, lo que Sánchez ha llamado “la gota que ha colmado el vaso”. Gómez firmó un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año con Globalia, dueña de Air Europa, que no llegó a cumplirse en su totalidad por la ausencia de actos presenciales por el confinamiento. El Confidencial relacionó a Gómez con uno de los principales imputados del caso Koldo –el empresario Víctor de Aldama–, sólo porque este era asesor de Globalia y amigo de su consejero delegado, y porque se reunieron para tratar posibles negocios comunes que nunca se concretaron. Como después se produjo la pandemia y la crisis de Air Europa, eso ya era suficiente para sospechar. El medio nunca acusó a Begoña Gómez de cometer ningún delito. No tenía pruebas para ello y no quería arriesgarse a una querella. Un segundo asunto relacionado con la esposa de Sánchez es una carta de apoyo a una UTE (unión temporal de empresas) en una adjudicación de contratos por el Ministerio de Economía en 2020. Formularios idénticos similares fueron enviados por empresas como Microsoft y Orange o el Área de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. El Confidencial sostuvo que la UTE en la que está un conocido de Gómez recibió el contrato gracias a su recomendación porque la diferencia de puntos fue muy estrecha, pero eso sólo es una suposición. Suficiente para que la llamara “la UTE de Begoña Gómez”, como si fuera suya (no lo era). En cualquier caso, y aunque sólo sea por cuestiones de imagen, Begoña Gómez cometió un error al intervenir con esa carta en un proceso de adjudicación de contratos. El magistrado instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha rechazado en dos ocasiones llamar a declarar a Gómez, como ha solicitado una asociación ultra conocida por su oposición a las vacunas en la pandemia. Su respuesta no deja en muy buen lugar al intento del PP y de El Confidencial de relacionar a la esposa de Sánchez con el caso de corrupción protagonizado por el exasesor de José Luis Ábalos. “Los datos que se ofrecen son meras informaciones periodísticas no contrastadas”, ha escrito el juez Ismael Moreno. En el Congreso, Sánchez se ha negado a responder en concreto a esas acusaciones. No ha hablado de los motivos de la ayuda pública a Air Europa, similar y de menor cuantía a los créditos que los gobiernos de Francia, Alemania e Italia concedieron a Air France, Lufthansa y Alitalia en la pandemia, ni del valor de esa carta de Begoña Gómez. Es una equivocación habitual en política: pensar que responder a una crítica supone darle carta de naturaleza y alimentar la polémica. “Feijóo ha dicho textualmente que mi mujer debería quedarse en casa sin trabajar”, dijo Sánchez en TVE, donde los dos entrevistadores no le preguntaron sobre Air Europa y sólo hubo una referencia genérica a la carta en una pregunta. No fue eso lo que dijo. “Lo que sí le voy a pedir (a su mujer si llega a la Presidencia) es que no tenga contratos con la Administración Pública. Y si tiene sponsors para su trabajo, y resulta que esos sponsors son adjudicatarios de la Administración Pública, eso no se lo voy a consentir”. Sánchez hizo hincapié en que existe una constelación de medios de comunicación que son máquinas de desinformación, lo que supone una amenaza para la democracia. “Yo he tomado la decisión de liderar este debate, no de monopolizarlo, porque no lo voy a poder hacer solo”, dice en una extraña forma de impotencia. Quiere propiciar una reflexión colectiva que servirá para llenar páginas y minutos de televisión, pero que no tendrá mucha más repercusión. No ha salido de él ninguna propuesta concreta de tipo legislativo, que sería problemática por el riesgo de que afecte a la libertad de expresión. Ha puesto como ejemplo lo que ocurre en otros países. El caso de Estados Unidos está claro. Pero si algo demuestran esos países es que no hay leyes que puedan poner coto a las mentiras, de la misma forma que no hay recursos efectivos para acabar con las mentiras en la sociedad. En un contexto altamente polarizado, muchos votantes cuentan con poderosos incentivos para creerse informaciones falsas sobre los políticos del otro lado, a los que presuponen toda clase de intenciones repudiables. Algunos partidos llegan con facilidad a la conclusión de que la polarización extrema es una estrategia que les beneficia. Feijóo, rodeado de periodistas en la sala de prensa del Congreso. La simbiosis ideológica y económica del PP y algunos medios de comunicación es muy antigua en el caso de los medios de Federico Jiménez Losantos, que fueron financiados por el dinero negro del PP, como aparece confirmado en una sentencia. Además, las instituciones gobernadas por el PP entregan generosas subvenciones a medios de muy escasa difusión o que ni siquiera aparecen en el ranking de los medios auditados, pero que generan una corriente de noticias falsas con la que se alimentan los usuarios de las redes sociales. El Ayuntamiento de Madrid es una de esas administraciones. Diputados del PP recogen esos artículos y los mueven en Twitter para aumentar su difusión. A veces, aparecen en sus discursos en el Congreso. El alcalde de Madrid dio pábulo el martes a una falsedad sobre el uso del Falcon por Sánchez para viajar a Doñana el día después de que dijera que seguía en el cargo. Martínez Almeida lo hizo sólo para contar con una respuesta supuestamente ingeniosa que a su vez se extendería por redes sociales. Si le recuerdan que es una noticia inventada, le da igual. Como artistas de la comedia política, diputados y alcaldes compiten con sus frases para ganar retuits, likes y otras formas de apoyo, aumentar su número de seguidores y por tanto su popularidad. La mejor forma de hacerlo es atacar al enemigo. Hubo un tiempo en que Feijóo dijo a sus diputados que valoraría más “una enmienda a los Presupuestos Generales que un tuit ingenioso”. Está claro que se tiempo no duró mucho. Más Madrid ha propuesto dos medidas contra la proliferación de bulos. Una draconiana, pero de difícil aplicación: recortar la financiación pública “a todos los medios que de forma reiterada publiquen noticias sin contrastar y sin verificar”. ¿Quién decide qué medios deben ser castigados? ¿En la Comunidad de Madrid alguien podría fiarse del criterio del Gobierno de Ayuso? En segundo lugar, “convocar una consulta de expertos y de la sociedad civil” para que elaboren una ley de publicidad institucional. Si los periodistas y, obviamente, los políticos cuentan con sesgos ideológicos que les condicionan, lo mismo ocurre con los expertos, que no son sacerdotes vestales libres de toda ideología. Sólo hay que ver a los expertos que los grupos parlamentarios colocan en el Consejo de Administración de RTVE. Algunos ni siquiera saben mucho de televisión. El ecosistema mediático madrileño no es muy diferente al de ciudades como Londres, Washington o París. Una burbuja llena de promiscuidad entre políticos y periodistas. Un espacio en que los periodistas corruptos siempre han existido, y por serlo son favorecidos por los partidos. En París, los periodistas se empeñaron durante mucho tiempo en proteger la intimidad de los políticos y restar gravedad a las acusaciones de corrupción. En Washington, las reputaciones se venden y se compran con facilidad. En Londres, los tabloides llevan décadas mercadeando con noticias falsas con intención política. Toda gran concentración de poder genera este tipo de conductas. Ese es un escenario en el que los Miguel Ángel Rodríguez siempre se han movido como peces en el agua. Es una ciénaga con gran capacidad de alimentar a los especímenes corruptos.

Cuando se celebró en España la primera manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores, una de las principales reivindicaciones de la clase obrera era la limitación de la jornada laboral a ocho horas al día. Era 1890. Este miércoles, 144 años después, han cambiado muchas cosas desde aquellas faenas interminables, con horas que superaban los dos dígitos. Sin embargo, el país no ha vivido una reducción del tiempo de trabajo desde 1982. El Gobierno se ha comprometido a aplicarla y los agentes sociales negocian cómo bajar de las 40 actuales a las 37,5 horas semanales máximas. Los sindicatos han hecho de esa reivindicación uno de sus puntos fuertes para este Primero de Mayo: “Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios”. El país llega a este día con algunos datos que celebrar. La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en récord histórico, con casi 21 millones de afiliados. La temporalidad marca su cifra más baja, con el 12,7% de los contratos. La economía española consolida su crecimiento, con un aumento del 0,7% del PIB. El euríbor ha experimentado este mes su primera bajada interanual en este ciclo monetario. Y el número de desempleados está en los niveles previos a 2008, antes del estallido de la crisis financiera. Sin embargo, los sindicatos no se conforman. “El país no puede resignarse a tasas de paro por encima del 10%”, explicaba a este medio el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2024 se situaba en el 12,3%. Rachida tiene 52 años y vive en Ceuta, donde el 29% de la población está desempleada. Su reivindicación coincide con la de este miércoles —es el segundo peor dato de España, tras el 32,4% de Melilla—. “Estoy a la espera de ver si me sale algo, porque la situación es extrema”, indica la mujer, que ha buscado empleo “por todos los medios, echando currículos, de boca en boca, donde sea”. Con dos hijos a su cargo, uno que se ha ido de la ciudad autónoma, su hija mayor empleada tras cuatro años y su marido también en situación de desempleo, lamenta que en la ciudad autónoma no haya “muchas oportunidades”. Empeñada en encontrar un trabajo, Rachida explica que no le gusta estar parada. Tras cuatro meses en un 'call center', donde fue despedida junto a otras compañeras sin previo aviso, ahora está formándose como auxiliar administrativa, en un curso del servicio público financiado con cargo a fondos europeos. “Ellos te dicen que tienes prácticas, pero depende de las empresas”, desconfía sobre su futuro. Precisamente, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo reglamento que regula la cartera común que garantiza los servicios públicos de empleo para las personas paradas. “Es un cambio de paradigma”, ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha llamado a la movilización en las calles este miércoles. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha comunicado que acudirá a la marcha que recorrerá la Gran Vía hasta Plaza de España en Madrid. En concreto, las personas desempleadas tendrán derecho a una atención más personalizada, con un diagnóstico de su caso concreto y un itinerario establecido hasta la meta del empleo. Es algo que ya ocurre en comunidades como Euskadi y que pretende solucionar una carencia del servicio público de empleo español. “En otras comunidades, vas a la oficina, y si puede ser de forma telemática, mucho mejor, y ya está. Pasa el tiempo y nadie se acuerda de ti”, explicaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en una entrevista a elDiario.es. “Trabajar menos para que trabaje más gente” Si el pleno empleo es un objetivo compartido por Comisiones y UGT, lo es también la reducción de la jornada laboral que actuará, según los sindicatos, como palanca. “Hay que trabajar menos horas para que trabaje más gente”, indicaba Álvarez, este lunes durante un acto en Atocha, donde han reivindicado que se acabe con las jornadas “largas y extenuantes”. Reducir el tiempo de trabajo máximo legal a 37,5 horas para 2025, sin que eso conlleve una reducción del salario, es un compromiso del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, para el que llevan meses negociando patronal y sindicatos. Aunque el paso intermedio, a las 38,5 horas a lo largo de 2024, parece ya descartado, los sindicatos se muestran optimistas con alcanzar un consenso con la CEOE para el objetivo final. Díaz ha señalado este martes que el plan del Ejecutivo es que se avance “en estos meses”. En concreto, la vicepresidenta segunda quiere que el acuerdo esté listo “antes del verano”. Y se hará con o sin patronal. “Estamos a la espera de un debate muy sugerente que tiene siempre la patronal española, acerca de si quiere formar parte de ese acuerdo o no”, ha advertido porque aunque le “gustaría que fuera tripartito”, si no lo es, lo acordará con los sindicatos. Algunas empresas, no obstante, han comenzado ya ha probar diferentes experiencias piloto para testar reducciones de jornada superiores a la que se negocia o, incluso, la semana laboral de cuatro días. El proyecto más relevante en este sentido lo puso en marcha, a finales de 2022, el extinto Pacte del Botànic, que demostró que mejora la salud de las personas trabajadoras, reduce su estrés y no repercute en la productividad empresarial. Aunque el nuevo Govern valenciano, de PP y Vox, ha suprimido esas ayudas, en algunas empresas esta nueva política organizativa ha llegado para quedarse. Abel tiene 40 años y trabaja en una asesoría en un pequeño pueblo de València, que se acogió al programa de la Generalitat en diciembre de 2022. “Es una pasada”, explica sobre el cambio que ha supuesto pasar a trabajar 32 horas a la semana, sin que eso suponga una merma en la nómina. “Antes te levantabas para ir a trabajar y te acostabas cuando salías de trabajar, porque, si no pones un fin, te pueden estar llamando hasta las 8 de la noche”, explica. Ahora sale, de lunes a jueves, a las cinco de la tarde y los viernes, a la una. “Puedes hacer de todo, no tienes que pedirte una tarde para ir al dentista o hacer la compra el fin de semana porque las tiendas están abiertas al salir”, pone como ejemplo. La productividad de esta empresa, de tres empleados, no ha caído. Al contrario, “facturamos más en 2023 que en 2022”, aclaran. Los buenos resultados económicos han ido acompañados de una mejora en la calidad de vida de su trabajador y sus trabajadoras. Jovanna tiene 47 años y dos hijos de 11 y 6. “Puedo llevarlos y recogerlos al colegio, acompañarles a las extraescolares y ayudarles con los deberes”, explica. La situación ha mejorado respecto a 2022. “Antes, mi marido y yo nos turnábamos en los trabajos o tirábamos de los abuelos o de pedir favor, que te los recoja alguien, o salir antes y quedarte más rato al día siguiente”, señala. El Ministerio de Industria también mostró su interés en probar la semana de cuatro días, pero no tanto el sector. En mayo de 2023, anunció que solo 41 empresas habían solicitado las ayudas para el proyecto con el que quería mejorar la productividad de las pymes con la reducción de la jornada laboral. A día de hoy, aún no se ha puesto en marcha este plan con el que se quería hacer una “evaluación fiable y extrapolable al conjunto de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial”. Salarios para ser “una persona del mundo real” La tercera pata de la reivindicación que sacará a miles de personas este 1 de mayo, en más de 80 manifestaciones por varias ciudades españolas, es la mejora de los salarios. Con las tasas de inflación disparadas en 2023 y tras la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, esta ha permitido que se haya terminado el año con “mejoras desde el punto de vista del poder adquisitivo y la tendencia en 2024 va en la misma dirección”, señaló Álvarez hace unas semanas, cuando se felicitó también por que se estén recuperando las cláusulas de revisión salarial. El objetivo de los sindicatos es que no se frene este impulso, que ha podido verse con más claridad en aquellos trabajadores y trabajadoras que menos ganan. El salario mínimo ha aumentado en un 54% desde 2018, con la llegada del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos primero y con Sumar después, de los 735 a los 1.134 euros al mes. De cara a la negociación para un nuevo incremento de cara a 2025, que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ya ha avanzado que comenzará tras el verano, tanto UGT como CCOO han señalado que su objetivo mínimo es que este se sitúe en el 60% del sueldo medio. Esto es, unos 1.293 euros. Ana es el claro ejemplo de lo que ha supuesto este aumento del SMI. Vive en A Coruña y comenzó a trabajar como administrativa en el Sindicato de Circulación Ferroviario en mayo de 2016, a media jornada. “Entré al mundo laboral bastante tarde, con 50 años y con mis (tres) hijos mayores, por una necesidad económica. Ellos empezaban a ir a la universidad y el sueldo de mi pareja se quedaba justito”, explica. En aquel momento, por esa media jornada cobraba unos 370 euros en 14 pagas. En 2018, las necesidades de la organización aumentaron y ella aceptó un contrato ya a jornada completa, también por el salario mínimo. En los últimos seis años, Ana ha experimentado esa escalada en su nómina ejercicio a ejercicio. “La subida de 2018 a 2019 fue tremenda, 150 euros de golpe en unos salarios como los nuestros, acostumbrados a economías de pequeño calado pero mucho esfuerzo. Llegar a los 1.000 euros fue superar una barrera psicológica. Y la sensación de pasar de los 1.000 a los 1.080 quizá ya no fue tanto económica como empezar a pensar que que eres una persona del mundo real”, explica. En su caso, ese aumento supuso también un impulso a la carrera profesional de su marido. Él es funcionario y, aunque había sacado una plaza A1, trabajaba en una de categoría inferior, pero mejor dotaba económicamente, en la que no podía ascender. Con el desahogo que supuso el aumento de ingresos en casa pudo cambiar de plaza y, aunque al principio cobraba algo menos, esto le permitió ir mejorando su remuneración. “Mi trabajo valió también para que él subiese. Además, dos de nuestros tres hijos ya son hombres autónomos económicamente y nuestra situación económica es otra. Nos ha ido muy bien”, reconoce. Los días previos a este Primero de Mayo han estado marcados por la decisión del presidente del Gobierno de tomarse unos días de reflexión para decidir si sigue en la Moncloa, primero, y de seguir, después. Ni Álvarez ni Sordo han evitado pronunciarse, pidiendo a Pedro Sánchez que no ceda antes lo que consideran poderes que no aceptan los resultados electorales. Con este trasfondo, los sindicatos han aunado también a las reclamaciones de pleno empleo, más salario y jornadas más cortas la defensa de la defensa de la democracia. El mensaje que enviaba Álvarez, este mismo martes, era nítido: “Los ciudadanos tienen hoy más motivo para ir a la manifestación del 1 de mayo que este sábado”.

Los poquísimos dirigentes socialistas que aún creían el pasado fin de semana que Pedro Sánchez podía seguir en su puesto estaban convencidos de que lo haría de la mano de un amplio y ambicioso paquete de medidas. Todo un golpe de efecto que sirviera de revulsivo tras la crisis política de cinco días de ausencia del presidente. Como cada vez que alguien se aventura a pronosticar lo que hará Sánchez, se equivocaron.  El líder del PSOE anunció que se quedaba, pero apenas anunció nada más. Sus socios de coalición le exigen ahora, entre otras cosas, una reforma urgente de la ley del Poder Judicial que desbloquee el órgano de los jueces con una rebaja de las mayorías requeridas. Pero los socialistas piden tiempo mientras trabajan en cambios que no alteren ese requisito de la mayoría cualificada.  “Si el PP persiste en el bloqueo, el Parlamento necesitará articular mecanismos para poder sacarlo de esta situación tan lamentable. La responsabilidad del Gobierno será renovar el Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto”, dijo Pedro Sánchez este martes durante una entrevista en la Cadena Ser este martes, sin especificar más. Preguntada y repreguntada por la prensa, la portavoz del Ejecutivo tampoco quiso ir más allá en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros. “No adelantemos pasos”, respondió Alegría sobre el cambio de mayorías, para apuntar que “si el PP decide conscientemente esa renovación, ya le digo, lo vamos a hacer posible. Es un mandato constitucional”.  Al lado de Pilar Alegría se sentaba la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. La jefa del socio de coalición de los socialistas no se anduvo con rodeos y defendió abiertamente una reforma sin medias tintas. “Si percibiera que el PP está dispuesto a alcanzar un acuerdo por el bien de su país, no me levantaría de esa mesa. Pero tengo clarísimo que la vocación del PP es degenerar y destrozar las instituciones en nuestro país. Necesita controlar el órgano ejecutivo de los jueces para poder hacer lo que está pasando hoy en nuestro país”, sostuvo. Díaz llegó a concretar que, en su opinión, se podía plantear un “tránsito temporal” desde la actual mayoría reforzada de tres quintos del Congreso a “un procedimiento de mayorías absolutas”.   Según ha podido saber elDiario.es, en lo que trabaja el Ministerio de Justicia es en una reforma integral de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ponga fin al bloqueo que no está pensada para ser impulsada ahora ni tampoco durante este trimestre, pero que serviría de Plan B a poner en marcha si los de Feijóo persisten en el bloqueo.  El actual sistema de elección de vocales implica que los 20 miembros del Consejo –12 jueces y magistrados y ocho juristas de reconocido prestigio– se eligen a partes iguales por Congreso y Senado. En ambos casos se exige una mayoría de tres quintos, lo que tradicionalmente ha obligado a un pacto entre PP y PSOE para alcanzar ese requisito. El cambio en el sistema de elección supondría que en lugar de esos tres quintos, parte de los vocales pasarían a ser elegidos por mayoría absoluta, como la que ahora suman el Gobierno y sus socios, y permitiría esquivar el bloqueo del PP. Este sistema implica un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial que afectaría a los 12 jueces y magistrados; la elecciones de los ocho juristas con mayoría de tres quintos está blindada en la Constitución. Sumar, tanto en su programa como en las declaraciones públicas de sus líderes, aboga por cambiar las mayorías para evitar “el bloqueo que en la actualidad sufre”, pero sin concretar más. Podemos ha registrado una propuesta de reforma que va más allá. Además del cambio de mayorías, reclaman que el Congreso elija a 16 vocales, en lugar de a los 10 actuales, para reducir el peso del Senado, donde el PP tiene ahora mayoría absoluta. Pedro Sánchez aludió en su entrevista a la propuesta de Vicente Guilarte como una solución a estudiar. El presidente del Poder Judicial remitió hace unos días a los partidos un documento para restar poder al CGPJ y así, sostiene, facilitar un acuerdo para su renovación. El texto de Guilarte aboga por limitar el peso del CGPJ en los nombramientos de los jueces. En el caso de los tribunales provinciales y autonómicos, serían los jueces de ese territorio los que votarían a los presidentes. En el caso del Supremo, Guilarte que sean nombrados por una “comisión cualificada”, compuesta mayoritariamente por vocales y por magistrados del Alto Tribunal. En cuanto a la elección de los vocales, Guilarte no se decanta por el actual sistema o por cambiar a uno de elección por parte de los integrantes de la carrera judicial. Se limita a pedir que los candidatos sean ajenos “a toda contaminación política previa”. Tanto el PP como los vocales conservadores del CGPJ rechazaron su propuesta porque “priva de su esencia” al órgano de gobierno de los jueces.

España tiene un problema con sus jueces. En realidad, con su falta de imparcialidad. Evidentemente no afecta a todos los miembros de la carrera judicial, seguramente ni siquiera a la mayoría. Pero tampoco se trata ya de casos aislados. Demasiados magistrados españoles de todos los niveles –desde los juzgados de instrucción hasta la Audiencia Nacional– parecen incapaces no ya de resolver los asuntos que se les someten sin que influya su propia ideología, sino ni siquiera de guardar la mínima apariencia de imparcialidad. Incluso, viendo cómo se comportan, uno diría que a menudo parecen empeñados en destruir la confianza en la justicia. La resaca de la llamada de atención del presidente del Gobierno con motivo de la admisión de una denuncia infundada contra su mujer puede ser un buen momento para afrontar reformas que permitan encarar este problema ahondando en la calidad democrática de nuestro sistema. Debe hacerse, sin embargo, desde el estricto respeto a la independencia judicial, renunciando a tomar a la fuerza el control del CGPJ, e insistiendo preferentemente en soluciones transversales, con eficacia a medio plazo a irreversible como la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial. La falta de imparcialidad es un problema sistémico y específicamente español. Y aunque responde a causas muy diversas, hay un momento decisivo en esta deriva es el de la respuesta al movimiento independentista catalán. El Gobierno conservador decidió convertir en judicial un problema que era esencialmente político e invitó a los jueces a situarse en la primera línea de defensa no ya de la ley, sino de la nación. Los interpelados se lanzaron a ello con entusiasmo y el país entró entonces en un proceso de judicialización de la política en el que algunos de nuestros más altos tribunales asumieron la tutela de una posición ideológica sin que, parece ser, la literalidad de las leyes fuera un obstáculo para ello. Desde entonces hemos asistido a situaciones inauditas como la del Tribunal Supremo negándose a aplicar una reforma del código penal que le parecía políticamente inadecuada. El punto álgido, por ahora, llegó a finales del año pasado cuando diversos órganos judiciales emitieron comunicados de naturaleza política criticando por cuestiones ideológicas una ley que se discutía en el Parlamento y muchos jueces, vestidos con la toga con la que ejercen sus funciones constitucionales, salieron a la calle a criticar esa iniciativa política contraria a sus convicciones. Al mismo tiempo, se multiplican señales de menor entidad, pero igualmente preocupantes, de la poca importancia que algunos miembros de la carrera judicial atribuyen a su imparcialidad. Cualquier abogado de derechos humanos sabe que en materia de abusos judiciales la mayoría de nuestros juzgados no duda en creer hasta las más imaginativas excusas de los agentes. Igual que condenan prácticamente sin indicios a quien se enfrenta a la policía, nunca encuentran pruebas suficientes para condenar a los que aparentemente maltratan a los ciudadanos con los que se cruzan.  Los casos de querellas por motivos religiosos que son admitidas a trámite sin fundamento y que llevan a investigar durante años a personal finalmente liberadas sin juicio son numerosos y es difícil no ver en ellos un reflejo de las creencias religiosas de los jueces a cargo. Los ejemplos de aparente falta de imparcialidad son evidentes y la falta de confianza en la justicia se acrecienta a la vista de la participación de los jueces y magistrados en el debate político a través de las redes sociales. Hemos normalizado ver a los jueces insultando de manera grosera a diestro y siniestro a políticos, cargos públicos y cualquier ciudadano que demuestre una ideología ligeramente progresista. Los medios de comunicación dan con frecuencia voz a magistrados que parecen meras correas de transmisión de las visiones y los intereses tácticos de algunos partidos políticos. Más aun, al leer en las redes la manera en que algunos miembros de la judicatura manipulan y tergiversan las leyes para argumentar es difícil no pensar que puedan hacer lo mismo en sus sentencias. En definitiva, cada vez es más difícil creer en la imparcialidad judicial y no por culpa de ninguna campaña de difamación, sino de los propios jueces. La situación es grave. No se trata de que los jueces prevariquen –que seguramente no lo hacen– o no trabajen mucho y bien. Pero sí de que a base de no cuidar suficientemente su apariencia de imparcialidad la ciudadanía está perdiendo la confianza en la justicia. Por eso urge buscar soluciones que refuercen el Estado de derecho como única vía de desarrollo de la democracia. Es imprescindible, pues, abordar la reforma del poder judicial. Y sólo puede hacerse desde el más escrupuloso respeto a la independencia judicial. El error más grave que se podría cometer en estos momentos sería caer en la tentación de compensar la pérdida de imparcialidad de un puñado de jueces irresponsables con un incremento de las medidas de control político sobre los jueces. Todo lo contrario. Es el momento de aumentar la democracia y eso sólo puede hacerse con jueces más independientes y más responsables. Carecería de sentido, por ejemplo, limitarse a reformar el modo de elección de los miembros del CGPJ para permitir su elección parlamentaria mediante un sistema de mayoría simple. Ello permitiría renovar un Consejo cuyo mandato lleva cinco años caducado, pero abriría también la puerta a incrementar el control político sobre este órgano. En vez de eso, debería ponerse el foco en reducir la influencia del CGPJ en la pérdida de independencia judicial. La democratización de la justicia pasa por quitarle al CGPJ la competencia de elegir a su voluntad a los jueces del Supremo y por establecer un procedimiento objetivo de ascensos basado exclusivamente en los méritos de los candidatos Y es que parte de la pérdida de imparcialidad tiene su razón de ser precisamente en el Consejo que gobierna el poder judicial. En nuestro sistema actual, un juez sólo puede convertirse en magistrado del Tribunal Supremo si es nombrado arbitrariamente por el CGPJ. La batalla por controlar este órgano esconde esencialmente el deseo de disfrutar de esa facultad de designar a dedo a los jueces del Supremo, que son quienes fijan la interpretación de las leyes y revisan el trabajo del resto de tribunales del país. Los jueces que quieren hacer carrera profesional y llegar a la cúspide solo pueden hacerlo gracias al apoyo de algún partido político; eso influye evidentemente sobre su imparcialidad. Incluso aunque los jueces eligieran a los jueces, como dice el lema absurdo de los conservadores, mientras tu carrera dependa de una camarilla nunca serás independiente. La democratización de la justicia pasa por quitarle al CGPJ la competencia de elegir a su voluntad a los jueces del Supremo y por establecer un procedimiento objetivo de ascensos basado exclusivamente en los méritos de los candidatos. Eso volvería a nuestros jueces mucho más libres e independientes. Un gobierno preocupado por la regeneración democrática no debe obsesionarse tanto en nombrar para el Tribunal Supremo a magistrados que le sean fieles, como en reducir los condicionantes que les impiden ser independientes. En todo caso, la reforma esencial que necesita la integridad del Poder Judicial es la del método de acceso a la judicatura. Resulta disparatado seguir insistiendo en que prepararse para la repetición memorística y oral de una serie de temas de derecho otorgue por arte de magia a los jueces los mecanismos necesarios para asegurar su propia imparcialidad y juzgar con objetividad los casos que se les planteen. Es un auténtico disparate que hay que remediar. La forma de hacerlo es mediante fórmulas objetivas de control de acceso que pongan el acento en la formación y la capacidad de los futuros magistrados para desempeñar adecuadamente su función constitucional. Necesitamos jueces con amplios conocimientos constitucionales, que conozcan de primera mano las diferentes carreras jurídicas; que usen los años de su formación para aprender de ellas en vez de estar encerrados en casa, que demuestren sus habilidades psicotécnicas sin necesidad de un preparador que les haga de padrino para la carrera. En definitiva, personas dispuestas a impartir justicia, antes que expertos en declamación. Mientras no se cambie el mecanismo para convertirse en juez, no podremos estar seguros de que la imparcialidad deje de depender del azar y la buena voluntad de cada uno. Si se quiere complementar esta reforma para realmente mejorar el servicio público de la justicia habría que añadir otras medidas: aumentar el número de jueces, hasta casi duplicarlo, para estar a la altura de los países de nuestro entorno; dotarlos de medios materiales suficientes; revisar el sistema disciplinario y sacar de la ética lo que debe ser jurídico; mejorar la responsabilidad del Estado por los daños reputacionales que causa la justicia… Habrá quien piense que en estos momentos son más urgentes las medidas represivas y la renovación del consejo de modo que lo ocupe la mayoría legítima. La tragedia de nuestro país es, precisamente, la poca altura de miras y la búsqueda de resultados políticos a corto plazo. Si la reflexión democrática que nos ha prometido Pedro Sánchez estos días es sincera, ahora en el momento de emprender reformas que duren, sean irreversibles y fomenten una judicatura neutral e imparcial para el futuro. Aunque sus resultados no se vean inmediatamente ni sirvan para ninguna táctica política. La democracia es eso, amigos.

El sorteo más popular del viejo continente ha repartido suerte a los poseedores de boletos con la combinación numérica 13, 22, 24, 33, 47 y las estrellas 01, 05

David Donet, conocido como 'el pederasta de Castelldans' (Lleida), murió el sábado 29 de abril en el Hospital Penitenciario de Terrassa (Barcelona). Fuentes penitenciarias han explicado a Europa Press que Donet estaba ingresado por una enfermedad terminal.Seguir leyendo....

El banco andaluz computa en su totalidad el impuesto temporal a la banca, por importe de 78,6 millones.

En contra de la directiva europea y de varias sentencias del Supremo, la Comunidad de Madrid y las autonomías de Murcia, Valencia y Andalucía hacen frente común para alegar contra el cambio de las reglas de explotación que recortaría las derivaciones de agua al Segura.

Un documental da cuenta del giro que dio la vida de Stormy Daniels tras su encuentro sexual con Trump en 2006 y que ahora centra el juicio penal del ex presidente Leer

El proyecto de ley tiene ahora poco más de 200 artículos, lo que supone un importante retroceso respecto a los más de 600 de su primera versión, fracasada hace tres meses

La concejala de Economía del municipio, Amalia Gutiérrez, se ha referido a esta "quedada" como un "bulo".

Su Majestad El Rey Felipe VI ha presidido la entrega del Premio Nacional Pyme del Año que ha recaído en la empresa jienense Meltio.Durante el acto, celebrado en la sede de Santander España, el Rey destacó el papel de las pymes para la economía española.

Las obras del nuevo edificio del Obispado de Bilbao han quedado paralizadas tras la quiebra de Murias, la empresa constructora que entró en concurso de acreedores en febrero. Según han informado desde la asociación Abando Habitable, la agrupación vecinal que ha presionado para que se paralice el proyecto, que agrupa en el edificio, además del Obispado una clínica de Mutualia, después de “tres semanas paradas con personal en la obra pero sin realizar trabajo alguno, esta mañana se han llevado la última excavadora que quedaba en la parcela”, por lo que dan por parada la obra. Desde la plataforma vecinal que tiene el proyecto denunciado ante los tribunales han considerado que este parón es “positivo”, pues “posibilita que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aclare las dudas que hay sobre la legalidad del proyecto antes de que se complete la excavación. ”Hasta la fecha se estaban realizando los muros de contención que han quedado sin finalizar, pues falta la viga de atado en varios de los tramos y la excavación propiamente no ha empezado“, han señalado. El Obispado mantiene el proyecto Fuentes del Obispado de Bilbao han señalado, sin embargo, a elDiario.es/Euskadi que esta situación no supone un abandono del proyecto, sino que “siguen adelante en las mismas condiciones, de forma conjunta con Mutualia”, aunque no está claro si están buscando una alternativa a Murias para continuar la obra. Cuando se conoció la quiebra de la empresa, anunciaron que se “tomarían las acciones oportunas para que este proyecto pueda desarrollarse respetando los compromisos adquiridos por las partes”, aunque reconocían ya entonces desconocer “en qué medida esta nueva situación -de quiebra- podría afectar a la obra en marcha desde hace unos meses”. El recurso que asociación vecinal Abando Habitable tiene presentado ante el TSJPV, que pone en duda la legalidad del proyecto clínico-obispal, está ya visto para sentencia. Se impugna la licencia de obras porque considera que se ha incumplido la finalidad de interés general que justificó la modificación puntual del Plan general de ordenación urbana (PGOU) de Bilbao. Según defiende la asociación, el Plan fue modificado por el Ayuntamiento para que se pudiera materializar el “Proyecto Bizkeliza Etxea” del Obispado, “pero no para dedicar más de la mitad a una clínica privada”. Según los planos del edificio, la clínica de Mutualia ocuparía el 54% de la edificabilidad total. Abado Habitable considera que se debe respetar la razón que motivó la recalificación de los terrenos. El proyecto, ubicado en el centro de la capital vizcaína, en el solar que antes ocupaba la escuela de Magisterio (BAM), agrupará en un edificio de siete plantas los diferentes servicios del Obispado para lo que se destinará el 60% del inmueble. El resto lo ocupará Mutualia, que ubicará allí una clínica privada. El espacio que ocuparán serán aproximadamente 7.000 y 6.000 metros cuadrados, respectivamente, en lo que la asociación califica de “pelotazo” urbanístico.

El extremo brasileño abrió el marcador en el Allianz Arena gracias a un impresionante pase filtrado por el alemán.

Después de estar ausente en la convocatoria de de 2019, en 2024 el PNV volverá a presentarse a las elecciones europeas en la circunscripción francesa. Pero no lo hará en solitario o con sus partidos asociados en Europa, ahora llamados Ensemble! y que aglutina tanto al En Marche!/Renaissance de Emmanuel Macron como al MoDem. El partido –oficialmente PNB en francés o siempre EAJ en euskera– ha cerrado una coalición con diferentes formaciones ecologistas francesas de pequeño tamaño. La plancha se llamará Écologie Positive et Territoires y su candidato será Yann Wehrling. Este dirigente francés, que es vicepresidente del consejo de Île-de-France -la región de París- fue líder de Los Verdes en Francia, luego secretario general del MoDem y ahora ha fundado su propio partido. El presidente Macron imitó a España y reformó el sistema electoral para crear una circunscripción única para las europeas. Se estrenó en 2019. Con mucha menor implantación que en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el PNB decidió no presentarse a esos comicios de hace cinco años. Sí lo hizo en 2009 y 2014 en solitario, bajo la marca Euskadi Europan, aunque sin obtener representación entre los diez eurodiputados que repartían entonces las regiones del sudoeste del hexágono, entre las que se incluía Iparralde. En cifras, el PNV obtuvo 3.101 votos en 2009, el 3,45% en Iparralde y el 0,01% en Francia. En 2014, subió a 7.172 papeletas, el 7,51% y el 0,03%, respectivamente. El candidato del PNB volverá a ser Jean Tellechea. Concejal en Urruña, fue el cabeza visible de las candidaturas de 2009 y 2014. Ocupará el puesto tercero en la lista de Wehrling, aunque los sondeos no les dan apenas opciones dado que existen otras propuestas políticas que aspiran también a ocupar el espacio ecologista. De hecho, la actual eurodiputada Marie Toussaint lidera una candidatura que sí forma parte como tal del paraguas de Los Verdes en Europa. Oihane Agirregoitia, candidata europea del PNV Tellechea, además de demandar políticas ecologistas “realizables”, denunciará también en la campaña la “hipercentralización del Estado francés” y abogará por una “Europa cercana”. El PNV siempre ha hecho gala de su europeísmo y, en la campaña francesa, recordará también su lema del Aberri Eguna ('día de la patria vasca') de 1933, 'Euzkadi-Europa'. Está previsto un mitin especial en la localidad fronteriza de Irún en el que participarán Wehrling, Tellechea, la exministra centrista Corinne Lepage -líder del partido CAP21, integrado en la coalición- como invitados de la candidata en la circunscripción española, Oihane Agirregoitia. En España, el PNV repetirá su fórmula de coalición con Coalición Canaria (CC) y otras formaciones nacionalistas de pequeño tamaño. En Navarra, por ejemplo, ya mantiene un acuerdo estable con Socialverdes, el partido de Uxue Barkos y constituye la otra pata de Geroa Bai. Como en 2019, no se ha producido un acuerdo con Junts. El partido catalán heredero de la extinta CiU se ha acercado al PNV después del distanciamiento por el 'procés' de 2017, en el que Iñigo Urkullu medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont para evitar la declaración unilateral de independencia y el 155, pero ambos partidos han decidido seguir caminos diferentes. El PNV forma parte del Partido Demócrata Europeo (EDP, en sus siglas en inglés). En el Parlamento Europeo opera dentro del grupo Renew, que aúna también a partidos liberales. Es por eso que Ciudadanos y el PNV comparten espacio en las instituciones europeas a pesar de estar en las antípodas en España. En el pasado también UPyD estuvo en el mismo grupo que los nacionalistas. Izaskun Bilbao, Imanol Pradales y Andoni Ortuzar, en enero en Bruselas con quien dos días después sería nombrado ministro de Exteriores de Macron, Stéphane Séjourné ¿Logrará el PNV su escaño en Europa? Existe cierta inquietud interna. Se teme un contexto de posible baja participación en Euskadi después de las recientes autonómicas y de fuerte polarización entre PSOE y PP en España a la luz de los últimos acontecimientos. Sumado ello al desgaste que está teniendo el principal partido vasco en las últimas elecciones -aunque salvó la victoria el 21 de abril- y a una candidata nueva y desconocida frente a la experiencia de Izaskun Bilbao, el PNV tendrá que exprimir la campaña electoral, que no suele ser la más movilizadora a pesar de la importancia de estos comicios europeos. El PNV tiene una estructura estable en Iparralde. Tiene sedes y una ejecutiva propia, el Ipar Buru Batzar. Su presidente y miembro también del Euzkadi Buru Batzar es Peio Etxeleku, edil en Kanbo. Etxeleku accedió al cargo en 2021 y ha mantenido un perfil muy activo y reivindicativo, incluso internamente. Su momento más sonado se produjo tras el 14 de julio en 2023. Con motivo de la fiesta nacional de Francia, criticó en sus redes sociales que el vicelehendakari, Josu Erkoreka, participarse en los actos organizados por el consulado en Bilbao. “Tengo en mente en este 14 de julio que la Revolución Francesa trajo perjuicios para Ipar Euskadi. Quiso hacer desaparecer nuestra lengua materna y vació numerosos pueblos 'rebeldes' de Lapurdi, condenando a sus habitantes a una deportación criminal”, le respondió Etxeleku a Erkoreka en redes sociales, donde el dirigente vizcaíno colgó un vídeo de su participación en las conmemoraciones de la república. El nacionalismo vasco en la historia de las europeas 2019: El PNV lideró la coalición CEUS, conformada también por CC y las formaciones socias de Geroa Bai en Navarra, además de por el PI de Baleares, Demòcrates de Valencia y Compromiso por Galicia. Units, partido heredero de Unió, apoyó desde fuera a CEUS aunque esté integrado en el PSC. Con Izaskun Bilbao como candidata, lograron 633.000 votos, menos del 3% del total. EH Bildu participó de Ahora Repúblicas con ERC y BNG. Obtuvo el 5,58% y 1,2 millones de sufragios. 2014: El PNV concurrió con CiU y CC bajo la marca CEU y con el catalán Ramón Tremosa al frente. La coalición sumó 851.971 votos, el 5,42%, y tres escaños, un tope histórico. Uno de ellos fue para el PNV, con Bilbao de referente. ERC, en solitario, logró dos asientos en Estrasburgo. EH Bildu, de reciente creación, logró representación merced a una alianza con el BNG llamada Los Pueblos Deciden. 2009: PNV, CiU y CC sumaron con CEU 808.246 papeletas (5,10%) y obtuvieron dos escaños. La electa del PNV fue Bilbao, que acaba de dejar la presidencia del Parlamento Vasco. Dos de las formaciones de EH Bildu, entonces inexistente, Aralar y EA, se coaligaron con ERC y el BNG en Europa de los Pueblos. El candidato era Oriol Junqueras. Les apoyaron 394.938 personas, lo que valió un escaño. La izquierda abertzale, entonces ilegalizada, pidió el voto para Iniciativa Internacionalista, que llegó a ser tercera fuerza en Gipuzkoa, aunque no logró escaños. 2004: Fue el año de Galeusca, la coalición del PNV con CiU y BNG. ¿El resultado? Un 5,15% del voto (798.816) y dos escaños. CC concurrió con partidos andaluces o extremeños y se quedó fuera. EA fue en la plancha de ERC y Aralar en solitario. La Justicia ilegalizó la marca que pretendió presentar la izquierda abertzale, HZ. 1999: En las últimas elecciones del siglo XX, el PNV compareció a las europeas con EA y con ERC. PNV y EA operaban de la mano entonces en la política vasca. Coalición Nacionalista Europa de los Pueblos obtuvo 613.968 votos, un 2,90% y dos escaños. CiU, en solitario, logró tres asientos y CC dos con los andaluces. La izquierda abertzale (bajo la marca EH) sumó 306.923 votos, suficientes para un escaño. 1994: El PNV de Jon Gangoiti lideró una plancha con CC, Coalición Galega o Unió Mallorquina. Lograron 518.532 votos, el 2,79%. Se tradujo en dos escaños. CiU fue en solitario, con tres escaños y siendo cuarta fuerza de España. El lehendakari Carlos Garaikoetxea fracasó con una alianza llamada Por la Europa de los Pueblos con ERC y Tierra Comunera de Castilla. HB tampoco obtuvo escaño en solitario. 1989: En las primeras elecciones europeas como tales, el PNV lideró una coalición con otras formaciones minoritarias de Galicia, Canarias o Castilla y León. Jon Gangoiti logró un escaño y 295.047 votos. Quedó cerca una marca encabezada por Euskadiko Ezkerra, el partido que acabó fusionado con el PSE en 1993. Juan María Bandrés logró un acta. También sacó escaño Garaikoetxea. La joven EA fue de la mano de ERC y PNG, luego integrante del BNG. Fue superada por HB, que sacó en solitario un escaño con Txema Montero. 1987: Coincidiendo con municipales, autonómicas y forales, se eligieron a los primeros europarlamentarios españoles. Estos comicios los ganó en Euskadi la izquierda abertzale bajo la marca HB. El PNV iba en una marca llamada Unión Europeísta con el PGN, Partido Galeguista Nacionalista. No obtuvo escaño, como tampoco EE. Sí lo logró la recién nacida EA de la mano de ERC y con Garaikoetxea como referencia.

Terrae Gran Canaria, el Encuentro Internacional de Cocina Rural, organizado por el Cabildo insular y Vocento en el marco del programa Gran Canaria Me Gusta, ha cerrado su segunda edición con la proclamación del chef Luis Alberto Lera (Restaurante Lera, Castroverde de Campos, Zamora) como alcalde de los cocineros rurales. La elección de un representante que liderara el colectivo de los cocineros rurales era uno de los objetivos fijados en este evento. El chef Lera ha sido elegido entre más de 40 cocineros participantes en el congreso, y que ha contado con el apoyo de sus compañeros y ha asumido el cargo por mayoría absoluta. Además, la última jornada ha contado con la entrega del premio de Terrae al chef peruano Gastón Acurio como ejemplo de toda una vida dedicada a la cocina popular y a sus productores. Acurio ha aceptado el premio no solo en nombre de su persona “sino también en nombre de todos los que han participado en estos últimos 20 años en la puesta en valor de la cocina peruana”. “Han sido tres jornadas intensas, de mucho aprendizaje y mucha exposición de la riqueza de nuestros productos, solo espero que los cocineros que nos han visitado se vayan sorprendidos y con ganas de incorporarlos a sus creaciones” apuntó el director insular de Industria y Comercio, Juan Manuel Gabella, encargado de entregar el reconocimiento a Acurio. Gabella, quiso también felicitar al chef elegido como alcalde de los cocineros rurales, a quien deseó “un fructífero mandato en la defensa y la lucha por la visibilidad de este oficio y de la importancia que tiene para el territorio”, objetivo que según añadió “está totalmente alineado con los del gobierno insular”, por eso se mostró confiado en que este evento “siga creciendo y año tras año vaya descubriendo al mundo lo que cada comarca de nuestra Isla puede aportar a la gastronomía”. El nuevo alcalde de los cocineros rurales ha estrenado el cargo asegurando que hará todo lo posible “para que el cambio que necesita el medio rural sea real”. Lera, quien ha agradecido “el cariño de los compañeros”, afirmaba que todos ellos se encuentran “en entornos en los que debemos diferenciarnos y es imperativo luchar por las ventajas que estos nos ofrecen”. Ya está prevista la recepción del alcalde -y de los concejales que elegirá para darle apoyo en esta legislatura- en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde podrán exponer sus inquietudes y su visión del mundo rural actual.  La elección de Luis Alberto Lera como alcalde de la cocina rural ha ido acompañada de la presentación de la Declaración de Gran Canaria, un documento que recoge el espíritu del Manifiesto de Zafra y lo actualiza cinco años después. En dicho documento, los cocineros y cocineras que han formado parte de esta edición canaria han plasmado su voluntad de “contribuir a la supervivencia del medio rural y a apoyar el trabajo y la figura de los proveedores locales”. 

La filial de Volkswagen gana 226 millones de euros entre los meses de enero y marzo por el tirón de la marca Cupra y los mayores volúmenes vendidos. Leer

El banco mejora sus perspectivas de beneficio para 2024 y ahora estima que alcanzará un crecimiento de doble dígito, por la favorable perspectiva de los ingresos por intereses en España.

Según la AEMET: mañana predominarán cielos nubosos con lluvia, mientras que en los próximos días se esperan cielos poco nubosos

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido este martes ante el PSOE que "democracia es poder votar y decidir, y esta hora ha llegado", ha exclamado.

El PSG pagó 50 millones al Olympique de Lyon por un delantero de 21 años que ha ganado protagonismo desde la Champions. Hermano del portero de Togo y con Cristiano como ídolo, espera la llamada de Deschamps para la absoluta Leer

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, se ha abierto este martes a sentarse "a hablar con el PSC si rompe todos sus acuerdos con Junts y ERC.

La llegada de gas natural licuado (GNL) ruso a España podría tener los días contados. Dos años después del comienzo de la guerra de Ucrania, la Unión Europea valorará de forma inminente la posibilidad de sancionar el GNL ruso, según ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en su intervención durante la Comisión del ramo del Senado.Seguir leyendo....

El tenista español Rafa Nadal se clasificó este lunes para los octavos de final del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada que se está disputando en la Caja Mágica, tras superar al argentino Pedro Cachín en un duro partido decidido en tres sets (6-1, 6-7, 6-3) y de más de tres horas de duración.Seguir leyendo....

El sector ve la cifra insuficiente para salvar las cosechas