La intervención sin límites del móvil del fiscal general plantea el interrogante de qué busca el Supremo
El móvil y el correo electrónico de García Ortiz guarda conversaciones con los jefes de las fiscalías que persiguen graves delitos y todas sus conversaciones privadas durante siete meses; en el ordenador de la fiscal provincial hay información de causas como la de la pareja de Ayuso o la esposa de Pedro Sánchez
Un juez conservador del Supremo interviene el teléfono del fiscal general por la filtración a un medio
El juez Ángel Hurtado ha ordenado que la Guardia Civil intervenga más de siete meses de conversaciones privadas del fiscal general del Estado para esclarecer unos hechos que se circunscriben a la noche del 13 de marzo pasado, cuando un medio publicó un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador que desmentía un bulo difundido por la Comunidad de Madrid.
Una medida reservada a delitos graves, y no a una supuesta revelación de secretos, ha sido acordada por el magistrado contra el responsable de una de las más altas instituciones del Estado sin estrechar los límites, lo que permitirá a Hurtado recabar información de investigaciones secretas, contactos entre Álvaro García Ortiz y sus subordinados y cualquier otra conversación que haya mantenido el fiscal general durante un periodo tan largo de tiempo.
El auto que autoriza la intervención del teléfono, tablet y ordenadores de García Ortiz se refiere a sus “redes sociales”, en referencia a los servicios de mensajería, y las cuentas de correo electrónico. Y establece que todos los mensajes recibidos o enviados desde esas cuentas son objeto de investigación desde el 8 de marzo.
La fecha alude a que el día anterior, el 7, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, comunicó a su subordinado, Julián Salto, que la persona contra la que se había abierto una investigación unos días antes, tras una investigación de dos años de Hacienda que culminó en una denuncia ante el ministerio público, es pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Como en otros casos que afectan a una persona políticamente expuesta, el fiscal debería iniciar una dación de cuentas, informando a su superiora de los hitos del procedimiento. Hacienda había investigado a Alberto González Amador como a un empresario defraudador más durante dos años. Cuando la Agencia Tributaria concluyó que su actuación reunió indicios de delito trasladó su informe a la Fiscalía.
La causa contra el fiscal general es consecuencia de la presentación de varias querellas, una de ellas por parte de Alberto González Amador. Sin embargo, ni la defensa de la pareja de Ayuso iba tan lejos en sus pretensiones de recabar información del teléfono y los correos electrónicos del fiscal general. La defensa de la pareja de Ayuso solo requería los mensajes de su cuenta de correo personal en un lapso de 13 días –entre el 5 y el 18 de marzo– y no de siete meses, como ha acordado el juez. Los abogados del comisionista solicitaban esa diligencia después de que el fiscal del caso, Julián Salto, hubiese declarado ante el Tribunal Superior que la noche que se publicó el bulo sobre supuestas órdenes de arriba en la fiscalía para paralizar un acuerdo que evitase el juicio, él remitió las comunicaciones con la defensa de la pareja de Ayuso al correo personal de García Ortiz.
La querella de la pareja de la presidenta madrileña se había presentado por la publicación de una nota de prensa en la mañana del 14 de marzo precisamente para desmentir varias informaciones publicadas que reprodujeron ese bulo. Tras una exposición razonada del Tribunal Superior de Madrid, que aludía al desmentido remitido a los medios, la Sala del Tribunal Supremo presidida por Manuel Marchena aceptó investigar un presunto delito de revelación de secretos, pero no por la nota de prensa, que aludía a hechos ya conocidos, optó por indagar en la filtración del correo electrónico donde González Amador reconocía dos delitos fiscales y que publicó en primer lugar la Cadena Ser.
Ese mensaje demostraba que otro correo que había publicado antes El Mundo construía el bulo de que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo al abogado de González Amador, y no al revés. La información abonaba la tesis de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, según el cual la oferta de pacto inicial de la Fiscalía, algo falso, se había retirado “por órdenes de arriba”, una tesis que luego publicaron distintos medios de comunicación.
La decisión del juez conservador Ángel Hurtado de obtener información de siete meses de actividad del fiscal general incluye sus comunicaciones con jefes de fiscalías especializadas, como Anticorrupción, Antidroga o la de la Audiencia Nacional, que instruyen casos mucho más graves que una supuesta revelación de secretos. En la causa están personadas Manos Limpias y otras organizaciones ultras que, si no pone coto el juez, se harán con la información sensible para el Estado que habitaba en el móvil del fiscal general cuando se levante el secreto del sumario.
Información de casos relevantes
En segundo plano quedó en el día de ayer un segundo registro de la Guardia Civil por orden de Hurtado. La fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, también sufrió la intervención de sus mensajes y correos. Álvaro García Ortiz dirige la institución que vela por el cumplimiento de la legalidad en España, pero la Fiscalía General del Estado no instruye casos. No ocurre así con la Fiscalía provincial.
En el ordenador clonado de Pilar Rodríguez se encuentran causas que se siguen ahora mismo en la comunidad autónoma, algunas tan relevantes como la que mantiene imputada a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o la que atribuye, por ahora, dos delitos fiscales y uno de falsificación de documentos que la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha reconocido.
La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado dentro de la operación del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz se concretó en once tediosas horas en las que el equipo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil clonó el contenido completo de un teléfono móvil, dos ordenadores –un portátil y otro de mesa– y una tablet. Nadie abrió un cajón ni tocó un papel. “El trato de los guardias civiles fue correctísimo en todo momento”, señalan fuentes conocedoras de la actuación policial.
Consciente de la gravedad de la situación, el equipo de agentes iba encabezado por el teniente coronel que dirige el Jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO. El teniente coronel instruyó casos de corrupción tan relevantes como Púnica o Lezo cuando era comandante. A día de hoy dependen de él las investigaciones del caso Koldo o los informes que requiere el juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.
Advertido el fiscal general, comenzó la identificación y el clonado de los dispositivos. En su despacho solo podían estar presentes él y su secretaria, para facilitar el acceso a los mismos. El proceso de clonado de los dispositivos se alargó durante once horas y acabó cerca de la media noche.
Los guardias civiles siguieron con su trabajo en presencia de la letrada de la Administración de Justicia del Supremo, que fue relevada en un momento dado por una compañera, un funcionario de auxilio judicial, y la fiscal jefe del Tribunal Supremo. El fiscal general aguardó a que finalizara el clonado y solo abandonó el despacho en algunos momentos. Más tarde de las 23:00 horas, los agentes abandonaron la sede de la Fiscalía General.