La Justicia acepta investigar el comunicado de la Fiscalía sobre el pacto que ofreció la pareja de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite la querella que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presentó contra dos fiscales de Madrid por emitir un comunicado para desmentir informaciones falsas sobre la investigación por doble delito fiscal contra él. “Debe indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información y en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionales” de González Amador, justifican los jueces.

En el auto, contra el que no cabe recurso, la Sala defiende que “ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella” y justifica que “solamente” de esa manera es posible determinar “todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos”. El empresario y comisionista acusa a ambos fiscales de haber difundido a través del citado comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció ante la Fiscalía que había cometido dos delitos fiscales y les atribuye un delito de revelación de secretos.

Los jueces confrontan la tesis de la Fiscalía, que después de llevar el asunto hasta la Junta de Fiscales, que avaló el criterio de la teniente fiscal del Supremo de solicitar el rechazo de la querella, justificó que había emitido esa nota de prensa para combatir un “bulo” y “falaces informaciones” publicadas sobre el pacto.

Según el Ministerio Público “no existe un solo dato que permita atribuir” a esa institución y mucho menos a alguno de los querellados la “filtración” del correo electrónico enviado por el abogado de la pareja de Ayuso. Y subrayó que que cuando Fiscalía Provincial de Madrid publicó su nota informativa, diversos medios de comunicación ya habían publicado previamente su contenido. “Primero, algunos de ellos lo hicieron de forma parcial y tergiversada y, posteriormente, otros, de forma íntegra”, recogía su escrito. En consecuencia, añadía, “no podían ser consideradas secretas o reservadas”. 

Por contra, los jueces insisten en que de lo que se trata en el presente supuesto es de analizar si se ha visto vulnerado el deber de confidencialidad y reserva inherente a las actuaciones penales, entre las que se comprende las preprocesales a cargo del Ministerio Fiscal. Y que ello requiere, a su juicio, “una indagación que sólo puede abordarse adecuadamente mediante la oportuna instrucción de la causa”.

Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, la Fiscalía denunció a Alberto González Amador ante los juzgados de Madrid por dos delitos fiscales y otro más de falsedad documental. Tanto el Ministerio Público como la Agencia Tributaria consideran que la pareja de Isabel Díaz Ayuso cobró hasta dos millones de euros por intermediar en la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia de coronavirus y después recurrió a un sistema de facturas falsas para aumentar de forma ficticia los gastos de sus empresas y, finalmente, pagar hasta 350.951 euros de menos en el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021.

La propia defensa de la pareja de Ayuso propuso a la Fiscalía un pacto, incluso antes de que se presentara la denuncia. Un ofrecimiento por escrito en el que Alberto González Amador reconocía haber cometido los dos delitos fiscales y se comprometía a aceptar una condena de ocho meses de prisión y a saldar su deuda con Hacienda a cambio de que esa sanción no se ejecutara y, en la práctica, no tuviera que entrar en prisión.

Un posible pacto, planteado por la defensa de González Amador mucho antes de lo que es habitual en este tipo de procesos, que trascendió de forma parcial. Tanto a través de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, como a través de varios medios de comunicación, que ofrecieron una versión falsa del proceso y afirmaron que había sido la Fiscalía la que había ofrecido el pacto al empresario y no al revés. El propio Rodríguez, que ha amenazado a este periódico con el cierre por revelar el doble fraude fiscal confeso de la pareja de Ayuso, llegó a afirmar que ese posible pacto había sido paralizado desde las altas instancias de la Fiscalía.

Un día después fue la Fiscalía la que respondió con un comunicado en el que explicaba cómo había sido el intercambio de correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador, poniendo de manifiesto que había sido el empresario el que había ofrecido un pacto y no al revés. La pareja de Ayuso decidió pasar entonces al ataque querellándose contra el fiscal que le había investigado así como contra Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, por revelación de secretos. El Colegio de Abogados de Madrid se sumó a la ofensiva penal del empresario y ahora ejercerá la acusación popular en este proceso.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar investigaciones como la de la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

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