Díaz encarrila la reforma de la ayuda al desempleo al aceptar la condición que puso Podemos
Casi cuatro meses después de la sonada derrota parlamentaria, Yolanda Díaz ha encontrado un poderoso argumento para que Podemos no le vuelva a tumbar la reforma de la prestación asistencial del desempleo. La ministra de Trabajo ha encarrilado este lunes el acuerdo con los sindicatos, que le pedían exactamente lo mismo que la ministra prometió en su día y que Podemos utilizó como excusa para darle un escarmiento: el que no hubiese recortes en esta subsidio, que en estos momentos cobran unas 700.000 personas sin derecho a la prestación contributiva o que ya la han agotado.Finalmente no los habrá, siempre que las promesas que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, les ha transmitido a los representantes sindicales en la reunión de esta tarde se plasmen en el papel. El casus belli que motivó el plantón de los morados en aquella votación fatídica en el Congreso se ha esfumado: quienes acceden al subsidio a través de la vía de los mayores de 52 años mantendrán la sobrecotización del 125% de la base mínima, lo que garantizará que no verán menguadas sus pensiones por culpa de la reforma, que la quería reducir al 100%.Este punto, que los sindicatos exigían y Podemos había utilizado como argumento para no convalidar el real decreto el pasado enero, se mantendrá exactamente igual que en el diseño actual. De la misma manera, otros de los dos puntos polémicos se han resuelto: los trabajadores a tiempo parcial podrán cobrar la totalidad del subsidio, en las mismas condiciones en las que los hacen quienes estuvieron a tiempo completo, mientras que los emigrantes retornados y las víctimas de violencia de género se mantendrán en este esquema de protección. En la anterior propuesta, el Gobierno quería enviarlos al ingreso mínimo vital (IMV), pero muchos de ellos no cumplirían los requisitos y se quedarían sin ningún tipo de ayuda.Las promesas del Ejecutivo, que han sido bien acogidas por los sindicatos a la espera del redactado definitivo, hacen mucho más complicado que Podemos se atreva de nuevo a paralizar esta reforma recogida en el plan de recuperación. No hay que olvidar que de ella depende el cuarto pago de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros, y para el que España ha pedido una prórroga a la Comisión Europea, ante las dificultades para sacar adelante la nueva norma.El acuerdo con los agentes sociales es el primer paso para que la reforma pase en las CortesTras el fracaso de la convalidación del real decreto, Trabajo se comprometió a volver a intentar la reforma a través de un proyecto de ley, lo que otorga más margen de negociación parlamentaria. En este proceso, los sindicatos constituyen el mejor aval para Díaz, que mantiene una relación muy tensa con Podemos. De hecho, tanto UGT como Comisiones Obreras se han reunido en los últimos meses con representantes de los diferentes partidos para preparar el terreno de cara a la aprobación de la reforma en este segundo intento.En ese sentido, los representantes de ambas centrales en la negociación se han mostrado convencidos de que esta vez sí será la buena. "Hemos hecho los deberes con la interlocución con los grupos parlamentarios, esperamos que pueda ver la luz", ha afirmado Cristina Estévez, de UGT, en declaraciones a los medios tras la reunión de este lunes. Carlos Bravo, de CCOO, ha recordado que el acuerdo con los agentes sociales es el primer paso para que el nuevo texto pueda ser aprobado en las Cortes. La patronal CEOE, de momento, no se pronuncia, a la espera de conocer el redactado definitivo, que se entregará a lo largo del día a las partes y será sometido a consideración de los órganos de decisión de los sindicatos.Los principales escollos están resueltos, pero eso no significa que las centrales estén plenamente conformes con la propuesta. Tanto Estévez como Bravo han recordado que el nuevo esquema no completa el refuerzo de las políticas de empleo que se debe desarrollar esta legislatura, especialmente por el lado de las políticas activas, es decir, de favorecer la integración de estos colectivos al mercado laboral a través de mecanismos como itinerarios personalizados. Para los mayores de 52 años, se destinarán más de 630 millones de euros.La reforma del subsidio deja en el aire la cobertura a los parados de larga duraciónMarcos LemaLa eliminación de la renta activa de inserción aboca a 100.000 personas al ingreso mínimo vital, que en su diseño actual tiene requisitos más exigentes. Dos de cada tres son mujeresOtras de las quejas tiene que ver con la utilización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para calcular las cuantías, que ha pedido un 14% de poder adquisitivo en las últimas dos décadas, o con la incerteza que todavía existe sobre la pasarela que tendrán los perceptores hacia el ingreso mínimo vital, que queda pendiente de una futura negociación con Seguridad Social. Como informó este periódico, una parte de los parados de larga duración que reciben el subsidio a través de la renta activa de inserción (RAI) estará excluido del IMV, si no se modifican sus requisitos, mucho más exigentes. A la espera de clarificar ese punto, los sindicatos han conseguido que puedan seguir cobrando la RAI hasta que la agoten.Lo que no cambia son los principios básicos de la reforma comprometida por Bruselas, que Economía —aún con Nadia Calviño al frente— y Trabajo pactaron tras una ardua disputa. Se trata, en esencia, de hacer compatible el cobro de la ayuda con el desempeño de un empleo, para no desincentivar la búsqueda de un puesto laboral entre los perceptores. Esa era la principal condición de Economía, que quiere lograr el pleno empleo en esta legislatura. Al mismo tiempo, se aumenta la cuantía de la protección —hasta los 570 euros durante los primeros seis meses, 540 euros los siguientes seis y 480 euros a partir de ahí—, y se extiende a nuevos colectivos que antes no lo podían recibir (menores de 45 años sin hijos, eventuales agrarios en todo el territorio nacional, etc.), como exigía Díaz.El plazo que ha dado Bruselas para valorar las reformas relacionadas con el cuarto pago de los fondos acaba el 20 de mayo, después de la extensión de dos meses solicitada por el Gobierno español en mayo. De no llegar a tiempo, el Ejecutivo podría solicitar otra prórroga o un pago parcial, descontando la parte que le correspondería al compromiso de mejorar el esquema del subsidio. Este lunes, el equipo de Díaz ha dado un paso fundamental para cerrar cuanto antes la que iba a ser una de las primeras reformas de la legislatura, pero que hasta ahora se ha atragantado. Solo la intransigencia de Podemos, que se batirá con Díaz en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, la puede hacer descarrilar ya.
elconfidencial.com
Díaz encarrila la reforma de la ayuda al desempleo al aceptar la condición que puso Podemos
Casi cuatro meses después de la sonada derrota parlamentaria, Yolanda Díaz ha encontrado un poderoso argumento para que Podemos no le vuelva a tumbar la reforma de la prestación asistencial del desempleo. La ministra de Trabajo ha encarrilado este lunes el acuerdo con los sindicatos, que le pedían exactamente lo mismo que la ministra prometió en su día y que Podemos utilizó como excusa para darle un escarmiento: el que no hubiese recortes en esta subsidio, que en estos momentos cobran unas 700.000 personas sin derecho a la prestación contributiva o que ya la han agotado.Finalmente no los habrá, siempre que las promesas que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, les ha transmitido a los representantes sindicales en la reunión de esta tarde se plasmen en el papel. El casus belli que motivó el plantón de los morados en aquella votación fatídica en el Congreso se ha esfumado: quienes acceden al subsidio a través de la vía de los mayores de 52 años mantendrán la sobrecotización del 125% de la base mínima, lo que garantizará que no verán menguadas sus pensiones por culpa de la reforma, que la quería reducir al 100%.Este punto, que los sindicatos exigían y Podemos había utilizado como argumento para no convalidar el real decreto el pasado enero, se mantendrá exactamente igual que en el diseño actual. De la misma manera, otros de los dos puntos polémicos se han resuelto: los trabajadores a tiempo parcial podrán cobrar la totalidad del subsidio, en las mismas condiciones en las que los hacen quienes estuvieron a tiempo completo, mientras que los emigrantes retornados y las víctimas de violencia de género se mantendrán en este esquema de protección. En la anterior propuesta, el Gobierno quería enviarlos al ingreso mínimo vital (IMV), pero muchos de ellos no cumplirían los requisitos y se quedarían sin ningún tipo de ayuda.Las promesas del Ejecutivo, que han sido bien acogidas por los sindicatos a la espera del redactado definitivo, hacen mucho más complicado que Podemos se atreva de nuevo a paralizar esta reforma recogida en el plan de recuperación. No hay que olvidar que de ella depende el cuarto pago de los fondos europeos, valorado en 10.000 millones de euros, y para el que España ha pedido una prórroga a la Comisión Europea, ante las dificultades para sacar adelante la nueva norma.El acuerdo con los agentes sociales es el primer paso para que la reforma pase en las CortesTras el fracaso de la convalidación del real decreto, Trabajo se comprometió a volver a intentar la reforma a través de un proyecto de ley, lo que otorga más margen de negociación parlamentaria. En este proceso, los sindicatos constituyen el mejor aval para Díaz, que mantiene una relación muy tensa con Podemos. De hecho, tanto UGT como Comisiones Obreras se han reunido en los últimos meses con representantes de los diferentes partidos para preparar el terreno de cara a la aprobación de la reforma en este segundo intento.En ese sentido, los representantes de ambas centrales en la negociación se han mostrado convencidos de que esta vez sí será la buena. "Hemos hecho los deberes con la interlocución con los grupos parlamentarios, esperamos que pueda ver la luz", ha afirmado Cristina Estévez, de UGT, en declaraciones a los medios tras la reunión de este lunes. Carlos Bravo, de CCOO, ha recordado que el acuerdo con los agentes sociales es el primer paso para que el nuevo texto pueda ser aprobado en las Cortes. La patronal CEOE, de momento, no se pronuncia, a la espera de conocer el redactado definitivo, que se entregará a lo largo del día a las partes y será sometido a consideración de los órganos de decisión de los sindicatos.Los principales escollos están resueltos, pero eso no significa que las centrales estén plenamente conformes con la propuesta. Tanto Estévez como Bravo han recordado que el nuevo esquema no completa el refuerzo de las políticas de empleo que se debe desarrollar esta legislatura, especialmente por el lado de las políticas activas, es decir, de favorecer la integración de estos colectivos al mercado laboral a través de mecanismos como itinerarios personalizados. Para los mayores de 52 años, se destinarán más de 630 millones de euros.La reforma del subsidio deja en el aire la cobertura a los parados de larga duraciónMarcos LemaLa eliminación de la renta activa de inserción aboca a 100.000 personas al ingreso mínimo vital, que en su diseño actual tiene requisitos más exigentes. Dos de cada tres son mujeresOtras de las quejas tiene que ver con la utilización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para calcular las cuantías, que ha pedido un 14% de poder adquisitivo en las últimas dos décadas, o con la incerteza que todavía existe sobre la pasarela que tendrán los perceptores hacia el ingreso mínimo vital, que queda pendiente de una futura negociación con Seguridad Social. Como informó este periódico, una parte de los parados de larga duración que reciben el subsidio a través de la renta activa de inserción (RAI) estará excluido del IMV, si no se modifican sus requisitos, mucho más exigentes. A la espera de clarificar ese punto, los sindicatos han conseguido que puedan seguir cobrando la RAI hasta que la agoten.Lo que no cambia son los principios básicos de la reforma comprometida por Bruselas, que Economía —aún con Nadia Calviño al frente— y Trabajo pactaron tras una ardua disputa. Se trata, en esencia, de hacer compatible el cobro de la ayuda con el desempeño de un empleo, para no desincentivar la búsqueda de un puesto laboral entre los perceptores. Esa era la principal condición de Economía, que quiere lograr el pleno empleo en esta legislatura. Al mismo tiempo, se aumenta la cuantía de la protección —hasta los 570 euros durante los primeros seis meses, 540 euros los siguientes seis y 480 euros a partir de ahí—, y se extiende a nuevos colectivos que antes no lo podían recibir (menores de 45 años sin hijos, eventuales agrarios en todo el territorio nacional, etc.), como exigía Díaz.El plazo que ha dado Bruselas para valorar las reformas relacionadas con el cuarto pago de los fondos acaba el 20 de mayo, después de la extensión de dos meses solicitada por el Gobierno español en mayo. De no llegar a tiempo, el Ejecutivo podría solicitar otra prórroga o un pago parcial, descontando la parte que le correspondería al compromiso de mejorar el esquema del subsidio. Este lunes, el equipo de Díaz ha dado un paso fundamental para cerrar cuanto antes la que iba a ser una de las primeras reformas de la legislatura, pero que hasta ahora se ha atragantado. Solo la intransigencia de Podemos, que se batirá con Díaz en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, la puede hacer descarrilar ya.