Pedro Rocha anuncia una batalla legal para aferrarse a la presidencia de la Federación de Fútbol

Pedro Rocha, único candidato a presidir la Federación de Fútbol (RFEF), quiere continuar con el plan previsto de dirigir el fútbol español pese a haber sido imputado por la jueza que investiga varios casos de corrupción de la época de Luis Rubiales y tras la propuesta de sanción del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por excederse en sus funciones como presidente de la gestora.

Para ello, ha anunciado en un comunicado la impugnación de la decisión del expediente del TAD por falta muy grave: “Rocha espera y desea que el Consejo Superior de Deportes (CSD) tome debida nota de las graves irregularidades de la resolución, que será impugnada, y actúe en consecuencia como mejor proceda en derecho para permitir que la Comisión Gestora continúe su tarea y la RFEF pueda, cuanto antes, salir de la situación de interinidad que atraviesa”. Algunas fuentes señalan que también podría llegar, si fuera necesario, a vía de la justicia ordinaria.

Muy al contrario de lo que espera Rocha, el presidente del CSD, José Manuel Uribes, ha sugerido esta mañana en su comparecencia en la comisión de Educación y Deporte del Congreso de los Diputados, que va a proponer suspender temporalmente a Rocha –pendiente de proclamación oficial porque su candidatura ha sido impugnada, tema que también está estudiando el TAD– hasta que haya una sanción definitiva del tribunal deportivo. Ahora Rocha deja claro que no piensa renunciar a ser presidente y dará batalla contra el CSD y sus decisiones si hace falta.

En esta misma línea iba el comunicado que emitió el viernes pasado tras su imputación en el caso Rubiales, tras entrar al juzgado como testigo y salir como investigado. En esa ocasión, remarcó que le apoya el 75% de la asamblea en avales, que es el órgano legítimo para elegir presidente, y que iba a defenderse de acusaciones que consideraba injustas, para lo que había puesto el tema en manos de sus abogados.

Si Uribes sigue con la idea que ha manifestado en el Congreso, a efectos prácticos supone que, una vez tomara posesión Rocha, el Gobierno podría apartarle del cargo, ya que la ley del Deporte prevé que ante faltas calificadas de “muy graves”, el CSD tiene potestad de apartar al presidente de una federación deportiva. Precisamente es lo que no ocurrió con Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso, ya que en aquella ocasión el TAD vio solo “falta grave”.

En este caso, el tribunal deportivo considera –tras una denuncia de Miguel Galán, denunciante también del caso de corrupción de Rubiales y quien ha impugnado la candidatura de Rocha– que no debió tomar ciertas decisiones mientras fue presidente de la gestora de la RFEF, como la renovación de Luis De la Fuente, la retirada de la demanda contra La Liga o el cese del secretario general Andreu Camps.

El TAD no entra a valorar la idoneidad de las medidas, sino que entiende que no cumplió, ni él ni la gestora, los estatutos de la Federación, que dejan claro en su artículo 31 que la única misión de la comisión gestora es convocar elecciones a presidente para agotar el mandato del dimitido Rubiales. Rocha ha estado siete meses en el cargo y ha gestionado cómo celebrar elecciones, además de ponerse el mismo salario de más de 600.000 euros que cobraba Rubiales.

En el mismo comunicado, el posible presidente lamenta que se le acuse “de excederse en las funciones encomendadas en relación con una serie de decisiones que, como presidente en funciones, se ha visto obligado a tomar por el bien del fútbol durante el periodo de tiempo en el que ha estado a cargo de la gestora, actuando en todo momento con total y absoluta transparencia”.

Pero no está solo en su indignación contra el TAD, la posible inhabilitación y en su plan de seguir adelante. La Federación de Fútbol, gobernada por la misma gestora que ha sido expedientada, ha pasado de la neutralidad a la defensa de los mismos argumentos de Rocha y ha descalificado la resolución del TAD señalando como “absolutamente incomprensible en derecho que el TAD aduzca como una infracción muy grave la solicitud de personación de la RFEF como acusación particular ante un caso de presunta corrupción, en el que esta institución estaría afectada”, además de defender que “la comisión gestora siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias”.

También achaca al presidente del CSD, el dimitido Víctor Francos, las decisiones electorales que se tomaron y anuncia que acudirá a la justicia: “Miembros de la comisión gestora se reservan la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas”.

En este punto, quién liderará o por cuánto tiempo la RFEF es un misterio. El CSD ha hecho varias menciones a la FIFA y a sus “conversaciones constantes” con el organismo internacional del que depende la Federación, organismo que de momento no se ha pronunciado sobre si va a intervenir. Ante la negativa de Rocha de dimitir o renunciar al cargo para el que ha sido avalado y cuya proclamación estaba prevista para este pasado lunes, el proceso se enreda en tiempos, resoluciones e impugnaciones que hacen correr el reloj hacia eventos internacionales sin que haya un líder del fútbol español para gestionarlos y con la Federación y el Gobierno en situación de máxima tensión.