Ez az utolsó lehetőség, hogy birtoka legyen az Északi-sarkvidéken

Ha sido en Premiá de Mar donde se ha tomado nota por primera vez en papel oficial de una denuncia por el truco más nuevo de las mafias de okupas: pagar un alquiler al propietario aunque no quiera.Seguir leyendo....

Penelles, primavera del 2015. Como tantos otros pequeños pueblos de la plana de Lleida, Penelles era un lugar de paso, entre Balaguer y Tàrrega, un pueblo de la comarca de la Noguera, de calles vacías, sin arquitectura ni piedras singulares, y ningún peculiar encanto turístico. Podías salir casi sin ropa a tirar la basura, no te cruzabas a nadie.Seguir leyendo....

La señora Dolores Alcántara lleva más de dos años muerta. Sin embargo, la fallecida sigue pagando las facturas del gas, la luz, el agua y el teléfono de su casa de Sant Boi de Llobregat. Unas personas aprovecharon el ingreso de la anciana en un centro sociosanitario para okupar’ la vivienda y, desde entonces, viven gratis, denuncian la sobrina de la difunta, María Nieves Lamas, y la vecina D.P., que prefiere mantener el anonimato.Seguir leyendo....

No sé si he hecho lo correcto o he cometido una auténtica locura, pero ya no podíamos más, sentencia J.F, un vecino de Rubí, que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias. Este padre de familia ha llevado hasta las últimas consecuencias el refrán de a grandes males, grandes remedios, para poder poner punto y final a una okupación’ que se ha convertido, asegura, en una pesadilla que ha durado demasiado.Seguir leyendo....

Fin del recorrido. Este jueves el Tribunal Supremo ha terminado con años de litigios y disputas entre Catalunya y Aragón por la propiedad de las obras del monasterio de Sijena. El pleno de lo Civil del alto tribunal ha ratificado las sentencias del juzgado de primera instancia de Huesca y de la Audiencia Provincial de Huesca por las que se declaraba "nula de pleno derecho" la compra-venta (realizada en 1983, 1992 y 1994) de los bienes del cenobio entre la Generalitat y el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), y las monjas del monasterio. Fallos contra los que las dos instituciones y el Museu de Lleida habían interpuesto recursos de casación ante el Supremo. Seguir leyendo....

La compañía aseguradora de los Maristas ha consignado en la Audiencia de Barcelona los 120.000 euros fijados como indemnización para las cuatro víctimas que llevaron a juicio a Joaquín Benítez, el exprofesor de educación física del colegio de Sants-Les Corts de Barcelona condenado a 21 años y nueve meses de prisión por abusos sexuales. Sus casos son los únicos que pudieron ser juzgados porque los delitos no estaban prescritos. El depósito de esta cantidad en una cuenta ha sido efectuado sin esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados por la aseguradora y el imputado, que continúa en libertad.Seguir leyendo....

El Institut Germans Maristas reconoce los abusos sexuales que sufrieron 25 de sus exalumnos durante su escolarización en colegios catalanes de la hermandad. Un gesto que llega 30 o 40 años después de que ocurrieran los hechos para muchos de los afectados y casi cinco después de que EL PERIÓDICO destapara el Caso Maristas. La comisión de reparación que arrancó en febrero del presente año ha escuchado a estas 25 víctimas aportadas por la Fundació Mans Petites y ha dado credibilidad a su relato. Los exalumnos serán indemnizados económicamente por la organización religiosa, que también les ha hecho llegar una carta en la que la institución se muestra "profundamente avergonzada" y pide "perdón" de "todo corazón". A esta cifra de 25 agraviados por la pederastia de docentes maristas debe sumarse las cuatro víctimas por las que fue condenado el profesor Joaquim Benítez que sigue en libertad. Un cómputo que todavía se mantiene lejos de la cantidad real de menores de edad que sufrieron abusos sexuales, durante décadas, en escuelas de la institución.Seguir leyendo....

Los bomberos han rescatado del incendio en un edificio en Valencia a dos personas que estaban atrapadas en un balcón del sexto piso. El edificio de 14 plantas está situado en la zona de Campanar, Valencia, y lleva siendo arrasado por el fuego desde las cinco de la tarde. Aunque se han desplazado al lugar 22 dotaciones de bomberos a la zona, la intensidad del fuego continúa fuera de control y sigue amenazando el rescate. Se han convocado unidades de emergencia desde diferentes municipios valencianos, pero su trabajo se está viendo dificultado por las fuertes rachas de viento. Han pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias.

El portavoz del Ministerio del Interior afgano, Abdulmatin Qani, ha confirmado que cuatro personas han sido arrestadas en el marco del tiroteo

Otra persona de nacionalidad afgana habría muerto tras el tiroteo registrado

El jurado ha valorado la maestría con la pluma y la cámara del despliegue de Luis de Vega durante los últimos meses en Ucrania, Israel y Gaza, donde actualmente desarrolla su labor con crónicas y material gráfico

En el nuevo capítulo de la serie de La 1 de TVE, el chantaje de Santos a Vera podría tener su fin muy pronto, desde que el lacayo decida desobedecer las órdenes directas de Ricardo

La fuente oficial considera que la causa más probable de la explosión fue la detonación accidental de munición que data de tiempos de la Segunda Guerra Mundial

La violencia política de la que ahora se habla en tantos medios a raíz del intento de asesinato del primer ministro eslovaco no es un fantasma que amenaza Europa. La violencia política es una realidad tangible que lleva existiendo y produciéndose en los países de la UE desde hace años y que, muy especialmente en la última década, sufren las mujeres, disidentes sexuales y personas racializadas que ejercen sus derechos políticos en el espacio público, sea como representante política como periodista o como activista. Sin embargo, suele suceder que hasta que el hombre blanco cishetero sufre en sus carnes la violencia del odio, esta no existe a los ojos de la sociedad, esta no se nombra con todas sus letras y no salta la alarma de que algo nos amenaza como democracia.  Esto, precisamente, es lo que está sucediendo estos días con lo que se está nombrando como “violencia política” para describir un fenómeno, el de los ataques y atentados a personas que se dedican a la política en distintos países de Europa. Preocupa la violencia contra los políticos europeos, pero esta es solo una expresión de una violencia política mucho más compleja. Una violencia política en cuya expresión de género se ha tolerado con bastante manga ancha porque hasta ahora no afectaba a ellos, a los hombres que están en política y ocupan posiciones de poder.  En nuestro país, sin ir muy lejos, se ha asistido asistiendo con total desinterés a la violencia política de género que sufrió la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau o la ex vicepresidenta de la Comunitat Valenciana Mónica Oltra. No ha sido hasta que Pedro Sánchez ha dicho “no puedo más” cuando los medios que quieren hacer periodismo de calidad han abierto el melón de cómo la desinformación, el lawfare y la violencia política dañan a la personas, las instituciones y la democracia. Hasta que el hombre blanco poderoso dijo “me agreden”, no se paró todo para reflexionar sobre lo que estaba pasando. Como si fuera nuevo lo que estaba pasando.  La violencia política es un ejercicio de poder que busca dominar y preservar o cambiar determinado orden social por la fuerza. Y lo hace intimidando o agrediendo a quienes ejercen su derecho al sufragio pasivo y de participación en la vida pública y policía porque son considerados como “enemigos” por ese orden dominante: las mujeres, las disidencias sexuales, las personas racializadas, de etnia gitana, las extranjeras… Es un ataque a la libertad de expresión y a la integridad física en el marco de los de derechos civiles y políticos. La imposición violenta de un mecanismo de control sobre quienes tienen que ocupar y tener visibilidad en los lugares políticos y espacios donde se hace la vida pública.  La violencia política no es estrictamente la violencia contra los políticos ni son los magnicidios, pero sí tiene que ver con la violencia que alientan determinados políticos o partidos. La violencia política tiene una carga ideológica supremacista y de aversión a los Derechos Humanos. Es violencia contra quienes ejercen sus derechos políticos, muy especialmente los derechos político-electorales, pero también los derechos de participación y representación en otros espacios clave para la democracia como sindicatos, medios de comunicación, instituciones culturales, ONG, movimientos sociales, tejido vecinal, abogacía, etc. Lugares donde el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos políticos son fundamentales para la buena salud democrática. Por eso, en el acercamiento que ahora se hace en Europa y en España a la conceptualización de la violencia política es importante no caer en el reduccionismo de creer que es solo aquella que se da en el ámbito de la vida política al margen de lo que las personas que son atacadas representan en el funcionamiento democrático. La violencia política está relacionada con los derechos políticos, no solo de la clase política ni de toda la clase política.  En España nunca debió permitirse que llegara tan lejos la violencia política de género hacia mujeres que ahora están fuera de la escena de la gobernabilidad a consecuencia de las secuelas aquella violencia. De aquellos lodos, estos barros, le diría yo al presidente Sánchez. E, igualmente, Europa no debería haber dejado caer en el olvido crímenes como el asesinato de la diputada británica laborista Jo Cox (defensora de las personas migrantes) a manos de un neonazi al grito de los “británicos primero”, pues al hacerlo no solo se obstaculiza la comprensión y la gravedad de una violencia política que no es nueva ni un fantasma, sino que se impide señalar como las políticas europeas y británicas anti-inmigración han venido a dar la razón al asesino de Jo Cox. Aquel asesinato político no ha servido de nada. El que ahora se hable de violencia política como si fuera un fenómeno nuevo es síntoma de nuestro eurocentrismo a la hora de explicar los problemas que se amenazan la democracia ignorando la experiencia, el conocimiento jurídico y el recorrido académico que, por ejemplo, en América Latina se tiene respecto a lo que es la violencia política y cómo hacerle frente desde las leyes, las instituciones y el periodismo comprometido. Pero, además, delata la indiferencia con la que hasta ahora se han tratado a todas las víctimas, especialmente mujeres, de esa violencia política que ha tenido lugar y tiene lugar a los ojos de todos. Si ahora se piensa que es demasiado grave lo que le está sucediendo a algunos políticos igual es porque se debía de haber actuado, puesto el foco y denunciado mucho antes. Pero no se hizo… porque eran mujeres y feministas, eran intrusas para la clase política.

El problema de hacer anuncios es que algunos se los toman muy en serio. En enero pasado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció un “proceso de revisión” de las colecciones de los museos estatales con el fin de “superar el marco colonial” mediante el establecimiento de “espacios de diálogo y entendimiento”. Ese proceso de revisión ya está en marcha en otros países europeos. En la mayoría de los casos, la solución ha consistido en acompañar las exhibiciones más polémicas con placas explicativas de los atropellos del colonialismo o con coloquios sobre las iniquidades de la Vieja Europa a los que son debidamente invitados representantes de los pueblos ancestrales víctimas de la subyugación. Pero sucede con frecuencia que a los antiguos países colonizados se las trae al pairo esos ejercicios primermundistas de contrición, y lo único que esperan es que les restituyan sin más vueltas los bienes que les pertenecen. Es el caso del Tesoro de los Quimbayas expuesto en el Museo de América en Madrid, cuya devolución acaba de reclamar formalmente el Gobierno colombiano. El Tesoro de los Quimbayas, una colección de pequeñas piezas de oro y cobre encontradas en 1890 por huaqueros en dos tumbas indígenas en el actual eje cafetero colombiano, es una de las obras maestras del arte precolombino. En 1892, la colección fue trasladada a Madrid para una exposición con motivo del 400 aniversario del (entonces llamado) Descubrimiento de América y, tras el evento, el presidente colombiano, Carlos Holguín, la regaló a la reina regente María Cristina por su supuesta intercesión en un laudo arbitral de un conflicto fronterizo que favoreció a Colombia frente a Venezuela. El entusiasta autor de la entrada ‘Tesoro de los Quimbayas’ en Wikipedia describe el obsequio del presidente Holguín como “un ejemplo de generosidad y reconocimiento que, sin duda, debió causar admiración a nivel internacional, dándole al país la notoriedad que el acto requería”. El único problema es que el mandatario dio el regalo sin la preceptiva autorización del Congreso de la República y, por tanto, su acto de generosidad fue ilegal. Así lo determinó en 2017, por cinco votos contra uno, la Corte Constitucional colombiana, en un fallo que insta al Gobierno a reclamar la devolución de las 122 valiosísimas piezas. El Gobierno de Juan Manuel Santos inició ese mismo año los trámites para solicitar la devolución. La responsable de la gestión fue la ministra de Exteriores, María Ángela Holguín, por ironías de la historia descendiente del mandatario que hizo el regalo. Es que, como se dice en los clubes de la élite bogotana, la oligarquía es un pañuelo. Aquella gestión se desvaneció en el aire, y el siguiente presidente, Iván Duque, no movió un dedo para reactivarla. El año pasado, el Gobierno de Gustavo Petro desempolvó la vieja reivindicación y el 9 de mayo pasado formalizó la exigencia oficial de devolución mediante una carta de los ministros de Exteriores y Cultura colombianos a sus homólogos españoles. La derecha no ha perdido tiempo para arremeter contra el Gobierno de Sánchez por sumarse a las corrientes woke que ponen en entredicho la gloriosa gesta imperial de España y dar alas a populistas como Petro para que desvíen sus problemas domésticos con incendiarios y anacrónicos discursos anticoloniales. Ya sabemos lo que suele decir la derecha. Además, se han movilizado expertos, incluido el propio director del Museo de América, para defender la legalidad del regalo. La pregunta es qué piensa hacer el Gobierno progresista y, en particular, el ministro de Cultura, miembro de la formación más izquierdista de la coalición. El Gobierno puede negarse a devolver la colección, alegando que llegó a manos españolas no como fruto de un saqueo colonialista, sino como un obsequio del presidente de un Estado independiente cuya tramitación en el país de origen era un asunto que no concernía a la Corona española. Sin embargo, al tratarse de un importante patrimonio indígena –con las implicaciones históricas que ello conlleva– y haber sido regalado en la coyuntura del aniversario de la gesta descubridora, resulta difícil sustraer este caso del “marco colonial”. Añádase al lío el fallo de la Corte colombiana que estableció la ilegalidad del obsequio. En diciembre pasado, diputados de Sumar, formación a la que pertenece el ministro Urtasun, expresaron su deseo de que España devuelva el tesoro a sus “legítimos dueños”. ¿Se traducirá aquella manifestación de voluntad en alguna iniciativa concreta para que se ejecute esta restitución? ¿O se apelará a la vía diplomática con Petro para sacar este litigio del foco informativo? Por otra parte, ¿se imaginan el torbellino de indignación patriótica si el Sánchez satisface la petición colombiana? Hablando de tesoros precolombinos, es una patata bien caliente lo que el Gobierno tiene entre las manos.

No estaba previsto, pero el domingo confluyen en Madrid dos manifestaciones que responden a dos asuntos esenciales. De un lado, la antifascista, ante la presencia en la capital de España del culmen de la extrema derecha internacional para apoyar a Vox en las elecciones europeas –desde Milei a Le Pen; al parecer Meloni, más avispada, entrará solo por video conferencia–. Del otro, una nueva reivindicación de la Sanidad Pública en la Comunidad, apoyada en su convocatoria por un gran número de voces que claman por su deterioro. Confluyen como lo hacen en la propia vida: la ultraderecha hiperliberal tiene como uno de sus puntos de mira el negocio de la sanidad pública, un servicio realmente vital para los ciudadanos. Las ya inminentes elecciones al Parlamento europeo están propiciando un despliegue propagandístico fastuoso de las candidaturas neofascistas en particular (y asimiladas). Ya se les ha levantado el cordón sanitario donde lo tuvieron y los han incorporado a una presunta normalidad. El más desaforado de la tendencia hasta ahora es Javier Milei, el presidente argentino, que lógicamente no se presenta en Europa pero quiere apoyar a sus correligionarios como si todos los ciudadanos fueran víctimas del mismo encantamiento pernicioso que al parecer han sufrido los de su país en amplios sectores. Cuesta creer que haya quien vote y aplauda cercenar la sanidad pública por ejemplo para ahorrar dinero –y vidas humanas– como está haciendo Milei, pero, bien pensado, en España tenemos quienes –desde el Partido Popular– practican ese mismo “ahorro” en salud, negocian con la de los ciudadanos y siguen gozando de las preferencias incluso de sus víctimas. Ya hemos hablado demasiado de los porqués de este inmenso descalabro racional y ético que afecta a un número suficiente de ciudadanos como para vernos todos inmersos en el problema. Lo que parece más decisivo ahora es reflexionar en qué será de la sociedad –no millonaria– el hecho de que se sume a las situaciones nacionales un mando con fuerte presencia ultraderechista en Bruselas. Las instituciones comunitarias gestionan un inmenso presupuesto: 300.000 millones de euros en diversos conceptos y “se ha dejado un margen de 360 millones de euros dentro de los límites máximos de gasto del actual marco financiero plurianual 2021-2027 para permitir a la UE responder ante necesidades imprevisibles”. Por si acaso he sufrido algún mareo con estas cifras que haya inducido a error, les dejo un enlace para que lo comprueben ustedes mismos. Como vemos en España, las prioridades de los gobiernos PP-Vox, incluso PP ultra en solitario, como el de Madrid, no son precisamente la atención a la salud o a los servicios públicos. La ideología ultraliberal propugna que cada cual se busque la vida, impone un cobro de impuestos desigual y nada redistributivo y gusta de propugnar negocios particulares muy selectivos con sus objetivos. Nuestra salud es un negocio. Desde hace mucho tiempo. Copio y pego un fragmento de un reportaje que hice en Informe Semanal. En 2005, según creo: “ En 1997, España era el sexto sistema sanitario más eficiente del mundo en la clasificación de la OMS, el séptimo en 2002. Algunos expertos ponen reparos a los criterios empleados para evaluar esa consideración, pero siempre nos sitúan entre los 20 más acreditados. Transferir la sanidad a las comunidades autónomas ha hecho que el servicio empeore en algunas de ellas. El gasto sanitario es desigual, lo son los medios. La sanidad madrileña de Esperanza Aguirre se está privatizando. La gestionan empresas que, en algún caso, se ocupan también de vender pan de molde”. Pues ya saben lo que ocurrió con Ayuso en la presidencia de Madrid. Disparado hacia esos recortes que desplegaba ya su mentora. Pásense por otras comunidades, por las listas de espera, los recortes en servicios de urgencia y tantas otras cosas. Anoten otros datos. Un par, aportados en la pandemia de coronavirus que aún agravó el problema mientras algunos se lucraban con el mal y el miedo que nos aquejó. Un informe europeo constaba que las privatizaciones sanitarias habían lastrado la respuestas de los Estados a la pandemia. Lo publicó elDiario.es. Otro informe de Audita Sanidad y el Sindicato de técnicos de Hacienda afirmaba con datos concluyentes que se estaba produciendo un “deterioro programado” de la sanidad madrileña para facilitar el avance de los fondos de inversión. Lo publicó Infolibre. Otro más demuestra que la apuesta de Bolsonaro por obviar la enfermedad en Brasil (como ocurrió con Ayuso en Madrid por el jolgorio de cañas y terrazas) ocasionó flagrantes aumentos de la mortalidad. En las residencias aquí, trágicos testimonios, que se niega a investigar la Fiscalía de Madrid. Tan ocupados los Tribunales Superiores de Justicia de la misma demarcación en otros menesteres que afectan al Ayusato. Si el asesor de la presidenta lanza un bulo, la camarilla mediática lo publica como cierto, y la Fiscalía lo desmiente, el Tribunal persigue… a la Fiscalía. La ultraderecha y la desfachatez son muy peligrosas para la salud. Y la investigación más reciente, la que publica Raquel Ejerique en elDiario.es este viernes tirando del hilo del informe de la Comisión de la Verdad: El Gobierno de Ayuso obvió un informe epidemiológico que avisaba de la tragedia que azotó las residencias por la COVID. No se hizo nada. Un relato pormenorizado de la alerta dada por la epidemióloga de Monte Hermoso. Impresionante. Pero hay más. Durante los últimos 14 meses he conocido a fondo la sanidad de Madrid, no directamente para mí, aunque con más implicación que si lo fuera. UCIs, quirófanos en espera, plantas, consultas, y no tengo palabras para los profesionales que me he encontrado. Especialistas médicos y de enfermería, cirujanos, auxiliares, rehabilitadores del cuerpo y hasta del trauma que supone una enfermedad grave. Es verlos trabajar con vocación de forma personalizada luchando por la salud de sus pacientes como si cada cual fuera único. En uno de los grandes hospitales de Madrid y en Atención Primaria de seguimiento. Merecen poder hacerlo con medios, con apoyo, sin traba alguna, con el reconocimiento que se ganan cada día. Son ellos, los profesionales, los que mantienen el prestigio de nuestra sanidad. Una experiencia humana impagable que me permite hablar con conocimiento de causa. Esperando que las soluciones de la medicina y la investigación estén al alcance de cuantas las necesiten. Y que no se escatimen los medios porque solo tenemos una vida. Vuelven a las calles el domingo profesionales sanitarios y ciudadanos. Ciudadanos de verdad, todos. Apoyando la Sanidad Pública o luchando contra la peste del fascismo que se extiende como la plaga que es. Tan unidos en el germen. Ojalá la luz de una buena salud ética se abra paso por el bien de todos.

En la localidad de Île Saint Denis, en la banlieue norte de París, unas 400 personas vivían en una antigua cementera, reconvertida en edificio de oficinas y después abandonada. La mayoría eran refugiadas, solicitantes de asilo o migrantes en situación administrativa irregular. Hace un año, en abril de 2023, fueron expulsadas por la policía. El edificio se encuentra en los límites de la Villa Olímpica, que debe acoger a los atletas este verano. Fue la primera de múltiples operaciones de policía destinadas a desalojar diferentes puntos de la capital y sus alrededores en los que conviven personas sin domicilio. El 12 de diciembre le tocó el turno a las que vivían en un campamento improvisado en el Boulevard MacDonald del este de París. El 20 de marzo, a un centenar de migrantes, evacuados de otro campamento bajo un túnel, cerca del Sena. “Tienen 15, 16 años... Hay un centenar de menores no acompañados”, denunciaba la asociación Utopía 56 en una publicación en la red social X (antiguo Twitter). “No hay ninguna solución de alojamiento duradero prevista”. En las últimas operaciones hasta la fecha, el 17 de abril se vació en Vitry-sur-Seine, localidad al sur de la capital, un alojamiento ocupado que daba refugio a 450 personas, gestionado por la asociación United Migrants desde 2021. El 23, la policía expulsó a las personas que vivían en una treintena de tiendas de campaña instaladas junto al Instituto del Mundo Árabe, en el céntrico Vº distrito de la capital. Según las autoridades, estos desalojos forman parte de un programa de reubicación más amplio, impulsado por el Estado francés desde 2023, y que se prolongará hasta finales de este año. Aunque este periodo coincide con la preparación de los Juegos Olímpicos, el Ejecutivo francés negó rotundamente cualquier relación de causa-efecto. “Dada la saturación de alojamientos [de urgencia] en la región de Île-de-France, no todos pueden encontrar una solución. Y por eso, sin relación alguna con los Juegos, el Gobierno ha puesto en marcha una política de descongestión”, declaraba hace unos meses Guillaume Kasbarian, el Ministro de Vivienda, en el Parlamento. Pero desde hace meses varias asociaciones denuncian una voluntad de “limpieza social” en la región francesa, progresivamente vaciada de las personas que viven en la calle, en preparación para la llegada de turistas y deportistas para los Juegos Olímpicos, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. “Sobre el terreno, estamos viendo algunos efectos muy preocupantes de los preparativos de los Juegos en la región parisina: desalojos forzosos de personas que viven en viviendas informales e inseguras, alejamiento del espacio público de personas que viven en la calle o a las que se intenta invisibilizar”, denuncia un colectivo denominado Le Revers de la médaille (Reverso de la medalla) que agrupa a más de 80 ONG. Estas organizaciones se han unido para presionar a las autoridades para que las Olimpiadas dejen “un legado social positivo”. Las autoridades se defienden señalando que, cada noche, el Estado gestiona unas 120.000 personas en centros de acogida de urgencia, solo en la región parisina. Y subrayan que el plan tiene por objeto descongestionar los servicios de la capital y que el traslado es voluntario. En la mayoría de los casos, los desalojos han venido acompañados de una oferta de traslado y alojamiento provisional en uno de los centros habilitados en otra región francesa. Sin embargo, las ONG explican que, hasta hace unos meses, a las personas que no tenían vínculos con la región parisina se les ofrecía el realojamiento en otra ciudad, pero en aquellos casos en los que la persona tenía un trabajo en París, había iniciado sus trámites en capital o necesitaba un seguimiento médico, se proporcionaban soluciones locales. Ahora, denuncian, la única opción es el realojamiento en otra región o permanecer en la calle. Además, la tendencia parece intensificarse: entre abril de 2023 y mediados de marzo de 2024, el Observatorio sobre expulsiones de asentamientos informales –impulsado por varias organizaciones sociales– contabilizó 33 desalojos de este tipo en la capital, frente a 19 en el mismo periodo del año anterior. En el conjunto de la región parisina, los desalojos de campamentos, chabolas y locales ocupados se han duplicado en cuatro años. Y todo ello en un contexto de aumento del número de personas sin hogar en la capital francesa: 3.500 personas fueron censadas en París durante la última 'Noche de la Solidaridad' –una iniciativa de asociaciones y autoridades para cifrar y conocer mejor a las personas que viven en la calle–, que se desarrolló el 25 de enero de 2024. Es decir, 500 más que hace un año. “Los centros temporales en las regiones solo son aptos para extranjeros recién llegados al país y sin vínculos formados”, dice la Federación de Actores de la Solidaridad (FAS), que explica que muchas de esas familias que viven en campamentos o locales ocupados tienen trabajo, hijos en la escuela y vínculos con las asociaciones de la región parisina, por lo que se niegan a marcharse. Máxime si se tiene en cuenta que una vez que salen del centro temporal que se les ofrece, no se les dan otras soluciones. Un legado social Por esta razón, las organizaciones agrupadas en Le Revers de la Médaille piden a las autoridades una mayor implicación. Por un lado, temen que las expulsiones se intensifiquen aún más en las semanas previas a la llegada de los espectadores. Por otro, subrayan los problemas derivados de la organización del evento: en unos Juegos Olímpicos marcados por el riesgo de atentado se espera una multiplicación de controles de identificación por parte de la policía y la necesidad de certificados de acceso especiales para muchas zonas. Las ONG explican que, aunque están organizando reuniones para informar sobre qué zonas deben ser evitadas, muchos migrantes difícilmente podrán encontrar alternativa a puntos neurálgicos como la Gare du Nord para desplazarse. De la misma forma, piden a las autoridades que se impliquen para garantizar que las distribuciones alimentarias puedan continuar. “Si París quiere presentar un aspecto magnífico este verano, no debe ser a costa de los más vulnerables”, afirman. También proponen la creación de un Fondo de Solidaridad 'olímpico', apoyado por patrocinadores y sus fundaciones, al que puedan recurrir las asociaciones para apoyar la continuidad, la adaptación y la puesta en marcha de servicios sociales. “Pedimos a las partes implicadas en la organización de los Juegos que miren más allá de la organización del acontecimiento deportivo y velen por que los poderes públicos respeten los derechos humanos. La promesa de un legado social positivo y de unos Juegos inclusivos no debe ser solo un eslogan de comunicación”, advierte Paul Alauzy, coordinador de Vigilancia de Médicos del Mundo y portavoz del colectivo Le Revers de la Médaille. Trabajadores desprotegidos y residencias requisadas Las operaciones de expulsión de personas sin hogar no son la única polémica social que ha acompañado la preparación para las Olimpiadas en los últimos meses. En las últimas semanas, diferentes medios de comunicación se han hecho eco de que el Estado ha requisado varios alojamientos de estudiantes públicos, que a partir de julio deben ser usados por voluntarios y personas ligadas a la organización de los Juegos. Se estima que unos 2.000 estudiantes que pretendían conservar sus plazas en las residencias del Estado durante el verano –mientras realizan prácticas o trabajos temporales– deberán abandonarlas. En este sentido, algunas asociaciones denuncian la “hipocresía” de que la candidatura de París para albergar los Juegos contemplase un compromiso para convertir el evento “en los primeros juegos inclusivos y socialmente responsables de la historia”. Uno de los elementos centrales para conseguirlo fue la Charte sociale (carta social), un documento de buenas prácticas –dentro de los parámetros de la legislación en vigor– que garantizase la seguridad laboral de todos los trabajadores en las obras de las infraestructuras olímpicas. Una forma de distanciarse de las denuncias que acompañaron las construcción de los estadios del Mundial de fútbol celebrado en Qatar. Para presidir el comité de seguimiento de esta Charte social se eligió al exdirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT) Bernard Thibault y la empresaria Dominique Carlac'h, miembro de la patronal francesa (Medef). El pasado 25 de abril presentaron un primer balance de su trabajo, junto a representantes del comité organizador (Cojo) y de la empresa responsable de las estructuras olímpicas (Solideo). Vista de la construcción de la Villa Olímpica para París 2024 en Saint Denis. En la presentación los participantes subrayaron que en las obras gestionadas por Solideo, es decir, las directamente ligadas a los Juegos, el número de accidentes laborales (180, 31 de ellos graves) es cuatro veces inferior a la media de las obras en Francia, y que no hubo que lamentar ningún fallecimiento por accidente laboral (–estos datos no tiene en cuenta las obras ligadas a la ampliación de la red de transporte, o a infraestructuras gestionadas por el Estado y el Ayuntamiento de París, en las que fallecieron tres trabajadores–. Unos resultados que los organizadores explican con la creación de dos equipos de inspectores de trabajo exclusivamente dedicados a supervisar las obras de los Juegos Olímpicos. No obstante, una vez más las personas en situación de mayor precariedad, en particular los trabajadores migrantes, han quedado excluidos de esa protección. Diversas investigaciones periodísticas de medios franceses como France Info y Libération han documentado el empleo de migrantes en situación irregular. En junio del año pasado, diez de ellos se decidieron a denunciar ante los tribunales laborales franceses una situación de “explotación” por parte de empresas subcontratadas y de varias grandes constructoras que participaron en las obras. Recientemente, el New York Times publicaba nuevos testimonios en este sentido que reflejan que las personas sin papeles han desempeñado “un papel más importante y arriesgado en la preparación de los Juegos Olímpicos” de lo que reconoce el Gobierno de Emmanuel Macron. “Las prácticas que se encuentran en las obras olímpicas son las mismas que en cualquier otra parte del sector de la construcción”, admitía hace un año Bernard Thibault a Libération. “Pero tenemos un sistema de vigilancia un poco más desarrollado, con un comité presente en las obras, con personal permanente. Eso nos permite detectar algunos casos”.

Desde el pasado 8 de mayo, las operaciones militares israelíes han impedido en la práctica la entrada de suministros básicos en Gaza, donde más de dos millones de palestinos están al borde de la hambruna tras siete meses y medio de guerra y de bloqueo por tierra, mar y aire. Israel continúa su ofensiva en el este de la ciudad de Rafah y mantiene cerrado el paso fronterizo del mismo nombre entre Gaza y Egipto, y ha expandido sus ataques y actuaciones en la localidad de Yabalia, en el norte de la Franja, donde los niveles de hambre son más elevados por la dificultad de acceder a esta zona desde principios de año. Por ello, Estados Unidos ha construido un muelle provisional en la costa del enclave palestino para llevar ayuda humanitaria vía mar y este viernes por la mañana ha tenido lugar el primer desembarco, según el Comando Central del Ejército estadounidense –el encargado de construir y gestionar el proyecto, denominado JLOTS–. “Este es un esfuerzo multinacional para entregar ayuda adicional a los civiles palestinos en Gaza a través de un corredor marítimo de naturaleza completamente humanitaria”, ha asegurado el CENTCOM en un comunicado. El Ejército ha querido dejar claro que “las tropas de EEUU no han desembarcado en Gaza”. Washington es consciente de la dificultad de llevar y entregar ayuda humanitaria en una zona de conflicto, y además no quiere verse involucrado directamente en la guerra, aunque de forma indirecta lo está por su apoyo político, militar y logístico a Israel. El muelle flotante temporal que EEUU ha construido en la costa de Gaza Chipre Larnaca Corredor humanitario Gaza Jordania Israel Egipto 1 La carga que llega vía mar por el corredor humanitario es descargada en la primera plataforma, llamada instalación de descarga, a unos 5 km de la costa de Gaza 2 3 De la primera plataforma, los palés se trasladan a barcos más pequeños Una vez en el muelle flotante, la ayuda se distribuye a través de camiones a tierra firme COSTA DE GAZA Sección de muelle flotante vista lateral GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA El muelle flotante temporal que EEUU ha construido en la costa de Gaza Chipre Larnaca Corredor humanitario Gaza Jordania Israel Egipto 1 La carga que llega vía mar por el corredor humanitario es descargada en la primera plataforma, llamada instalación de descarga, a unos 5 km de la costa de Gaza 2 De la primera plataforma, los palés se trasladan a barcos más pequeños Sección de muelle flotante vista lateral 3 Una vez en el muelle flotante, la ayuda se distribuye a través de camiones a tierra firme COSTA DE GAZA GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA “La cuestión fundamental es: ¿seremos capaces de introducir suficiente ayuda para mantener a la gente con vida? Ya hemos dejado muy claro que, a menos que las cosas cambien radicalmente a mejor, la respuesta es que no”, ha declarado Farhan Haq, portavoz del secretario general de la ONU, en una rueda de prensa en Nueva York. Desde Londres, el Gobierno británico ha informado de que un primer cargamento de ayuda humanitaria ha sido enviado desde Chipre, a través del corredor marítimo humanitario con Gaza, y ha llegado al puerto provisional construido por EEUU. También el primer envío europeo ha alcanzado la costa gazatí, tal y como ha celebrado a través de la red social X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, detallando que es un cargamento de comida donada por Rumanía a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. “Vamos a seguir proveyendo de ayuda humanitaria a los palestinos necesitados”, ha afirmado. Un barco con ayuda humanitaria en el muelle temporal que EEUU ha instalado en Gaza el 16 de mayo. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke, ha declarado este viernes en Ginebra que “Naciones Unidas está haciendo los preparativos para manejar la ayuda que empieza a llegar a través del corredor marítimo y el muelle flotante”. Sin embargo, ha lamentado que “asistir a las personas en Gaza sólo a través de un muelle flotante lejano no es adecuado”. “Los cruces terrestres siguen siendo la vía más importante para llevar ayuda a Gaza”, ha reiterado, tal y como vienen diciendo las agencias de la ONU desde hace meses –también cuando EEUU y otros países empezaron a lanzar la ayuda humanitaria desde aviones sobre la Franja–. EEUU había anunciado anteriormente que se coordinaría con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) para distribuir la ayuda en Gaza, porque Israel rechaza que lo haga a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), a la que acusa de colaborar con el grupo islamista Hamás y contra la que ha emprendido una dura campaña para poner fin a su actividad en la Franja –donde sigue siendo la principal agencia humanitaria y presta una asistencia vital para los gazatíes–. La directora de comunicación de la UNRWA, Juliette Touma, ha confirmado a elDiario.es que la agencia “no está involucrada” en el JLOTS (de las siglas en inglés de Joint Logistics Over the Shore). Hambre y desplazamiento forzoso El PMA ha advertido de que las existencias de comida y combustible (necesario para los camiones que transportan la ayuda, los generadores eléctricos de hospitales y otras infraestructuras básicas) se agotarán “en cuestión de días” dentro de Gaza, ya que desde el pasado 6 de mayo el organismo no ha podido recibir ningún suministro a través de Kerem Shalom, el paso fronterizo entre la Franja e Israel, donde el Ejército israelí inspecciona los camiones que llegan desde Egipto por el cruce de Rafah. Además, desde el 11 de mayo ha tenido que suspender la distribución de suplementos nutricionales a mujeres embarazadas y que amamantan en Rafah, debido al aumento de la violencia. “Una mayor escalada [de las hostilidades] podría paralizar las operaciones de ayuda y exacerbar la catástrofe humanitaria”, ha alertado. “La amenaza de una hambruna nunca fue tan grande” en la Franja, ha asegurado el PMA, destacando que en el norte del enclave los niveles de desnutrición en los niños menores de dos años han aumentado del 15% en enero al 30% en marzo. Por su parte, la UNRWA ya no tiene comida para distribuir en el sur de Gaza, según Touma, que ha recordado que las necesidades diarios equivalen a unos 500 camiones al día, el número que accedía a la Franja antes del conflicto. Esta semana, el organismo sólo ha recibido 27 camiones el miércoles, día 15, a través de Kerem Shalom. A la falta de comida, agua potable y otros suministros de primera necesidad se suma el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas desde que Israel ordenó la evacuación de Rafah y empezó su ataque contra el este de la localidad hace más de diez días. Desde entonces, más de 630.000 palestinos han huido de Rafah, donde se habían refugiado anteriormente tras escapar de otras zonas de la Franja en los pasados meses. Los improvisados campos de desplazados en los alrededores de la ciudad se han ido vaciando rápidamente y las tiendas de campaña se están multiplicando más al norte, en la denominada “zona humanitaria” de Al Mawasi designada por el Ejército israelí –ampliada hasta Jan Yunis y Deir al Balah después de las últimas órdenes de evacuación–. Áreas designadas por el Ejército israelí en Gaza Jerusalén N Área ampliada 2 km ISRAEL “Zona humanitaria” extendida Deir al Balah “Zona humanitaria” de Al Mawasi Franja de Gaza Jan Yunis Rafah EGIPTO Paso de Rafah Áreas de Rafah que Israel ha ordenado evacuar Paso de Kerem Shalom GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW Áreas designadas por el Ejército israelí en Gaza Jerusalén N Área ampliada 2 km Deir al Balah “Zona humanitaria” extendida ISRAEL “Zona humanitaria” de Al Mawasi Franja de Gaza Jan Yunis Rafah EGIPTO Paso de Rafah Áreas de Rafah que Israel ha ordenado evacuar Paso de Kerem Shalom GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW “Hemos sido desplazados cuatro veces y ahora vivimos con la familia de mi tío en Al Mawasi, pero no hay espacio para nosotros”, cuenta Amal. La niña palestina, cuyo testimonio ha recogida la Agencia de la ONU para la Infancia, explica que ella y su familia huyeron del norte de Gaza a Jan Yunis, de Jan Yunis a Rafah y, por último, al área de Al Mawasi. “Aquí no hay agua, es difícil encontrarla y terminamos bebiendo agua salada”, lamenta. En esa misma situación se encuentran muchas otras familias, que abandonaron su hogar por los bombardeos israelíes y viven en condiciones precarias, y dependen de la ayuda humanitaria internacional para sobrevivir. Otro joven palestino de 27 años, Muhamad al Najar, dice que su familia no puede permitirse marcharse de Rafah, a pesar del riesgo de quedarse. “Fui desplazado a Rafah desde Jan Yunis hace más de cuatro meses y mi casa es sólo escombros ahora”, relata al periódico The Guardian. “No vamos a movernos a otra zona, no tenemos el dinero para hacernos otro refugio y nos costaría lo mismo mover el que tenemos aquí, así que nos quedaremos”, agrega. Más palestinos se están viendo desplazados de Yabalia –el mayor campo de refugiados de Gaza que con las décadas se ha convertido en una gran barriada, en la que hay viviendas, comercios, etc.– a medida que las tropas israelíes avanzan entre sus callejones y sus vehículos blindados y excavadoras destruyen los edificios e infraestructuras. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado que están luchando en el centro de la ciudad este viernes. “En menos de una semana de operaciones, los soldados eliminaron más de 60 terroristas en operaciones terrestres y aéreas”, aseguraron en un comunicado. Además de matar a supuestos terroristas de Hamás, los bombardeos destruyeron su infraestructura, de acuerdo con las FDI, que han distribuido imágenes de sus operaciones en Yabalia. Una guerra “trágica y terrible” Este viernes, el equipo legal de Israel volvió a comparecer en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la demanda de genocidio presentada por Sudáfrica el pasado mes de enero, y defendió su actuación en Gaza, donde la propia corte considera que hay riesgo de genocidio. El representante israelí Gilad Noam ha afirmado que la guerra en Gaza es “trágica y terrible, para israelíes y palestinos, y se ha cobrado un precio humano terrible, pero no es genocidio”; y ha vuelto a arremeter contra Sudáfrica por emplear ese término y “evocar una terminología que recuerda al exterminio sistemático de los judíos europeos” durante la Segunda Guerra Mundial. Este jueves y viernes se celebraron las audiencias convocadas por la CIJ después de que Sudáfrica pidiera a la corte emitir medidas cautelares adicionales contra Israel para detener su ofensiva militar en Rafah, después de las medidas dictadas en enero –que el equipo legal sudafricano ha denunciado reiteradamente que Israel no está cumpliendo–. “Sudáfrica esperaba, cuando aparecimos por última vez ante este tribunal, detener este proceso genocida para preservar Palestina y su gente. Pero el genocidio por parte de Israel ha continuado a un ritmo acelerado y acaba de alcanzar una fase nueva y horrible”, dijo el jueves el representante sudafricano. Esa nueva fase es la ofensiva contra Rafah, iniciada hace más de diez días, por lo que Pretoria pide a la CIJ que exija a Israel “de forma claramente explícita” que cese sus operaciones militares en la Franja. “Sudáfrica tiene un claro motivo ulterior cuando le pide (a la CIJ) que exija a Israel mantenerse alejado de Rafah y retirar todas sus tropas de Gaza. Lo hace para obtener ventaja militar para su aliado, Hamás, a quien no desea ver derrotado”, ha afirmado Noam. El representante del Estado judío ha dicho que “ningún Estado es infalible” y ha justificado que “como es el caso en todos los conflictos armados, pueden ocurrir incidentes que involucren presuntas violaciones de las normas” internacionales, como las que se están viendo en Gaza. Por ello, ha argumentado que la CIJ “corre el peligro” de entrar en “la microgestión de aspectos operacionales de un conflicto armado” con su investigación sobre la presunta conducta genocida de las FDI. “Conflicto armado no es sinónimo de genocidio”, ha remachado Noam.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva varios años –desde que montó toda una campaña electoral basada en la “libertad” de tomarse una caña– con una política de drogas cuando menos peculiar: la mandataria ensalza el consumo de alcohol, rechaza el aumento de las restricciones al tabaco que pretende implantar el Ministerio de Sanidad y demoniza el uso de cannabis. Ayuso defiende las drogas legalizadas que se consumen masivamente en la sociedad mientras rechaza una ilegalizada, socialmente menos dañina (según algunos estudios) y utilizada. La “libertad” de tomar cañas se acaba en el cannabis, según ha expresado la presidenta. Lo hace contra el criterio de la propia Comunidad de Madrid, que en su portal sobre drogas y adicciones incluye el tabaco y el alcohol en la misma categoría que el cannabis. “No existe un nivel de consumo seguro de alcohol”, sostiene la Comunidad. “El tabaquismo es la primera causa aislada y evitable de enfermedad y muerte en los países desarrollados”, continúa la web. “El consumo de cannabis puede ser perjudicial para la salud, cada vez más, dado el aumento que se viene produciendo en su contenido en Tetrahidrocannabinol (THC)”, el principal componente psicoactivo de la planta, añade. Este mismo jueves Ayuso dio un ejemplo más de su dispar política antidroga. Consumir cannabis “lleva a un mayor consumo y el mayor consumo a mayores problemas (...); lleva a otras adicciones como la cocaína y la heroína”, sostuvo. Para los jóvenes implica “brotes psicóticos, autolesiones, ansiedad, depresión, apatía y trastornos de la personalidad. Los adictos de los 80 son ahora vagabundos con adicciones crónicas. La legalización del cannabis es un disparate”, repitió uno de sus argumentos recurrentes. En España el Gobierno no ha dado muestras de tener intención alguna de regularizar el consumo lúdico de la marihuana, pese que partidos como Ciudadanos en su momento, Podemos o ERC han presentado iniciativas en el Parlamento. Nunca han llegado a debatirse. El Ministerio de Sanidad sí está creando un programa de uso medicinal, pero es tan restringido que ni siquiera contempla el uso directo de las flores de la planta (los cogollos), lo que le ha costado a la ministra, Mónica García, el rechazo de las principales asociaciones de pacientes. Los datos sobre la prevalencia en los consumos y los efectos que tienen tampoco parecen dar argumentos a la presidenta madrileña. En España, un 74,6% de los mayores de 15 años ha consumido alcohol en el último año y se calcula que cada 12 meses hay unas 15.500 muertes atribuibles al consumo de esta droga. Un 8,8% de la población lo consume a diario y Alcohólicos Anónimos calcula que unas tres millones de personas necesitarían tratamiento. Los consumidores de tabaco son menos, (un 23% lo hace a diario), pero los muertos, más: 54.000 fallecimientos anuales se atribuyen al tabaquismo y uno de cada dos fumadores morirá por esta causa si no lo deja a tiempo. Cannabis consume uno de cada diez ciudadanos (10%) entre 15 y 64 años y en el año 2017 se registraron 117 muertes “por reacción aguda” tras consumirlo, aunque no se le achacan directa o exclusivamente, sino como un factor más. Los adolescentes españoles son los mayores consumidores de Europa, con una prevalencia del 14,5% en el último mes. En la evolución histórica del consumo adolescente, el tabaco y el alcohol lleva años en caída (más moderada en el caso del alcohol), mientras el cannabis se mantiene estable. En términos generales, el mundo avanza hacia una mayor laxitud con el cannabis –la regulación medicinal se expande y cada vez más países lo están legalizando, especialmente después de que la ONU lo sacara de su listado de drogas más peligrosas– y menor tolerancia con el tabaco, que en países como Reino Unido o Nueva Zelanda se está prohibiendo totalmente para las nuevas generaciones y muchos gobiernos están empezando a limitar el uso de aparatos como los vapers. El alcohol no es una droga Nada de esto cambia el discurso de Ayuso. A favor de las cañas, contra nuevas restricciones al tabaco y contra el cannabis. Y lo hace desde una posición contraria a las drogas, asegura: “Me parece que son una condena, que quitan la libertad al individuo, le quitan autonomía. Estoy en contra de los drogas, me parece el mayor lastre de una persona ser dependiente de algún tipo de sustancia”. Promover el consumo de alcohol y criticar el de cannabis es contradictorio cuando se hace desde una postura antidrogas, lo que implica que o Díaz Ayuso no cree que el alcohol y/o el tabaco sean drogas –cuestión tan asentada que no genera ni discusión en la comunidad científica– o simplemente usa el tema para cargar contra las políticas del Gobierno sean cuales sean. No es la primera vez que lo hace. Unos meses atrás rechazó la propuesta de Sanidad de prohibir fumar en las terrazas, para lo que puso el ejemplo de Estados Unidos, donde ciudades como Nueva York prohíben fumar en espacios públicos, desde restaurantes y terrazas hasta la entrada de los edificios, mientras se ha permitido la proliferación de la marihuana. “Nos encontramos con grandes capitales, grandes ciudades en el mundo, (...) donde todo son tiendas de consumo de marihuana, donde se ha contemporizado con todas las drogas, donde se es muy permisivo con lo demás. Estamos viendo cifras desastrosas de jóvenes, personas de todas las edades, abandonadas por las calles, hundidas, porque se ha pasado de unas drogas a las siguientes”, afirmó a finales del año pasado. Un argumento falso ampliamente desmentido. “La 'teoría de la escala' ha sido desechada desde hace mucho tiempo por la comunidad científica internacional, tanto por motivos neurobiológicos como por evidencia epidemiológica. La inmensísima mayoría de los consumidores de cannabis no continúa consumiendo cocaína o heroína”, señala Manuel Guzmán, catedrático en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM). Desde el sector cannábico, el que hace lobby por una regulación, no se defiende que consumir marihuana sea inocuo, pero se apuesta por un uso adulto responsable –como el que se pretende con las drogas legales– y se señala la hipocresía de demonizar una sustancia mientras se promueve otra, y hacerlo además con argumentos falsos. Regularizar el uso de cannabis ayudaría a visibilizar los problemas de consumo de quien pueda tenerlos e incluso generar fondos a modo de impuestos para programas de prevención o tratamiento a posibles adicciones. Pero que se esté regularizando en cada vez más países (partiendo de que en origen no se prohibió por motivos sanitarios) o que se estén creando programas medicinales no esconde que el consumo de cannabis también tiene efectos negativos. El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) explica que “el consumo habitual provoca una serie de daños orgánicos y psicológicos”, y enumera: problemas de memoria y aprendizaje, peores resultados académicos, abandono prematuro de los estudios, dependencia (entre el 7% y el 10%), enfermedades broncopulmonares y determinados tipos de cáncer, arritmias y psicosis y esquizofrenia. También sostiene el PNSD que “el impacto psicológico del consumo de cannabis tiene una especial relevancia”: “Puede dar lugar a varios tipos de trastornos mentales, entre los que se incluyen los trastornos psicóticos. Su consumo aumenta más de cinco veces el riesgo de padecer psicosis a lo largo de la vida. Cuanto antes se comienza a consumir y más frecuente es el consumo, mayor es el riesgo”. Aún así, diversos estudios respaldan que el cannabis no es una droga de inicio, como sostiene Ayuso. Este del parlamento británico señala además que esa falsa creencia se ha utilizado a menudo para dirigir las políticas de drogas. O este otro, publicado en Science Direct, que “sugiere claramente que el consumo de drogas de iniciación por parte de los jóvenes no es la causa principal del [posterior] consumo de drogas duras. Por lo tanto, la lucha contra el consumo de drogas de iniciación por parte de los jóvenes puede no ser un enfoque especialmente adecuado para la prevención del abuso de drogas”. Tabaco y alcohol, tercera y cuarta drogas más dañinas Hay informes que señalan que el tabaco y el alcohol están entre las drogas más dañinas a nivel social. El informe Clasificación de los daños del alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas para el individuo y la población, realizado en Países Bajos sobre 17 sustancias ilegales más el tabaco y el alcohol, concluía que estas dos últimas, las únicas legales de la lista, son, respectivamente, la tercera y cuarta droga más dañina de todas en términos generales (ponderando el daño individual, el físico, la toxicidad o la dependencia). Solo el crack y la heroína están por encima, y si se filtra solo por daño social a nivel de población (frente al individual) no hay sustancias más nocivas que el alcohol y el tabaco. El cannabis aparece en el 12º lugar. El alcohol y el tabaco están entre las drogas más dañinas a nivel social, según se ve en este análisis. Cada droga presenta sus problemas. Las tres son adictivas y las tres pueden dañar la salud, aunque en grados diferentes (basta ver las cifras de muertos). El tabaco (y el cannabis fumado) provoca cáncer; el alcohol también. Con el cannabis, cuando es ingerido (en comidas o en forma de aceite) los principales problemas atañen a la salud mental, uno de los argumentos que utiliza Ayuso contra la marihuana. Hay numerosos estudios que señalan que esa relación podría existir, aunque no acaban de ser concluyentes. El Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos resume el estado de la cuestión: “La relación entre el consumo de cannabis (marihuana) y los trastornos psiquiátricos es compleja y se necesita más investigación para entender mejor las repercusiones a corto y largo plazo del consumo de cannabis en la salud mental. Hay pruebas considerables—aunque no todas—que relacionan el consumo de cannabis con una aparición más temprana de la psicosis en las personas con una probabilidad genética de padecer trastornos psicóticos, incluida la esquizofrenia, así como con un empeoramiento de los síntomas en las personas que ya padecen estas afecciones. Aunque es menos consistente, también existen pruebas que relacionan el consumo de cannabis con otras enfermedades mentales y las autolesiones, incluidos los pensamientos y comportamientos suicidas”. Los estudios sugieren sin embargo que esto no es exclusivo del cannabis y que algo parecido se da con el alcohol y el tabaco: su consumo, especialmente en adolescentes, se asocia con más problemas mentales, pero no se ha demostrado que sea causa directa. Falta información concluyente. Más que ser la causa directa de la depresión, pueden ser un factor más, con el añadido de que las personas deprimidas recurren a estas drogas bajo la creencia de que alivian sus síntomas, algo que puede suceder en el corto plazo pero que es contraproducente en el largo. El consumo de alcohol y tabaco también relaciona con la depresión, según han concluido varios estudios. Por ejemplo, uno elaborado en México con una muestra de más de 100.000 estudiantes en función de sus síntomas depresivos y el consumo de alcohol y tabaco explica que “al comparar la sintomatología depresiva entre los grupos de consumo, los resultados indicaron mayores puntajes en el grupo de consumidores de alcohol y tabaco, seguidos de usuarios excesivos de tabaco solamente y de alcohol solamente; los no usuarios excesivos de las sustancias tuvieron puntajes significativamente menores de la sintomatología depresiva. No se encontraron diferencias significativas entre consumidores excesivos de tabaco, alcohol y de ambas sustancias, aunque sí se observaron entre usuarios solamente de alcohol y los que consumen ambas sustancias”.

La crisis abierta en ERC tras el 12M ha dejado en un segundo plano los malos resultados de la otra formación independentista y de izquierdas. La CUP ha cedido 62.074 apoyos y ha pasado de nueve a cuatro escaños en el Parlament, un fracaso que sigue la tendencia a la baja de la formación tras las municipales de mayo y las generales de julio del año pasado. A diferencia de ERC –que solo tras el varapalo del 12M ha fijado un congreso– y de Junts –que no se plantea por ahora ninguna renovación–, la CUP inició ya a finales del año pasado, tras su retroceso en las municipales, su propio proceso de refundación, que debe culminar con una asamblea clave en septiembre. Pero el denominado 'Procés Garbí' cupaire, que toma el nombre del viento que sopla del suroeste, también deberá despejar su propia calima en forma de debates internos que tensan a la organización y que van más allá de resultados electorales concretos. El primer sector cupaire en abrir fuego tras el 12M ha sido Poble Lliure, que ha reclamado a la dirección que “asuma responsabilidades” tras una trayectoria “errática o autodestructiva” de los últimos años. Poble Lliure es la corriente interna de la CUP que se ha visto relegada en decisiones recientes y que en el pasado apoyó investir a Artur Mas. “Creo que todo el mundo se ha sentido cómodo en esta campaña”, manifiesta a elDiario.es una fuente cupaire que no termina de entender el comunicado de Poble Lliure, pero que sí diagnostica uno de los conflictos internos que, a su juicio, sufre la CUP: las visiones no siempre coincidentes entre las asambleas locales en los municipios del interior de Catalunya y los cuadros y militantes que viven en Barcelona. En lo que se refiere a pérdidas de votos este 12M, el mapa no muestra grandes diferencias entre la capital y el territorio, con caídas incluso en Girona, la ciudad más importante en la que gobiernan con un proyecto muy transversal. El voto a la CUP en las elecciones del 12M Porcentaje de voto y variación de voto a la CUP en cada municipio sobre 2021. El tamaño del cuadrado indica el número de habitantes Por otro lado, la apuesta ecologista de la formación no se ha traducido en resultados: el partido ha perdido su representación por Lleida y por Tarragona, cuyas respectivas listas encabezaban opositores a los macroproyectos de los Juegos de Invierno en el Pirineo y el Hard Rock, Bernat Lavaquiol y Sergi Saladié. Este último, sin embargo, se ha quedado a tan solo 570 votos de alcanzar el acta. La mayoría de los votos perdidos por la CUP se han ido a la abstención, según los primeros estudios postelectorales. “El proceso Garbí no está vinculado a los malos resultados del 12M, aunque pongan de manifiesto debates que ya estaban sobre la mesa”, expone otra voz cupaire, que considera que la refundación interna debe culminar también en un relevo de liderazgos después de que las caras más populares de los anticapitalistas, en virtud de la limitación de mandatos, hayan abandonado la primera línea en los últimos años. Más allá de los liderazgos, importantes incluso en un partido asambleario como la CUP, el partido se ha puesto patas arriba en su proceso de refundación, que pretende abarcar desde el papel de la militancia de base hasta el modelo organizativo y electoral cupaire, pasando por cómo lograr la hegemonía cultural de la izquierda o el proceso soberanista. Y, de paso, superar el viejo debate entre corrientes internas. “Corremos el riesgo de quedar saturadas de documentos y ponencias y perder de vista lo más relevante: cómo volver a transformar desde la base”, advierte una tercera fuente cupaire consultada, que ve más preocupantes los 43.071 votos perdidos en las pasadas municipales que los 148.177 de las generales para una fuerza eminentemente municipalista como la CUP. En este sentido, algunas voces internas lamentan que se haya descuidado el trabajo de base en los municipios y los movimientos sociales, con los que se quiere reconectar, si bien reconocen que tanto la militancia como los cuadros acarrean “mucho agotamiento, tanto físico como mental” tras casi una década de movilizaciones, primero contra los recortes y luego por el procés. A la espera de cómo quede el debate interno, desde la CUP sí se muestra preocupación por el retroceso del independentismo de izquierdas: si la pasada legislatura ERC y la CUP sumaban 42 escaños, ahora solo alcanzan los 24. Por si fuera poco, la vuelta de Junts a las posiciones más tradicionales de Convergència dificulta el arrastre de los de Puigdemont hacia tesis más izquierdistas, como había ocurrido en otras legislaturas en materia, por ejemplo, de vivienda. La vuelta a la influencia máxima de la CUP en la política catalana –fueron los anticapitalistas los que plantearon en 2016 el referéndum a Carles Puigdemont–, parece difícil, toda vez que los mejores resultados cupaires han coincidido con los momentos de mayor movilización del procés y de los partidos a su izquierda. “Al final a la CUP se le llegan a pedir unas responsabilidades que no tiene”, lamenta una fuente cupaire, en referencia a la progresiva pérdida de peso del partido durante la última legislatura. Todos los debates internos se sucederán en los próximos meses: las propuestas surgidas de los debates con las bases se redactarán en sendos documentos, que se enviarán a las asambleas en junio y se podrán enmendar hasta el 30 de julio. Durante el verano y el mes de septiembre se podrán transaccionar las enmiendas, que se votarán en la asamblea del 21 de septiembre que marcará el nuevo rumbo de la CUP.

En marzo de 2017 el meteorito de Colomera, un objeto de enorme valor científico e histórico de más de 120 kilos de peso, desapareció de la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC). Nadie ha tenido noticias de su paradero desde entonces ni ha podido seguir estudiándolo, a pesar de que se trata de uno de los meteoritos más interesantes del mundo por su edad y composición, que en la década de 1960 viajó a EEUU para su estudio en el contexto de las misiones Apolo.   El meteorito de Colomera no desapareció de las vitrinas del museo por un traslado temporal o un robo de película, sino por la aplicación de una sentencia judicial. El juez atendía la reclamación de A. Pontes, hija de Antonio Pontes Vílchez, que lo cedió temporalmente en 1935 a la institución. Y ordenaba su devolución a partir de un documento firmado en aquella fecha por el director del museo de la época que decía literalmente que el meteorito se donaba “en calidad de depósito” y estaría “siempre a disposición de su dueño, que podrá retirarlo cuando lo estime conveniente”. La carta firmada por el director del museo en 1935 que dio lugar a la primera demanda. El caso fue un mazazo para la ciencia española, y en particular para el CSIC, pues sus expertos veían cómo se esfumaba un objeto de enorme valor que, de haber sido una pieza de arte o un hallazgo arqueológico habría estado protegido. La reclamación era especialmente dolorosa, pues se había producido como consecuencia de un acto de buena fe y trasparencia de la institución, que en 2008 llevó el meteorito de vuelta a la localidad granadina donde se halló, Colomera, y junto a él exhibió el documento original de la cesión, lo que condujo a la hija de Antonio Pontes a presentar la reclamación. Una vía para el regreso   Siete años después de aquella pérdida traumática para la ciencia española, el caso puede dar un giro, porque un grupo de herederos de la familia, formado por seis de los nietos del descubridor y una bisnieta, ha llevado el caso a la justicia, ya que consideran que el meteorito les pertenece tanto como a la demandante. Y han expresado su voluntad de devolverlo a las vitrinas del museo, de las que nunca debió salir. Aspecto del meteorito de Colomera cuando estaba expuesto en la vitrina del MNCN. Miguel Pontes Márquez descubrió el meteorito mientras realizaba unas obras en la fosa séptica de su casa en Colomeras entre el 6 y el 7 de septiembre de 1913, cuando se topó con un objeto metálico de gran tamaño. Como había estudiado farmacia, reconoció el interés científico de aquel objeto, pero no fue hasta después de su muerte temprana, en 1928, cuando el catedrático José Dorronsoro y otros expertos lo examinaron con detalle. Fue su hijo mayor, Antonio Pontes Vílchez, el padre de A. Pontes, quien cedió el objeto al Museo de Ciencias Naturales en 1935. La clave del caso es que Antonio Pontes Vílchez no era hijo único, sino que tenía otros cuatro hermanos que tenían tanto derecho a heredar el meteorito como él, según aseguran en la nueva reclamación. Son los hijos de aquellos cuatro hermanos de Antonio, primos de A. Pontes, los que tras tener noticia del caso por los medios de comunicación acudieron a la justicia, que ha admitido su demanda y celebrará la vista oral el próximo 31 de julio en Almuñécar, en Granada. “Nos enteramos por la televisión” “Lo que piden es que el meteorito se adicione a la herencia de los abuelos, que eran los legítimos propietarios y fueron transmitidos a los nietos”, explica José Antonio Sánchez Santana, abogado de los demandantes. Estos también reclaman que la otra parte corra con las costas del juicio y que comparta con ellos los 50.000 euros que el juez ordenó pagar al CSIC en concepto de compensación por los desperfectos y cortes que había sufrido el objeto a lo largo de su historia. El hecho de haberse enterado de todo el proceso de rebote les causó un gran malestar, alegan, y consideran que la heredera actuó “unilateralmente y sin conocimiento del resto de coherederos”, que “continuaban en la confianza y creencia de que el meteorito seguía depositado y exhibido en el Museo de Ciencias Naturales en Madrid”. El meteorito es de los herederos de mi abuelo, porque mi prima no es la heredera absoluta, aunque actuó como tal, a nuestras espaldas Mari Paz, 75 años — Nieta del descubridor del meteorito y una de las demandantes “Nos enteramos de lo del meteorito por la televisión, por Telecinco”, se queja Mari Paz, nieta del descubridor del objeto, de 75 años, y una de las firmantes de la nueva demanda. “El meteorito es de los herederos de mi abuelo, porque mi prima no es la heredera absoluta, aunque actuó como tal, a nuestras espaldas”, añade. “Queremos que reparta los 50.000 euros que le dieron y que el meteorito vuelva al museo”, explica a elDiario.es. Aspecto del fragmento más grande del meteorito de Colomera. Aunque la defensa alegó que no se podía reabrir el caso al tratarse de “cosa juzgada”, el juez lo desestimó y decidió abrir juicio oral, como reclamaban los demandantes. Estos presentan nueva documentación sobre el hallazgo del objeto en 1913 y una cláusula en el cuaderno particional de la herencia de sus abuelos, en 1934, que indica que “si en lo sucesivo, apareciesen más bienes o derechos de los inventariados, se distribuirán y repartirán en la misma proporción que ahora se ha hecho”, lo que incluiría el meteorito. ¿Una solución salomónica? Si el juez reconoce que el meteorito forma parte de la herencia de los abuelos, informa el abogado de los demandantes, existen mecanismos “para dividir la cosa común” que se remontan al derecho romano. “Se inicia un procedimiento en el que le dice a las partes si quieren quedarse con una parte del objeto o ser indemnizados con la parte del valor que tiene”. Si no hay ningún acuerdo, añade, el juez puede pedir la partición y dividirlo en trozos a cada uno. Esto es improbable en este caso y, de oponerse al regreso del meteorito al museo, la demandada solo podría hacerlo sobre su parte proporcional (una quinta parte), pero no sobre el resto.  “La propiedad es indiscutible, ellos quieren que se añada en el cuerpo de esa herencia, cuando eso era un bien privativo de mi abuelo”, asegura el hijo de A. Pontes —que pide no revelar su identidad. Pese a las informaciones de que el meteorito ha sido troceado y vendido, asegura que el objeto se encuentra en su poder e íntegro. “El meteorito está en toda su integridad, custodiado por nosotros con todas las medidas de seguridad”, asevera el hijo de la demandada, y reconoce que ofrecieron al propio Museo de Ciencias Naturales volver a exponerlo a cambio de una compensación, pero no tuvieron respuesta, como tampoco la tuvieron del Parque de las Ciencias de Granada. “Ojalá la administración hubiera llegado a un acuerdo con nosotros y el meteorito estuviera expuesto y se nos hubiera pagado un justiprecio o un alquiler, porque estábamos abiertos”. “El meteorito está en toda su integridad, custodiado por nosotros con todas las medidas de seguridad”, asegura el hijo de la demandada Respecto a la petición de repartir el dinero de la indemnización obtenida del CSIC, el hijo de A. Pontes asegura que el juez deberá tener en cuenta el coste del proceso judicial, que supera los 50.000 euros. “A lo mejor resulta que nos deben dinero”, plantea. Sobre la posibilidad de devolver el meteorito al museo, ya adelanta que ellos se negarían. “Si el Estado les reconociera los derechos, yo me negaría a devolver el meteorito al ministerio y al museo”, informa. “Y lo haría en base a la mala actuación que han tenido a lo largo del proceso original contra nosotros, porque en lugar de intentar resolverlo en términos razonables no nos dejaron más opción que acudir a los tribunales”.  Un detalle importante es que el meteorito de Colomera original, que pesaba 134 kilos, ya estaba fragmentado hasta quedar en los 120,34 kg que le fueron entregados a A. Pontes en 2017. Esta masa es la suma del cuerpo principal de 105,7 kg, otras dos piezas de 12.5 kg y 2,125 kg, y un vial con muestras separadas de 17,3 gramos, que son los que la actual propietaria conserva en una caja fuerte, según relata su hijo. “Entre 1913, y hasta su devolución a la coheredera demandada, el citado meteorito fue objeto de numerosos estudios y pruebas, fundamentalmente por científicos alemanes del Instituto Max Planck y en Caltech, California”, señala el escrito que ha motivado el juicio, en referencia a otras partes del meteorito que quedan en diversas instituciones extranjeras. Además de algunas pequeñas muestras en el Museo de Historia Natural de Londres y en el Museo Geominero de Madrid, la parte más grande son los nueve kilos del meteorito que se quedaron en Estados Unidos tras el traslado en 1966 y que ahora están repartidos en varias instituciones de ese país. “El meteorito más importante de España” El meteorito de Colomera era una de las joyas científicas del Museo de Ciencias Naturales por su edad y su composición particular, que lo hacen especial entre los meteoritos metálicos. “En el aspecto científico, sin duda es el más importante de España, y debería volver a un museo, me da igual el que sea, siempre que quede disponible para el público”, asegura Rafael Lozano, experto en meteoritos del Museo Geominero (IGME), que ha documentado la historia de la roca de Colomera en un trabajo reciente. Gerald Joseph Wasserburg y Hermógenes Guillermo Sanz posan con el meteorito de Colomera en las instalaciones de Caltech en 1968 Este estudio ofrece los detalles de su hallazgo y dónde se encuentra cada fragmento en la actualidad, después del viaje que hizo el meteorito al Instituto Tecnológico de California (Caltech) y al Jet Propulsion Laboratory, entre 1966 y 1969, acompañado por los químicos españoles Hermógenes Guillermo Sanz (JEN) y su esposa María Luisa Santillana. Fue allí donde el especialista en geoquímica de isótopos Gerard Joseph Wasserburg limpió la superficie y encontró un enorme cristal de feldespato de 11 centímetros de longitud (un hallazgo único en un meteorito metálico) y una fractura primaria que indica que la otra parte de la masa original del meteorito podría seguir enterrada en algún lugar de Colomera. El interés que tenían los americanos era poder datar su edad y probar sus instrumentos de cara a las misiones en la Luna Rafael Lozano — Experto en meteoritos del Museo Geominero (IGME) “El interés que tenían los americanos era poder datar su edad, gracias a los silicatos incrustados, y probar sus instrumentos con los mejores meteoritos que existieran de cara a las misiones en la Luna”, explica Lozano. “Todas esas inclusiones siguen siendo de gran interés”, añade. “Son como gotitas de vidrio que contienen información muy valiosa, por eso recuperar para la ciencia un objeto que es tan diferente de los otros meteoritos metálicos sería muy importante”.   Patrimonio desprotegido “El meteorito tiene minerales que no son terrestres y eso es muy interesante para los investigadores”, añade Aurelio Nieto, conservador de la colección de Geología del MNCN, quien recuerda que, por su gran tamaño, esta pieza era la “estrella” del museo y vivió la retirada con una enorme frustración. “Llegó la demandante con el director del centro y me dijeron: vamos a abrir la vitrina y vamos a sacar el meteorito porque se lo llevan”, recuerda.  “Se está favoreciendo a personas que solo buscan su propio beneficio. Este meteorito debería ser patrimonio de todos Enrique Díaz-Martínez — Investigador del IGME Nieto sintió entonces que por parte de la administración no hubo ningún apoyo y “una sucesión de despropósitos” desembocó en la pérdida del meteorito. “Recuperarlo, desde luego, sería un bombazo, porque se los llevaron con malas artes y con cierta humillación”, asegura. Su único temor es que, al no haber prosperado la campaña que él y otros encabezaron entonces para que fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en su momento, haya sucedido lo peor y la sentencia llegue demasiado tarde (aunque el hijo de la demandada niega que se haya troceado o sacado de España). Fragmento del meteorito de Colomera que se conserva en el Museo de Historia Natural de Londres. A la espera del desenlace del caso el próximo mes de julio, Nieto recuerda que, aunque se hicieron algunos esfuerzos, como la mención de los meteoritos en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de 2007, a todos los efectos este tipo de material sigue desprotegido. “Ahora mismo la situación es una vergüenza, estamos perdiendo oportunidades y se está priorizando un beneficio particular y privado ante un beneficio que es para la sociedad”, asegura Enrique Díaz-Martínez, investigador del IGME y uno de los científicos que participa más activamente en los intentos de proteger este material legalmente. “Se está favoreciendo a personas que solo buscan su propio beneficio”, concluye. “Este meteorito debería ser patrimonio de todos”. 

El ataque en la provincia de Bamiyán resultó en cuatro muertos y siete heridos. Cuatro de ellos españoles, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores.

El índice encadena cinco semanas al alza. Hoy han liderado los avances Caterpillar, JPMorgan y Boeing. Leer

Les novetats musicals que no et pots perdre també passen per l'últim d'Eduard Iniesta i Ayryn

La Unión Europea ha condenado este viernes "en los términos más enérgicos" un tiroteo llevado a cabo por hombres armados no identificados en la ciudad de Bamiyán, en el centro de Afganistán, que se ha saldado con tres turistas españoles muertos.

El fotoperiodista de El País, Luis de Vega, ha sido el ganador de la trigésimo novena edición del Premio Cirilo Rodríguez, que la Asociación de Periodismo de Segovia (APS) concede en memoria del que fuera corresponsal en Estados Unidos para Televisión Española, en los años 60 y 70, el segoviano Cirilo Rodríguez.

El Gobierno, contrario a la operación, evaluará "otras dimensiones", como su impacto en la exclusión financiera, el empleo y la cohesión territorial. Leer

Otro acertante de segunda categoría ha ganado 154.633 euros.

La noticia llega después de que la firma plantease a principios de esta semana un ERE que afectará a 849 empleados, lo que supone el 45% de su plantilla

La derrota política de Julián Marías por decir, en 1978, la verdad, es hoy un fracaso colectivo de la sociedad española.

Los ciudadanos no pueden estar atentos cada legislatura a unos nombres u otros para sus calles en razón de los impulsos partidistas y el sectarismo políticos.

Occidente se basa en una paradoja suprema: adorar a los judíos a condición de que no se note que son judíos. Y si están muertos, mejor.

Al menos tres turistas españoles han fallecido y otro ha resultado herido este viernes en un tiroteo llevado a cabo por hombres armados no identificados en la ciudad de Bamiyán, en el centro de Afganistán, según han confirmado fuentes de Exteriores, en contacto con la Delegación de la Unión Europea en la zona.

El sorteo de Euromillones, que reparte suerte a partir de las 21:30 horas, puede darle una buena alegría a sus acertantes

El sorteo de la Bonoloto, que reparte suerte seis días a la semana a partir de las 21:30 horas, puede darle una buena alegría a sus acertantes

Los ciudadanos estaban de turismo en la ciudad de Bamiya Leer

Pocas veces en su historia ha sido fácil ser argentino. La actual es una de esas épocas que se recordará por el sufrimiento. El salario medio de un trabajador ha caído un 19% en términos reales desde diciembre y ya está por debajo del umbral de pobreza. El descenso para los que trabajan en la economía sumergida es mucho mayor. El consumo se ha derrumbado. En febrero, los supermercados anunciaron un descenso del 11% anual en sus ventas. En las pequeñas tiendas, fue del 25,5%. Javier Milei está encantado. Cree que todo va de cine, porque los grandes números financieros van en la dirección concreta. En un país en bancarrota, la medicina puede ser tan dura que deje medio muerto al paciente. Eso no es un problema para el presidente que tomó posesión el 10 de diciembre. Todo el planeta está contaminado de socialismo y se necesita un cirujano de hierro para salvarlo. “Estoy enamorado del shock, pero no tenía otra alternativa”, dijo el viernes en Madrid. Es cierto que las opciones no eran muchas, aunque nadie debe llamarse a engaño. Le encanta meter el bisturí hasta tocar hueso. Cuanto más grite de dolor el paciente, mejor será la cura. Milei, de 53 años, cogió el avión oficial de la presidencia argentina para presentarse en España y realizar una visita no muy oficial. Lo único que se acerca a sus funciones es la reunión que tendrá el sábado en la embajada con directivos de las empresas españolas con negocios en su país. Lo demás entra en el terreno de los intereses particulares: presentar un libro y participar en un mitin de Vox para mayor gloria de su amigo, Santiago Abascal. En Moncloa y Zarzuela, ya lo verán en otro momento si tienen suerte. Abascal estaba entre el público, al igual que Esperanza Aguirre. Había un cartel en un asiento a nombre del juez García Castellón, pero al final se retiró y no se vio al magistrado. A algunos dirigentes del PP madrileño les hubiera gustado estar, pero hubiera sido como unirse a la fiesta de Vox de este fin de semana. No olvida lo que Abascal hizo por él. Su ascenso político es una de esas historias políticas improbables, una de las que quizá se puede decir que sólo ocurren en Argentina. No muchos años antes de la segunda vuelta de las elecciones que le dio el 55% de los votos, era prácticamente un apestado, un loco que pegaba gritos y lanzaba gruesos insultos contra los que discrepaban de su mensaje, con algunas menciones a la célebre conc** de su madre. “Cuando yo era un ser despreciable y nadie me quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal”, dijo en el acto organizado por la editorial Deusto y el diario La Razón. Milei ya dejó a la audiencia con la boca abierta cuando estuvo en enero en Davos, donde consiguió asustar a una audiencia a la que no había que convencer de las virtudes del capitalismo. No lo suficiente para Milei. Los miró como si fueran cómplices del socialismo por permitir la más pequeña regulación que afecte al mercado. En Madrid, no fue tan iracundo, porque se sabía ante una audiencia favorable y le entrevistaba el economista Juan Ramón Rallo, otro amigo suyo. Tras su llegada al poder, ha tenido que transigir en algunos aspectos, porque ni su partido ni sus aliados de la formación del expresidente Macri cuentan con mayoría en el Parlamento. No lo ocultó, pero le restó importancia. “El camino a la libertad no es rectilíneo y uniforme”, dijo. “Puede haber algún desvío”. Dejó pocas dudas sobre su interés por negociar o alcanzar acuerdos con los que no piensan como él. No tiene ninguno. Si negociar es ceder, para él negociar es sinónimo de traición si supone renunciar a lo irrenunciable. Cojamos el ejemplo de la dolarización y la desaparición del banco central. Esto último es una promesa que hizo en campaña que obviamente es inviable en un futuro previsible. Eso no quiere decir que la haya olvidado para siempre. Es una de las instituciones que quiere hacer pedazos con su motosierra. Rallo le preguntó si sigue en pie el plan de cerrarlo. “Absolutamente”, respondió y por ello recibió los aplausos del público, que probablemente no tenía muchos conocimientos de política monetaria. Les bastaba con escuchar una de esas barbaridades por las que Milei se ha hecho famoso en su guerra contra el Estado. Milei anunció que tiene en mente una reforma legislativa para iniciar ese proceso. “Vamos a mandar una ley (al Congreso) para que esté prohibido emitir dinero. El que lo haga, el presidente o el ministro de Finanzas, va preso por aprobar esa aberración”. ¿Qué ocurre si es imprescindible hacerlo, preferiblemente no para provocar una hiperinflación? Él dice que en ese caso la gente podría “importar moneda extranjera”, lo que quiere decir comprar dólares. “Eso hará que aumentará la cantidad de dólares hasta tal punto que (y ahí chasqueó los dedos) se acaba el banco central. Dos por el precio de uno. El dólar como moneda nacional y el banco central desaparecido, porque nadie necesita emitir dinero en la Arcadia paleoliberal del presidente argentino. Ese sonido con los dedos resume en buena parte su actitud. Todo ocurrirá como el ha previsto. Como si fuera una fuerza inexorable de la naturaleza. Sólo él tiene en la cabeza la evolución de la economía porque no está contaminado por el socialismo. Es el revolucionario que sabe que la historia sólo puede ir en una dirección. ¿Control de capitales? Inmoral. ¿La deuda? Inmoral. ¿La justicia social? Una aberración propia de “resentidos y envidiosos”. Hablaba con la misma convicción con la que lo haría un ideólogo del Partido Comunista de la Unión Soviética en los años cincuenta. Es una enamorado de la mano dura a la hora de imponer sus recetas económicas y además está seguro de que la historia caminará por el sendero que él ha marcado. Hará que todo salte por los aires para que la sociedad abandone la maldad izquierdista y comulgue con la libertad, con la idea que él tiene de libertad y que resulta que favorece a los que tienen más dinero. Milei está muy pagado de sí mismo y convencido de que la verdad habla por su boca. Todos los que llevan un cartel que dice “el fin del mundo está cerca” lo están. Es lo bastante lúcido como para saber que no ha llegado arriba sólo por sus méritos. De alguna manera, fue levantado por sus enemigos. “Soy un liberal en un país de zurdos (de izquierdas). Hicieron las cosas tan mal que aquí estamos”. Se podría decir que la presidencia de Milei es un regalo de Argentina al mundo para que aprenda las consecuencias de dejar que un país se vaya al carajo.

Milei: Cuando yo era un ser despreciable el único que me abrazó fue Santiago Abascal

Exteriores ha confirmado a que hay españoles afectados en el atentado en Afganistán.

David DePape, de 44 años, irrumpió en casa de la ex presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y agredió a su marido en la cabeza en octubre de 2022 Leer

Rusia y China consolidan su alianza con la visita de Putin a Pekín, donde el presidente Xi Jinping ha dejado claro que Rusia no está sola en su pugna con Occidente.

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El municipio de Villaralto acogerá durante todo el fin de semana a aquellos visitantes que quieran conocer y disfrutar su Feria del Pastoreo, una décima edición que tiene previstas numerosas actividades y con la que se persigue, un año más, poner en valor esta tradición de tanto arraigo en el municipio cordobés.

El polémico colaborador continúa su guerra contra la productora del reality de supervivencia de Telecinco, desvelando el supuesto verdadero motivo detrás del veto a la concursante

Un ataque armado contra un grupo de turistas en la provincia afgana de Bamiyán, al noroeste de la capital, Kabul, ha dejado al menos cuatro muertos, tres de ellos de nacionalidad española, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores español, que está en contacto con la Delegación de la Unión Europea en la zona. Fuentes de Exteriores confirman a elDiario.es que al menos otro turista español ha resultado herido en el tiroteo. El Ministerio está trabajando, a través de la Unidad de Emergencia Consular, para esclarecer las circunstancias de los hechos, atender a los afectados en todo lo que necesiten y contactar con sus familiares. Mapa de Afganistán con la provincia de Bamiyán marcada en rojo Según ha informado el periódico estadounidense The New York Times, el tiroteo se ha producido sobre las 17.30 horas, cuando un hombre armado habría disparado contra un grupo de turistas a su salida de un bazar de la capital de la provincia de Bamiyán, en el centro del país afgano. Además de los cuatro fallecidos, cuatro turistas extranjeros, uno de ellos también español, y tres afganos más habrían resultado heridos en el ataque. Abdul Mateen Qani, portavoz del Ministerio del Interior de los talibanes, ha confirmado este tiroteo y la muerte de tres extranjeros en el mismo, además de la detención de cuatro personas en relación con este suceso. Hasta el momento ningún grupo armado ha reclamado la autoría del ataque. El Emirato Islámico de Afganistán ha condenado este “accidente” y ha expresado sus más profundos sentimientos para con las familias de las víctimas y asegura que “todos los criminales serán encontrados y castigados”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en la red social Twitter (ahora 'X') que está “sobrecogido” por la noticia y ha comunicado que sigue la situación puntualmente, además de trasladar todo su afecto a los familiares y amigos de los turistas asesinados. La montañosa provincia de Bamiyán alberga una zona natural declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y los restos de dos estatuas gigantes de Buda, que fueron voladas por los talibanes durante su gobierno anterior en 2001. Desde que retomaron el control de Afganistán en 2021, los talibanes han prometido restaurar la seguridad e incrementar el número de turistas que ingresan al país. De confirmarse, este ataque sería el primero contra ciudadanos extranjeros desde que las fuerzas militares extranjeras abandonaron el país ante la toma del poder por parte de los talibanes en 2021.

El presidente del Gobierno asegura que Illa no será moneda de cambio. El aislamiento de Junqueras se acentúa. Las bases republicanas determinarán la posición del partido en la investidura. Leer

Según la AEMET: las temperaturas sufrirán ligeros cambios, en tanto que las máximas registrarán 19 grados y las mínimas alcanzarán 8