Andalucía patrocina una cumbre del sector de los pisos vacacionales en plena ola de protestas contra el turismo masivo
Hace tiempo que las viviendas turísticas se desprendieron del halo amateur con el que las impregnó el surgimiento de AirBnB. Hoy el sector se sostiene sobre una profesionalización creciente y es un actor con capacidad de influencia política en un momento de tensión por su impacto en la habitabilidad y la disponibilidad de vivienda.
Un lobby capaz de reunirse en torno a un evento multitudinario, Vitur Summit, autodenominado “cumbre”, con el que sacar músculo en Málaga, la ciudad andaluza que más siente los efectos de la presión turística, punta de lanza a nivel nacional y sede de su principal asociación andaluza.
Este año, Vitur cuenta con el patrocinio público de Turismo Costa del Sol y de la Junta de Andalucía, que ha puesto más de 72.000 euros en un momento en el que sus responsables, con el propio presidente Juan Manuel Moreno a la cabeza, se afanan en proteger al sector y evitar que protestas contra la masificación turística como la vivida en Canarias hace unas semanas desembarquen en Sevilla o Málaga.
Temor al efecto contagio
La cumbre tiene lugar en pleno debate sobre el modelo de turismo para Andalucía. El Gobierno de Moreno teme el efecto contagio de las protestas y la turismofobia en una región en la que el sector ronda el 13% del PIB y genera 415.000 puestos de trabajo directos y 26.000 millones de euros. Por eso, lleva semanas afanado en contrarrestar el discurso que vincula el turismo masivo con los problemas de convivencia, el incremento de los precios del alquiler o la falta de vivienda.
El consejero Arturo Bernal (con pasado en el sector) definió al turismo como la “gallina de los huevos de oro” y durante un mes ha aventado un informe que acreditaría que no es un problema para los andaluces, sin hacerlo público. Cuando lo ha divulgado, lo ha hecho con titulares cuando menos dudosos: sólo el 16% de la población está a favor de una tasa turística y el 31% de limitar los pisos turísticos, según su departamento.
Lo cierto es que, de los 3.200 cuestionarios, sólo 400 se hicieron en las capitales más saturadas (Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada), que son a su vez las más pobladas (una quinta parte de la población total), de modo que no hay una muestra proporcional a la población que permita extrapolar el dato. Este medio ha requerido el desglose de los porcentajes según el punto de muestra o, al menos, de la tipología (saturación alta, media o baja), sin obtenerlo.
El Ejecutivo de Moreno libra en este momento un pulso inédito con un puñado de alcaldes del PP, liderados por el de Córdoba -a la sazón presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)-, que defienden la necesidad de que la Junta implante una tasa a los visitantes de fuera (Sevilla, Málaga y Córdoba están a favor).
La Junta ya ha citado a la FAMP y a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) a una mesa de negociación para abordar este asunto el próximo 27 de mayo. Pero la posición del consejero del ramo es manifiestamente contraria, como demuestra el sondeo que presentó esta semana -junto a la patronal hotelera- y que encargó y elaboró su propio departamento.
A esta defensa por parte de la administración autonómica se suman iniciativas como la de Diputación de Málaga, que acaba de anunciar una “potente campaña educativa” en colegios para “concienciar a los escolares sobre la importancia del Turismo”. La provincia recibió 14 millones de turistas en 2023, con un impacto económico estimado de unos 19.000 millones de euros, según la Diputación.
Patrocinio adjudicado seis días antes
El patrocinio andaluz se adjudicó de manera discrecional el pasado 2 de mayo, seis días antes de la celebración del encuentro, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte, en el punto de mira de la oposición por este tipo de adjudicaciones. Turismo lo justifica en que se trata de un evento que “contribuirá sin duda” a promocionar Andalucía como sede de este tipo de encuentros, “a la vez que generará riqueza para la comunidad”, gracias al número de asistentes, llamados también a ejercer como “prescriptores del destino”.
El 85% de los 72.600 euros de patrocinio (IVA incluido) se paga con Fondos europeos FEDER. En 2023, la Junta ya patrocinó con 121.000 euros a la organizadora, Vitur Summit, S.L., una entidad creada y dirigida por Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. A este patrocinio se suma el de Turismo Costa del Sol (dependiente de la Diputación de Málaga), por 15.000 euros, y de varias entidades privadas. La entrada por asistente oscila entre los 59 (visitor) y los 446 euros (full pass) por cada uno de los dos días.
“Gracias por el apoyo incondicional al sector. Tenemos una administración que somos la envidia del resto de España y Europa, y un referente”, les ha correspondido Pérez-Lanzac en su discurso de bienvenida, en presencia de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Gemma del Corral, delegada territorial de Turismo, quien ha puesto la colaboración entre Junta y el sector de las viviendas turísticas como “ejemplo de cogobernanza”, citando el Decreto aprobado hace unos meses.
Málaga, punta de lanza del alquiler turístico
Vitur Summit celebra su novena edición, y ha ido creciendo en proyección amarrada al propio crecimiento del número de viviendas turísticas en Andalucía. Tiene ya trazas de gran evento: más de 700 asistentes en 2023, 120 panelistas, espacio de exhibición y networking, cargos públicos de todas las administraciones, altos ejecutivos de empresas nacionales e internacionales… “El evento europeo de apartamentos y viviendas turísticas, alojamientos flexibles y alternativos”.
El presidente de Vitur ha celebrado el buen momento de las viviendas turísticas en Andalucía y en Málaga, donde representan, según ha dicho, el 75% y el 60% de la oferta alojativa reglada y ha pedido un “marco de garantías”, apuntando a la Ley de Arrendamientos Urbanos y a las okupaciones como causantes de que el “ahorrador o propietario” dirija las viviendas al mercado de alquiler vacacional. “No existiríamos si el mercado no lo pidiese”, ha subrayado.
En la provincia, este tipo de alojamiento supone el 62% de la oferta total, y el 42% de los turistas elige vivienda turística, según datos de Turismo Costa del Sol. La ciudad elegida para el evento es simbólica: en el centro de Málaga hay más alojamientos turísticos que vecinos censados, y en toda la ciudad había 11.796 viviendas de uso turístico inscritas en el registro andaluz a 8 de mayo, con un ritmo de inscripción que supera las siete al día. Son 6.550 en uso efectivo, según el INE, que usa los datos de las principales plataformas.
La oposición vincula esto al incremento inédito del alquiler, que subió el 14,4% interanual en abril y encadena dos años con subidas por encima del 10%, según Idealista. Para Con Málaga, celebrar este encuentro en la ciudad es una “provocación”. “Denunciamos la absoluta connivencia del PP con este sector”, protesta Nicolás Sguiglia, que exige una moratoria en la ciudad, donde cada vez más voces reclaman una intervención pública en el mercado. El Sindicato de Inquilinas ha convocado una manifestación para el próximo 29 de junio.
Por la tarde, fue José Ignacio García, portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, quien denunció la “alfombra roja” a los “fondos de inversión” ante una pancarta en la que se leía “stop turistificación”.
El alcalde, el popular Francisco de la Torre, admitió este martes una “cierta tensión de precios” influida por la vivienda turística, y lanzó una recomendación a los profesionales que le oían: “Os animo a alquilar para larga temporada”. También pidió que “no haya resquemor y quejas”: “Mientras más a gusto permanezca la población nativa, mejor para el turista”. Y viceversa, añadió.
“Se nos acusa de cosas que no son ciertas”
En Vitur Summit se muestran “kits y amenities” para alojamientos turísticos, catálogos de Pikolin y de muebles de diseño, herramientas de control remoto, entidades que trabajan con precios dinámicos y datos “potenciados por inteligencia artificial” para maximizar la rentabilidad, y software que aplican algoritmos para mejorar la descripción del alojamiento, subir su posicionamiento y afinar los precios.
Todo un ecosistema que saca músculo por las cifras y perspectivas de crecimiento, a la vez que lamenta de la mala imagen que, dicen, no merecen. La achacan a los intereses de los hoteleros y algunos partidos políticos, que harían una lectura sesgada de los datos. Hace una semana, Exceltur (la patronal hotelera) presentó un informe donde vincula la turismofobia al crecimiento “desbocado” de las viviendas turísticas.
“Se nos acusa de cosas que no son ciertas, y parece que todos los males vengan de las viviendas turísticas. Es el sambenito que se nos lleva colgando diez años”, protesta Miguel Ángel Sotillos, presidente de FEVITUR, la Federación de Asociaciones de Viviendas Turísticas, que niega correlación entre viviendas turísticas y aumento del alquiler o falta de vivienda. “La mayoría es segunda vivienda de personas que la usan un par de meses y el resto del año, en vez de tenerla cerrada, permiten que un operador profesional la gestione y otras personas se alojen, generando riqueza de manera legal. Son viviendas que nunca han estado en el mercado residencial. Queremos ordenar todo esto, y aportar valor con nuestro trabajo e impuestos”.
Para Sotillos, el problema se origina en la legislación del alquiler, el crecimiento demográfico y en cambios sociológicos de composición y tamaño de las familias, que no han ido aparejados de un crecimiento paralelo del parque de vivienda. No en que se detraigan miles de viviendas del alquiler residencial o en la expectativa de altas rentabilidades, a pesar de que en Idealista, pisos a la venta en Málaga se anuncian indicando en mayúsculas que cuentan con “licencia turística”. También minimiza el impacto de los problemas de convivencia: “El 99,9% no crea problema, pero se magnifican los hechos que algunos incívicos perpetran”.
En su opinión, el límite lo debe fijar cada municipio “en base a lo que quiera ser”. Es la vía que, cuando el fenómeno cumple una década de crecimiento ininterrumpido y la cuestión es ya un clamor, se abren a explorar ciudades como Sevilla (que ha encargado un estudio para evaluar una zonificación) o Málaga, que dice trabajar en una normativa de cuyo contenido nada se sabe.