Ence roza el pleno de consejos de compra tras sus resultados

Ha sido en Premiá de Mar donde se ha tomado nota por primera vez en papel oficial de una denuncia por el truco más nuevo de las mafias de okupas: pagar un alquiler al propietario aunque no quiera.Seguir leyendo....

Penelles, primavera del 2015. Como tantos otros pequeños pueblos de la plana de Lleida, Penelles era un lugar de paso, entre Balaguer y Tàrrega, un pueblo de la comarca de la Noguera, de calles vacías, sin arquitectura ni piedras singulares, y ningún peculiar encanto turístico. Podías salir casi sin ropa a tirar la basura, no te cruzabas a nadie.Seguir leyendo....

La señora Dolores Alcántara lleva más de dos años muerta. Sin embargo, la fallecida sigue pagando las facturas del gas, la luz, el agua y el teléfono de su casa de Sant Boi de Llobregat. Unas personas aprovecharon el ingreso de la anciana en un centro sociosanitario para okupar’ la vivienda y, desde entonces, viven gratis, denuncian la sobrina de la difunta, María Nieves Lamas, y la vecina D.P., que prefiere mantener el anonimato.Seguir leyendo....

No sé si he hecho lo correcto o he cometido una auténtica locura, pero ya no podíamos más, sentencia J.F, un vecino de Rubí, que prefiere no revelar su identidad por temor a represalias. Este padre de familia ha llevado hasta las últimas consecuencias el refrán de a grandes males, grandes remedios, para poder poner punto y final a una okupación’ que se ha convertido, asegura, en una pesadilla que ha durado demasiado.Seguir leyendo....

Fin del recorrido. Este jueves el Tribunal Supremo ha terminado con años de litigios y disputas entre Catalunya y Aragón por la propiedad de las obras del monasterio de Sijena. El pleno de lo Civil del alto tribunal ha ratificado las sentencias del juzgado de primera instancia de Huesca y de la Audiencia Provincial de Huesca por las que se declaraba "nula de pleno derecho" la compra-venta (realizada en 1983, 1992 y 1994) de los bienes del cenobio entre la Generalitat y el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), y las monjas del monasterio. Fallos contra los que las dos instituciones y el Museu de Lleida habían interpuesto recursos de casación ante el Supremo. Seguir leyendo....

La compañía aseguradora de los Maristas ha consignado en la Audiencia de Barcelona los 120.000 euros fijados como indemnización para las cuatro víctimas que llevaron a juicio a Joaquín Benítez, el exprofesor de educación física del colegio de Sants-Les Corts de Barcelona condenado a 21 años y nueve meses de prisión por abusos sexuales. Sus casos son los únicos que pudieron ser juzgados porque los delitos no estaban prescritos. El depósito de esta cantidad en una cuenta ha sido efectuado sin esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados por la aseguradora y el imputado, que continúa en libertad.Seguir leyendo....

El Institut Germans Maristas reconoce los abusos sexuales que sufrieron 25 de sus exalumnos durante su escolarización en colegios catalanes de la hermandad. Un gesto que llega 30 o 40 años después de que ocurrieran los hechos para muchos de los afectados y casi cinco después de que EL PERIÓDICO destapara el Caso Maristas. La comisión de reparación que arrancó en febrero del presente año ha escuchado a estas 25 víctimas aportadas por la Fundació Mans Petites y ha dado credibilidad a su relato. Los exalumnos serán indemnizados económicamente por la organización religiosa, que también les ha hecho llegar una carta en la que la institución se muestra "profundamente avergonzada" y pide "perdón" de "todo corazón". A esta cifra de 25 agraviados por la pederastia de docentes maristas debe sumarse las cuatro víctimas por las que fue condenado el profesor Joaquim Benítez que sigue en libertad. Un cómputo que todavía se mantiene lejos de la cantidad real de menores de edad que sufrieron abusos sexuales, durante décadas, en escuelas de la institución.Seguir leyendo....

Los bomberos han rescatado del incendio en un edificio en Valencia a dos personas que estaban atrapadas en un balcón del sexto piso. El edificio de 14 plantas está situado en la zona de Campanar, Valencia, y lleva siendo arrasado por el fuego desde las cinco de la tarde. Aunque se han desplazado al lugar 22 dotaciones de bomberos a la zona, la intensidad del fuego continúa fuera de control y sigue amenazando el rescate. Se han convocado unidades de emergencia desde diferentes municipios valencianos, pero su trabajo se está viendo dificultado por las fuertes rachas de viento. Han pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias.

José, participante del programa de citas de Carlos Sobera, paralizó a Rosa al desvelar el significativo número de hijos que tuvo con su mujer

La compañía ahora participada por Estado en un 10% consigue su mayor contrato en Europa el año de su centenario para dar datos y voz a 285.000 terminales y 10.000 edificios

El sevillano conquistó el primer bote del programa, que no se entregaba desde la vuelta del concurso a la televisión a principios de 2024

García Armada ha comunicado al consejo su voluntad de cesar como consejera y miembro de la Comisión de Sostenibilidad de la Sociedad, para facilitar con ello la reorganización del consejo de administración

Un salto temporal inaugurará la nueva etapa de la serie de La 1 de TVE, que comienza ahora con unos marqueses en crisis, y ninguna noticia sobre Manuel y Curro

Cuando todo el mundo habla sobre la crisis diplomática entre Argentina y España, Javier Milei ha sorprendido con el anuncio de que cantará en un 'show musical' esta misma semana

La agresión con arma blanca ocurrió en torno a las 17:15 horas de este martes y la Policía Local detuvo al presunto agresor, según informan fuentes de este cuerpo

Tú no te acuerdas porque eres muy joven, pero en la prehistoria de las redes sociales, cuando ni siquiera existía Twitter (así llamábamos a X, pero tú no te acuerdas porque etc), circulaba en foros, grupos y otras plazas digitales un lema sabio: “Don’t feed the troll”, “No alimentes al trol”. A poco que asomaba un trol en una conversación, algún usuario tocaba la campana: “Don´t feed the troll”. Ni caso al que reventaba una conversación o llegaba provocando, mejor ignorarlo y que se aburriese y marchase a probar en otro sitio. Y solía funcionar. También es verdad que en aquel tiempo el trol era todavía la excepción en las redes y no, como ahora, la norma, y era fácil aislarlos e impedir que se saliesen con la suya. Además los viejos trols se camuflaban bajo seudónimos o en el anonimato, mientras ahora se presentan con respetable máscara de periodista, portavoz político, presidenta autonómica o incluso jefe de Estado. Pero la consigna sigue siendo la misma: no alimentes al trol, incluso si es un presidente. La definición clásica de trol se ajusta a la perfección a estos mamarrachos que hoy trolean, intoxican y enmierdan la vida pública desde cabeceras digitales, tribunas parlamentarias o palacios presidenciales. Wikipedia llama trol a quien “publica mensajes provocadores, irrelevantes, polémicos o fuera de tema” con intención de “molestar o provocar una respuesta emocional negativa”, además de “alterar la conversación normal para lograr que los mismos usuarios se enfaden y enfrenten entre sí”. Nuestro diccionario de la RAE lo incluyó hace solo cuatro años, definido como “usuario que publica mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar con el fin de molestar, llamar la atención o boicotear la conversación”. Lee otra vez la definición, verás que parece hablar de esos fantoches de la política trol y del periodismo trol. No sé, quizás los dirigentes del PSOE, presidente incluido, son muy jóvenes y no conocieron el “No alimentes al trol”; a ver si algún veterano se lo cuenta. Porque si alimentas al trol, por muy jefe de Estado que sea, se acabará comiendo todo, también a ti; y si entras a batirte en su terreno llevas las de perder siempre. Puede que a corto plazo tengas alguna ganancia mínima, por ejemplo en términos de reforzar tu perfil y tu discurso por oposición al trol en una inminente campaña electoral; pero a medio y largo plazo el trol consigue su objetivo: alterar la conversación, hacerla imposible e imponer sus mensajes. Ahí está la esposa del presidente Sánchez, a quien este quería mantener a salvo de ataques, y que estos días es arrastrada por el barro por troles salvajes de la política y el periodismo. Por supuesto que hay que plantarles cara, pero no así, no jugando con sus cartas marcadas ni bailando con su música, pues solo conseguimos que se crezcan y extiendan el ruido, la confusión y el desánimo. Que no, que no los alimentes.

Milei vuelve a sacar los pies del tiesto con insultos más propios de una barra de bar que de un presidente y el Gobierno retira a la embajadora en Argentina. Él hace su juego, cada vez más desesperado y agresivo, el problema siguen siendo sus cómplices. La prensa de derechas española -llamémosla así, prensa y de derechas- ha vuelto a dar la nota en el grave incidente protagonizado por el presidente argentino en su visita de propaganda política a España. Los medios a los que me refiero se han puesto del lado del ultraliberal fascista en línea con el PP y Vox. No hacen información, por tanto, sino política también. Y cargada de los sesgos y bulos habituales en esta ideología. Y eso en sí mismo es un problema para el derecho a la información de los ciudadanos. El asunto Milei ha sido todo un revelador compendio del problema. Tras contar a sus lectores -y a todo el que pase cerca de la entrada o las cajas de un hipermercado, por ejemplo- que Milei censuraba a Sánchez o que le lanzaba “dardos” al llamar corrupta a su mujer, pasaron el lunes a atribuir a Sánchez la autoría del conflicto diplomático. ABC dedicó al tema incluso un editorial con un pareado en ripio: “Milei sólo consigue engordar el victimismo del sanchismo”. Y han seguido -algo más mesurados- engordando el conflicto, claramente provocado por Milei para sacarle provecho. Argentina se le hunde, como era previsible, y precisa de fuegos artificiales. El problema, para los españoles, no es Milei, desde luego, son sus colaboradores locales. Los políticos que alimentan la bestia. El PP, socio del anfitrión de los ultras en Madrid, continúa estirando las sospechas sobre Begoña Gómez, y así plantea al presidente, su marido, un centenar de preguntas parlamentarios sobre el que llama “Caso PSOE” y la incluye, tras despreciar el informe de la Guardia Civil que no ve indicio de culpabilidad en la esposa del presidente. Es una táctica de propaganda y embarre para adeptos que ya practicó Rajoy al plantear más de 400 cuestiones al gobierno alimentando la teoría de la conspiración del 11M. El anuncio de ese “punto y aparte” de Sánchez -que no llega- ha causado preocupación en algunos medios. Cortar los bulos es “atacar la prensa”, textualmente si se miran sus titulares. Incluso, de una forma más amplia entre periodistas en activo no solo en los manipuladores de oficio. Si algo se teme es la censura se dijo siempre, pero lo verdaderamente temible en estos momentos son las noticias falsas como arma de destrucción de personas, ideas y proyectos. Les diré que trabajando ya en periodismo durante la Transición o, más adelante, con controles tanto de la derecha como del PSOE en TVE, siempre encontramos la forma de eludir la censura. Sobre todo en Informe Semanal. Lo que parece inabarcable ahora es la manipulación masiva, el olvido quizás de las más elementales normas del periodismo y el doble muro que supone una justicia con tantas lagunas en su credibilidad y el desinterés de gran parte de la sociedad que son los principales afectados. Así que ahí seguimos dando vueltas al tiovivo sin ver el… punto y aparte. En serio, es pura impotencia si no se cambia algún elemento de la ecuación. Porque probablemente no haga falta una ley específica antibulos o antinada, bastaría el código penal si se demuestra daño grave por informaciones falsas. Las ha habido, las hay y se van de rositas. Pero es que si se puede dejar morir sin asistencia médica a 7.291 personas con absoluta impunidad, ya sabemos de qué va esto. Y así asistimos al espectáculo del proceso a “un particular”, defraudador confeso de impuestos de elevado monto, eludiendo las elecciones a las que concurre su partido y sobre todo el partido de la novia conviviente, pues ya corroboramos desolados de qué va esto. De momento el olmo sigue sin dar peras. Habrá que buscar perales. Otra cosa es el submundo de los medios de la bulosfera. Sus flagrantes errores les incapacitan para ser considerados como periodismo y, desde luego, no se comprende que sigan acreditados en el Congreso como periodistas, porque no lo son. Y así se llega a escenas como ésta en la que reiteradamente el portavoz del PSOE, Patxi López se niega a contestarles. Pero es el único que sepamos. Se publican artículos donde periodistas diversos se manifiestan por la libertad -por supuesto- y no quieren saber nada de reglas ni condicionantes. Se ha puesto de moda la palabra “veraz” porque con ella basta para que la información sea admitida. Veraz significa “que dice siempre, usa o profesa la verdad” y se lo atribuyen a medios que igual atinan 2 de 10 veces, y por casualidad si se miran sus líneas editoriales.  Estamos ya, además, en la teoría de que cualquiera puede hacer de periodista. Sin duda, si se prepara para ello o por ciencia infusa sabe las reglas elementales y ponerlas en práctica. Porque esto no va del cotilleo subjetivo de los “enteraos”. Plantéense si el ideario liberticida se extiende y deja de hacer falta estudiar anatomía para operar un cuerpo humano -vivo- o sobra con saber montar un mecano -de playmobil por ejemplo- en lugar de licenciarse en Ingeniería de caminos, canales y puertos para construir un puente. El sistema para informar en periodismo es un clásico: informarse, documentarse, contrastar -esto falla ahora estrepitosamente-, contextualizar, jerarquizar la importancia de los datos, contarlo bien y procurar ser honesto. El periodismo de los grandes medios, audiovisuales sobre todo, ha adquirido el vicio de limitarse a poner declaraciones contrapuestas como muestra de objetividad. Sin contar lo que ocurre y sin decir quién miente y en qué, en el caso de que lo haga, aportando los datos reales. Esto implica que se sitúa del lado del agresor en la famosa frase de Desmond Tutú. Cada vez que oigo que han tenido “un cruce de reproches” apago el televisor.  Solo con situarles ante la mentira -como hacen algunos pocos periodistas- nos acercaríamos a la información… real (mejor que veraz). Memorables han sido las entrevistas de Silvia Intxaurrondo a políticos como Núñez Feijóo y otros. Vergonzosos, los masajes de la mayoría. De cualquier modo, la más rentable inversión que se ha hecho en las últimas décadas -con gran aceleramiento en los últimos años- ha sido en ignorancia. Hay que ser muy zote para no ver al indocumentado que te mete el bisturí en una rodilla sin ser cirujano, o pasear por un puente que ha construido un aficionado por intuición. Pues así de monumentales se tragan las trolas de los políticos sucios vendidos por sus altavoces mediáticos. Promocionar a un político que contempla la toma del poder a patadas y a gorrazos, a su partido completo del que él es el más listo, a sus socios de gobierno -el Partido Popular- o importar a un mequetrefe insolente a insultar la inteligencia en nuestro propio país es alucinante. Situarlos en plano de igualdad en las críticas con políticos, siquiera normales, al menos, rebosa toda sensatez y es peligrosísimo. Porque hay gente que come todo cuanto le echan. Nos encontramos en un momento mundial intenso de verdad. No solo con las dos guerras en marcha, con el genocidio en el que persiste Israel. El Tribunal Penal Internacional pide orden de arresto para Netanyahu y su ministro de Defensa en una medida inédita para mandatarios de un país aliado de Occidente. El presidente de Irán ha muerto al estrellarse el helicóptero en el que viajaba, el único de un séquito de tres. Y vienen las elecciones europeas cargadas de propaganda, trampas y cesiones programadas. Milei es una anécdota, una mala anécdota. El problema es todo el conjunto y sobre todo, insisto, los cómplices. Y el estado de esa ciudadanía impelida a hacer algo, como dirigirse a una urna con criterio para saber en qué contexto vivimos. Muchos de los judíos que fueron gaseados por Hitler le habían votado en las elecciones, me comenta a menudo mi viejo amigo el periodista Juan Tortosa. Creo que en estos tiempos deberíamos recordarlo a diario.

Todos los personajes de esta historia siguen teniendo protagonismo casi una década después. Algunos no continúan en el mismo puesto, otros sí. Cada uno de ellos desempeñó un papel para que el ya por entonces primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estuviera fichado en España. O para que dejara de estarlo. Durante apenas cuatro semanas de 2015, el anhelo de que ‘Bibi’ respondiera algún día por los crímenes que se le atribuyen dejó de ser solo un espejismo.  El 31 de mayo de 2010, una unidad de élite del Ejército Israelí había asaltado el Mavi Mármara, una de las embarcaciones de la conocida como Flotilla de la Libertad, que pretendía romper el bloqueo israelí a Gaza. Los soldados mataron a nueve personas y detuvieron ilegalmente al resto de los pasajeros, a los que trasladaron a una cárcel del país, antes de meterlos en un avión y expulsarlos. De estos, tres tenían nacionalidad española.  La justicia universal, el instrumento con el que la Audiencia Nacional española había abierto causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en remotos confines del mundo, había sido ya amputada por el Gobierno del PP. En 2014, la mayoría absoluta de Mariano Rajoy había permitido modificar por el trámite de urgencia la Ley Orgánica del Poder Judicial. La jurisdicción de la Audiencia Nacional quedaba limitada a que “la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se impute el delito se encuentre en territorio español”.  Los activistas españoles de la Flotilla acudieron a la Audiencia Nacional y en sus querellas narraron cómo el ataque contra la embarcación de cooperantes fue planeado por el primer ministro israelí y seis miembros de su gabinete. El juez Pablo Ruz admitió a trámite la querella en julio de 2010, pero la modificación legal obligó a que su sustituto en el juzgado, José de la Mata, se viera obligado a archivar la acusación por delito de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura y crímenes de guerra tras la reforma de 2014. Pero aquella resolución judicial tenía dos caras. De la Mata no se rindió y aprovechó para remitir a las Fuerzas de Seguridad del Estado una diligencia de ordenación en la que indicaba que si Netanyahu o alguno de sus seis ministros ponía un pie en España el juzgado debía ser informado de inmediato y entonces podría reabrir la causa. Era el resquicio que dejaba la nueva redacción de la Ley.   La consecuencia fue que la Policía y la Guardia Civil tuvieron que abrir una ficha del primer ministro israelí y seis de sus ministros. “Benjamin Nentanyahu. n/ Tel Aviv (Israel) el 21-11-1949, hijo de Benzion y Zila”, rezaba la efímera ficha policial en España del primer ministro israelí.  De la Mata también incluía en su auto la instrucción para informar al Tribunal Penal Internacional de las actuaciones que se habían seguido contra Netanyahu y sus ministros en España. Entonces no tuvo ninguna consecuencia. El pasado lunes, nueve años después, el fiscal de La Haya ha dictado una orden internacional de detención contra el primer ministro israelí, su ministro de Defensa y tres cabecillas de Hamás por crímenes contra la Humanidad.   En 2015, la reforma del Gobierno de Rajoy no dejaba más margen a la justicia española. El Tribunal Supremo ya se había pronunciado sobre cómo aplicar el cambio legal a cuenta de un caso de represión china en el Tíbet que afectaba a ciudadanos españoles. De hecho, la reforma exprés que aprobó el Gobierno tenía como primer objetivo deshacer la orden de detención internacional que el juez Ismael Moreno –en la actualidad instructor del caso Koldo– había dictado contra el ex primer ministro chino Jiang Zemin y algunos de sus colaboradores. El País publicó que el Gobierno había recibido amenazas veladas del gigante asiático por la actuación de la Audiencia Nacional.  Con la Flotilla de la Libertad solo restaba que a Netanyahu se le ocurriera en algún momento, como primer ministro o fuera del Gobierno israelí, poner un pie en España. Pero esa remota posibilidad no ahorraba un choque con Israel y su agresiva política internacional. Dos días después de que elDiario.es informara de la apertura de la ficha policial a Netanyahu y sus ministros, el portavoz del departamento de Asuntos Interiores israelí, Emmanuel Nachson, afirmó: “Lo consideramos una provocación. Estamos trabajando con las autoridades españolas para anularlo. Esperamos que se resuelva pronto”. Para cuando Nachson hizo esas declaraciones a The Jerusalem Post, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había presentado un recurso ante el juez José de la Mata, en contra de la posición que el propio Ministerio Público había mantenido durante cuatro meses en diversos escritos. El magistrado rechazó el recurso, pero el órgano que dirigía entonces Javier Zaragoza insistió y terminó por darla la razón.  El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, condecora al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza Zaragoza no ha dejado de tener peso en la la élite de la justicia española. Con el Gobierno de Pedro Sánchez, Zaragoza fue sustituido como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y acabó en el Tribunal Supremo. Los acontecimientos posteriores en Catalunya propiciaron que se convirtiera en uno de los cuatro fiscales del juicio del procés, defensor de la tesis derrotada del “golpe de Estado” que acusaba al movimiento soberanista de haber utilizado la violencia. Después se postularía para ser el fiscal general del Estado con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que, contra el pronóstico generalizado, nunca se formó.  Para obtener la resolución que destruía la ficha policial de Netanyahu, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se empleó a fondo. En su segundo recurso, el fiscal Pedro Martínez Torrijos, a las órdenes de Zaragoza, acusaba a De la Mata de “reinterpretarse a sí mismo” con tal de no cerrar definitivamente la investigación por el ataque a la Flotilla de la Libertad. La Fiscalía se enzarzó con el juez en un debate terminológico sobre la naturaleza del archivo dictado. Hasta que resolvió la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la instancia superior a De la Mata.  Ese tribunal, que dio la razón a la Fiscalía, estuvo formado por Ángel Hurtado, Enrique López y Concepción Espejel. Hurtado se apartaría en abril de 2018 de la sentencia del caso Gürtel que, a la postre, tumbó al Gobierno de Mariano Rajo. Hurtado no estaba de acuerdo con los otros dos integrantes del tribunal en que el fallo mencionara el sistema de financiación irregular del PP durante al menos 20 años, también conocido como caja B.  En principio, los dos magistrados que deberían haber juzgado Gürtel con él eran López y Espejel, pero ambos fueron apartado del tribunal por sus propios compañeros de la Sala de lo Penal que entendieron que no cumplían con el principio de apariencia de imparcialidad para poder juzgar al Partido Popular. Una minoría de magistrados se mostraron en contra de apartar del juicio de Gürtel a Espejel y López, entre ellos el entonces presidente de la Sala de lo Penal y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Magistrados conservadores en la cúpula judicial Enrique López llegó a ser magistrado del Tribunal Constitucional tras la insistencia durante años del PP aunque tuvo que renunciar el cargo al ser detenido borracho conduciendo su moto. Ahora está en la cúspide la Audiencia Nacional, su Sala de Apelaciones. Espejel fue aupada por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial a presidenta de la Sala de lo Penal, pese a haber sido recusada y apartada del tribunal de Gürtel. De ahí saltó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Por su parte, el juez José de la Mata está destinado en Eurojust, el órgano europeo de coordinación, aunque por su solidez jurídica y los cambios que se avecinan en los próximos meses en la Audiencia Nacional distintas voces del tribunal abogan por su regreso a la plaza que tienen en propiedad al frente del Juzgado de Instrucción número 5. La resolución para eliminar la ficha policial de Netanyahu no fue recurrida por la Fiscalía de Javier Zaragoza, que impugnó el recurso que sí presentó la acusación popular. Pero el asunto aún tuvo un episodio final. Unos días después de la decisión de la Sala de lo Penal, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, fueron agasajados por Israel que les invitó a un viaje junto a sus esposas al país de Oriente Próximo.  El Consejo General del Poder Judicial justificó el viaje porque el presidente de la Audiencia Nacional y el fiscal jefe en el tribunal mantuvieron dos reuniones en cinco días destinadas con la presidenta de la Corte Suprema y el fiscal general del país, en el marco de la cooperación antiterrorista. La Fiscalía General del Estado añadió que la mujer de Zaragoza, fiscal especializada en delitos informáticos, se dedicó a compartir experiencias con sus colegas israelíes.  Durante su estancia de cinco días en Israel, Javier Zaragoza dictó instrucciones para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitara el encarcelamiento preventivo de dos titiriteros que habían realizado una obra infantil en Madrid. Uno de los títeres portaba unos instantes una pancarta de 20 centímetros en la que se leía “Gora Alka-ETA”. La compañía había sido contratada por el Ayuntamiento de Madrid que presidía Manuela Carmena. 

Los agravios y la conflictividad con España, y antes con China y con vecinos como Brasil, Colombia y México, le sirven al presidente argentino, Javier Milei, de insumo político para distraer a la opinión pública de los acuciantes problemas de Argentina. Caída de la actividad económica, de la industria, deterioro de los salarios, recortes en salud y educación: en cinco meses de gobierno el ajuste lo han asumido los trabajadores, no la casta.  Argentina atraviesa una fuerte recesión, aunque el gobierno ultraderechista intente mostrar como logro que la inflación de abril ha sido del 8,8%, cuando por su decisión de devaluar había alcanzado el 25,5% en diciembre, la mayor en tres décadas. Los índices de consumo son cada vez más preocupantes. Un caso emblemático indica que la venta de carne cayó más de 20 puntos, récord histórico de consumo mínimo.  El superávit financiero que festeja el gobierno ha sido a costa de la pérdida de un tercio del poder adquisitivo de las jubilaciones, la eliminación de prestaciones para pacientes con cáncer y la paralización de obras públicas en todo el país. Y decidió dejar impagas la remuneración para la generación eléctrica. La caída de la producción industrial es del 15,8%. El promedio de caída en la Pequeñas y Medianas Empresas, en lo que va del año, es de 18,9% y desde abril de 2023, del 19%, según datos de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)..  Mariana González, economista e investigadora de Cifra, señala a elDiario.es las claves de esta crisis: “Estamos atravesando una recesión inducida por las políticas del gobierno de devaluar y recortar el gasto público. En el primer trimestre, comparado con igual período de 2023, el recorte del gasto público fue de más de un tercio. Una devaluación, que implicó que el dólar aumentara más de 120% y que no tuvo ningún intento de control de precios e impactó en la caída de los ingresos reales”. De acuerdo al informe de Cifra, centro de investigación de la Central de Trabajadores de Argentina, la pérdida de capacidad adquisitiva del salario promedio registrado ha sido del 21,3% entre noviembre de 2023 y enero de 2024 y alcanzó el 23,8% si el poder de compras se mide en alimentos: “En este contexto, el salario mínimo, vital y móvil no fue ajustado de modo de revertir o menguar las pérdidas salariales. Por el contrario, la caída real del salario mínimo alcanzaría al 28,8% entre noviembre y mayo del año en curso”. El salario mínimo se ubica en 234.315 pesos (242 euros).   La investigadora González afirma que la reforma laboral, incluida en la Ley Bases que ha comenzado a ser debatida en el Senado, representa retrocesos en materia de derechos laborales: “Con la figura del trabajador independiente se busca barrer con las relaciones laborales de dependencia. Sería un colaborador sin derechos laborales. Esto fomenta que haya personas sin contratación legal. Además, que se eximan de multas a las empresas por no contratar formalmente a empleados, llevará a que aumente la irregularidad”.  El sector educativo, fuertemente afectado por los recortes, viene reclamando respuestas del gobierno a las demandas salariales y laborales. Los gremios adelantaron que este jueves realizarán una huelga de 24 horas en todos los niveles del sistema educativo. Tras la multitudinaria marcha a favor de la educación pública del 23 de abril, el gobierno de Milei alcanzó el 15 de mayo un acuerdo con el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (una actualización del 270% para gastos de funcionamiento ), y este martes ha anunciado la misma actualización para las otras universidades nacionales. La UBA, a pesar de la suspensión de la emergencia presupuestaria, mantiene “un estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial”.  El Régimen de Incentivo a los Grandes Inversores (RIGI), incluido en la Ley Bases, otorga incentivos desproporcionados a largo plazo para inversiones extranjeras, privilegia la explotación de recursos sin exigir cadenas de valor a nivel local ni garantía da autoabastecimiento. Voces expertas advierten que convertiría a Argentina en una economía enclave de explotación de recursos naturales como litio e hidrocarburos y de desindustrialización. “Desindustrializa porque no existe un plan para que se contraten servicios locales y porque se fomenta la importación sin aranceles. Ata al país por 30 años a este régimen y lo priva de recaudar, ya que baja los impuestos a los inversionistas”, afirma González.  Kirchnerismo, Lulismo Milei ha llevado la pelea con el gobierno de España a niveles inéditos de conflictividad por apoyar a Vox, la tercera fuerza política, y pone en entredicho las empresas que desearía que invirtieran en Argentina, que ya han sentado posición en respaldo al gobierno socialista español. En una entrevista al canal TN, del Grupo Clarín, el presidente libertario dijo que la crisis diplomática se desató porque “estuvo coordinada con el kirchnerismo, Alberto Fernández es asesor de Pedro Sánchez”.  El exmandatario de centro-izquierda Alberto Fernández ha hablado este martes con Radio10 con un tono entre perplejo e irónico: “¿El kirchnerismo y Alberto Fernández lo indujeron al Presidente Milei para que vaya al acto de Vox ? ¿Además le dijimos ´maltratalo a Sánchez´? La verdad, un poco de sensatez. Le pido al Presidente que recupere la sensatez, si la tuvo”. Fernández se ha reunido recientemente con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien lo une una amistad personal: “Lula y yo, entre muchos otros, creemos que la relación bilateral está muy lastimada. Lo veo muy preocupado, él no tiene interés en que el comercio entre ambos países se deteriore, al contrario, quiere poner todo su esfuerzo para que se sostenga y crezca. No entramos en los BRICs, un error garrafal. Nos quedamos afuera porque China y Brasil son comunistas. Vean lo que pasa con China: ha dejado de comprarle carne a Argentina. Tenemos un problema parecido con Brasil, un país hermano”.  Ambos países son los principales socios comerciales de Argentina. El gigante asiático ha empezado a reemplazar la carne argentina por la brasileña. Asimismo, China no ha renovado el pago del swap de divisas (un contrato bilateral que comienza a vencer en junio). Los líos diplomáticos han empezado a impactar los vínculos comerciales.  La política exterior argentina desde que Milei asumió el gobierno se despliega en torno al alineamiento con Estados Unidos y la afinidad ideológica con la derecha y la extrema derecha, señala a elDiario.es Daniel Kersffeld, investigador del Conicet y analista político: “Las otras dos alianzas estratégicas son con Benjamin Netanyahu en Israel y con Volodímir Zelenski en Ucrania. Fuera de las relaciones con organizaciones y partidos de ultraderecha, en estos cinco meses de gobierno la política exterior se tradujo en un creciente aislamiento frente a gobiernos con otras perspectivas estratégicas, principalmente con relación a China. La relación con América Latina es pobre, prácticamente inexistente, en gran medida por las diferencias políticas, llevadas a conflictos personales, con los presidentes de Brasil, México, Colombia, Venezuela y Chile”. Milei ha hecho varios viajes internacionales, ninguno en América Latina, ha participado en foros conservadores y ultraderechistas como el de Vox en Madrid y ha cruzado líneas históricas de la diplomacia argentina. Su remanida consigna “con la nuestra” ( la plata de los argentinos) se aplica perfectamente a sus viajes privados y controvertidos.

La mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez desapareció el martes en el Congreso. Lo hizo por la proposición de ley socialista que consiste en reformar tres artículos del Código Penal con el fin de perseguir el proxenetismo que hace posible la prostitución. Ninguno de sus aliados en la Cámara –o en el Gobierno en el caso de Sumar– apoyó que la iniciativa iniciara su camino en el legislativo. Lo peor para el PSOE es que coincidieron en acusarle de dar el paso por motivos puramente electoralistas a dos días de que comience la campaña de las elecciones europeas. El Partido Popular hizo el mismo análisis y se unió a los que votaron en contra provocando la derrota socialista. El PSOE se quedó solo y sabía que iba a quedarse solo. “Me enorgullezco de que mi grupo sea punitivista contra los que pagan por sexo”, dijo Andrea Fernández, la diputada que presentó la propuesta en el pleno. Su argumento fue que el proxenetismo debe “dejar de ser prácticamente impune en España”. Consideró que no se puede regular la prostitución como si fuera un trabajo, porque es sólo una forma de explotación de la mujer. “¿Ustedes creen que hay miles de mujeres que quieren ejercer libremente la prostitución?”. Los demás grupos de izquierda le respondieron que la prioridad es proteger a esas mujeres cuya situación será aun peor si su actividad cae en la más completa clandestinidad. “Ustedes querían un titular sin importarles las consecuencias”, dijo Isabel Pozueta, de EH Bildu. “Lo hacen porque estamos en un contexto preelectoral”, les acusó Gala Pin, de Sumar, que mencionó a “las putas indignadas del Raval”, que le dijeron que no permitirán “que se haga electoralismo con sus cuerpos”. Varias portavoces denunciaron que los socialistas han presentado la iniciativa sin molestarse en hablar con los colectivos de prostitutas. El PSOE presentó una propuesta idéntica en la anterior legislatura. Su tramitación se interrumpió con la disolución de las Cámaras. En una legislatura en la que los socialistas tendrán serios problemas para sacar adelante leyes, decidieron que esta proposición para la que no hay ningún consenso fuera la segunda que llega al Congreso, después de la ley de amnistía. Ana Isabel Alós, del Partido Popular, recordó lo que pasó en 2022 y lo calificó de “farsa”. “Ampliaron los plazos para presentar enmiendas cuatro veces y nunca convocaron la ponencia” para discutir la proposición. El PSOE no se atrevió al final a sacarla adelante con los únicos votos del PP. Lo más probable es que no se habría aprobado incluso si la legislatura hubiera completado sus cuatro años. Una abstención del PP habría salvado ahora la iniciativa en su fase inicial. Alós exigió al PSOE que la retirara para negociarla como una ley integral desde el principio. 122 diputados votaron a favor, 184 en contra y 36 se abstuvieron. Para el PSOE, se trata de una cuestión de principios y le basta con una reforma del Código Penal. El objetivo es perseguir a los proxenetas, a los dueños de locales o pisos donde se ejerza la prostitución y también con multas a los clientes. Sobre la reinserción de las prostitutas, Fernández citó el Plan Camino del anterior Ministerio de Igualdad de Irene Montero. En 2022, se aprobó destinar 12,9 millones de euros a un plan de inserción laboral de víctimas de trata y de mujeres prostitutas. El objetivo era llegar a 30.000 personas en cuatro años. Andrea Fernández dio por hecho que ya se ha ayudado a esas 30.000 mujeres, una cifra que no coincide con lo que dijo la ministra Ana Redondo en el Congreso en febrero cuando comentó que se había atendido a más de 20.000 mujeres adultas y 700 menores. Se desconoce cuántas de esas personas abandonaron la prostitución si la estaban ejerciendo. Los grupos que se opusieron a la reforma reprocharon al PSOE que dejaría a muchas prostitutas en un estado de total indefensión. Nadie cree que esos negocios vayan a desaparecer, por lo que “esas mujeres volverían a trabajar en una situación más vulnerable ante las mafias, los clientes y la policía”, dijo Pozueta. “Y en el día después, ¿qué pasa con las mujeres? Ellas y sus familias pueden quedarse sin vivienda”, afirmó Pilar Vallugera, de Esquerra. Fernández destacó que algunos avances sociales han sido posibles gracias a reformas del Código Penal, como la despenalización de la interrupción del embarazo, aunque esa reforma no convirtió automáticamente el aborto en un derecho. Joseba Agirretxea, del PNV, le respondió con el argumento de que “el Código Penal es la retaguardia del Derecho y ustedes lo ponen como vanguardia”. Diferenció la ética de la convicción, que inspira la propuesta socialista, y la ética de la responsabilidad. La ausencia de medidas de ayuda a las prostitutas es lo que le llevó a afirmar que esta última brilla por su ausencia. La reforma o prohibición de la prostitución es un asunto que divide desde hace años al movimiento feminista. Era inevitable que ocurriera lo mismo en el Congreso, con lo que hay que preguntarse para qué servía una propuesta que se limitaba a reformar artículos del Código Penal sin establecer medidas para el día después. La prostitución es una actividad aborrecible, aunque la intensidad del rechazo depende en última instancia de los valores de cada persona. “No puedo aplicar mi visión del bien y el mal a otras personas”, dijo Vallugera. Algo de eso ha existido siempre en la política, pero no hasta el extremo de que este sea un problema que puedan solucionar por su cuenta policías y jueces. Prohibir una actividad y convertirla en ilegal no es sinónimo de abolirla.

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