La Universitat de Valencia elabora un mapa de barro por municipios después de la DANA

Esta semana el presidente del Parlament, Josep Rull, someterá a votación los ocho senadores autonómicos que representarán a Catalunya en esta legislatura. Tras acordar que la lista estaría formada por tres representantes de PSC y Junts; y uno de ERC y del PP, los partidos han hecho públicos ya los nombres de sus postulantes a la espera de que la comisión del estatuto de los diputados avale su candidatura, antes de la aprobación final en el pleno prevista para este jueves.Seguir leyendo....

Barclays ya no quiere ser un operador nacional. La entidad británica ha decidido centrarse en Madrid, Barcelona y otras grandes capitales del país, donde también

Kush Saxena dejará de dirigir Getnet, pero continuará como asesor del consejo de la firma

Estos dos niños de 11 años están dando mucho que hablar por su compromiso para ayudar tras la DANA en Picanya (Valencia), y Ana Rosa Quintana ha hablado con ellos en 'TardeAR'

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Jimina Sabadú debuta en el largometraje con un disparatado pastiche 'vintage' ni suficientemente divertido ni excesivamente logrado Leer

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que se ha reducido por debajo del 50% la posibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha asegurado que su formación intentará dar "oxígeno" y que haya "viento de cola" para que el Gobierno de Pedro Sánchez se mantenga porque el desarrollo estatutario y el logro de un nuevo autogobierno en Euskadi dependen de la continuidad de la legislatura.

Cuatro analistas desgranan para '20minutos' las políticas del republicano: "Incrementará el proteccionismo".

"Las encuestas han vuelto a fallar. No han sabido poner en valor el peso del voto rural ni el comportamiento de los suburbs (suburbios), como tampoco el de...

El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska aceptó en agosto pasado la inscripción del nuevo movimiento ultraderechista en el Registro Nacional de Asociaciones. La Policía los investigaba desde mayo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha actualizado la cifra oficial de fallecidos por las consecuencias de la DANA a 219 tras los hallazgos de los dos últimos cuerpos que seguían desaparecidos en Letur (Albacete), por lo que el número de muertos en Castilla-La Mancha sube a siete mientras que en la Comunidad Valenciana se mantiene en 211 y uno en Andalucía.

La entrada de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación judicial por posible prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud, a resultas de la denuncia del PSOE, desata los nervios en el gabinete de Moreno, que se resiste a personarse en la causaAnticorrupción asume la causa contra el Gobierno andaluz por los 243 millones en contratos a dedo con clínicas privadas La entrada de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación abierta contra el Gobierno andaluz por un posible delito de prevaricación en el abuso de los contratos de emergencia -a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva- hasta tres años después de la pandemia de Covid-19 ha tensionado al máximo al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. El PP andaluz no esperaba que el PSOE formalizara la denuncia que venía anunciando desde hacía casi un año, no esperaba que un juez abriera dilligencias y mucho menos esperaba que el Ministerio Público entregase esta causa a Anticorrupción, en vez de la Fiscalía ordinaria. Todo esto ha ocurrido en el último mes, sin que el Gobierno de Moreno sepa aún qué se investiga ni a quién se investiga, y por tanto cómo defenderse. El nivel de nerviosismo este miércoles en el Palacio de San Telmo era palpable. La Junta no ha recidido la denuncia presentada por los socialistas ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el pasado 20 de junio, porque ahí se ponen de manifiesto y se documentan supuestos hechos delictivos -entre ellos malversación de caudales públicos y prevaricación- que implican a la Administración andaluza. Para conocer los términos exactos de la denuncia, el Ejecutivo de Moreno tendría que desdecirse, es decir, tendría que admitir cierta gravedad y preocupación sobre una causa judicial que, hasta ahora, ha minusvalorado, y personarse como parte perjudicada. Esta renuencia a dar ese paso es similar a la que tuvo el anterior Gobierno socialistas, que también tardó mucho en personarse en la causa judicial de los ERE, mientras el PP, como acusación particular, controlaba toda la información de las pesquisas según iba avanzando. La sensación de desconcierto que atenazaba este miércoles al entorno del presidente andaluz es muy parecida, sobre todo, porque la causa judicial hoy cuenta con más documentación que hace un mes y abarca un periodo más amplio. Desde que el juez Francisco Javier Santamaría admitió a trámite la denuncia del PSOE de Juan Espadas y abrió diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa, el pasado 3 de octubre, los socialistas han ampliado la denuncia original y presentando una querella a la par que se personaban como acusación popular. La ampliación de la denuncia contra el Gobierno de Moreno, que ahora va a investigar la Fiscalía Anticorrupción, abarca ya cuatro años de un supuesto “sistema paralelo” de contratos a dedo con la sanidad privada: 2020, 2021, 2022 y 2023. Una denuncia y una querella Los socialistas han depositado en los juzgados lo que llevaban meses denunciando en el Parlamento andaluz, a saber: que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prorrogó dos años y medio la contratación de emergencia (a dedo) con clínicas privadas, amparándose en el marco legal excepcional habilitado por el Gobierno central en lo peor de la pandemia, cuando ya estaba derogado. Un sistema que arranca en 2020, pero que la Junta prolonga a través de prórrogas y adendas de gasto hasta mayo de 2023, triplicando el presupuesto inicial que adjudicaba a dedo a clínicas privadas para vaciar las abultadas listas de espera de pacientes para operarse. En medio se producen dos fechas clave: en mayo de 2021, el Gobierno central deroga el Real Decreto que primaba la contratación de emergencia para dar respuesta al Covid, y un mes después, en abril, la Consejería de Hacienda remite una instrucción por escrito a todos los departamentos del Gobierno andaluz -incluido el SAS- instándoles a dejar de usar este procedimiento que ya estaba “plenamente derogado” y, por tanto, debía tener un uso “residual”. A pesar de la advertencia escrita y de la normativa derogada, la Consejería de Salud siguió dos años más alargando estos contratos a dedo, estirando un expediente inicial que nació con 70 millones de presupuestos -para derivar a pacientes a clínicas privadas- y terminó por encima de los 243 millones de euros. Ese hacer oídos sordos a la ley, a las directrices de la Junta de Contratación del Estado y de la propia Consejería de Hacienda es lo que ha empujado al PSOE a poner en el epicentro de su denuncia el delito de prevaricación. Es el indicio delictivo que ha asumido el juez del caso, con independencia de que las pesquisas le lleven a investigar otros indicios delictivos denunciados por el PSOE, como la malversación de fondos. Este periódico reveló que el SAS llevaba dos años adjudicando a dedo contratos millonarios a clínicas privadas amparándose en el marco legal de la pandemia ya caducado, y contra el criterio de Hacienda. elDiario.es publicó el expediente original, de 70 millones, y las cuatro resoluciones de prórrogas y contínuas adendas al presupuesto inicial que terminó triplicándose dos años después. Aquella información se publicó la noche del domingo 12 de marzo de 2023. En las 48 horas siguientes ocurrieron dos hechos relevantes: uno, la Intervención Central del SAS advierte a la dirección gerente por escrito de que ha detectado irregularidades graves en la contratación de emergencia en el ejercicio 2021; y dos, la Junta de Andalucía anuncia de repente la suspensión de este tipo de contratos. La noticia, el aviso de Intervención y el parón de los contratos El lunes 13 de marzo de 2023, este periódico publicó una continuación de la exclusiva que había lanzado el día antes: Los contratos a dedo del Gobierno andaluz con clínicas privadas llegan a junio de 2023 con un gasto de 243 millones. El presupuesto inicial de ese expediente era de 70 millones de euros en adjudicaciones a dedo, pero Salud prorrogó esos contratos cuatro veces durante casi dos años, con sucesivas adendas de gasto, hasta alcanzar los 243 millones en el verano de 2023. El SAS reconoció entonces que había autorizado dos nuevas resoluciones de prórroga a finales de 2022 extendiendo la contratación de emergencia con la sanidad privada durante dos años y medio hasta ese momento. 24 horas después, el martes 14 de marzo, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, anunció la cancelación de los contratos de emergencia y y aseguró que el SAS volvería a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia, a partir del 30 de junio de 2023, cuando expiraba la última prórroga de los contratos a dedo. “El objetivo es que no se sigan prorrogando” [los contratos de emergencia], confirmó Fernández Pacheco, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno. Ese mismo martes 14 de marzo, la interventora del SAS remitió por escrito a la dirección gerente “una puesta en conocimiento previa a la emisión del informe provisional” sobre los contratos a dedo durante el ejercicio 2021. Ese escrito es una advertencia previa al SAS de que va a recibir un informe desfavorable, que incluye incumplimientos de la normativa o “salvedades de especial relevancia”. Es como una señal de alerta, que está regulada en el apartado Decimoctavo de la Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Intervención General de la Junta de Andalucía. A partir de ahí, el SAS está en sobreaviso sobre los reparos de la Intervención, que finalmente le llegan en el informe provisional sobre los contratos a dedo de 2021, y que está fechado el 12 de junio de 2023 (aún con los contratos de emergencia con clínicas privadas en vigor). El SAS presenta alegaciones que son tumbadas por la Intervención y el órgano fiscal reitera todas sus críticas contra el abuso de los contratos de emergencia en el informe definitivo: el abuso de los contratos a dedo, con los que se adjudicaron casi 300 millones de euros en un año, sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa. El órgano fiscalizador censura en ese informe a la Junta por el uso “indebido” de este tipo de contratos de emergencia un año después del impacto de la crisis sanitaria, remarcó que tal decisión no tiene “justificación alguna” porque, en mayo de 2021, “la pandemia ya estaba muy atemperada”, y porque era más “previsible” que en 2020, por tanto, “ya deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria”. El Gobierno andaluz reaccionó a la publicación de este informe con el mismo argumento de sus alegaciones, que los auditores ya habían tumbado: “Lo hicimos para salvar vidas”. La causa judicial contra el Gobierno andaluz por los contratos a dedo recoge todo este recorrido, que los socialistas ya han defendido en el Parlamento andaluz, instando sin éxito al PP a aceptar una comisión de investigación en la Cámara antes de recurrir a los tribunales. Su denuncia recopila los primeros expedientes de gasto del SAS, las prórrogas, las adendas que inflaron el presupuesto y, por último, el informe de la propia Intervención de la Junta relativo al ejercicio 2021, que saltó a la luz cuando ya habían registrado la denuncia, y se incorporó a posteriori, en una ampliación de la misma efectuada el pasado 31 de julio. El juez Santamaría ha requerido ya documentación sobre los contratos de emergencia con clínicas privadas a la Intervención General de la Junta de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención Central del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El requerimiento de estos documentos aparece ya en el auto de incoación de diligencias previas por un presunto delito de prevariación administrativa, sin perjuicio de lo que puedan surgir de las pesquisas durante la fase de instrucción de la causa. Anticorrupción, que acaba de asumir la investigación sobre los contratos a dedo, tendrá acceso a la documentación que ha solicitado el juez, que es quien dirige la investigación. A partir de ahora, el fiscal puede instar al magistrado a seguir una línea de investigación concreta, a partir de sus propias pesquisas, pero será el juzgado el que acepte o rechace su planteamiento.

Un letrado murciano pide a la Inspección Fiscal que investigue las "extrañas circunstancias" en las que se fraguó el pacto entre el Ministerio Público y los empresarios condenados de la trama de prostitución de menores por el que se libraron de entrar en prisión.

Abordem amb dos experts la distància entre la consciència ciutadana sobre la gravetat de la crisi climàtica i els resultats electorals, l'impacte que pot tenir un episodi tan devastador com el succeït al País Valencià i mesures polítiques que s'haurien de prendre ja per adaptar-se al nou context

El encuentro de Champions disputado entre Brujas y Aston Villa ha dejado una acción inusual que ha sido muy comentada en redes sociales.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha agradecido al «innombrable Francisco Franco» que desviara el cauce del río Turia porque, de no haberlo hecho, según ha dicho, su crecida a causa de la DANA hubiera afectado también a Valencia capital. «Gracias a Dios y al innombrable Francisco Franco que desvió el cauce del Turia, porque es que, si no, habría sido Valencia capital también », ha afirmado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación, que le han preguntado sobre la actuación del Gobierno tras la DANA en Valencia. Aguirre ha criticado que la gente de los municipios afectados está «abandonada» y que, «en lugar de cumplir la Ley de la Defensa Nacional y enviar al Ejército», el Gobierno ha puesto al mando a la UME. Precisamente por esta gestión, ha pedido la dimisión de la ministra de Defensa , Margarita Robles. En este sentido, ha cuestionado que al frente de la operación se pusiera al general jefe de la UME, en vez de al jefe de Estado Mayor de la Defensa . «¿ Por qué no han ido los helicópteros a llevar el agua, a llevar los alimentos, a llevar las medicinas, a llevar todo eso a los lugares inaccesibles? ¿Por qué no ha ido el regimiento este de zapadores a arreglar las carreteras?«, se ha preguntando, al tiempo que ha exigido la dimisión inmediata de Robles. Acto seguido, Aguirre ha dicho que le da «la impresión de que el Gobierno y sus socios no quieren ver a militares de uniforme con la bandera de España en la calle: «Eso es una vergüenza nacional» .

La historia de las siete activistas del colectivo feminista 8 Mil Motius, condenadas a un año y medio de prisión por su participación en la huelga general feminista del 8 de marzo de 2018, ha vuelto a suscitar un amplio debate sobre la represión a los movimientos sociales en nuestro país. Durante una protesta pacífica con motivo del 8M, las siete mujeres ocuparon junto a otras muchas compañeras las vías del tren en Barcelona, en un acto simbólico para visibilizar la lucha por "los derechos de todas". La sentencia, una de las más duras contra el movimiento, incluye también una indemnización de más de 26.000 euros a la compañía ferroviaria por daños y pérdidas. Estas militantes llevan ya seis años de proceso judicial, con todo el desgaste físico y emocional que ello implica, en un caso que lejos de ser un episodio aislado, parece constituir una pieza más en un amplio mosaico de criminalización dirigido a castigar la protesta social. Para comprender su impacto, es importante enmarcarlo de

Su triunfo ha sido total, indiscutible, desmoralizante Leer

La cooperativa invertirá seis millones de euros adicionales en sus instalaciones de Bellpuig, donde fabrica comida para animales de compañía. Leer

El huracán Trump sacude de nuevo a una UE en apuros. El regreso del republicano pone en jaque el apoyo a Ucrania, aumenta la tensión de la guerra comercial, hace tambalear el orden multilateral y otorga combustible a los populistas.

Impulsan la asociación 'Subsierra' para comprometerse con las señas de identidad vitivinícola de los pueblos de Rioja Alavesa y Rioja Alta y multiplicar el "prestigio" de esta comarca. "La apuesta por el valor es el único futuro", reivindican estos bodegueros ante el bajón en ventas del Rioja Leer

L'actriu Elisa Mouliaá, la primera a denunciar-lo davant la justícia, no declara aquest dijous, sinó que ho farà dimarts que ve

El Govern enviará un nuevo contingente de ayuda a Valencia para continuar con las tareas de rescate y recuperación de las zonas más afectadas por la DANA que el pasado día 29 de octubre asoló la Comunitat Valenciana, entre el que se destaca 82 efectivos de emergencias.

La demócrata ha llamado al republicano este miércoles para felicitarle por su victoria en las elecciones. En esta llamada, Harris ha insistido en que ejerza como presidente "para todos los estadounidenses".

La presencia de un dron en el aeropuerto de Madrid-Barajas ha obligado a desviar más de una veintena de vuelos a otros aeródromos tras la activación del protocolo de seguridad, según han confirmado fuentes de Aena a 'ABC'. [HABRÁ AMPLIACIÓN]

La flota artesanal del Archipiélago, a dos meses de cerrar el año 2024, tampoco consigue desembarcar en los puertos isleños el 100% de la cantidad máxima del año: llega al 84% de los derechos disponibles, lo que supone 453 toneladas de atún rojo y 85 aún sin pescar Canarias repite una y otra vez el mismo fallo, que no se corrige, en la gestión de las capturas vinculadas a la cuota que el Gobierno central le asigna para poder pescar bajo control y con métodos artesanales el atún rojo (Thunnus thynnus), la especie más preciada en la familia de los túnidos. Un año más, esta vez en 2024, a solo dos meses de terminar la campaña en curso, la historia vuelve a ser la misma, idéntica: la cuota o los derechos de pesca de ese túnido, medidos en toneladas, se han mantenido en 538 este año, la misma cifra que en 2023, y una campaña más parece que va a ocurrir lo de casi siempre, que no se aprovechen todas las capturas autorizadas por el Ministerio de Pesca y repartidas en Conferencia Sectorial. Así pasó en 2023 y así se apunta que volverá a ocurrir este 2024, salvo que la situación cambie tanto (lo que no sería habitual) en estos dos últimos meses del año y se logren extraer del mar, de aguas de Canarias o cercanas a las islas, las 85 toneladas que aún se pueden pescar, siempre según los datos del balance de descargas con cargo a esa cuota anual servidos a 22 de octubre pasado por la propia Federación Regional de Cofradías de Pescadores, que utiliza un registro oficial. Esas 85 toneladas que todavía no se han llevado a las cubiertas de las embarcaciones artesanales forman parte de la cuota anual de 2024, que es de 538 toneladas, de las que, a la fecha señalada, se ha capturado el 84%, lo que representa 453 toneladas dentro de las posibilidades máximas (en 538). Según fuentes consultadas en el sector extractivo artesanal de las islas, las de armadores de embarcaciones que sí han podido capturar las toneladas que tenían asignadas de atún rojo para este 2024, el problema de que año tras año se dejen escapar toneladas de la cuota de atún rojo, las que se pueden pescar y terminan sin ser descargadas en Canarias, tiene mucho que ver con el sistema de reparto de la cuota total para Canarias diseñado por la Consejería de Pesca, pues este asigna derechos a pesqueros muy pequeños, de litoral, sin autonomía ni seguridad para acceder a donde transitan esos cardúmenes. Este inconveniente dificulta que las campañas puedan ser completadas hasta el 100% de la cuota asignada cada año y, sin duda, es un palo en las ruedas a la hora argumentar la histórica demanda de Canarias sobre tener una cuota anual de atún rojo para la flota artesanal de las islas en torno a las 1.100 toneladas, justo el doble de la que se dispone en estos momentos, tanto en 2024 como en 2023. Esa petición continua de incremento de cuota, formalizada en tantas ocasiones por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, sigue cayendo en saco roto en las negociaciones con el Ministerio de Pesca, en parte porque lo que ya se concede, al menos en los últimos años, no termina de consumirse en su totalidad. Quintero expone como razones de peso que justificarían ese incremento de cuota el hecho de que Canarias pesca con artes sostenibles (la de caña y anzuelo con cebo vivo, con extracciones pieza a pieza), y es verdad, a lo que une que la flota local pertenece a una región ultraperiférica formada por islas, abierta al mar y sus recursos, y con necesidades reconocidas en la mejora de la renta de sus pescadores, tanto de litoral como de bajura, las dos flotas más importantes en el archipiélago tras la muerte, o casi, de los buques de pesca más industriales: sardinales de cerco, sin ninguno a la vista, y congeladores de cefalópodos, los adscritos a la gallega organización de armadores Anacef, ya muy pocos y solo con puerto base en las islas, en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Derechos a repartir entre 250 artesanales isleños La cuota de atún rojo, la que permite las capturas de este túnido tan demandado en todo el mundo, se reparte en las islas entre unas 250 embarcaciones, es actualmente de 538 toneladas (2024) y esta cantidad se extrae de la cuota país para esa misma especie, en 7.462 toneladas el mismo año, con un aumento del 10% respecto a 2023. Este incremento no se aplicó al umbral canario, que es el mismo en 2024 que en 2023 y representa el 7,2% del total español. Como principal novedad de la campaña pesquera de este año, hay que decir que esta se adelantó al mes de enero, con lo que el inicio dejó de ser en marzo (así se produjo en 2023), con lo que se acepta una reclamación del Gobierno de Canarias y del sector artesanal isleño. Se trata de un logro relevante. Así, los pescadores pueden realizar las capturas, atendiendo a sus derechos de pesca específicos (repartidos según una resolución de la Secretaría General de Pesca), hasta el 14 de junio de 202 y desde el 29 de enero, esto en una primera fase de actividad extractiva. Luego, tras unos días para poner las cosas en orden, se reactiva la campaña desde el 19 de junio hasta el 31 de diciembre. La resolución reguladora de la Secretaría General de Pesca, organismo estatal, establece el límite máximo de capturas de todos los barcos autorizados para la pesca en 537 toneladas (la misma cantidad que en la campaña anterior) y fija que la distribución de derechos de pesca se realice según tipo de buque y tamaño, unas reglas que no varían respecto al año precedente, el de 2023.

En su denuncia contra Nieves Lady Barreto por acoso laboral, Luis Santos Jara acusaba a la consejera de haber "dilatado" el procedimiento disciplinario abierto en su contra para perjudicarleArchivado el expediente disciplinario contra el exjefe de la Policía Autonómica La investigación judicial abierta a raíz de la denuncia que el comisario principal y exjefe de la Policía Canaria, Luis Santos Jara, presentó contra la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), por un presunto caso de acoso laboral sigue su curso. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife ya tiene en sus manos la documentación sobre el procedimiento disciplinario que el Gobierno regional incoó contra el mando policial en septiembre de 2023. Una actuación que fue finalmente archivada pero que, según expuso Santos Jara en esa denuncia, se dilató para “perjudicarle y causarle una evidente discriminación profesional”. Los hechos que dan origen a este litigio se produjeron a mediados de agosto de 2023. La isla de Tenerife estaba sufriendo un gran incendio forestal. Tan sólo hacía dos meses que CC y el Partido Popular (PP) habían firmado el acuerdo para gobernar en las Islas y un subcomisario de la Policía Canaria, David del Pino Franquet, acababa de ser designado director general de Seguridad. Fue este cargo político, que en los años precedentes había ejercido bajo las órdenes de Santos Jara, quien propuso abrir un expediente de información reservada (actuación previa al disciplinario) contra el todavía entonces jefe del cuerpo autonómico después de que llegara a sus oídos el rumor de que este había criticado en un pase de lista la gestión de ese incendio forestal y hubiera acusado de “inexperto” al gobierno recién constituido. La información reservada se abrió el 13 de septiembre de 2023 y su instructor (un funcionario que ejerce como jefe de servicio) dictaminó en dos informes (el primero de diciembre de 2023 y el segundo, ampliatorio, de marzo de 2024) que no existía indicio de infracción disciplinaria alguna en la actuación de Santos Jara. A pesar de las conclusiones de ese informe, el Gobierno de Canarias ordenó abrir un expediente disciplinario en mayo de 2024 y, por tanto, mantuvo al comisario principal bajo investigación unos meses más hasta su archivo a principios de octubre. En el primer informe del expediente de información reservada, el instructor señala que hay indicios de que la mañana del 18 de agosto de 2023, durante un pase de lista con los agentes, el comisario principal “pudo haber efectuado declaraciones críticas con la gestión de la emergencia”. No obstante, “no hay unanimidad entre los testigos” sobre el contenido de esas manifestaciones y sus circunstancias. Y, según esos testimonios, las palabras atribuidas a Santos Jara se habrían producido en el contexto de “una indicación general” para que los policías extremasen las precauciones, no se salieran de los caminos ni se internaran en el campo y para que “se centraran en el salvamento de personas y viviendas”, ya que el incendio había sido declarado fuera de control. Todos los testigos que dijeron haber escuchado al comisario principal criticar la gestión del incendio calificaron esas manifestaciones de “meros comentarios sin incidencia” en el servicio prestado esos días. Además, el instructor recalca que esas palabras se habrían pronunciado “en el ámbito puramente interno del cuerpo general” y, por tanto, descarta que puedan encajar en el apartado 17 del artículo 64 de ley de creación del cuerpo de la Policía Canaria, que tipifica como falta grave “las manifestaciones públicas de crítica o disconformidad respecto a las decisiones de sus superiores”. “No existen indicios suficientes de que se hubieran producido de forma abierta y pública, ni aún en alta voz”, por lo que, a juicio del instructor, “no se trata de manifestaciones públicas” y, por tanto, “no apuntan a la comisión de infracción disciplinaria” alguna. Ese primer informe no pareció convencer al Gobierno de Canarias. El viceconsejero de Administraciones Públicas, Antonio Llorens de la Cruz, solicitó al instructor una ampliación para que aclarase “varias cuestiones”, aludiendo a sentencias sobre casos que consideraba asimilables al del comisario principal de la Policía Canaria y que habían concluido con repercusiones disciplinarias. El instructor respondió que las resoluciones que citaba el viceconsejero habían enjuiciado “hechos diferentes” y remarcó que él había analizado jurisprudencia del Supremo y de tribunales superiores de justicia entre 1983 y 2023 y que toda ella concidía en que, para encajar ese tipo de manifestaciones en una infracción disciplinaria, era necesario que hubieran “trascendido a la ciudadanía”, bien porque fueran realizadas “ante el público presente en alguna oficina de atención al público o ante personal ajeno a los cuerpos funcionariales y a la dirección de los mismos” o bien a través de “notas de prensa, declaraciones en radio o televisión o emisiones en la red social Youtube u otras”. A juicio del instructor, no se trata sólo de que esas declaraciones atribuidas al comisario principal no fueran manifestaciones públicas, sino que, además, de su contenido literal “no se deduce ninguna falta de mesura, ni de respeto a sus superiores jerárquicos, consistiendo en un juicio crítico negativo, fundado en la propia experiencia profesional del hablante, sobre la gestión inicial de las labores de extinción del incendio por el Gobierno”. Por tanto, Santos Jara “hizo un uso correcto de su libertad de expresión y sus manifestaciones no encajan en el tipo del artículo 64”, recoge el segundo informe, que también descarta la existencia de cualquier indicio de “desobediencia, puesta pública en entredicho, falta de respeto, desconsideración grave o leve ni ninguna actuación que pusiese en peligro las labores, cruciales en aquellos momentos, del cuerpo general de la Policía Canaria”. A pesar de estas aseveraciones, el Gobierno de Canarias decidió abrir un expediente disciplinario contra el comisario principal en mayo de este año, sobre la base de determinados testimonios que afirmaban haber escuchado esas palabras críticas del comisario principal. En aquel momento, Santos Jara ya había sido relegado de la jefatura del cuerpo y Nieves Lady Barreto, la consejera que había ordenado abrir contra él la información reservada, se había abstenido de intervenir en cualquier procedimiento vinculado con el mando policial. Por ello, la apertura del expediente disciplinario está firmada por Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, quien también rubricó su archivo, a principios de octubre, después de que una nueva instructora concluyera que no se había podido demostrar ninguna conducta reprochable disciplinariamente. El papel del director general de Seguridad Todos los informes del procedimiento contra Santos Jara, tanto en su fase de información reservada como en la del expediente disciplinario, se detienen en el papel desempeñado por el director general de Seguridad, David del Pino Franquet, el alto cargo que impulsó esa investigación interna contra quien fuera su jefe en la Policía Canaria. En el primer informe, el instructor explica que antes de la apertura de la información reservada, Del Pino contactó con varios miembros del cuerpo “para que le confirmaran determinadas informaciones que le habíen llegado (a través de mensajes de WhatsApp) de personas que no presenciaron los hechos”. Esos testimonios fueron incorporados al informe que elevó el 28 de agosto de 2023 a la Consejería, el germen del procedimiento disciplinario. Esos contactos previos del director general de Seguridad pudieron “condicionar los testimonios posteriores” y difiultaron “la labor instructora”, recoge ese informe. Una actuación que, a juicio de este funcionario, se agrava porque el propio Del Pino reconoció en el informe de agosto su “imparcialidad objetiva por hallarse incurso en una causa de abstención”, al haber tenido relación de servicio con la persona sobre la que pedía abrir información reservada, su antiguo jefe. A juicio del instructor, Del Pino “debió elevar el asunto a su superior jerárquico, sin realizar ninguna actuación”, ya que pudo condicionar los testimonios posteriores. “No puede descartarse la posibilidad de que esa falta objetiva de imparcialidad pudiera haber inducido a error al director general de Seguridad, quien (...) ha podido, aún sin pretenderlo, hacer caso de comentarios que tal vez fueron injuriosos, haber sobresimensionado la trascendencia o relevancia de los mismos o influir en los testimonios recabados”, expone en su segundo informe. Por su parte, la instructora del expediente disciplinario también calificó de “incongruente” que este alto cargo presentara en julio de 2024 un informe complementario sobre estos hechos después de haberse abstenido de participar en ese expediente por haber trabajado durante los años precedentes con Santos Jara.

La circulación se ha reactivado después de que la Guardia Civil confirmara que no había más avistamientos.

La justícia pot declarar la mort d'algú després de 10 anys desaparegut, però en catàstrofes com la del País Valencià aquest termini es redueix a 3 mesos

   El Costa Adeje Tenerife Egatesa y el FC Levante Badalona se han clasificado este miércoles para los octavos de final de la Copa de la Reina, merced a sus respectivos triunfos por 1-4 frente al CD Guiniguada Apolinario y por 0-3 al CA Osasuna Femenino.

La fragilidad del Ejecutivo en los últimos meses había llevado a Lindner a pedir la convocatoria de elecciones anticipadas El canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, destituyó este miércoles a su ministro de Finanzas, el líder liberal Christian Lindner, después de que éste propusiera convocar elecciones anticipadas ante la grave crisis que atraviesa la coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, que se encuentra ante una posible ruptura.

   Un total de 20 personas de seis casas en Paiporta (Valencia) han sido evacuadas de forma preventiva para estudiar el estado de cimentación de las viviendas, tras verse afectada por las inundaciones a causa de la DANA.

Aunque actualmente no es posible teletransportar a seres humanos, los avances en computación cuántica podrían llegar a permitir escaneos precisos de nuestras partículas que podrían hacerlo más factible

Aena afirma que el Aeropuerto Adolfo Suárez opera con normalidad aunque con demoras después de la complicada situación que se ha producido al suspenderse todos los aterrizajes El personal del aeropuerto de Madrid-Barajas se ha visto obligado a desviar hasta 21 vuelos en la tarde de este miércoles después de un avistamiento de drones en dos de las pistas, lo que ha supuesto la activación del procedimiento de seguridad por la presencia de estas aeronaves en la zona. Según informa Aena, el aeropuerto funciona con normalidad aunque con retrasos después de que se hayan suspendido los aterrizajes y despegues tras la activación del protocolo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una vez que fueron avistados los drones. En total, han sido desviados 21 vuelos de los 1.034 programados para este miércoles y se ha comenzado a recuperar el tráfico aéreo de y hacia Barajas poco antes de las 20.00 horas.

El Gobierno andaluz recuerda que asume "casi en su totalidad" los costes de estos trabajos, por lo que reclama mayor implicación económica al Ejecutivo andaluz para así agilizarlos como han vuelto a reclamar los colectivos memorialistas en una concentración ante el ParlamentoAndalucía mete 7.000 euros al presupuesto anual para Memoria tras recortarle medio millón en seis años Una “doble muerte”. Así definen los colectivos memorialistas los retrasos que se producen para la identificación genética de las víctimas de la represión franquista, una denuncia que han llevado ante el Parlamento andaluz con una concentración en la que han reclamado celeridad en estos procesos. Desde la Consejería de Cultura y Deportes –que gestiona esta competencia– se admite la demora, que cifra de media en entre 12 y 18 meses, a la vez que se recuerda que estos trabajos los asume en solitario, por lo que ha reclamado una mayor implicación económica del Gobierno central. La Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia, junto con otras entidades memorialistas, ha llevado a cabo esta protesta coincidiendo con la sesión plenaria en la Cámara andaluza. El objetivo: que la Junta “agilice” los cotejos genéticos promovidos entre familiares de víctimas de la represión franquista y los restos mortales recuperados de las fosas comunes. Desde el Ejecutivo andaluz se garantiza que se va a seguir trabajando “en la exhumación, la identificación y la atención a los familiares de las víctimas”, incidiendo en que se concibe la Memoria Democrática como “un territorio para la concordia”. De paso, aprovecha para recordar que asume “casi en su totalidad” los costes de estos trabajos de identificación genética, “cuando la realidad es que en Andalucía no solo la Consejería de Cultura y Deportes destina fondos a la exhumación”. En este sentido, señala que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática “dirige prácticamente la totalidad de su financiación” para actuaciones en materia de Memoria Democrática en la comunidad autónoma andaluza a las exhumaciones. “Sería, por tanto, oportuno plantear a las otras administraciones –especialmente, a la Administración General del Estado– que se comprometan a acompañar el esfuerzo presupuestario de la Junta de Andalucía destinado a los trabajos de identificación genética”.  El ejemplo de Pico Reja Desde el colectivo memorialista Miguel Guerrero, miembro de la plataforma, ponía como ejemplo recientemente a Europa Press que desde la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía, dirigida por Ana Gil, habían comunicado por vía “telefónica” los resultados a dos familiares de víctimas de la represión dictatorial. Previamente, habían entregado muestras genéticas para su cotejo con el material genético extraído de los huesos de los 1.786 individuos localizados en la fosa común de Pico Reja con signos de haber sido asesinados. Una de las asistentes a la concentración celebrada este miércoles. En ambos casos, según Guerrero, los resultados eran no concluyentes. A estas personas se les trasladó la “opción de buscar entre las ramas familiares a algunas otras personas que puedan prestarse” a proporcionar nuevas muestras de genéticas, a la búsqueda de resultados positivos. Miguel Guerrero detallaba que estas personas a las que habían comunicado estos resultados negativos se sometieron a la extracción de muestras genéticas allá por mayo de 2018. Pese a ello, no fue hasta mayo de 2023 cuando culminó el traslado de las muestras genéticas recogidas de los restos óseos de Pico Reja al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, para intentar identificar estos cadáveres mediante el cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas a familiares de represaliados. La Junta esgrime las dificultades del proceso Desde el Gobierno andaluz se reconoce la demora, pero se apunta a que el plazo de resolución de la identificación genética en cada una de las intervenciones arqueológicas oscila en la actualidad entre 12 y 18 meses. No obstante, se apunta que las exhumaciones que se llevan a cabo en grades fosas y los trabajos a realizar “duran largos periodos, incluso de más de un año, los tiempos de toma de muestras y envío” a la Universidad de Granada, por lo que se suelen dividir en campañas. Las mismas suelen durar seis o nueve meses y, tras ello, se procede a la toma de muestras de ADN de los restos exhumados y a su envío al laboratorio de la Universidad de Granada. “En otras ocasiones existe dificultad en el procesamiento de la información genética de las muestras de ADN tomadas a los restos de las víctimas exhumadas por el tiempo transcurrido desde sus fallecimientos”. En este sentido, se recuerda que en la mayoría de los casos estos restos “se encuentran en muy mal estado de conservación y es muy complejo poder obtener la información genética necesaria para cotejarla con el ADN de los familiares”. La protesta se ha hecho coincidir con una sesión plenaria en el Parlamento. Ante esta situación, y ycon la finalidad de aumentar la información genética obtenida para intentar dar respuesta a la demanda de los familiares, el proceso de análisis del ADN de los restos óseos se repite hasta tres veces con distintos procedimientos. Esto, argumenta el Ejecutivo andaluz, provoca “la consiguiente demora”. Información genética insuficiente Otra dificultad añadida es que, “en muchas ocasiones”, de los cotejos llevados a cabo entre el ADN de las víctimas y el de los posibles familiares no pueden obtenerse resultados concluyentes. Unas veces esto es debido a la imposibilidad de obtener información genética suficiente de las muestras de ADN de las víctimas, en cuyo caso, el laboratorio de la Universidad de Granada solicita al equipo que llevó a cabo la intervención la toma de una nueva muestra para intentar conseguir el ADN necesario. En otras ocasiones, en cambio, el problema obedece a que el grado de parentesco existente entre la persona a la que se le ha tomado el ADN y el familiar “no es el más adecuado para poder obtener un resultado positivo”. En estos casos, desde el laboratorio de la Universidad de Granada se solicita la toma de muestra de ADN a otro familiar con un grado de parentesco más idóneo para poder obtener un resultado positivo. Aprovechar los recursos del SAS Desde el colectivo memorialista, Miguel Guerrero apunta que la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía habría manifestado que contaría con unos “400 informes” relacionados con esta operación de cotejo genético, para su comunicación en adelante. Ante ello, lamentaba una vez más la “demora tan enorme y el atasco monumental” que arrastra todo este procedimiento. Los asistentes han portado imágenes de personas represaliadas cuyos restos no han sido localizados. Por eso, se reclaman medidas para “agilizar” todos estos trámites, proponiendo por ejemplo que el asunto deje de estar “centralizado” en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y el cotejo sea acometido “por provincias”, aprovechando por ejemplo los recursos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). También se solicita un “canal oficial” de comunicación entre las autoridades responsables de este procedimiento y los familiares de víctimas de la dictadura que han aportado muestras genéticas para intentar identificar los cadáveres rescatados de Pico Reja con muestras de violencia.ven la misma.

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La Fundación Prode ha inaugurado este miércoles en Pozoblanco un nuevo centro integral de salud y bienestar (Cenis) para ofrecer una amplia gama de servicios enfocados en el «desarrollo y cuidado de cada persona», creando, según ha informado, «un entorno de apoyo y crecimiento que abarca tanto el aspecto físico como el emocional». La ubicación exacta es la calle Almería, número 57. El nuevo centro cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por seis profesionales y servicios adaptados a todas las edades . La sala multisensorial está instalada en una primera fase gracias a una donación de 'la Caixa'. El nuevo equipamiento de la Fundación Prode ofrecerá servicios de fisioterapia, psicología, pedagogía terapéutica, logopedia, apoyo educativo personalizado, desarrollo de habilidades sociales, hidroterapia y mindfulness. Esta cartera de servicios, dirigidos a personas de cualquier tipo de edad, podrá ampliarse según las necesidades y solicitudes de los clientes. Además, este Cenis cuenta con la primera sala multisensorial en la zona norte de Córdoba, un espacio diseñado para enriquecer la experiencia terapéutica, orientado a la relajación, reducción de ansiedad y mejora de la respuesta sensorial. En el acto inaugural han estado presentes Araceli Araujo, responsable del Área de Infancia y Juventud de Prode; Blas García , presidente de la entidad, y Santiago Cabello, alcalde de Pozoblanco . Araujo ha recalcado la «gran experiencia del equipo multidisciplinar que integra este nuevo centro» y ha agregado que Cenis busca ofrecer «un servicio diferencial cuyo valor añadido se basa en la pertenencia a la Fundación Prode». Blas García ha afirmado, por su parte, que Pozoblanco y la zona de Los Pedroches «son nuestras raíces y origen, y aquí seguiremos trabajando» y ha agregado que su «objetivo es seguir avanzando en todo lo que es la atención en sectores vulnerables como el de la discapacidad o dependencia».

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La coalición de Gobierno alemán llevaba semanas al borde del colapso. Finalmente, el miércoles por la tarde, el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, destituía a su ministro de Finanzas, el líder del partido liberal Christian Lindner, precipitando la ruptura de la delicada coalición tripartita Socialdemócratas-Liberales-Verdes. La destitución de Lindner, que ya se había mostrado muy crítico con Scholz y sus políticas en medio de una desdibujación de su partido liberal y duros castigos en las urnas, se ha desencadenado por la propuesta de este de que el Gobierno alemán convocara elecciones anticipadas.La noticia saltó por sorpresa la noche del miércoles en medios alemanes y fue confirmada por el portavoz del canciller, Steffen Hebestreit.El gobierno alemán, al borde de la implosión: el caos político amenaza la "alianza semáforo"Franco Delle Donne y Raúl GilLa tendencia hacia la ultraderecha en Alemania está en ascenso. La coalición semáforo y su futuro sigue en un bucle de peleasEl pasado lunes, Scholz se reunió 'in extremis' con el vicecanciller y ministro de Economía, el verde Robert Habeck, y con el ministro de Finanzas y presidente de los liberales, Christian Lindner para evitar esta posibilidad. El encuentro fue propiciado después de que Lindner haya enviado el pasado viernes a su grupo una propuesta "para un cambio de rumbo político" que chocan frontalmente con las medidas defendidas tanto por los Verdes como por los socialdemócratas.Este documento, filtrado el pasado viernes, fue considerado directamente como "un documento de divorcio" que podía sentar las bases para la ruptura definitiva de la coalición. En él, Lindner pide recortes fiscales para las empresas, la relajación de la adopción de las medidas climáticas en el país y una reducción tanto de las subvenciones como de las prestaciones sociales.El propio Scholz afirmó este lunes que debe primar el “pragmatismo y no la ideología” para impulsar la economía, y garantizó que el Gobierno “cumplirá con su labor” en línea con el “acuerdo de coalición” y de manera “sería”, a pesar de las frecuentes disputas dentro de la coalición y episodios como el de Lindner la semana pasada, cuando organizó un evento paralelo a la cumbre del canciller con la industria.Por su parte, la copresidenta del SPD, Saskia Esken, subrayó que el partido está listo para enfrentar cualquier escenario. Esto incluye la posibilidad de gobernar en minoría junto a los Verdes hasta las próximas elecciones generales, programadas para el 28 de septiembre de 2025.La ruptura se vio precipitada por divergencias fundamentales sobre los planes para relanzar la economía germana, en su segundo año de recesión, y sobre los presupuestos para el año que viene, que se hallan todavía en trámite parlamentario.Según los expertos, la salida de los liberales del Gobierno abre distintos escenarios, entre ellos la posibilidad de que los socialdemócratas de Scholz y los verdes intenten gobernar en minoría o que el canciller se someta a una cuestión de confianza para después convocar elecciones anticipadas, que podrían celebrarse en marzo.Otra opción es que Scholz intente formar una coalición con la oposición conservadora de la Unión Cristianodemócrata (CDU), que sin embargo no se ha mostrado hasta el momento abierta a esta posibilidad.